Volvemos a entrar en un momento electoral en el Ecuador y las implicaciones que esto suman al momento que vivimos deben ser analizadas con detenimiento para poder entender los discursos que construyen a lo largo del tiempo, especialmente, desde el gobierno de Guillermo Lasso.
Porque esta etapa electoral que empieza a sentirse no solo abarca la elección de autoridades locales, sino, además, varios frentes más. Con esto nos referimos a la elección de consejeros y consejeras para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la, por ahora, posible consulta popular propuesta por el Ejecutivo.
Por la situación que atraviesa el país y el capital político que posee actualmente el gobierno, es notorio que el oficialismo tiene que priorizar frentes para lograr objetivos concretos. Esto es visible con la casi nula actividad y presencia del movimiento CREO con respecto a las elecciones seccionales en comparación con otras tiendas políticas y que, si pretende ganar las preguntas de la consulta popular, la elección del CPCCS es irrelevante, pues cesarían sus funciones principales inmediatamente luego de saber los resultados oficiales de la consulta popular. Dicho esto, podemos vislumbrar que Lasso y su maquinaria comunicacional se están concentrando principalmente en (re)construir su discurso político desde las preguntas de la posible consulta popular.
Ahora bien, debemos preguntarnos qué busca el gobierno con esta consulta popular. La respuesta la podemos encontrar en dos niveles políticos: el institucional y el discursivo. Para empezar, el objetivo institucional es asegurar una vía más rápida para renovar el control oligárquico de todas las entidades de control y regulación del Estado ecuatoriano logrado mediante la consulta popular de febrero de 2018. El Trujillato hay que entenderlo como ese “blitzkrieg” oligárquico para recuperar el dominio de todas las entidades control (superintendencias, contraloría, fiscalía, cortes, procuraduría) que fueron arrebatadas de sus manos con la Constitución de Montecristi y el gobierno de la Revolución Ciudadana.
Más de 4 años después, las autoridades designadas o prorrogadas por el Trujillato empiezan a terminar sus mandatos y el gobierno actual solo pudo cooptar a medias el actual CPCCS, y sabe que le será casi imposible controlar al nuevo que salga de las urnas en 2023. Que este objetivo pueda materializarse a través de la consulta popular es debatible y queda aún por saber si es que se concretará definitivamente, pero las intenciones oligárquicas, no solo del gobierno, se desvelan así.
Por otra parte, escudriñando el nivel discursivo de una posible consulta popular en medio de un ambiente electoral más amplio, vemos que esta se presenta como un nuevo intento del gobierno por recuperar el control del debate público. Alicaído y con unos niveles de credibilidad muy bajos dada por su gestión económica y la aguda crisis de inseguridad que se palpa en todo el país, el gobierno se encuentra un su propio laberinto comunicacional. En año y medio de gobierno ha sido incapaz de construir un relato político que se sostenga en medio de una gestión pobre y sin ideas. Son en estos momentos, cada vez más recurrentes, cuando el discurso lassista vuelve a sus orígenes populistas anticorreístas.
Valga aclarar que aquí al populismo lo entendemos como una lógica política que radicaliza el antagonismo en una sociedad construyendo un pueblo legítimo frente a un adversario social que no le permite ser en plenitud. Esta lógica política no le pertenece únicamente a la izquierda, también puede ser de derecha. Es en un su materialización concreta que surgen las diferencias. Una de las principales es que el populismo de izquierda tiende a ampliar la idea de pueblo frente a ese adversario, aglutinando a amplios sectores frente a, tradicionalmente, una oligarquía o un poder extranjero. Pero el populismo de derecha, que también construye una idea de pueblo que es antagonizado frente a un adversario, pero al hacerlo reduce el espacio discursivo de quienes pueden ser considerados parte de este demos. Como ejemplo, estos populismos de derecha rechazan la inclusión de migrantes, personas con diferentes identidades sexuales o ideologías de izquierda en base a una concepción conservadora y esencialista de la nación. Experiencias para nombrar tenemos algunas, como Trump en los EE. UU., VOX en España, Bolsonaro en Brasil o León Febres Cordero en Ecuador.
Dicho esto, una consulta popular con este tipo de preguntas (extradición, FF.AA. y Asamblea Nacional) explicita las intenciones gobiernistas de reavivar su discurso populista de derecha. Discurso que le funcionó en la campaña de 2021 y que ya se había probado exitoso durante la campaña de la consulta popular de febrero de 2018 el cual fue el punto más alto del anticorreísmo en el Ecuador hasta el momento.
Este nuevo intento por encender el odio político hacia el correísmo y nuevos rivales políticos (movimiento indígena, colectivos feministas) es doblar la apuesta anterior al darle ahora centralidad al relato del narcotráfico y sus nexos con la política nacional. Al (re)marcar de esta manera la frontera de amigo y enemigo del pueblo lassista implicaría dejar por fuera a amplios sectores sociales. En otras palabras, la idea de pueblo dentro del discurso lassista es cada vez más reducida, conservadora y elitista.
El empecinamiento del populismo de derecha de Guillermo Lasso con la intención de justificar su falta de gestión y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía no le aseguraría réditos electorales en 2023. Pero, igualmente, lanzar nuevos y más rancios discursos de odio a un país convulsionado y temeroso del futuro implicaría, además, arriesgar destruir las propias fibras de la comunidad nacional. Es decir, sería enfilar contra el mismo discurso que nos construye como nación ecuatoriana al seguir reduciendo el espacio de quienes pueden ser parte de él. Al parecer, el discurso lassista no solo está dispuesto a despertar a los monstruos que habitan en toda sociedad con tal de asegurar sus intereses oligárquicos, sino de derribar la misma idea de Ecuador en ese camino.
Renato Villavicencio Garzón es Máster en Estudios sobre Globalización y Desarrollo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.
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