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El país que tenemos

Fuentes: El Siglo

«Estoy impactado con el informe… hay pasajes que cuesta leer… ustedes quedarán impactados cuando lo lean…». Son frases que acabamos de escucharle al Presidente Lagos luego de recibir el informe de la comisión sobre presos políticos y tortura en Chile. Pero, ¿en qué mundo vive el mandatario? ¿Recién 30 años después se entera de las […]


«Estoy impactado con el informe… hay pasajes que cuesta leer… ustedes quedarán impactados cuando lo lean…». Son frases que acabamos de escucharle al Presidente Lagos luego de recibir el informe de la comisión sobre presos políticos y tortura en Chile. Pero, ¿en qué mundo vive el mandatario? ¿Recién 30 años después se entera de las torturas aplicadas por efectivos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones? ¿O es que nunca antes creyó en las denuncias surgidas desde el mundo de los derechos humanos? Lagos agregó otra perla en su alocución: «¿Hasta cuando estaremos reparando?».
Envalentonado, desde otro rincón aparece Antonio Gómez, el ex ministro de Justicia, el mismo que durante su gestión de gobierno envió a su jefe de gabinete a presionar jueces para favorecer a Pinochet. Ahora emplaza al poder judicial para que respondan por su responsabilidad en los crímenes de la dictadura. Que la tienen, la tienen, pero ¿por qué Gómez no los emplazó cuando fue ministro? ¿Cómo explica que entonces contemporizara con jueces reconocidamente pinochetistas?
A su turno, el presidente de la Suprema ha dicho que antes de ver si hay un «mea culpa» institucional deben leer el informe ¡Por favor! ¡Como si no supieran de los crímenes de la dictadura cuando por sus manos han pasado cientos de casos de detenidos desaparecidos, de asesinados y de torturados! ¡Como si se les hubiera olvidado cómo rechazaron los recursos de amparo que hubieran permitido salvar vidas! Entre esos jueces que impidieron los amparos están los que hoy son senadores designados y también un par de los actuales integrantes de la Corte Suprema.
El ministro del fuero Juan Guzmán Tapia ha debido reclamar públicamente por la falta de apoyo en que, desde que asumiera el nuevo director de Investigaciones, Arturo Herrera, ha incurrido la institución policial. Cuando Mery dejó el cargo, el gobierno tuvo la posibilidad de designar un buen sucesor. Sin embargo -se dice que a instancias del ministro del Interior, José Miguel Insulza- el jefe de Estado se decidió por el peor. Arturo Herrera fue ayudante de dos ex directores generales, Baeza y Paredes, ambos vinculados estrechamente a la represión y a los que él sirvió con lealtad. ¿No lo sabía el Presidente Lagos, que ahora se sorprende tanto por las torturas? La conexión de Herrera con elementos de ultraderecha es conocida dentro y fuera del servicio que encabeza. Tal vez sea precisamente porque se conoce sus antecedentes que nadie creyó ni prestó atención al «mea culpa» del director de la policía civil.
Y pasan los días y ni la Marina, ni la Fuerza Aérea ni Carabineros parecen dar muestras de pudor o vergüenza. La Esmeralda, Cerro Moreno, la Academia de Guerra, los degollados, son nombres que parecieran no decirles nada a los mandos, que siguen alegando una inocencia en que no cree ni el más imbécil de los propios fachos.
Los jerarcas de la UDI y RN, la mayoría de los cuales fueron cómplices del genocidio, niegan también su responsabilidad.
Es el país que tenemos. Pero también tenemos un país en que despiertan las conciencias adormecidas. Un país en que juntos podemos. Un país con alternativas al modelo capitalista. Un país con candidaturas unitarias. Un país con sectores en crecimiento que ayudarán a que algún día próximo la sociedad chilena pueda pasarle la cuenta a los asesinos que hoy andan sueltos. Es que en este país contradictorio, la unidad política y social del pueblo chileno ha echado a andar. Y esta vez no la detendrán.