Cada vez que la opinión pública es informada de alguna sentencia judicial que beneficia a grupos o personas claramente del segmento más alto de la sociedad; con apellidos con hartas erres y además muy bien relacionadas y con mucho poder, parte de la sociedad civil reacciona ante lo que considera que es «injusto», se instalas […]
Cada vez que la opinión pública es informada de alguna sentencia judicial que beneficia a grupos o personas claramente del segmento más alto de la sociedad; con apellidos con hartas erres y además muy bien relacionadas y con mucho poder, parte de la sociedad civil reacciona ante lo que considera que es «injusto», se instalas con buenas o malas razones la percepción que se está ante un acto de «privilegio», de «impunidad» de la cual la persona común y corriente se siente o se ve muy lejos, entonces, la reacción no puede ser otra que de rabia, desencanto, desde sus frustraciones, de sentirse vulnerable, discriminado, segregado, no escuchado, molesto con su propia realidad que a diario le toca vivir; la inseguridad de existir en condiciones de marginalidad social, mientras otro grupo, minoritario, vive en sectores exclusivos y amurallados, tener que levantarse de lunes a viernes, otros lo hacen hasta el día sábado para correr y en una verdadera batalla poder tomar el bus que lo lleve a su trabajo, mucha veces debe cruzar toda la ciudad, para al final del mes, recibir un salario, que luego de pagar todas sus cuenta y tarjetas de crédito queda esperando que llegue el mes siguiente, una educación marginal y de mala calidad, estar a las 6 de la mañana en un consultorio para recibir una hora médica y qué decir de las lista de espera para una intervención de cirugía, o cuando necesita ser defendidos por «estudiantes» con buenas intenciones del Servicio de Asistencia Judicial, muchos dirán esa detestable frase tan acuñada en nuestro ADN. «pero, peor es nada».
De manera que cada vez que en el país ocurre un evento; telúrico o político y económico-social que por su magnitud y reacción social concite la atención y remeza a la opinión pública, lo primero que se derrumba es esa falsa pared de la imagen que queremos ser y como queremos ser visto, queda al descubierto cómo somos realmente los chileno, respuesta que muchas veces dura mientras la prensa no la quite porque ya no le sirve y ponga en su lugar otra con harta sangre, fútbol o farándula, respuesta de una realidad que corre como reguero de pólvora, ahora felizmente por las redes sociales, muestra la fragilidad y lo peligroso que podría ser si la institucionalidad, los poderes facticos no demuestra su eficiencia en el minuto de reprimir y en el trabajo que despliegan los que se han apoderado del lenguaje, profesores incluidos, porque así se construyen realidades para recuperar las confianza cada vez más resquebrajada de nuestros jóvenes y de la sociedad en general que asegure larga vida al sistema; discurso de si «hoy no fue, mañana va a ser»; como en una eterna especulación con la suerte que prometen los juegos de azar, hoy instalados en todas nuestra poblaciones de la ciudad. ¿Recuerdan todo lo que ocurrió después del terremoto del 2010?, la reacción de la agente, no toda, pero parte importante de ella; frustraciones, necesidades insatisfechas tan bien alimentadas por un mercado que lo captura de principio a fin, una respuesta que demuestra todo lo que significa y la diferencia entre reconocerse pobre materialmente y sentirse pobre que es lo más grave.
Por lo tanto es entendible lo que en este momento debe estar sintiendo la familia del señor Hernán Canales, el joven que en la madrugada del 18 de septiembre del 2013 murió abandonado a su suerte en el lugar (Curanipe) luego de ser atropellado por el vehículo conducido por el señor Martín Larraín Hurtado, hijo del ex Senador y presidente de Renovación Nacional, después que el Tribunal Oral de Cauquenes en un segundo juicio lo absolviera del atropello y muerte de Canales; creo que éste último, bebido o no, en la acera o la berma, se trató de un atropello con resultado de muerte y alguna responsabilidad le cupo al principal imputado de manera que la resolución del alto tribunal no ha dejado indiferente a nadie, la primera pregunta que asoma en el colectivo, ¿qué habría sucedido si el caso hubiese sido al revés?
