A la memoria de Sergio Buschmann «Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles». (Bertolt Brecht) Se ha cumplido el primer mes de gobierno. Se inició con la asunción de Bachelet, el 11 de marzo, y ha terminado con la reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y la Confech, […]
A la memoria de Sergio Buschmann
«Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles».
(Bertolt Brecht)
Se ha cumplido el primer mes de gobierno. Se inició con la asunción de Bachelet, el 11 de marzo, y ha terminado con la reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y la Confech, reunión simbólica por la importancia estratégica que tiene la reforma educacional para el plan político del gobierno.
Como señalaron los dirigentes estudiantiles al finalizar la reunión, no existe de parte del gobierno un diseño concreto de la reforma educacional, sólo titulares generales. Nicolás Eyzaguirre ocupó este primer mes de gobierno en un intenso ejercicio de pirotecnia, lanzando una serie de señales políticas a distintos actores, en un despliegue comunicacional que ha buscado ocultar la falta de definiciones sobre el tema. Quizá la única definición política de importancia, en medio de los fuegos artificales, fue que el subsidio a la demanda continuará siendo el eje de la política educacional, al igual que en los últimos 24 años, confirmando que se mantiene lo esencial de las políticas neoliberales.
Esta definición de Eyzaguirre muestra que el objetivo no es una reforma profunda del modelo educacional, sino agregarle cuotas mayores de «justicia social» que permitan desactivar los principales conflictos, sin abrir otros nuevos con actores hegemónicos de la educación, como los sostenedores. En lugar de educación pública gratuita, se busca otorgar subsidios al 100% de la demanda, lo que puede pasar, para efectos comunicacionales, por un buen sucedáneo de educación gratuita, pero que no lo es. En la misma dirección apunta la idea de hacer pasar bajo cuerda como públicas a universidades privadas acreditadas.
En cuanto al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, ella se ve amortiguada en sus efectos por varios párrafos de letra chica, el principal de los cuales es la reducción del impuesto a la renta del 40% al 35% para los más ricos. Un simple cálculo nos permite estimar que esta reducción equivale a unos cuatro mil millones de dólares que dejarán de cobrarse para reducir el impacto de la eliminación del FUT, tal como lo reconoce el economista Eduardo Engel, uno de los autores intelectuales de la reforma, en una columna de La Tercera del 5 de abril: «Como esto significa un aumento importante en las tasas relevantes para los dueños de empresas, se reduce la tasa máxima personal de 40 a 35 por ciento».
Este primer mes el gobierno desplegó una intensa actividad para enviar proyectos de ley, buscando copar la agenda pública con sus propuestas y, en el largo plazo, situar eventuales conflictos sociales, en especial por el tema reforma educacional, en el terreno parlamentario. Intentan así evitar el riesgo de que se repita lo sucedido en 2011, cuando el conflicto estudiantil se instaló en las calles y no pudo ser sacado de allí hasta fin de año, desgastando al gobierno de Piñera.
El gobierno está subjetivamente convencido de que va a realizar grandes «transformaciones», sin percatarse de la distancia que hay entre los titulares enunciados, con la realidad objetiva de los compromisos de clase que la coalición oficialista tiene con importantes sectores beneficiarios del sistema político, económico y social. Apenas esa distancia se ha insinuado, las alarmas y los desmentidos han surgido de La Moneda, como en el caso de la «retroexcavadora» de Jaime Quintana, quien, al margen de no tener ninguna credibilidad, recordó a todos que realizar transformaciones estructurales era sinónimo de acabar con el modelo neoliberal.
En la medida en que se avance en el diseño concreto de la reforma educacional y que se abra la discusión parlamentaria sobre la reforma tributaria, esas contradicciones, hoy veladas, irán emergiendo.
Mientras posiblemente el gobierno trate de encubrir esas contradicciones con recursos discursivos y acuerdos políticos por arriba, el movimiento social debería mantener la claridad de sus demandas estructurales, acompañándolas de la necesaria toma de posición respecto de la agenda pública instalada por el gobierno. Por ejemplo, dado que uno de los objetivos de la reforma tributaria es financiar la reforma educacional, las organizaciones estudiantiles podrían plantear un claro rechazo a aspectos regresivos de ésta, como la reducción de impuestos señalada, y/o sus omisiones.
De esa forma, se lograría primero evitar que la artillería comunicacional de La Moneda termine por despojar de su contenido rupturista a demandas estructurales como la educación gratuita; y, segundo, volver a llevar el eje de la disputa a las calles para hacer prevalecer los términos del movimiento social, independiente de la voluntad del gobierno.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 802, 18 de abril, 2014