En medio de una masiva movilización nacional de estudiantes y profesores, con disturbios y detenidos, comenzó este miércoles la discusión del proyecto de Ley General de Educación (LGE) en la Cámara de Diputados, cuyo destino es aún incierto. «El actual escenario en materia educativa grafica la situación general del país: la existencia de una elite […]
En medio de una masiva movilización nacional de estudiantes y profesores, con disturbios y detenidos, comenzó este miércoles la discusión del proyecto de Ley General de Educación (LGE) en la Cámara de Diputados, cuyo destino es aún incierto.
«El actual escenario en materia educativa grafica la situación general del país: la existencia de una elite política económica profundamente separada de los sectores sociales» que buscan cambios de fondo, dijo a IPS el coordinador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Rodrigo Cornejo.
El Colegio de Profesores se encuentra en huelga por tiempo indefinido desde el lunes, en reclamo de que el proyecto de LGE, elaborado para reemplazar a la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), sea retirado del parlamento y que se instale un nuevo debate con la participación efectiva de la comunidad educativa.
Los profesores se solidarizaron de esta forma con los estudiantes secundarios y universitarios que se encuentran movilizados desde hace más de un mes por la misma causa.
En concordancia con ellos, Cornejo cree que «la LGE no representa un avance respecto de la LOCE, porque no cambia los pilares básicos en los cuales se sostiene el actual sistema educativo chileno, basado en el mercado y la competencia».
Desoyendo las protestas, el gobierno centroizquierdista de Michelle Bachelet le asignó este miércoles la condición de discusión inmediata (suma urgencia) al proyecto, que implica un plazo de sólo tres días de debate en la Cámara de Diputados y tres en el Senado.
Esa decisión gubernamental dividió al bloque parlamentario oficialista, puesto que algunos exigen más tiempo para definir el concepto de educación pública en la ley.
Para presionar a los legisladores, cerca de 10.000 maestros y estudiantes participaron este miércoles en una marcha y un acto en una plaza aledaña a la sede del Congreso legislativo, en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, donde hubo incidentes. Otros miles de alumnos realizaron marchas en diversos puntos de Santiago y en las demás regiones del país, que fueron reprimidas por efectivos de Carabineros (policía militarizada) y terminaron con detenidos. Se informó que en la capital chilena fueron puestos tras las rejas 292 manifestantes.
Algunos de ellos decidieron tomar las sedes de los co-gobernantes partidos Socialista y Radical Socialdemócrata.
El martes, los profesores inclusive protagonizaron una protesta en los patios interiores del Palacio de La Moneda, sede del gobierno, que fue tildada de «falta de respeto» por Francisco Vidal, portavoz de Bachelet.
La mandataria socialista pidió a los parlamentarios que pongan las necesidades de las personas por sobre cualquier otra consideración, puesto que el gobierno considera que la LGE, pese a las críticas de estudiantes y profesores, es un progreso en relación a la LOCE.
La iniciativa legal se votará este jueves en la sesión plenaria de la cámara baja. En caso de aprobarse, con 68 votos a favor como mínimo por requerir quórum calificado, pasará al Senado para su segundo trámite constitucional.
Pero la compleja historia de la Ley General de Educación no permite hacer cálculos precisos sobre su futuro. Este proyecto surgió luego de que miles de estudiantes secundarios protagonizaran una histórica huelga en mayo y junio de 2006.
Esos alumnos, apoyados por el Colegio de Profesores, se volcaron principalmente en contra de la LOCE, a la cual achacan las principales deficiencias del sistema educativo chileno: los bajos resultados académicos y la extremada segmentación socioeconómica.
La LOCE impuso la descentralización y privatización del sistema educacional, puesto que traspasó la administración de los establecimientos públicos desde el Ministerio de Educación hacia los 345 municipios del país y permitió la creación de colegios particulares con subvención estatal.
De esta forma, el sistema escolar quedó compuesto por escuelas municipales, privadas subvencionadas y privadas pagadas.
Las dos primeras reciben un aporte estatal por cada niño que asiste a clases, y las privadas subvencionadas pueden, además, pedir aportes extraordinarios a las familias, modalidad conocida como «financiamiento compartido».
La primera LGE redactada por el gobierno, que se nutrió de las propuestas de un consejo asesor formado por Bachelet para que se levantara la huelga estudiantil, mantuvo a grandes rasgos este modelo, pero innovó en dos aspectos sustantivos.
Prohibió que los institutos de particulares que reciben recursos fiscales lucren con esos dineros y que se seleccione por cualquier criterio a los alumnos que deseen ingresar a escuelas municipales y privadas subvencionadas. Estas eran algunas de las exigencias del bloque conformado por estudiantes y profesores.
Además, introdujo mayores exigencias a los sostenedores (dueños de colegios privados subvencionados) y creó nuevos organismos como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación. El proyecto ingresó al parlamento en abril de 2007.
Pero los términos del lucro y de la selección de alumnos no fueron aceptados por la totalidad de los parlamentarios de la centroizquierdista Concertación por la Democracia, en el gobierno hace 18 años, y los de la oposición derechista. Éstas y otras diferencias fueron zanjadas en un comité de expertos de ambos conglomerados y en noviembre se firmó el acuerdo.
Entonces el gobierno introdujo las nuevas indicaciones acordadas, con el compromiso de que el proyecto sería aprobado tal cual fue al parlamento. La segunda LGE validó, por ejemplo, la existencia del lucro en la educación, con mayores regulaciones que las vigentes, y prohibió la selección de alumnos por motivos académicos y socioeconómicos sólo hasta sexto año básico.
Pero los primeros en desconocer el acuerdo fueron algunos parlamentarios oficialistas, que presentaron un centenar de nuevas indicaciones. Una de sus principales demandas era que el proyecto de ley estableciera explícitamente que el Estado garantizaría una educación pública de calidad e inclusiva.
Así, Bachelet accedió a la incorporación de dos nuevas indicaciones, para asegurar los votos oficialistas, pero éstas fueron rechazadas por la oposición derechista, que cuestionó la definición de educación pública redactada por el Poder Ejecutivo.
«El Estado financiará un sistema de educación pública, pluralista y gratuito, que asegure el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social, de acuerdo con la ley y los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes», decía la indicación de la discordia.
A juicio de la derecha, tanto los establecimientos municipales como los privados subvencionados corresponden a educación pública y, si el Estado privilegia una por sobre la otra, se viola el principio de «libertad de enseñanza».
Nuevas tratativas llevaron al gobierno a redactar una nueva indicación, que señala que «es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad, pluralista y que promueva la integración social…»
Con esta indicación, el gobierno se jugó por lograr los votos de la opositora Alianza por Chile, integrada por los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, y los de la co-gobernante Democracia Cristiana, que ha llamado a respetar los acuerdos.
Pasadas las 15:30 hora local se informó que las bancadas de la Concertación votarían a favor de legislar en general el próximo jueves, pero que habría libertad de acción en materia de indicaciones.
«No podemos estar al vaivén de negociaciones internas entre bancadas políticas» en un tema fundamental del país como es la educación, indicó Cornejo, quien considera indispensable que la LGE reivindique el rol del Estado como garante de educación pública, que a su juicio es la municipal y no la privada subvencionada.
El investigador también comparte con profesores y estudiantes la idea de que se debe desmunicipalizar la enseñanza, dado que ese modelo de gestión estaría «fracasado», así como reformar el actual sistema de financiamiento de subvención, que consideran insuficiente para garantizar una educación de calidad.