El país de los niños perdidos

Hace algunos años, en el 2003, tropecé con un bello libro, «Els nens perduts del franquisme» de Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis, que convirtieron en reportaje televisivo. Me emocionó su lectura. Desconocía la dimensión del secuestro y maltrato. ¿Sabe usted? Seguimos siendo el país de los niños perdidos. Todavía, finalizando el 2010, desconocemos la verdadera dimensión del caso. Hay historiadores y estudiosos que lo cifran en 30.000. Pero pudieran ser muchos más. ¡Qué terrible vivir en un país en el que ni el gobierno, ni el fiscal general, ni el defensor del pueblo, ni la audiencia nacional, ni el tribunal supremo, ni el parlamento con su ley de la memoria histórica se hayan molestado lo más mínimo por este inmenso, descomunal y descorazonador crimen, ni siquiera de contabilizarlo! ¡Que el Estado no haya averiguado qué pasó con las víctimas del franquismo, muy especialmente con los hijos de presas, de trabajadores no afectos al régimen franquista o de aquellos a quienes de una u otra manera se les privó de su derecho al nombre, a su filiación, a saber quienes eran!

No olvidemos que «t enemos jueces en las altas instancias que han jurado lealtad a Franco, que tenemos partidos políticos de cuando Franco y por tener franquismo tenemos hasta leyes de la memoria copiadas de Franco». El mismo rey es uno de ellos.

El robo y secuestro de niños se basaba en la doctrina sobre la salvación de la pureza racial de la hispanidad, de inspiración nazi del jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de Franco, el coronel Vallejo-Nájera. Hay estudios publicados en los que se refleja la necesidad de separar a estos niños de las familias republicanas para impedir que prosiguiera el contagio del comunismo, que iba a llevar a la degeneración mental de la españolidad. Hacían investigaciones forzadas con prisioneros. Creo, dice el jurista Rodríguez Arias, que los crímenes del franquismo pueden ser calificados como terrorismo de Estado, como también lo fueron los de la Dictadura argentina, pero el concepto de crímenes contra la humanidad es mucho más exacto y favorable para las victimas por los efectos que les reconoce el Derecho Penal Internacional desde Nuremberg.

Dice el profesor Rodríguez Arias: «Seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot, y aunque trágicamente seguimos teniendo más desaparecidos en España que en toda hispanoamérica hemos acudido allí pretendiendo darles lecciones y son ellos los que deberían dárnoslas a nosotros en este campo… vivimos en un país en el que se da el mayor caso de desaparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea, donde ni tan siquiera el caso de los niños del Lebensborn nazi de Himmler, ni otros más conocidos de fuera – como los 800 niños de las Abuelas de Plaza de Mayo – parecen resultar equiparables en cifras potenciales. Un número indeterminado de personas -nuestros «desaparecidos en vida»-, continúan entre nosotros desconociendo aún hoy sus verdaderos orígenes y el hecho mismo de tener seres queridos – también aún hoy – a la espera de un largamente anhelado reencuentro familiar… Un país en el que la represión de la dictadura se cebó también en los niños de los defensores de nuestra Segunda República; niños arrebatados a sus madres en cárceles y salas de parto, secuestrados por agentes del Estado franquista en Francia y otros países para su «reintegración» a la patria previo cambio de apellidos y, por supuesto, de familia. Todo ello en nombre de la salvación de la pureza racial de la hispanidad de un supuesto «contagio rojo», por si fuera pequeña la monstruosidad…, en este país, el país de los niños perdidos, los agentes del Estado pudieron llevar a cabo las miles de ejecuciones extrajudiciales o los robos de bebés indefensos, pero no la localización e identificación de estos mismos desaparecidos y la devolución a sus sufridas familias. »

Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como «crímenes contra la humanidad» no prescritos, y no sólo como cuestión de «memoria». Es autor del libro » El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad » [i] , investigación en la que se basó el juez B. Garzón para abrir el caso de las desapariciones infantiles durante la dictadura. Cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación.

En el país de los niños perdido tenemos una ley «de la memoria histórica», la ley 52/2007 del 26 de diciembre, que reproduce planteamientos jurídicos franquistas. No se trata de una afirmación a la ligera, «su artículo 13 reproduce fielmente, en materia de desapariciones, el de la Orden de 1 de Mayo de 1940 «sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos» (BOE n. 130, de 09 de mayo de 1940); este copia-pega vulnera el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ratificado por nuestro país en 1979. La ley de la Memoria es equidistante, no declara ilegal el franquismo, no declara sus actos jurídicos nulos de pleno derecho, no plantea devoluciones de patrimonios incautados a particulares y, además, trata a las víctimas del franquismo y a las que sufrieron los excesos de elementos incontrolados en la retaguardia gubernamental al mismo nivel.

La Ley de la Memoria no sólo se olvida de los niños, también se olvida de las mujeres, no tiene una sola palabra para ellas. El objetivo de su libro: poner de manifiesto las distintas posibilidades de acción al alcance de las víctimas y, también, las hasta ahora completamente desatendidas responsabilidades de nuestro Estado en la tutela de sus derechos. Sabiendo que es la continuación de un camino contra la impunidad y el olvido de estos crímenes iniciado en su día por otras personas como Tomasa Cuevas, Eduardo Pons Prades, Ricard Vinyes Ribas, Armengou y Belis y otros: que el Estado asuma de forma plena la búsqueda e identificación de los desaparecidos, como tarea y responsabilidad propias, sentidas como tal por todo su aparato organizativo.

He visto la película Izarren argiak o Estrellas que alcanzar, trata sobre una de tantas cárceles bestiales de mujeres del franquismo, la de Saturrarán (Gipuzkoa), y me he acordado de Vicenta Flores, de aquella mujer que vivió siempre con el miedo, hasta que se dijo: «No te calles tanto, que si te callas te vas a morir sin hablar. Tengo que decir al mundo entero que soy la hija de Melecio. Que sea rojo, que sea blanco, que sea lo que quiera. Era mi padre y si era rojo, no tengo ninguna vergüenza. ¿Era rojo? ¡Pues soy la hija de un rojo! Vicenta se siente estafada. Le robaron el padre, le robaron la infancia y le robaron su pasado» [ii] .

Vivimos en un país con ciento cincuenta mil personas en fosas clandestinas, en el que sigue habiendo temas tabú como el de la devolución de las requisas de bienes y papel moneda y el de las indemnizaciones, imprescriptibles, a los trabajadores forzados por parte de los empresarios de Franco, que sacaron buen provecho de la dictadura.

Es noviembre, dentro y fuera.

[i] « El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad » de Miguel Ángel Rodríguez Arias

[ii] « Los niños perdidos del franquismo » de Ricard Vinyes, Montse Armengou, Ricard Belis, pag. 185