«Estoy loco» confesó el Alcalde de Providencia el pasado domingo en un conocido programa de TV. Es probable, porque la conducta del coronel de ejército y agentón de la DINA ha sido descalificada hasta por los propios gobernantes. El ministro de Educación desmintió al personaje. Dijo que no hubo reuniones previas entre ambos ni le […]
«Estoy loco» confesó el Alcalde de Providencia el pasado domingo en un conocido programa de TV. Es probable, porque la conducta del coronel de ejército y agentón de la DINA ha sido descalificada hasta por los propios gobernantes. El ministro de Educación desmintió al personaje. Dijo que no hubo reuniones previas entre ambos ni le advirtió ni le pidió anuencia para el violento desalojo de los colegios y la represión a los estudiantes. También ha rechazado la conducta de Labbé, el militante de RN Manuel Ossandón, Edil de Puente Alto. Sólo los infaltables de la UDI apoyan al desacreditado militar. Pero se trata de personajes como Coloma o el pintoresco Moreira, que no son como para tomarlos en serio. Tampoco lo son las 3 docenas de funcionarios municipales de Providencia que junto a unos cuantos pinochetistas y algunos pacos jubilados intentaron el martes una frustrada manifestación de apoyo forzado a su jefe en las puertas del municipio. Cierro la referencia al confeso insano recordando que cuando su líder, el dictador, estaba preso en Londres, trascendió que se pagaron con recursos municipales pasajes para visitantes no muy voluntarios de aquel que hubiera terminado sus días en justa prisión si no fuera por nuestros gobernantes de la época.
Párrafo aparte para la conducta de Carabineros de Providencia que parecieran haber sido escogidos personalmente por el ex agente de la DINA. Además de la brutalidad de los desalojos, de la represión a las manifestaciones del día lunes, resulta indignante escuchar a las jóvenes estudiantes, niñas todavía, denunciando los manoseos y abusos de orden sexual cometidos por los pacos y, peor, el respaldo que estos reciben de sus superiores.
Es que en estas materias, que dicen estrecha relación con el área de los derechos humanos, la conducta de los derechistas en general tiene un marco rígido sesgado por la prepotencia del poder y la fuerza, carente de todo sentido ético. La historia del país y del mundo es generosa en ejemplos. Para no ir lejos veamos la reacción de Piñera y los suyos ante el solo anuncio de Argentina de que pedirá la extradición del sedicente asesino, el ex juez Romano, hoy huésped de este gobierno. Piñera, obedeciendo a la UDI, ha reiterado en Nueva York el impresentable argumento de que la situación del suspendido juez mendocino Otilio Romano es similar a la de Sergio Apablaza.
En declaraciones a la cadena de noticias CNN, Piñera aseguró que «la Presidenta de Argentina puede decir que el señor Otilio Romano ha cometido delitos, pero ella no es jueza.» Y añadió : «Argentina nos pide lo mismo que nos niega cuando nosotros se lo pedimos a ellos», aludiendo al fallo ya ejecutoriado hace muchos años de los tribunales trasandinos que en su oportunidad rechazaron la petición de extradición de nuestro compatriota, víctima ayer de la dictadura fascista de Pinochet y perseguido hoy de los herederos políticos del dictador. Como todo mundo sabe, los cargos contra Apablaza son absolutamente falsos en tanto que Romano está procesado en Argentina por más de 100 crímenes de lesa humanidad. Pero eso no importa para la derecha ni para otros «demócratas». Tampoco parece importarles las categóricas declaraciones del Ministro Mario Carroza a cargo de la investigación del caso de Jaime Guzmán, el que reiteró (El Mercurio, 20 de sept. 2011), que los casos son totalmente diversos y no tienen relación alguna.
Digo finalmente que el presidente Piñera debiera ser más cuidadoso al referirse a aspectos jurídicos y judiciales en materia de delitos.