Bolivia ha vivido durante los últimos nueve años un ciclo de intensos cambios, de naturaleza revolucionaria, que han dado lugar a la constitución de un nuevo bloque histórico-social de fuerzas que ha puesto sobre el tapete la reinvención de las formas hasta ahora conocidas de la democracia, la política y el Estado. La independencia decimonónica […]
Bolivia ha vivido durante los últimos nueve años un ciclo de intensos cambios, de naturaleza revolucionaria, que han dado lugar a la constitución de un nuevo bloque histórico-social de fuerzas que ha puesto sobre el tapete la reinvención de las formas hasta ahora conocidas de la democracia, la política y el Estado. La independencia decimonónica sólo fue capaz de producir en Bolivia una especie de estado-nación aparente, parafraseando al sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado. Es decir, un Estado que existía de espaldas a la gran diversidad nacional, cultural y societal que caracteriza al país. Lo que es igual a decir que la forma estatal estuvo montada sobre una monumental mentira: la existencia de una nación, cultura y sociedad homogéneas. La mentira era apuntalada por la ilusión jurídica: la igualdad de todos en el estado-nación aparente.
La realidad, sin embargo, siempre fue mucho más porfiada y finalmente explotó en octubre de 2003 por medio de la sublevación de los que hasta el momento habían sido los grandes invisibles del estado-nación aparente: los indígenas, los nuevos sujetos políticos que volverían a motorizar la historia boliviana. Su disidencia asumió una fuerza incontenible y radical, poniendo en jaque la versión más reciente del estado-nación aparente: la neoliberal.
Dentro de su voracidad sin límites, correlativamente el neoliberalismo potenció a una escala nunca antes vista la rebelión de los excluidos, más allá de una clase obrera cuya voz se había relativamente silenciado como resultado de la reestructuración de las relaciones de producción. Sin embargo, si bien en la superficie el proletariado aparentaba haber llegado a su fin como clase con una misión histórica transformadora, en las profundidades lo que muchos no veían era que no desaparecía el proletariado sino que sólo se reestructuraba, se hacía sociedad toda.
El propio neoliberalismo pretendió, bajo la presidencia de Sánchez de Losada, reconocer formalmente la puesta en escena de la pluralidad cultural constitutiva de la nueva subjetividad política, más ya era demasiado tarde. Las soberanías múltiples despertadas al calor de las luchas multitudinarias ya no se dejaban representar y menos cooptar por el Estado burgués-colonial. Es así como irrumpe el poder constituyente, como fuerza material que cerca el decrepito orden establecido y elige presidente en el 2005 a uno de los suyos, al aimara Evo Morales.
El «Estado aparente» se fue supeditando crecientemente a un Estado de hecho obra de las acciones protagonizadas por la pluralidad dinámica de movimientos sociales que desplazaron a los partidos tradicionales como nuevos instrumentos de mediación de lo político. Sus actos adquirieron fuerza constitutiva más allá de los actos del estado-nación aparente. Se fueron convirtiendo en el embrión del nuevo Estado, cuyos primeros asomos yacían potencialmente en medio de esa sociedad abigarrada que el viejo Estado pretendía negar y cuyo corazón es la comunidad y sus irradiaciones positivas de esa otra forma de lo común históricamente contenida en ésta.
Tres fueron las ideas movilizadoras que fueron arropando mayoritariamente toda la amplia geografía social boliviana: la transmutación real del valor de la igualdad ciudadana para desde la justa valoración de las diferencias representadas por los históricamente excluidos, particularmente los indígenas, se pasase a garantizar materialmente por primera vez la plena igualdad de todos; la nacionalización de los recursos naturales y socialización de sus beneficios; y la reivindicación de la autonomía, aunque igualmente transmutada, más allá de la mera distribución territorial del poder, en autodeterminación ciudadana y comunitaria, dentro de una ampliación exponencial de la esfera de lo público.
Al respecto hablaba recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera que a partir del 2000 «las movilizaciones sociales comenzaron a sustituir los acuerdos parlamentarios en la toma de decisiones».
