Juan Aliste Vega, condenado por disparar al cabo Luis Moyano el año 2007, se encuentra hoy desahuciado. Su defensa pide arresto domiciliario para que su condena no se transforme en una pena de muerte en los hechos.
El ensañamiento político del Estado de Chile contra Juan Aliste Vega
El 7 de noviembre de 2025 la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por su abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, revocando el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El máximo tribunal declaró ilegal y arbitraria la aplicación retroactiva de la Ley 21.483 por parte de Gendarmería para calcular los tiempos de condena de Aliste, al considerar que dicha aplicación amenazaba su libertad personal, y ordenó recalcular el tiempo mínimo de postulación a beneficios penitenciarios.
El ensañamiento judicial contra Aliste Vega es una muestra de una actuación por venganza y aleccionamiento por parte del Estado contra sectores de izquierda o que se reivindican subversivos, que combatieron la dictadura y enfrentaron la transición pactada. Condenado a 42 años sumados de prisión efectiva y con un pronóstico de apenas tres meses de vida, el caso plantea una cuestión que ningún Estado que se haga llamar democrático puede eludir.
Y es que no hay cabida para que una resolución judicial se convierta, en la práctica, en una condena a muerte. Convenciones y pactos internacionales ya establecen la prohibición de tratos o penas inhumanas. Mantener a un enfermo terminal en prisión cuando las cárceles son incapaces de proporcionarle una recuperación mínimamente adecuada pasa a ser, en los hechos, una ejecución vengativa sobre todo al tratarse de un preso político: alguien que se opone políticamente al sistema en que vivimos.
Al negarse a conceder el arresto domiciliario por razones humanitarias como lo es una enfermedad terminal, el Estado de Chile no solo incumple su obligación de garantizar la integridad física de toda persona privada de libertad, sino que transforma su prisión en un castigo ejemplar que vulnera los derechos humanos. Fiscalía, Gendarmería y el aparato judicial, es decir el Estado, están buscando anteponer la lógica del castigo por sobre la vida y la salud de quienes, por derecho internacional, el mismo Estado debe amparar.
Pero mientras el Estado chileno ha concedido un tratamiento más que benevolente a agentes de la dictadura condenados por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, así como a los represores de la revuelta de 2019 y por causas de gatillo fácil, a los presos políticos como Juan Aliste Vega se les busca impedir el derecho a enfrentar una enfermedad grave en libertad.
Esta doble vara atenta contra el principio de igualdad ante la ley, consagrado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana. La justicia no puede ser selectiva. Si no es igual para todos simplemente no es justicia.
Los dientes autoritarios de un gobierno débil
Pese a que la Corte Suprema declaró ilegal el endurecimiento de los tiempos de condena, el recurso presentado el 2025 por el abogado fue filtrado desde Fiscalía al portal Bio-Bio, quienes publicaron hace unos días un titular refiriéndose a Juan Aliste Vega como el ”asesino del cabo Moyano” que “quiere salir de la cárcel”. Es decir, el medio de los hermanos Mosciatti eligió estigmatizar y deshumanizar mediáticamente a Aliste en vez de relevar la ilegalidad ya comprobada de la estrategia de Gendarmería.
Este ensañamiento, también mediático, contra Aliste se da a pocas semanas de cumplirse 53 años del golpe de Estado y en el marco de una alta desaprobación del gobierno pinochetista de Kast (55% Criteria, 53% Cadem) y manifestaciones estudiantiles y de trabajadores tanto en contra de los ajustes presupuestarios en diversos sectores como en repudio a la agenda de seguridad que sólo reprime y criminaliza la protesta.
Es decir, el gobierno está buscando aplicar las reformas y ajustes de la ultraderecha a punta de represión política al verse imposibilitados de hacerlo a través de un consenso entre los partidos en el Congreso o el apoyo de la población.
Hasta la fecha se han formalizado y detenido a cuatro personas por videos y comentarios en redes sociales de amenazas contra Kast, además de las horrorosas vejaciones por parte de carabineros, aún impunes, a estudiantes menores de edad que fueron obligados a desnudarse en el Liceo Rayén Mapu de Quellón por un supuesto robo de celular.
Con la excusa demagógica de la seguridad y combatir el crimen organizado pretenden armar un escenario de creciente vigilancia y persecución, tipificando como delitos acciones que históricamente han sido parte de las movilizaciones populares, así como darle al presidente la escandalosa atribución de decretar estado de excepción prácticamente a su voluntad. Pero es una persecución selectiva, ya que deja fuera de esa vigilancia a los grandes empresarios, quienes están defendiendo su secreto bancario para blindar sus crímenes. Esto muestra que el gobierno se ve obligado, por su propia debilidad, a dar un giro autoritario.
Quieren imponer la idea de que un preso político puede ser condenado a muerte por enfermedad dentro de la cárcel. Esto sentaría un precedente para una escalada represiva por parte de una ultraderecha como la de Kast, que está muy lejos de poder usar su propia popularidad para aplicar ajustes al pueblo trabajador y de esa forma rendirle cuentas al plan del imperialismo en decadencia de EEUU.
Podemos diferir en la validez de las acciones individuales como estrategia en la lucha contra el capitalismo y el Estado burgués. Sin embargo la pelea por la libertad de Juan Aliste Vega es parte de la defensa de los derechos fundamentales de los presos políticos, así como de la defensa democrática del derecho a la protesta y la rebelión tanto de la clase trabajadora internacional como de todos los pueblos del mundo.
Exigimos el respeto de los tratados internacionales. Llamamos a la más amplia solidaridad con Juan Aliste Vega. Exigimos su salud y libertad y la de todos los presos políticos.