Durante la primera ola de reactivación económica (pronto decretarán la segunda) acontece lo que se vivió antes de la cuarentena a causa de la pandemia por el Covid-19; una serie de transgresiones a los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora. No hay garantías verdaderas en los centros de trabajo para evitar los contagios, los trabajadores y a las trabajadoras, entre la espada y la pared, mantienen sus empleos ante la crisis económica que pronto dejará ver su rostro más feroz, una contradicción que se manifiesta con mayor claridad, o se está en favor de la ganancia económica o de la vida humana.
La situación se arrastra desde hace mucho, manifestándose en la desarticulación de los servicios públicos de salud y los derechos laborales, la reducción de prestaciones sociales y el incremento de la subcontratación, la indefensión para la tercera edad por las modificaciones a las leyes y reglamentos de jubilación, junto a la condena que pesa ahora sobre las nuevas generaciones ante trabajos con salarios precarios y la ausencia total o casi total de garantías mínimas de derechos. El tan elogiado trabajo en casa pudiera consumar la individualidad sistémica al no generar ningún tipo de responsabilidad social para el empleador, pues si bien hay trabajadores bajo esquemas legales antiguos que sí disfrutan de sus derechos, la tendencia va en sentido contrario en favor de eso que se llama “modernidad” laboral.
Los trabajadores y trabajadoras del sector salud han demostrado su gallardía e importantísimo papel para el porvenir humano, lo hacen en condiciones extremas, trabajan más horas de lo común en condiciones desfavorables, sin comer y descansar adecuadamente, arriesgándose por nosotros. A través diversos medios han hecho patente la situación que viven al interior de diversos hospitales y clínicas, carecen de la gran mayoría de recursos materiales para su labor, no gozan de derechos por ser de las nuevas generaciones o por arrastrarse sobre su condición legal un sinfín de injusticias que los someten a aceptar contrataciones a modo, en sus denuncias hacen saber a la sociedad las condiciones preocupantes que viven frente al juego de los datos entre gobiernos en medio de la reapertura económica, se llega al extremo con la criminalización ciudadana cargándole toda responsabilidad por la continuidad de la pandemia, sin importar los reclamamos por medidas humanitarias en la mayoría de los países del mundo.
Naturalmente la sociedad debe actuar con cautela y cuidarse, tampoco podemos eliminar la parte social e individual que sí nos corresponde para evitar contagios y agravar la situación, pero no es justo culpar al pueblo criminalizándolo mientras muchos gobiernos se lavan las manos de sus responsabilidades. Vivimos tiempos muy complejos para el futuro de la humanidad, desde estas condiciones debemos repensar y reestructurar nuestras sociedades, ponderando por encima de todo, el real bienestar humano dejando de lado los intereses particulares y la soberbia que únicamente ciega e imposibilita ver lo realmente importante para el futuro de nuestras sociedades. Los trabajadores y las trabajadoras deben gozar de la plenitud de su dignidad y respeto por el bien humano.