En el caso en que se vio involucrado directamente el hijo del ex senador de la republica ocurrieron hechos que de ninguna manera podría cualquier hijo de vecino justificar, menos alegar sin que le caiga antes todo el peso de la ley, ser recluido en una inmunda cárcel, además del prejuicio que la prensa hace con los más débiles: el señor Larraín y sus acompañantes se detuvieron para ver lo que había sucedido y luego «huyeron» del lugar, no le prestaron auxilio a la víctima, no se le pudo practicar la alcoholemia de rigor, pese a que durante el primer juicio, Martín Larraín admitió haber bebido alcohol, más tarde lo negó, más aún, sus acompañantes reconocieron haber bebido esa noche, por otro lado extrañamente y sin haber recibido dinero, según el médico legista del SIM Mario Peña y Lillo adulteró los informe de la autopsia practicada al señor Canales y que claramente favorecía al imputado del atropello, más tarde el servicio comprobó las irregularidades, por lo cual fue formalizado el médico legista Peña y Lillo por falsificación de instrumento público. La viuda, la señora Marisol Vengas fue contactada por familiares del joven Larraín y en un claro aprovechamiento de la situación económica y de vulnerabilidad se le entregó $10 millones de pesos en efectivo, sin testigos, para que se desistiera de la querella, más tarde, la mujer lo admitió.
No se trató de un atropello más con resultado fatal de los tantos que ocurren a lo largo del país, se trató de un hecho donde un joven de una poderosa y acomodada familia atropella y da muerte a un hombre común y corriente, sin recursos económico y de clara marginalidad social, pero también ha ocurrido cuando hechor y victima corresponden a las élites de la sociedad, donde finalmente la balanza siempre se ha inclinado hacia donde el poder es mayor.
El caso sucintamente descrito no es un caso aislado, una vez más queda en evidencia lo arbitrario y abusivo que ha resultado en nuestro país, desde los albores de la república hasta hoy, la aplicación que han hecho las élites sociales del principio de «igualdad»; contemplado en nuestro principal ordenamiento jurídico y actualmente en consonancia con la serie de Convenios Internacionales sobre el respeto de los derechos humanos», entonces, ¿por qué la sensación generalizada en la población es de indefensión ante la ley y las instituciones que por ley deben; proteger, amparar y aplicar la justicia a todos por igual, especialmente a las víctimas, veamos primero que dice nuestra legislación, el Capítulo III, sobre Derechos y deberes constitucionales, en el Artículo 19 La Constitución asegura a todas las personas, en su inciso 2°.- «La igualdad ante la ley»…»En Chile no hay personas ni grupos privilegiados»…»Hombres y mujeres son iguales ante la ley», el 3° señala claramente: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos», acá nos encontramos con una disposición que claramente constituye un acto de desigualdad y discriminación, con respecto a lo anterior agrega «…Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos», con respecto a esto último, ¿es el mismo status quo para civiles y uniformados?, en segundo lugar pasemos revista a algunos casos ocurrido en nuestra historia pasada y reciente:
La historiografía no han podido comprobar fehacientemente la participación de los autores intelectuales del crimen de Manuel Rodríguez, menos la del macabro ajusticiamiento en Mendoza de los hermanos Carrera, curiosamente o no tan curiosamente el general Pinochet, al parecer daba las ordenes verbalmente, a no ser que existe algún documento que aún no conocemos donde él ordenaba directamente las acciones que debía ejecutar su amigo el general Contreras y sus esbirros.
El orden, la disciplina y la eficiencia ilegitiman la construcción del Estado. Todo el proceso de la independencia política; las pugnas y rivalidades entre una élite que hegemonizo su conducción y dirección, muchas veces resuelto de manera sangrienta (guerra civil de 1829-1830, 1891 y el golpe de Estado de 1973), ese año, esos mismos grupos privilegiados de las élites recuperaron a sangre y fuego el dominio ante un pueblo desarmado que se atrevió a disputarles el poder.
Y ¿qué pasó con las miles de víctimas del golpismo?, sufrieron todo tipo de atropello, no precisamente «excesos» como a le gusta a muchos, fueron más de 10.000 los recursos de Hábeas corpus; la institución de orden jurídico que protege a toda persona de la arbitrariedad de la autoridad, que la Corte de Apelaciones rechazó sistemáticamente durante los años más oscuros de la dictadura militar. Lo mismo con respecto a los civiles que dentro y detrás de las Fuerzas Armadas y de Orden hicieron vista gorda ante lo que estaba sucediendo
Como a partir de 1973, el selecto grupo de los chicagos boy, con mano de rapiña desarmaron escandalosamente al Estado chileno y se hicieron de toda sus empresas, ver a modo de ejemplo el caso de la venta a precio «de huevo» de la minera de oro «El Indio» que producía un metal de buena ley y con reservas de más de 60 mil toneladas métricas. Recomiendo leer: 1988: El «mapa de la extrema riqueza» 10 años después de Patricio Rozas y Gustavo Marín.
