El ministro del interior busca protagonismo en una cruzada política en el tema de la represión a las manifestaciones populares y con entusiasmo se encuentra embarcado en un proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, orientado a frenar las movilizaciones sociales en las calles. Su misión es criminalizar la protesta social y […]
El ministro del interior busca protagonismo en una cruzada política en el tema de la represión a las manifestaciones populares y con entusiasmo se encuentra embarcado en un proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, orientado a frenar las movilizaciones sociales en las calles. Su misión es criminalizar la protesta social y poner un cerrojo a cualquier aire de cambio que provenga desde las calles y del clamor ciudadano.
El ministro del interior pretende crear una nueva doctrina en materia de orden público y seguridad ciudadana y su propuesta de proyecto de ley es una verdadera revisión ideológica de la materia. El ministro busca pasar gato por liebre, en el sentido que declama buscar renovar la legislación y que lo tendría a él como un verdadero innovador. Señala el texto que desean actualizar la ley; tipificar como delitos aquellos que la ley no contempla; actos ilícitos más propios de los tiempos modernos y contemporáneos. Sin embargo una visión de sentido común, reconoce que muchos de los actos ya son considerados como delitos y están presentes en la actual legislación. «En primer término, nuestra actual legislación en materia de orden público se encuentra obsoleta. La redacción del artículo 269 del Código Penal no responde a los fenómenos sociales actuales ni a los de desórdenes públicos que enfrentamos, lo cual se ha traducido en una difícil aplicación de la norma y, en muchos casos, la consecuente impunidad de quienes son parte de estos hechos públicos ante la falta de tipos penales que describan adecuadamente las conductas que, en virtud de dicho artículo, debieran ser objeto de sanción. (pág. 7. Título II. Nº 1)»
Es una obviedad que éste es un nuevo intento de criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de la ciudadanía. Donde si hay novedad es sumar, agregar una serie de ilícitos a acciones de claro corte político, que por su naturaleza puedan ocasionar desorden público. De este modo hechos de movilización social como la ocupación de un centro de estudios, la paralización de un centro productivo, una marcha que interrumpa el tránsito, y que tienen como base una acción de protesta social o reivindicación de un sector de nuestra sociedad; serían considerado delitos y fuertemente castigado en la mayoría de los casos con cárcel. En ello serían incluidos manifestantes y dirigentes; en su lenguaje: autores e incitadores.
«De esta forma, se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte. Igualmente, son desórdenes públicos penalmente relevantes los que importan, mediando fuerza o violencia, invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; o si importan impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; o si se emplean armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad para tales efectos; en fin, si importan causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular. En este contexto, es particularmente relevante la incorporación de la figura del saqueo, conducta que no tiene ninguna relación con el ejercicio de un derecho, pues es el reflejo más claro del aprovechamiento que hacen personas con ocasión de alguna manifestación o situación de vulnerabilidad, para destruir o apropiarse de bienes ajenos. (pág. 8. Título II. Nº 1)»
Hace un rato que el gobierno viene buscando impactar en la opinión pública, intenta confundir su juicio, haciendo aparecer la expresión política y social de la calle como una agresión a las personas y sus bienes. Este es el encuadre de su operación política recogido en la propuesta de proyecto de ley. Cada vez que hay movilización en la calle las personas se ven afectadas, personas común y corriente, vecinos de los barrios; entonces se reivindica la necesidad de proteger el orden público. Sin embargo la realidad es diametralmente opuesta. La protesta social es contra la usura y el lucro, el abuso, la mala calidad de los servicios públicos como la educación y la salud; la falta de seguridad en los derechos sociales de las personas. El orden que pretende proteger el gobierno al inhibir la protesta social y atemorizar a quienes participan de ella; es el orden de los abusadores, de los que han convertido a nuestro país en un mal negocio para la gente pero en uno muy bueno para ellos.