«Ya no era tanto el Parlamento el lugar donde se debatía, sino las asambleas, los cabildos, las zonas de bloqueo y movilización donde se comenzaron a generar las nuevas ideas que empezaron a interpelar al conjunto de la sociedad y a volverse efectivas mediante la presión», abundó García Linera.(1) Efectivamente, la democracia absoluta se empezó a ejercer desde las plazas, las calles y los caminos, para forzar la cancelación de contratos que pretendían enajenar los recursos naturales del país y para deponer presidentes que se negaban a ejecutar la voluntad general del soberano popular que, por primera vez, decidió hacer acto de presencia. Como tal, la estatalidad, así como la soberanía, dejó de ser apariencia y se hizo movimiento. Y qué es en el fondo un movimiento social sino, como afirma García Linera, «movilización proactiva de la sociedad» en torno a lecturas diversas y proyectos alternativos de sociedad. Incluso, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) qué es sino una especie de confederación pactada de movimientos sociales.
Según el reconocido sociólogo jurídico portugués altermundista Boaventura de Sousa Santos, si hay un elemento central al cambio epocal que se vive es el surgimiento del Estado como «novísimo movimiento social», es decir, una más híbrida y fluida forma de organización política, bajo la cual se conjugan una constelación de flujos, organizaciones y redes que trascienden la esfera tradicional de lo estatal. Incluso, democratiza potencialmente a tal grado la gobernabilidad que se plantea como fin último la desestatalización progresiva de la regulación social y la gobernabilidad. Señala: «Las principales características de esta transformación son las siguientes: compete al Estado, en esta emergente organización política, coordinar los distintos intereses, flujos y organizaciones nacidos de la desestalización de la regulación social. La lucha democrática se convierte así, ante todo, en una lucha por la democratización de las funciones de coordinación. Si en el pasado se buscó democratizar el monopolio regulador del Estado ahora se debe, ante todo, democratizar la desaparición de ese monopolio.»(2)
En ese proceso, indudablemente existe una tensión entre el Estado y su tendencia a la concentración de decisiones, y el movimiento y su natural dinámica de dispersión. Si bien el Estado no puede sustituir las acciones reivindicativas de los movimientos, puede ayudar a articular o realizar éstas a partir de su función como fuerza condensadora y ordenadora de las demandas sociales.
El poder emancipatorio está estructurado por una relación compleja de autodeterminación constitutiva y de mando ejecutivo. En ese sentido, la propia realidad ha impuesto una combinación de asambleísmo y concentración decisional al nivel de la ejecución de la agenda pautada por los movimientos. Se supera así la perspectiva trascendental del Estado, propia del liberalismo como del «socialismo real». El Estado se hace movimiento inmanente de la sociedad toda, caracterizado concretamente por una constelación compleja y dialógica de expectativas, aspiraciones, acciones, decisiones, prácticas y realizaciones.
«Un gobierno de movimientos sociales, como es éste, va a vivir una tensión entre concentración y toma de decisiones. ¿Cómo se valida lo de gobierno de movimientos sociales? Primero, por el tipo de decisiones estratégicas tomadas, que emergen de las luchas sociales: nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente, nueva reforma agraria. Segundo, por la forma de selección de los funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Tercero, por la presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparato estatal, que responden a esos movimientos», puntualiza García Linera.(3)
Bajo este Estado humilde, la presidencia de Evo Morales y su liderazgo indígena indiscutible, juega un papel significativo, sobre todo cuando la situación amerita la iniciativa decidida del Ejecutivo para superar los cortocircuitos que se producen ante unos procesos burocráticos ministeriales o parlamentarios que no siempre consiguen responder adecuada y rápidamente a los complejos retos que enfrenta la sociedad boliviana actual. Evo Morales se ha erigido así en responsable último del necesario equilibrio práctico entre el disenso, como hecho democrático fundamental, y la responsabilidad concreta por la construcción de las nuevas estructuras sociales y estatales. No existe, en ese sentido, mayor prioridad para él y su gobierno en las actuales circunstancias que hacer operacional la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, Multicultural y Plurisocietal recientemente aprobada por el nuevo soberano popular plural.
(1) Álvaro García Linera, «Del Estado neoliberal al Estado plurinacional autonómico y productivo», Discursos y ponencias del Ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera, Conferencia en la Universidad de Santo Domingo Savio, Santa Cruz, 11 de diciembre de 2008.
(2) Boaventura de Sousa Santos, Reinventar la democracia, reinventar el Estado, CLACSO, Buenos Aires, 2005, p. 49.
(3) Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emancipación: Conversaciones con Álvaro García Linera, Ocean Sur, México, 2009, p. 85.
* El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño «Claridad».