El capitán general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte quedó en la más completa impunidad, alegó «demencia senil», cuando se bajo del avión que lo trajo de vuelta, gracias a las gestiones que tan bien realizaron desde el presidente Frei (hijo) las principales autoridades del gobierno y de la oposición, cual lázaro se levantó de la silla de rueda y caminó, finalmente murió, no sé si en paz, pero si, con una suculenta cuenta en el exterior con dineros, según él producto de su «trabajo» y «ahorritos «y de algunos importantes y valiosos bienes inmuebles.
Otro caso, en 1998, el empresario naviero Manuel Losada Martínez acusado del delito de asociación ilícita, de tráfico de drogas y lavado de dinero, él y sus cómplices recibieron una pena solo de 541 días de presidio menor.
El caso de Paul Morrison Cristi, hijo de la diputada Angélica Cristi, imputado por el delito de tráfico de drogas el 25 de marzo de 2007, ¿cómo terminó ese caso?, ¿igual cómo terminan los muchos casos que involucran a nuestros jóvenes en las poblaciones de nuestro país?
El caso de Jaime Moraga Muñoz (30 de enero de 2009), que pasó más 2 años encarcelado por un delito que no cometió, más tarde absuelto, frente a sacerdotes sobre los que existen las evidencia indesmentibles de abusos sexuales y terminan o en Roma o en convento, ni un solo día en la cárcel.
¿Qué ocurrió con el hechor del crimen (comprobado por la justicia) del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío? (agosto del 2009)
El caso del minero copiapino Julio Robles en agosto del 2010, que por un «error» debió pasar 19 meses en la cárcel hasta que finalmente fue absuelto.
Nuestros parlamentarios son los mejores pagados en toda Latinoamérica, para no ser «corrompidos»; para que no reciban algún dinerito según ellos, derechamente «coimas»
Y con respecto al lobby, que hoy se está tratando de «regular», «transparentar» las conversaciones de la «política y los negocios», además la entrega de fondos reservados para las campañas políticas, otro asunto que es muy difícil que una persona que es mal pagada y que además deba pagar impuestos por todo, entienda que parte de esos impuestos van a parar a las campañas de los mismos parlamentarios, que además se reajustarse a sí mismo los sueldos, deben legislar también a favor de sus electores.
Está fresco el recuerdo del caso de la Polar, la colusión de las farmacia; lindo nombre para decir eufemísticamente «se pusieron de acuerdo para robar», el caso PENTA, el más reciente junto a los extraños movimientos de las finanza de la Universidad Arcis que la tiene con una promesa, recién en febrero del 2015 para pagar los sueldos adeudados, además a punto de desaparecer.
¿Qué sensación le puede quedar a una familia de la periferia que quedó separada por una muralla que protege una autopista?
¿Qué sensación le puede quedar a una familia que vive en la extramuros de la gran ciudad y que termina por ver como normal, levantarse abrir la puerta y ver peladeros o basureros? La diferencia es abismante, mientras algunas comunas como Vitacura cuenta con más de 18 metros de aéreas verde por cada habitante, las comunas más pobres apenas alcanzan a 1,3 metros por cada habitante. Los casos suman y siguen.
¿Somos todos iguales ante la ley?, difícil pregunta para una respuesta tan ligera, pero sí creo que queda en claro la diferencia y veces abismo que existe entre escribir verdaderos tratado sobre la igualdad, dictar cátedra y discursos sobre la igualdad y no hacer nada para comenzar a construir otra realidad, más justa, más humana.
