En Ecuador se plantea una pugna abierta entre diferentes modelos económicos. El Sumak Kawsay («buen vivir»), consagrado en la constitución de 2008, está en construcción. «El gobierno de Correa lo entiende como acceso a servicios: salud, educación, obras públicas y servicios sociales», afirma Floresmilo Simbaña, dirigente de Organización y Política de la Confederación de Nacionalidades […]
En Ecuador se plantea una pugna abierta entre diferentes modelos económicos. El Sumak Kawsay («buen vivir»), consagrado en la constitución de 2008, está en construcción. «El gobierno de Correa lo entiende como acceso a servicios: salud, educación, obras públicas y servicios sociales», afirma Floresmilo Simbaña, dirigente de Organización y Política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), nacida en 1986. La idea del gobierno es aumentar los ingresos fiscales para lograr una distribución de la riqueza más justa. Pero realmente se ha implantado, según Floresmilo Simbaña, un modelo extractivista/desarrollista que no pone en cuestión los impactos ambientales ni el marco de relaciones capitalistas. El dirigente indígena ha participado en Valencia en un acto en el Centre Social Terra, organizado por Entrepobles, Perifèries y las asociaciones Rumiñahui, Mushuc Yuyai e Inti Ñan. En el plano teórico ha colaborado en el libro «Pueblos indígenas, estado y democracia» (Clacso).
-El 19 de marzo se convocó en Ecuador una movilización a escala nacional, impulsada entre otras organizaciones por la CONAIE, junto a los sindicatos. ¿Con qué objetivos?
La cuestión general es el modelo económico que el gobierno está desarrollando. En lo coyuntural, nos movilizamos por las muchas observaciones que como movimiento indígena hacemos a la Ley de Tierras. Por otra parte las organizaciones sindicales tenían sus observaciones al proyecto de reforma del Código de Trabajo.
-¿Qué problemas plantea la Ley de Tierras?
Lo fundamental es que el grado de concentración de tierras en el país es bastante alto. Para nosotros habría que desarrollar una ley agraria general, pero el gobierno no optó por esa vía. Aprobó hace un año la Ley de Aguas, y ahora está tratando la ley de tierras. Además, el primer objetivo debería ser la redistribución de las tierras, pero la legislación no propone eso. En el plano conceptual sí que se dice, pero en las medidas fácticas no se hace viable.
-¿Por ejemplo?
La ley afirma que se redistribuirán tierras que están en manos del estado. Pero según informes públicos, las tierras con vocación agrícola del estado representan una proporción mínima. Lo que pretendemos es que se afecte la gran propiedad agraria, que en el caso ecuatoriano se halla en la costa. Tampoco se aborda en la legislación la propiedad de la tierra comunal. Sólo cosas muy generales y vagas como «el estado protegerá», pero no se dice con qué mecanismos. La constitución de 2008 ya dice que los sistemas comunitarios son otra forma de propiedad, pero la ley únicamente copia lo que establece el texto constitucional, sin concretar ni avanzar.
-¿Está desarrollando el gobierno de Correa un modelo económico de tipo desarrollista/extractivista sin matices? ¿No hay diferencias respecto a otros países de América Latina?
Sí, extractivista en el sentido de que una de las bases del modelo económico es la explotación de los recursos naturales (petróleo y minería). En ese sentido tenemos el mismo modelo que Colombia o Perú. Ecuador intenta poner ciertos elementos que permitan una negociación en mejores condiciones frente al capital extranjero (el único que puede invertir a esos niveles). Lo que nos preocupa es que el gobierno, para incentivar la inversión extranjera sobre la minería, cada vez reduce más los condicionantes. En el sentido estricto de que la explotación de los recursos naturales constituye un pilar del modelo económico, Ecuador es igual de extractivista que otros países.
-¿Cómo entiende el gobierno de Ecuador, a tu juicio, el Sumak Kawsay o «buen vivir»?
El Sumak Kawsay es un tema reciente, bastante abierto y que se está construyendo. El gobierno lo entiende fundamentalmente como el acceso a servicios. Mientras más se invierta en salud, educación, obras públicas y servicios sociales -opina el gobierno- más se acerca al Sumak Kawsay. Pero esto lo hace sin poner en cuestión nada del modelo económico. Así, no importa que se afecte a la naturaleza o que no cambien sustancialmente las relaciones capital-trabajo. Para el ejecutivo se trata de aumentar los ingresos (por la venta de recursos naturales o vía impuestos) y luego redistribuirlos más equitativamente.
-¿Y cómo entiende el Sumak kawsay la CONAIE?
No se trata sólo del acceso a servicios, sino de impulsar un modelo económico distinto.
-El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, en la VI Encuesta de Condiciones de Vida, señala que entre 2006 y 2014 la pobreza por consumo se rebajó en un 32,6%. Es decir, 1,6 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Habría que reconocérselo al gobierno de Correa?
