El año 1982 empezó con asesinatos. El 6 de enero agentes de la CNI mataron en la Vega Central de Santiago al ex soldado de la Fuerza Aérea y militante del MIR, Enrique Reyes Manríquez. El día 16, detectives abatieron al ex funcionario de la Armada, también mirista, Ernesto Zúñiga Vergara. Casi al finalizar el […]
El año 1982 empezó con asesinatos. El 6 de enero agentes de la CNI mataron en la Vega Central de Santiago al ex soldado de la Fuerza Aérea y militante del MIR, Enrique Reyes Manríquez. El día 16, detectives abatieron al ex funcionario de la Armada, también mirista, Ernesto Zúñiga Vergara. Casi al finalizar el mes, el 22, murió envenenado en la clínica Santa María el ex presidente Eduardo Frei Montalva, víctima de un complot de organismos de inteligencia cuyos responsables todavía permanecen en las sombras.
Un mes después, el 25 de febrero de 1982, fue secuestrado, baleado en la nuca y degollado el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro. Pocos días después, la dictadura que encabezaba el general Augusto Pinochet renovó el estado de emergencia para «asegurar la tranquilidad de que gozan todos los chilenos desde 1973», como dijo un alto funcionario del régimen.
Eduardo Frei y Tucapel Jiménez se habían reunido semanas antes, al amparo de la Pastoral Obrera de la Iglesia Católica. Intentaban aunar posiciones en torno al paro nacional que preparaban los dirigentes sindicales encabezados por el líder de la Anef.
DEVALUACION Y CRISIS BANCARIA
El 4 de abril, el diario El Mercurio publicó un editorial donde advirtió al gobierno que «las cosas se están haciendo mal, se están manejando con una rudeza de inexpertos, lo que provoca desánimo en los partidarios del gobierno y ponen a éste en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados». Poco después Pinochet pidió la renuncia al gabinete, incluidos los ministros del Interior y de Hacienda, Sergio Fernández y Sergio de Castro. Fernández había formado un gabinete con once civiles y cinco uniformados. Tras el cambio ordenado por Pinochet, el gabinete quedó integrado por quince militares y seis civiles.
Se iniciaron, bajo estricto secreto, los preparativos para una devaluación monetaria, en un desesperado intento por frenar la debacle económica. A fines de abril, la cartera vencida de los bancos privados había alcanzado, en promedio, a dos terceras partes del capital y reservas. En algunos bancos incluso superaba ese promedio. El Banco de Chile, por ejemplo, llegó al 81,1% y el Banco de Crédito e Inversiones al 78,2%. El 14 de junio se anunció la devaluación del peso en 18 por ciento. El dólar pasó de 39 a 45 pesos, agregándose reajustes mensuales de 0,8 por ciento. En El Mercurio fue entrevistado el ex canciller de Frei, Gabriel Valdés Subercaseaux, quien expresó que existían coincidencias crecientes entre dirigentes políticos de las diferentes tendencias para buscar un retorno a la democracia en el país.
El balance semestral de la Comisión Chilena de Derechos Humanos daba cuenta de un agravamiento de la represión en relación a los cuatro años anteriores: 837 detenciones, 29 relegados, 65 denuncias por tortura, 63 allanamientos, 32 amedrentamientos, 181 presos políticos, cinco muertes por abuso de poder y un asesinato político. La estadística en Santiago indicaba que el 91,04% de los disidentes detenidos fue liberado sin cargo alguno.
AL RESCATE DE LOS BANCOS
En el mes de julio, el Banco Central se hizo cargo de las carteras vencidas de los bancos. De esa manera, se rompió la neutralidad propiciada por los economistas neoliberales. Pero se quebró en favor de los grupos económicos, que en los meses siguientes se abocaron a la tarea de apropiarse de empresas eficientes ahogadas en problemas financieros. La política de la dictadura hacia los sectores populares era muy diferente. Al finalizar el invierno, Pinochet ordenó crear el Programa de Obras para Jefes de Hogar, el POJH, destinado a paliar una cesantía que se aproximaba al 30 por ciento. El ingreso real per cápita de 1982 había retrocedido al nivel de 1966. Pinochet y sus asesores argumentaban que la crisis se debía a la recesión mundial. No obstante, casi todas las naciones latinoamericanas enfrentaban esa crisis con índices bastante más alentadores que los de Chile.
Los resultados macroeconómicos mostraban el fracaso del modelo neoliberal. La tendencia de crecimiento no era suficiente ni sostenida y las oscilaciones provocadas por la desmedida dependencia externa causaban un impacto tan severo que la economía estaba estancada.
En tanto, miles de personas eran controladas por la policía en masivas redadas diurnas y nocturnas en las zonas más pobres. Se buscaba intimidar a la población e impedir que se organizara y levantara la voz. Los medios de comunicación adictos a la dictadura militar informaban que las poblaciones eran «nidos de hampones». De ese modo intentaban estigmatizar a los sectores populares.