No es mi intención cuestionar o poner en tela de duda el ejercicio de los señores jueces, pero a la luz de los últimos hechos, cualquier persona tiene el derecho de sacar sus propias conclusiones: «que no existe en Chile la igualdad ante la ley», «que existe la cárcel para los pobre y la impunidad para los delitos de cuello y corbata», «que existen personas de primera y segunda categoría», «que la autoridad protege a los poderosos», «que los pobres aparecen retratados en la prensa bajo el epígrafe de delincuentes», «que los medios de información han caricaturizado a la pobreza con el delito», «que los allanamiento bien publicitados son solo en los barrios de la periferia», «que Santiago sea una de las ciudades más segregadas del mundo», «que las instituciones de Orden y Seguridad violan en sus operativos lo derechos humanos», en resumidas cuenta; «ellos tienen plata»…»ellos tienen poder»…»amigos poderosos»…»la justicia los ampara»…»en cambio a nosotros, por ser pobres en primera nos manda a la cárcel»…etcétera, ¿Qué sucede con el protocolo que deben cumplir los encargados de detener a las personas; que son totalmente «inocentes mientras no se le demuestre lo contario»?, frente a esto, ¿cómo nos tratan realmente?, ¿cómo actúa, en muchos casos, la policía cuando detiene a jóvenes comunes y corrientes?, y ¿cómo lo hace cuando los jóvenes pertenecen a las clases acomodadas, cómo nos trata la prensa cuando se trata de una persona detenida y acusada de haber cometido un delito y no condenada?, claramente la prensa en muchos casos que afectan a las personas de la plaza Italia para abajo actúa como jueces, no he leído aún un desmentido en primera plana y con los titulare como a priori se condenó a la persona y a todo su entorno familiar.
No se trata solo de cómo está escrita la ley, la letra chica que los abogados son expertos en hallar, cómo son designados los jueces en Chile, en algunos países los jueces están bajo el escrutinio popular, como ocurre en el ordenamiento jurídico boliviano y bajo estrictas condiciones. De cualquier manera creo que es urgente: primero cambiar la actual Constitución política y con ello «democratizar el poder judicial», democratizar su nombramiento, que quienes aspiren a la magistratura sean los juristas de amplia y brillante trayectoria dentro del Poder Judicial y que en definitiva respondan a la ciudadanía de sus acciones. La actual composición de los más altos cargos del Poder Judicial como el de las Fuerzas Armadas en Chile pertenece monopólicamente a un determinado grupo de la sociedad que detenta el poder.
¿Puede existir igualdad ante la ley, una «defensa justa y en igualdad de condiciones» si una persona defendida por el servicio público se enfrenta a otra defendida por un staff de los mejores abogados litigante?, si además, cuenta con «amigos» o parientes en los círculos del poder, ¿puede resistir un análisis que defienda nuestro sistema judicial?, o que destaque a nuestro país cómo democrático, si el Defensor Publico Nacional reconoce que hoy en Chile existen cerca de 20 casos de condenas erradas, el abogado Georgy Schubert reconoce (La Segunda online del 23 de diciembre del 2014, que los «errores no solo los cometen los jueces si no toda la cadena de investigación» , por lo demás, el defensor Público reconoce: «…además a veces hay malas defensas (de los imputados), mala actuación de los fiscales…» , en el editorial de la Revista 93 de diciembre del 2011 se reconoce y justifica que: «…no existe un sistema de justicia infalible que elimine la posibilidad de errores, el abogado Jorge Bofill (JB) en el mismo medio responde cuando se le pregunta sobre «diría usted que en Chile los inocentes lo son hasta que se comprueba lo contrario?: «creo que cultural y socialmente no lo son. Se comprueba todos los días, especialmente cuando toca trabajar en casos de relativo alto perfil», quiénes, ¿los jóvenes que a diario son detenidos en la vía pública, a veces solo por su apariencia?, o ¿las personas de escasos recursos que por diversas razones delinquen?, y lo que es peor aún, las personas que son detenidas arbitrariamente por denuncias de cualquier índole y que resultan ser inocentes, ¿quién repara el daño provocado?, justo sería que en nuestra legislación el Estado se hiciera responsable de indemnizar a aquellas personas que han sufrido injustamente el detrimento de su persona, por último, el juez de garantía de Santiago Eduardo Gallardo F. con respecto a la imparcialidad de los jueces afirma: «El juez está para resolver imparcialmente los casos y, por ende, no hace suya la agenda de ninguno de los intereses en conflicto». Creo que por ahora la discusión va a permanecer sobre todo si la memoria y el olvido se resisten a morir y no: «la justicia en la medida de lo posible» que si me huele a discriminación e impunidad.
El autor es Profesor de historia, Geografía y Ciencias Sociales, Magister en Educación, Gestión y Cultura Universidad Arcis
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