El Departamento de Estado de Estados Unidos, en otro intento de dinamitar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, anunció la creación de una Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), localizada en la embajada estadounidense en Bogotá, que será sede, probablemente, del gobierno opositor venezolano. «La Unidad de Asuntos de Venezuela -que estará a […]
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en otro intento de dinamitar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, anunció la creación de una Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), localizada en la embajada estadounidense en Bogotá, que será sede, probablemente, del gobierno opositor venezolano.
«La Unidad de Asuntos de Venezuela -que estará a cargo del funcionario James Story- continuará con la misión que tiene EE.UU. con el gobierno legítimo de Venezuela y los venezolanos. El VAU mantendrá el trabajo de restauración de la democracia y el orden constitucional en aquel país, así como la seguridad y bienestar de los venezolanos», señala el documento, donde califica como legítimo a un gobierno que no eligió nadie, salvo el mismo Departamento de Estado.
Según los analistas, el anuncio está dirigido a boicotear las negociaciones que gobierno y oposición iniciaran en Oslo y siguieran en Barbados, para tratar de encontrar una salida dialogada al conflicto político que se vive en el país.
Analistas de Washington señalan que, cansado de la corrupción, los malos manejos políticos y administrativos de los dirigentes opositores venezolanos, el Departamento de Estado parece haber optado por suprimir intermediaciones y atender directamente la contingencia del devenir venezolano desde su embajada en Bogotá.
En definitiva, la meta es apoderarse de las riquezas y recursos de Venezuela, y señalan que para ello no hay mejor estatuto que el de estado-libre asociado, como Puerto Rico. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, cumplió con el guión y respaldó públicamente la imposición de nuevas sanciones por parte de la Administración Trump contra Venezuela, las cuales incluyen el embargo de activos, que su gente sueña con administrar.
Tras el comunicado oficial estadounidense, el autoproclamado Guaidó anunció la designación de Julio Borges como su canciller (lo llamó comisionado para las relaciones exteriores) y del evadido Leopoldo López como coordinador del gobierno. Dijo que Borges se encargará de incrementar la presión internacional sobre el gobierno, tanto la diplomática como la financiera y también de buscar respaldos adicionales en el mundo y «hacer crecer una coalición sin precedentes» para el caso venezolano.
Guaidó anunció a Alejandro Plaz como comisionado para el Desarrollo Económico y también a Humberto Prado para atender los casos de violaciones de derechos humanos, en una nueva ofensiva contra el gobierno venezolano que comenzara la semana el presidente colombiano Iván Duque, aliado-cómplice de EE.UU. en los ataques permanentes a su vecina Venezuela.
Pero mientras presionaba a los magistrados del Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA, reunidos en Barranquilla, se le desató otra tormenta interna cuando importantes sectores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron retornar a los montes y a las armas, tras la traición por parte del gobierno del acuerdo de paz suscrito en 2016 en La Habana.
El grupo, comandado por Iván Márquez, denunció el asesinato de más de 500 dirigentes sociales y 150 guerrilleros que habían dejado las armas, desde la firma del acuerdo.
Duro de caer
El anuncio del Departamento de Estado se produjo días después de que el asesor de seguridad estadounidense, John Bolton, afirmó que había mantenido conversaciones con algunos líderes de la oposición con el objetivo de contribuir a «la salida del poder de Nicolás Maduro y la realización de elecciones libres y justas». Estas presiones de Bolton despertaron nuevas divisiones, discrepancias y conflictos de baja y mediana intensidad entre la dirigencia opositora, que transitaba intentos de negociación con el gobierno.
EE.UU. debió reconocer sus sucesivas derrotas en su tentativa de derrocar al gobierno bolivariano. El enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró que su país no imputará, ni castigará al presidente venezolano, Nicolás Maduro, si accediera a dejar voluntariamente el poder. Los medios hegemónicos intentaron nuevamente implantar el imaginario colectivo de que lo único que impide la solución al conflicto venezolano es la tozudez del mandatario en abandonar el cargo, para que el que fuera elegido popularmente.