«Los objetivos principales de la tranquilidad y la seguridad consisten en proteger a las personas y sus bienes contra los daños que pueden provenir de otras personas…, La seguridad y la tranquilidad pública tienen como fundamento especial el deber general de no perturbar el orden público, deber que se aplica a todo ciudadano por el solo hecho de vivir en sociedad y es previo en independiente a su consignación en cualquier norma jurídica (pág. 4. Título I. Nº 2.1)» «En ocasiones, el legítimo ejercicio pacífico del derecho de reunión que algunos realizan, es perturbado por otros que, sobrepasando el marco constitucional, provocan desórdenes, agreden y lesionan a los funcionarios policiales o a quienes se manifiestan tranquilamente, causan daños a la propiedad, portan y utilizan armas cortantes, contundentes, de fuego e incendiarias, y muchas veces ocultan su rostro para evadir la acción policial y asegurar sus ataques a los legítimos participantes de la reunión. A lo anterior se suman situaciones graves como saqueos y la afectación al desenvolvimiento normal de la vida diaria y la actividad del comercio en las zonas por la que transitan las marchas cuando ocurren situaciones que exceden el ámbito pacífico en que el derecho está llamado a ejercerse. Estos actos constituyen claras muestras de afectación a la seguridad y tranquilidad pública que, finalmente, importan una alteración directa del orden público y un menoscabo del legítimo ejercicio del derecho de reunión. (pág. 7. Título I. Nº 4)»
Un punto relevante en este acto revisionista de la opción ideológica de la derecha de criminalizar la protesta social, es lo referido a los periodistas; cuando se busca usar su trabajo para una función represiva. El proyecto demanda requisar sus materiales gráficos o de registro para usarlos como evidencia para incriminar a quienes cometan delitos en las manifestaciones. Ello sin duda puede responder a una visión totalitaria que tienen sobre todos los actos de la sociedad y sobretodo lo referido a los medios y a quienes participen de ella como los periodistas o fotógrafos. Este gobierno ha querido posar de liberal, en lo referido a la cultura y la libre circulación de ideas y opiniones; sin embargo más bien tiene una visión instrumental de estas visiones pues su obsesión está puesta en el control social. Este es un hecho de la mayor gravedad, pues se opone a la libertad de trabajo de estos profesionales, alterando el sentido que ellos le dan a su profesión, atenta contra la libertad de expresión, pone en riesgo la seguridad de los periodistas y los vuelve sujeto de sospecha para quienes participan de las movilizaciones sociales, concretando una perversión del trabajo periodístico. «Finalmente, el proyecto propone incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal. Cabe señalar que lo anterior, nuevamente responde a las circunstancias en que se comenten los delitos contra el orden público en que es común la presencia de medios de comunicación masiva que permiten la existencia de diversos medios de prueba para acreditar hechos punibles. (pág. 11. Título II Nº 4)»
Por razones que se entienden, siempre la Derecha política – en todo el mundo y también en Chile- ha querido ser la promesa del orden. Ella es la representante de los poderes económicos del país; el orden y la estabilidad del sistema político y económico capitalista y neoliberal es parte de su vocación. Para defender ese orden usa a veces toda la fuerza de la ley y cuando la ley es insuficiente o no le sirve, sólo la fuerza. En este caso, en democracia, pretende transformar el uso de la fuerza, autoritaria y represiva, en ley.
Oponerse a este proyecto de ley no es sólo una cuestión de oponerse a la posición ideológica de la derecha, autoritaria y represiva en cuestiones que importen cambios sustanciales al orden social injusto, a materias que lesionan el interés de la mayoría o simplemente aquellas referidas a la protección del abuso, de la discriminación y explotación de la personas. La posición democrática y participativa tiende más bien a favorecer el debate, abrirse a la posibilidad de cambios sociales necesarios y demandados por la mayoría de la ciudadanía; a la necesidad de vivir y convivir en la diversidad y el respeto a los derechos de las personas. La Derecha en su excesiva ideologización nos pretende llevar un camino sin retorno, consagrando un modelo autoritario como sistema de convivencia social; confirmando el peligro que suponía la derecha en el gobierno: a 20 años de transición terminamos en el punto de partida. Es también oponerse a un proyecto irresponsable que no mide las tremendas consecuencias para la convivencia social en nuestro país; responder a la protesta social con represión y cárcel implica un paso hacia el abismo. Ya las cárceles están saturadas y llenarlas de jóvenes estudiantes y dirigentes sociales cómo amenaza el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, expresa una ceguera inaceptable.