A fines de 1982 el IPC había llegado al 20,7%, el desempleo oficial al 23,7%, el Producto Geográfico Bruto era de -14,1%. La deuda externa privada alcanzaba a 8.726 millones de dólares y la deuda pública subía a 5.166 millones de dólares.
IRRUMPEN LOS «GURKAS»
En el Banco Central sólo quedaba una reserva de 2.577 millones de dólares. La crisis era evidente. Los trabajadores intentaban reagruparse para hacerse escuchar, lo mismo que los gremios de productores agrícolas e industriales. La dictadura militar, sin embargo, no estuvo dispuesta a atender las demandas de los sectores más afectados.
A comienzos de diciembre, durante una reunión convocada por dirigentes sindicales en la Plaza Artesanos, irrumpió un grupo de civiles armados golpeando a diestra y siniestra a trabajadores y periodistas. Esos sujetos -que la ciudadanía bautizó como «gurkas»-, eran miembros de las fuerzas armadas adscritos a la CNI. Al día siguiente, Pinochet ordenó que dos de los dirigentes sindicales que habían convocado a ese mitin -el democratacristiano Manuel Bustos y el comunista Héctor Cuevas-, fueran expulsados del país.
En provincias del sur, entretanto, los productores agrícolas y ganaderos, imposibilitados de pagar deudas contraídas en dólares, se organizaban para impedir que sus bienes fueran rematados. El 5 de diciembre, en Temuco, el líder de los productores de trigo, Carlos Podlech, fue detenido, trasladado a Santiago y en las horas siguientes desterrado a Brasil.
En las postrimerías de 1982 la dictadura creó una comisión ad hoc para revisar la situación de los exiliados. Luego de semanas de trabajo, la recomendación fue autorizar el retorno de más de mil chilenos: el dictador no quiso y sólo autorizó el retorno de 125.
Al promediar diciembre, durante una gira por la zona sur, Pinochet dijo: «Los bancos tienen culpa en esto que ha pasado, porque no meditaron que estaban facilitando fondos a personas que no iban a ser capaces de responder. No pidieron proyectos de respaldo. Ahora ¿de qué se quejan?». Y agregó: «Debería haber expulsado del país a por lo menos cien o doscientas personas que levantaron imperios de papel, empresas de papel, problemas de papel. Lamentablemente, nos encuadramos en los preceptos legalistas. Nadie quiere absorber pérdidas. ¡Aquí hay pérdidas, señores! Pero nadie se ha desprendido de tres o cuatro casas que tienen a su haber, o de los cuatro o cinco automóviles que tienen, o del departamento que tienen en Viña. Todo el mundo quiere que le pague alguien y quieren que pague el pueblo. Pero el pueblo no va a pagar…». El 13 de enero de 1983 sorpresivamente se intervino la banca. Tres entidades, el BHC, el BUF y la Financiera Ciga, fueron declaradas en liquidación porque sus pasivos eran tres veces superiores a sus patrimonios. Otros bancos, el Chile, Santiago, Concepción, Internacional y la Colocadora Nacional de Valores, fueron intervenidos. Sus deudas también superaban sus patrimonios. Otros dos bancos, BHIT y Nacional, quedaron en observación. Se suspendió también el rescate de las cuotas de los fondos mutuos, con unos 131 mil clientes afectados que hicieron largas filas en los días siguientes tratando de recuperar sus depósitos. La dictadura, no obstante tratarse de pérdidas del sector privado, decidió entregar su apoyo financiero a la banca.
A fines de enero Pinochet se reunió con un grupo de partidarios en su hacienda de Bucalemu. En febrero cambió su gabinete, desplazando a los gremialistas. El 15 de marzo se firmó el Manifiesto Democrático, documento que dio origen a la futura Alianza Democrática.
LA PRIMERA PROTESTA NACIONAL
Los trabajadores del cobre empezaron a agitarse. El gobierno, en un intento por detener las movilizaciones, removió a Emilio Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En su reemplazo, los trabajadores de Codelco pusieron a un joven dirigente, evangélico y sin militancia conocida: Rodolfo Seguel. En mayo se hizo un ampliado de la CTC en Punta de Tralca y allí surgió un acuerdo para impulsar un paro nacional. La Confederación de Empleados Particulares, la Anef y el Partido Demócrata Cristiano se negaron a apoyarlo. En su reemplazo se acordó llamar a una protesta nacional el 11 de mayo de 1983. La inédita convocatoria pidió a la población retirarse temprano a sus casas, que los estudiantes no asistieran a clases, abstenerse de hacer compras y a las 20 horas tocar cacerolas y apagar las luces.
El día 11 parecía normal, pero los mineros del cobre no concurrieron a sus faenas, hubo algunos mítines en universidades y mermó la asistencia en algunas industrias. A las 20 horas, el golpear de cacerolas y los bocinazos de automóviles se extendió por la capital. Era el comienzo del fin de la dictadura militar.
(Publicado en «Punto Final», edición Nº 754, 30 de marzo, 2012)