Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países […]
Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que más viviendas vacías tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población.
Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.
Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.
Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.
La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias -muchas de ellas inmigrantes- que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.
En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.
La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante «estímulos» a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.
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