En el 2011, Wendy Iriepa celebró su boda con Ignacio Estrada por todo lo alto. Incluso la prensa internacional acreditada en Cuba cubrió ese evento. Los contrayentes eran una mujer transexual y un hombre homosexual, y los medios nos la vendieron como «la primera boda gay» en La Habana.
Hubiéramos podido creerlo de no saber que Wendy fue una de las primeras personas en acceder al servicio quirúrgico para adecuar sus genitales con su identidad de género; era además activista y promotora de salud, vinculada al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Al ser una persona transexual y haber modificado —subsanado—, sus documentos legales como mujer «biologizada», ello le permitió efectuar un casamiento heterosexual, lo cual hizo con el uso de toda la parafernalia tradicional.
No sería hasta el 2018 —con el debate del proyecto de Constitución en consulta nacional—, que se trajo de nuevo a la discusión pública la cuestión del matrimonio igualitario. Esta vez en un contexto sociopolítico diferente.
El matrimonio igualitario, sobre todo entre activistas y especialistas en sexualidad, emergía dentro de los intercambios referidos a derechos sexuales, pero no es menos cierto que el performance visibilizaba la polémica que resultaba de normalizar esta práctica en una sociedad hetero-patriarcal. Su aprobación en países como Argentina en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández, y Uruguay en el 2013, con José Mujica, lo presentaba como una posibilidad real al ser apoyado por gobiernos progresistas de la región.
En cuanto al activismo por los derechos de las personas LGBTIQ+, no se puede obviar las múltiples formaciones en promoción de salud y talleres de sexualidad que han brindado el otrora Centro Nacional de Prevención (CNP) y su grupo histórico HSH. También es significativa en tal sentido la conformación de las redes sociales del CENESEX.
Desde el año 2000 hasta el presente, varias generaciones de jóvenes a lo largo del país han sido instruidas en temas de educación sexual y reproductiva, derechos, VIH/sida, género, sexualidad, identidad de género, entre otros. Esto ha permitido que se cuente con una masa crítica capaz de incidir en las discusiones y promover el debate a diferentes niveles.
Aunque es una historia que está por contar y sistematizar, no se puede negar que si en medio de la pandemia la sociedad civil sexo-disidente no se ha detenido; ha sido en parte debido a su capacidad de gestión y alianzas con diversos actores. Por ello es importante, más allá de la aprobación legislativa, comprender cuál es el contexto, los actores sociales y las fuerzas políticas en medio de las cuales el Código de las familias se materializaría.
En el 2018, cuando el artículo 68 —que proponía la «unión entre personas»—, atrajo desmedidamente la atención, en detrimento de otros de la Constitución finalmente aprobada un año después, fue develada la compleja red en que se constituye la esfera pública cubana. Existían, para debatir esta cuestión, diversos grupos que participaban de modo asimétrico.
Como se vio después, la supresión del artículo de marras en la versión final del documento, y la solución salomónica del artículo 82: «se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges», cuya variación de personas a cónyuges reforzaba la noción del matrimonio heterosexual; tuvo significaciones más políticas que semánticas.
Las iglesias fundamentalistas, reunidas en la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba (AIEC), se opusieron abiertamente al artículo 68 a través de una intensa campaña de comunicación. Su objetivo no solo se circunscribió al matrimonio igualitario, sino que fue encauzado contra los feminismos, los derechos de las personas LGBTIQ+, y cualquier otra demanda de los colectivos históricamente discriminados.
La relevancia de la controversia relativa a este anteproyecto, radica en que, por una parte ubicó también el foco sobre la adopción homo-afectiva y el acceso a la reproducción asistida. Por la otra, las tendencias conservadoras intentaron, y persisten, en una agenda misógina, homofóbica, pro-capitalista y antiderechos, apoyada por financiamientos de la USAID.
El hiato temporal producido por la pandemia trajo aparejada la reorganización de los activismos LGBTIQ+, con demandas diversas. Al inicio del cierre del país se creó la Plataforma 11M, con énfasis en las redes sociales, pero que ha contribuido a la divulgación de experiencias de vida de personas con sexualidades no hetero-normativas y de opiniones de expertos en esas materias.
Este tipo de gestión coincide con las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia del CENESEX, con las acciones de Alianza Afrocubana y las campañas con incidencia política de AfroAtenas, en Matanzas. Son importantes también la página de Facebook Construyendo una agenda de la diversidad en Cuba, del mismo modo que revistas digitales como Q de Cuir y Tremenda Nota, entre otras. Todos los mencionados componen un contexto plural y polifónico.
Las redes sociales han posibilitado expandir los márgenes de la ciudadanía periférica, fluida y marginalizada. Sin embargo, el cisma ideológico que se interpone entre algunas instancias y actores, no ha permitido establecer alianzas que enfrenten la embestida conservadora contra el Código de familias.
Cualquiera que sea la letra del próximo código deberá recoger la totalidad de las demandas promovidas por una ciudadanía crítica que ha acompañado este proceso. La creación de una Comisión Redactora —anunciada en la Gaceta Oficial el pasado 30 de abril—, en cuya composición heterogénea no fue incluida ninguna persona reconocida por el activismo LGBTIQ+, ha provocado lógicas suspicacias.
Ellas provienen de ver, por ejemplo, que en el mismo cónclave se encuentran Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del PCC, o Rafael Ramón Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP, funcionarios en cuyos discursos públicos estos temas no son una preocupante.
En los próximos meses nos sumiremos en largas discusiones cuando se presente el anteproyecto y continúe la ruta consultiva hasta llegar finalmente al referendo. Se presenciarán, como en el 2018, pero ahora con mayor intensidad, los ataques de las iglesias fundamentalistas y el despliegue de su discurso contra el matrimonio igualitario, que intentará frenar cualquier avance en la ampliación de derechos humanos.
Esperamos igualmente que sus feligreses se radicalicen si el proceso consultivo se torna favorable a los derechos de los colectivos vulnerados. A la comisión le corresponderá ser radical y revolucionaria si quiere en verdad ser inclusiva y tener en cuenta que los derechos de las mal llamadas minorías no son negociables.
La actualización de esta normativa supone atemperarla a la diversidad de configuraciones familiares que son visibles en la sociedad cubana. El acceso a la reproducción asistida y la adopción por parejas del mismo género son puntos sensibles en los que se polariza la ciudadanía. De cualquier modo, la aprobación del próximo código nos debe adentrar en el siglo XXI, ¿estaremos dispuestos a ese salto?