Con este gobierno la represión policial a la movilización estudiantil se ha vuelto caso natural. La nueva ley lo que hace es ponernos frente a una situación inédita en la historia de nuestro país, que en democracia las cárceles se llenen de jóvenes estudiantes presos por sus convicciones y acciones políticas. La movilización estudiantil es un aviso del malestar que existe en nuestra sociedad y que todos reconocen como un hecho real. El país ha recorrido un tramo de transición democrática, en que se ha avanzado limitadamente en permitir las expresiones de todas las visiones políticas, haciendo de nuestra democracia una cautiva del sistema binominal y parte de las demandas sociales tiene que ver con avanzar en la democratización de nuestra sociedad. Sin embargo el reclamo mayor tiene que ver con las tremendas desigualdades sociales en lo social y económico, tarea que necesita del aporte y visiones de todos, en particular de las organizaciones sociales, de lo contrario no habrá posibilidad de cohesión social.
Nuestra posición es diametralmente opuesta a la ideología del autoritarismo, creemos que la protesta social en particular de los jóvenes le ha hecho un gran bien al país. Su acción ha aportado enormemente a repensar la necesidad de las personas en materia de seguridad social en salud, educación, vejez, calidad de vida, condiciones laborales, endeudamiento; y también en temas relativos al desarrollo del país, como el tema de la energía, uso de las aguas, propiedad de los recursos nacionales, contaminación. La expresión y movilización ciudadana es sana y necesaria para el país, para las personas en su vida cotidiana. Al contrario de lo que hace la ideología del autoritarismo, debemos estimularla y protegerla.
El año 2011, será importante en la historia del país. Los estudiantes junto a otros sectores sociales organizados, desde las calles y centros de estudios nos han dado una lección de moral y política. De moral pues no sólo han reivindicado sus derechos sociales, sino han demandado justicia para todos, han pensado en cambios para el país; aunque la torpeza e ignorancia de personeros de gobierno y otros alcaldes pinochetistas decían que los escolares no debían opinar de política, de moral por el enorme sacrificio personal demostrado en sus marchas y tomas. De política por la persistencia, por la unidad, por la capacidad de convocar a millones de chilenos.
Lo verdaderamente democrático es reconocer lo limitado de las instituciones que tenemos y la necesidad de transformarlas para que el país se exprese y participe. Nuestro sistema político es cada vez menos representativo de los chilenos, como todos sabemos menos del 50% de los chilenos en edad de votar lo hace, y de ellos mayoritariamente son jóvenes. Pero muchos de estos jóvenes no votan no por falta de interés y preocupación por el país; sino que por que no creen en esta institucionalidad política y en algunos casos la ven como la causante de los males sociales. Creemos firmemente que lo realizado por los estudiantes es una gran oportunidad para todos, para Chile; de pensar en otro modo de convivir, de trabajar y de hacer justicia social, de participar, de hacer democracia. La derecha con su siempre añejo autoritarismo, abrazada a los más mezquinos intereses, intentará sofocar, cortar, abortar los vientos de cambios que los jóvenes han hecho circular en nuestro país. Nosotros no la vamos acompañar. Al contrario queremos estar al lado de las organizaciones sociales, defiendo su derecho a organizarse, movilizarse y pensar y añorar otro país. Sabemos que hay parlamentarios que hoy están en la oposición y tienen intereses creados que los identifican con el modelo neoliberal que los estudiantes han empezado a cuestionar. Muchos de estos parlamentarios han ejercido en el pasado cargos en el gobierno y miran también los fenómenos sociales desde la lógica del estado y del poder y se van a sentir tentados a enfrentar las movilizaciones sociales también desde el lado de la fuerza y la represión. Los llamamos a mantener el debate en el espacio democrático de confrontación de ideas y les demandamos que no se encuentren con el gobierno en la aprobación de la ley de Hinzpeter
También hacemos un llamado a las organizaciones sociales, principal objetivo del proyecto de ley, a informarse y movilizarse, con la convicción que si hay una movilización nacional va a fracasar el intento de la derecha de sofocar y apagar la movilización social.
Diputado Hugo Gutierrez 
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