El diario The New York Times reseñó que esta oferta de amnistía «fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han sucedido», ni se vislumbran señales que sugieran que dejará el poder.
«No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya», dijo Abrams, quien añadió que «la noción de que estamos negociando es completamente equivocada (…) Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno’, dijo Abrams, reconociendo sin querer que de presentarse a nuevas elecciones, posiblemente fuera nuevamente vencedor.
Mientras, continúan sintiéndose los efectos de las sanciones económicas y financieras y del bloqueo impuesto por EE.UU. y apoyado por Guaido, que han venido empeorando la situación de la población en diferentes ámbitos, incluyendo el de la alimentación y la salud.
El sector moderado de la oposición difiere de la línea de Juan Guaidó que descarta la participación en elecciones parlamentarias si antes no sale Nicolás Maduro de la presidencia, siguiendo el libreto de Bolton: «No puede haber elecciones libres o justas mientras Maduro permanezca en Venezuela». Jesús Tapia, del MAS, respondió que «es inaceptable que lo único que se promueva sea la idea de no participar en las elecciones».
Venezuela rompió relaciones con EE.UU. en enero pasado, luego de que el ignoto diputado opositor Juan Guaidó fuera reconocido por Washington como «presidente encargado», en un intento por derrocar a Maduro. Desde enero y pese a las presiones, tentativa de golpe, embargos, confiscaciones ilegales y pirateo de los recursos venezolanos, Guaidó no logró derrocar a Maduro ni convencer a los militares y muchos menos lograr que el pueblo se lanzara a las calles.
Y, mientras avanzaban las conversaciones entre dirigentes del gobierno y de la oposición, con gran respaldo de la ciudadanía (según las encuestas) EE.UU. dinamitó nuevamente el diálogo, con la apertura de la oficina en Bogotá para que allí se instale Guaidó y siga las instrucciones.
Duque se tambalea
El ultraderechista presidente colombiano Iván Duque presionó este lunes en Barranquilla a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes hizo un «llamado respetuoso» para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmita «su preocupación a la Corte Penal Internacional» y pida que «se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes», en Venezuela.
Duque, quien obviamente se abstuvo de hablar de los asesinatos diarios de líderes sociales, campesinos e indígenas en Colombia, consideró que los reportes sobre la situación de Venezuela que ha hecho la Organización de Estados Americanos (OEA), en cabeza del Secretario General, Luis Almagro, deberían servir para que haya un pronunciamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pero la decisión de sectores de la FARC de volver a la lucha, dejó al descubierto su permanente bombardeo a los acuerdos de paz suscritos por el Estado. El gobierno de Duque, inspirado por el genocida expresidente Álvaro Uribe, sistemáticamente incumplió con temas fundamentales de la paz, como la protección de líderes sociales, campesinos e indígenas, la garantía de vida de los guerrilleros desmovilizados, la sustitución social de cultivos y la asignación de tierras a campesinos, bases del acuerdo.
En las FARC, de cara a los acuerdos de paz, hubo dos posiciones; la que lideraba Márquez que era partidaria de entregar las armas de manera gradual (como se hizo en Irlanda), y la que encabezaba Rodrigo Londoño «Timochenko», que aceptaba que la entrega de armas se hiciera de una sola vez para poder comenzar inmediatamente con el proceso de constitución del partido y la participación en las elecciones para obtener cargos en el Congreso.
La división se acentuó cuando el gobierno le tendió una trampa a Jesús Santrich al involucrarlo -de la mano de la DEA estadounidenses- en casos de narcotráfico, con el mero objeto de incumplir con lo acordado en La Habana sobre la no extradición de comandantes que hubieran cometido delitos antes de la firma del Acuerdo. Duque amenazó con extraditarlo de cualquier forma.
Difícilmente Duque se desmarque de Uribe, y por ende la sostenibilidad de los acuerdos de paz se balancea sobre la tela de una araña, sobre todo cuando desarmó las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y, jaqueado internamente, difícilmente pueda seguir siendo el alfil necesario de EU para jaquear a Venezuela.
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
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