Pasados 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25, que reconoce la vivienda como un derecho universal todavía es un desafío a ser superado. En América Latina, la situación no es nada alentadora. Se estima que el 20% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y sufre por […]
Pasados 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25, que reconoce la vivienda como un derecho universal todavía es un desafío a ser superado. En América Latina, la situación no es nada alentadora. Se estima que el 20% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y sufre por los desalojos y la falta de políticas para la vivienda digna. La información fue dada por Pedro Franco, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes y de la Campaña «Cero Desalojos» para América Latina, durante el Forum Social Mundial 2009, que se realiza hasta el próximo domingo, en Belem (PA), Brasil.
«En América Latina la situación habitacional, de la vivienda, de la tierra, es muy difícil. Estudios nos indican con claridad que los desalojos forzados constituyen el indicador más relevante de las violaciones de los derechos a la vivienda y habitación en la región», dijo el dirigente dominicano.
Según afirmó, todos os países -con diferentes situaciones- presentan cuadros de deficiencia de viviendas para sus habitantes. Tomando como ejemplo el caso brasilero, Franco resalta el fenómeno de la favelización (migración hacia las favelas o villas miserias), es considerado uno de los casos más serios de la región. «Son cerca de ocho millones de personas en condiciones de vivienda no favorables», completa.
Para él, las imposiciones de las políticas neoliberales en la región contribuyeron para que los problemas de vivienda fueran agravándose rápidamente, y los países más pobres que mantienen esas relaciones más firmes con los más desarrollados, tienden a tener más problemas con su población que se dan en diferentes esferas.
En México, que tiene un déficit habitacional de casi seis millones de personas, los casos de «Libretas de Empleo Vencidas» son muy graves, así como en Argentina. En Panamá, explica Franco, la modernización del Centro Histórico está realizándose perjudicando a los habitantes del área. «Si nos desplazamos hacia la cuestión ambiental, en Panamá existe la presencia de varias transnacionales que expulsan a las personas de sus hogares».
En América Central, continúa el Plan Puebla-Panamá que es una amenaza latente al derecho habitacional. Dentro del modelo neoliberal, la idea de abrir caminos para el transporte de mercaderías desde el océano Atlántico hacia el Pacífico implicaría el desalojo de más de 200 mil familias en Guatemala, El Salvador y Honduras.
«En República Dominicana, mi país, el 70% de la población tiene problemas con la titularidad. En fin, los problemas son diversos, pero convergen hacia uno único: la falta de respeto de los derechos humanos básicos», afirma.
Para él, es necesario tener una noción más comprometida con la propiedad, que debe tener función social. «En vez de ser el boom inmobiliario que sea el derecho a vivir con dignidad. Tenemos que implantar la idea de que la propiedad es comunitaria, también es cooperativa, también es colectiva. Los estados tienen que tener un rol importante en esto. Por eso los movimientos sociales en Bolivia y Ecuador se hicieron eco y alcanzaron propuestas que se están discutiendo, exponiendo la necesidad que todos los estados se comprometan con esa función social de la propiedad».
En todo el mundo, se estima que existen 1.200 millones de personas que viven en situación habitacional difícil. La perspectiva es que, para 2020, si no se realizan acciones serias, este número se multiplique.
Las noticias del proyecto «Acciones por la Vida» son producidas con el apoyo del Fondo Nacional de Solidaridad de la CF2008.
Ana Rogéria, editora de Adital, desde Belém (PA), Brasil
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]