Fuera de España viven 2,305,030 personas : el equivalente a una provincia poblada, como la de Valencia o a una Comunidad Autónoma grande, como Castilla y León . Aunque, de vez en cuando, ese dato aparece mencionado en los medios (casi siempre, eso sí, personalizado y muchas veces sacado de contexto) se trata de una […]
Fuera de España viven 2,305,030 personas : el equivalente a una provincia poblada, como la de Valencia o a una Comunidad Autónoma grande, como Castilla y León . Aunque, de vez en cuando, ese dato aparece mencionado en los medios (casi siempre, eso sí, personalizado y muchas veces sacado de contexto) se trata de una población a la que los sucesivos Gobiernos españoles, dependiendo del momento, han ignorado, utilizado o difuminado con arrogante sutileza .
Dos millones y pico en un universo de 44, son muchos: un 5,2% de las personas que tenemos ciudadanía española (un poco menos de las que viven en el municipio de Madrid ). Si el problema se mira como lo hace la Administración central (que gestiona el tema, desde hace tiempo, desde su Ministerio de Empleo ) la diáspora española (su nombre técnico) debería ser considerada un pasivo: básicamente, no produce sino que genera gasto (pensiones, ayudas, subvenciones, etc.).
Pero, aparquemos el hecho de si, los residentes en el exterior, generamos o no gasto (de hecho ¿qué población no lo genera?). El hecho cierto es que también tenemos unas necesidades productivas y laborales por las que -sobre todo si residimos en la neoliberal América Latina- nadie nos pregunta y tampoco nos cubre : no podemos, por ejemplo, cotizar, si así lo deseamos, a la Seguridad Social; nos es difícil tener cuentas bancarias en España, DNI , subsidios y un largo etc.
Desde la óptica del Gobierno central, sin embargo, las que producen son las empresas y por eso, casi todos los esfuerzos de la diplomacia nacional se vuelcan en ayudarlas . Especialmente si la sede de esas empresas (grandes, medianas o pequeñas) está en la España territorial y no fuera del país donde, aunque usted no lo crea, también hay españoles que trabajan y crean empresas (como panaderías, escuelas, etc.) que, sin embargo, apenas cuentan con apoyo público.
Madrid, por lo general, suele justificar estas sutiles distinciones administrativas con excusas aparentemente lógicas pero, en el fondo, aquí está una de las claves de la segregación silenciosa que padecemos los españoles del exterior: segmentando se invisibiliza. De hecho, a nadie en España se le ocurriría gestionar las políticas sociales de Valencia o Castilla y León desde el Gobierno central y las económicas desde el local porque, cualquiera, lo vería como un sinsentido.
O quizás no: muchos se aprestarían a explicar que, en la España territorial, eso se llaman ‘ competencias ‘ y que, precisamente ahí, radica uno de los caballos de batalla entre el Estado central y las CCAA. Pero en realidad ese dato no dice tanto porque, sean churras o merinas, Valencia y Castilla y León son, ante todo, realidades institucionales tangibles mientras que la España Exterior, una entelequia administrativa en la que, diversas instancias, intervienen.
Las CCAA son, por ejemplo, otro actor a considerar en este marco. De hecho, el cordón umbilical que conecta los intereses periféricos a los del Estado central constituye uno de los principales dispositivos de la paternalista tutela administrativa que la España territorial ejerce sobre su diáspora. La clave se llama Censo de Residentes Ausentes (CERA) y es un invento burocrático que compite en imaginación y perversidad con la de cualquier autor del Realismo Mágico .
Si en el fondo, el problema, no fuera trágico, sería para reír: ‘residentes ausentes’ significa que aunque, en la práctica, se trata de personas que pueden llevar viviendo fuera de España 30 o 40 años, a efectos censales y administrativos, siguen siendo… ‘residentes ausentes’. Es decir, que aunque ni estén ni se les espere y sus intereses y preocupaciones hayan podido cambiar o variar en relación a los de sus conciudadanos de origen, España, sigue adscribiéndolos al terruño.
Muchos de esos ‘ausentes’ sucumben a tan entrañable muestra de cariño. Otros, sin embargo, nos damos cuenta de que ese es el burdo truco mediante el cual, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y CCAA inflan sus censos obteniendo así una representatividad abultada y por supuesto, caudales de dinero público que no les corresponden. Y todo eso ¿a costa de quién? Pues, según se prefiera, de los ‘residentes ausentes’ o de los españoles del exterior.
¿Increíble? Pues por si acaso se lo parece, espere, que ahí viene otra furibunda descarga de cinismo ibérico: en realidad, toda CCAA se preocuparía POR y gastaría EN su propia diáspora. Más mitos al canto puesto que, por una parte, las cantidades invertidas son ridículas y por la otra, heterogéneas: si una persona proviene de una CCAA poco propensa a la emigración, tiene menos facilidades institucionales en el exterior que otra proveniente de una CCAA ‘emigrante’.
Lo curioso del caso es que injusticia hay, también, en el caso contrario. El motivo es sencillo: a las CCAA les encanta delegar, en el exterior, en un enjambre de organismos no del todo oficiales que pueden ir desde restaurantes privados hasta asociaciones culturales, pasando por orfeones o clubes de bailaores que parten y reparten el botín con singular espíritu clientelista y amor por la patria chica: ¿eres fiel? estás dentro; ¿reclamas derechos? fuera. La España del XIX en el XXI.
Todo ello dibuja un panorama al mismo tiempo folklórico, diferenciado, opaco y autoritario que sin embargo nadie comenta. Cada quién por su motivo: unos porque ganan con él y otros (ya residan en Madrid, Barcelona o Vigo) porque cuesta enterarse de cosas así, si esta situación no se vive en carne propia. Lo que sin embargo está claro es que, cuando a cualquiera se le ocurre sacar el tema, la respuesta que viene de la España territorial siempre suele ser sospechosamente cruel.
El centro y la periferia, de hecho, parecen olvidar rencillas y actuar en bloque: cuando Zapatero se planteó que hubiera, antes de la crisis, diputados exteriores , un silencioso lobby desplegó sus alas… y logró, no solo que los diputados que se escogen en Murcia sigan representando a señores que viven en Cuba sino que, además, impuso el Voto Rogado , una sutil forma de dificultar el voto exterior para reducir la capacidad de influencia y el tamaño del grito de la España exterior.
Contemplar todo este panorama desde la perspectiva de países que, como por ejemplo, India, China o Israel, son referencia en política de diáspora es como para echarse a llorar. Pero Spain is different: allí todos suelen saberlo todo y los que no lo saben (como los independentistas catalanes que aprobaron, junto al PP y al PSOE , la imposición del Voto Rogado) no se quieren enterar y eso, aunque terminen padeciéndolo (como durante las elecciones catalanas de 2015 ).
Lo preocupante es que, mientras que ese aire de indiferencia cómplice se impone en la madre patria, la España Exterior, que ni es única ni es diversa , languidece. De hecho así es como una población escupida en sucesivas oleadas por nuestra rentista y dependiente economía, camina hace siglos hacia un, al parecer, inexorable destino: diluirse en otros países/culturas (vía matrimonios, patrimonios, etc.) sin beneficio para nuestro país ni para su gente. ¿Hay solución?
* Juan Agulló es Doctor en Sociología ( EHESS ) y periodista español residente en el exterior: @JAgulloF
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