Sí, es una realidad. No se trata de negar lo que ha pasado. La economía social medida por acceso a servicios obviamente ha mejorado. Incluso Naciones Unidas habla de una reducción de la pobreza en un 25,6% y de la extrema pobreza en un 9%. Nuestra crítica no se centra en ese punto, sino que en última instancia el modelo se agota. No es una crítica abstracta, sino al mejoramiento económico por el gasto público, sostenido por una coyuntura especial de los precios (altos) de los recursos naturales. Decíamos que eso iba a agotarse. El precio del petróleo ha caído en un 50%. Ecuador llegó a vender por 90 y 100 dólares el barril de crudo, y hoy lo vendemos por 40. Eso ha provocado un importante déficit fiscal, lo que unido a la revalorización del dólar ha provocado una crisis bastante fuerte en el país. La situación ha obligado al gobierno a adoptar medidas restrictivas. La más escandalosa, y que nosotros criticamos, es eliminar la obligatoriedad por parte del estado del aporte del 40% a las pensiones jubilares. El modelo del gobierno ya no funciona también.
-En una visita a París (noviembre de 2013), Rafael Correa se refirió a «esa izquierda del todo o nada que es la mejor cómplice de la derecha». ¿Te das por aludido como dirigente de la CONAIE?
Sí, porque nos ha acusado directamente a nosotros. Correa lo ha dicho en diferentes lugares un montón de veces. Nos ha llamado «izquierda infantil», del «todo o nada» y ese tipo de cosas. Nosotros no estamos pidiendo, por poner un ejemplo, que el día de mañana cierren la llave del petróleo y hagamos otra cosa. No proponemos eso. En el caso concreto del crudo, hemos pedido que no se amplíe la frontera petrolera y que se orienten de manera distinta las inversiones. En muchos asuntos de tensión con el gobierno, siempre hemos planteado alternativas. Tampoco estamos diciendo «no» a la minería en términos absolutos…
-¿Qué alternativas plantea fundamentalmente la CONAIE?
En la cuestión minera el gobierno propone una minería a gran escala y a cielo abierto (de gran impacto ambiental, social y cultural), vinculada directamente a la inversión internacional. Nosotros decimos que eso es peligroso, también para la economía nacional. Proponemos combinar una minería mediana y pequeña, obviamente con todas las regulaciones, y con la participación del estado en la explotación minera (mediante la creación de una empresa estatal). También hemos propuesto transformar y modernizar la economía agraria a través de una industrialización selectiva que no apunte exclusivamente a la exportación, sino al consumo interno en primer término.
-¿Qué diferencias se observan en materia agraria, y más aún, en cuanto al modelo económico?
Con la Ley de Tierras el gobierno defiende industrializar la explotación agrícola, pero de la mano de los grandes inversores nacionales e internacionales, sobre todo para la exportación. Además, el programa agrario gubernamental dice que está enfocado a tres productos: la canola, la soya y la caña de azúcar. Estos tres productos tienen un uso para la elaboración de biocombustibles. Sin embargo, pensamos que hay otras economías viables, por ejemplo el turismo, pero no un turismo asentado en las grandes empresas sino en las economías locales y comunitarias. Esto no es una utopía. No se trata del «todo o nada». Hay experiencias muy concretas, pequeñas y grandes, más equitativas.
-Las elecciones generales se celebrarán en 2017. ¿Cómo se está articulando el movimiento indígena?
El ambiente ya se está convulsionando de cara a los comicios electorales. Una de las posiciones consiste en derrotar electoralmente a Correa y, por tanto, la mejor estrategia para ello es juntarnos con todos los sectores (incluso partidos de derecha). Otra vía dice lo siguiente: nosotros tenemos un montón de críticas que hacer al presidente Correa, pero no se trata de una persona… El problema es de sistema, y también a nivel internacional. La única manera de enfrentarse a ello es organizar una alianza que vaya más allá, pero por la izquierda. En esa línea yo me encuentro. Impulsamos para ello la alianza con los sindicatos y otros sectores sociales. Hay además una tercera vía (muy minoritaria) que niega la vía electoral y apuesta exclusivamente por lo «social». Cuando se tomen las decisiones (en el proceso de discusiones en las bases y los diferentes órganos) se sabrá que vía es la mayoritaria.
-Por último, se ha denunciado una persecución gubernamental a la CONAIE…
Nosotros hemos tenido alrededor de 220 dirigentes enjuiciados en los últimos años, en su mayoría de las comunidades que están oponiéndose a la minería. El momento álgido fue en 2012. Hubo casos que terminaron en indulto, también en amnistía, sobre todo en los casos de penas más elevadas. En algunos casos consideramos que los indultos/amnistías se dieron por la presión social. Además, el gobierno ha decidido dar por finalizado el convenio de comodato (préstamo de uso) que tenía con la CONAIE para que utilizáramos el edificio (sede social) de la organización en Quito. El convenio terminaba en 2021, pero nos han pedido el desalojo. Es un edificio que utilizamos desde hace muchos años las organizaciones indígenas de base. Ampliamos la primera planta y construimos otras dos. Es una medida política del gobierno.
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