El pueblo español y sus gobernantes (y II)

…Decíamos ayer que la mayor parte de su historia los españoles han sido súbditos, no ciudadanos. Mejor dicho, súbditos y feligre­ses, pues el bautismo era en la práctica obligatorio y dar la espalda a la iglesia era comprometedor para el súbdito. En esas condiciones ha vivido la población española de todos los tiempos casi hasta ayer. La mismísima Constitución de 1812 (sobre la que la mayoría de his­toriadores apuntan como el momento del nacimiento de la idea de España como nación, aunque oficialmente sólo estuvo en vi­gor dos años) consagra a España como Estado confesional cató­lico, prohibiendo expresamente cualquier otra confesión. Por su parte el rey, lo seguía siendo «por la gracia de Dios y la Constitu­ción». Por cierto, el texto constitucional no reconocía ningún dere­cho para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía…

A pesar de ser muy deficiente, vista con los ojos de hoy, esa Cons­titución da fin al Antiguo Régimen. La burguesía pasa a con­trolar, en teoría, las decisiones políticas sustituyendo a la nobleza y al clero. Pero en todo caso el siglo XIX es un periodo marcado por constantes cambios y transformaciones políticas y sociales. No obs­tante, a par­tir de esa breve Constitución, la historia política de Es­paña es la historia de una convulsión permanente; un relato de lo provisional que, con el paréntesis de la guerra civil y un periodo económico bonancible de unos veinte años, explo­tado en su exclu­sivo provecho por los que han estado mangone­ando en este país du­rante cuarenta y ahora en su mayoría está rin­diendo cuentas a la justicia, sigue teniendo efecto sobre la crónica inestabilidad política y social que llega hasta hoy mismo. Inestabili­dad, atemperada por la mera pertenencia de España a la Comunidad Económica Euro­pea, a la que todo gobierno de uno u otro modo debe rendir cuentas económicas pero también políticas de acuerdo con el Tratado. De no ser así, es difícil que no hubiese vuelto España a las andadas del año 36, dado el carácter penden­ciero y prepotente de las clases que se han impuesto en esta socie­dad desde tiempos oscuros y lo van le­gando de padres a hijos…

La democracia es un método. El método de organizarse la socie­dad. Y como todo método requiere aprendizaje, entrenamiento y ejercicio. No se aprende de la noche a la mañana. Por eso, España no se puede medir ni comparar en el modo de ejercer el método, su método, con países como Francia o Inglaterra que llevan siglos prac­ticán­dolo. Y por eso en España sólo los necios, juristas o no, jue­ces o no, magistrados o no, lo tienen todo muy claro y a todo dan pronta respuesta. Pues, habida cuenta que las señales para sa­ber en qué nivel de democracia está un país es conocer hasta qué punto todo el mundo está relativamente insatisfecho, España, la Es­paña dominante, la España de la burguesía y del acomodo, razona e inter­preta las leyes exclusivamente desde la literalidad. No atiende ordinariamente al espíritu de la ley que precisamente a Montes­quieu dio causa para escribir «L’esprit des lois». Como dije en otro sitio, el absolutismo monárquico apenas erradi­cado, el espíritu dogmático de la filosofía religiosa de siglos apenas debilitado y el espíritu castrense que subyace en los abundantes res­tos de la mentali­dad de la dictadura franquista ofuscan con facili­dad a todos, incluidos los «expertos de las leyes» que tienden a ate­nerse sólo a la letra de la ley según uno o los tres condicionantes. Por eso reina tanta confusión y por eso tanta controversia en tanto asunto deli­cado que vive este país.

Por ejemplo, ahora mismo se sustancia un proceso penal contra siete dirigentes catalanes que llevan más de un año en prisión pre­ventiva, por un delito que no han cometido pero que el aparato de la justicia de los fiscales sí creyó y cree ver. Sin embargo, los artí­cu­los 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal Español, antes de 2005 contemplaban penas de cárcel de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competen­cias para ello, y penalizaba a quienes facilitaran, promovie­ran o aseguraran la realización de tales procesos o consul­tas. Pero los tres fueron derogados y suprimidos del Código Penal en el año 2005…

Entonces, si están derogados, ¿cómo es posible que no siendo de­lito convocar una con­sulta popular que sólo podía ser simbólica y no vinculante, cuya finalidad era despejar para los gobernantes de una Comunidad Autó­noma la proporción de los favorables a la inde­pendencia y los que no lo eran, terminase encarcelando el Es­tado a siete personas y desembocando en un «gravísimo conflicto» político de funestas con­secuencias personales, sociales y económi­cas al menos para di­cha Comunidad? La respuesta compleja sólo puede estar en el pre­dominio de la mentalidad autoritaria de los pode­res del Estado, pro­longación de la franquista. Y la respuesta simple, en la bajísima calidad democrática de este país.

Y todo esto ocurre siendo así que, como se ha visto a lo largo de las muchas elecciones celebradas en estos cuarenta años, España, en términos sociales, no es, ni mucho menos, mayoritariamente con­servadora, es decir, neoliberal, es decir, privatizadora. Desde luego el número de votos a las izquierdas, más la cifra de los que no votan da un resultado inequívocamente progresista, es decir so­ciali­zante; habida cuenta que el abstencionismo es fruto de la des­gana o del escepticismo, por definición del talante de izquierdas que desconfía del poder, mientras ni la una ni el otro es cosa de las derechas que van siempre a por todas. (Hay, por cierto, un marcado paralelismo en esta cuestión con la democracia estadounidense. Pues en Estados Unidos la población afroameri­cana y la hispana dan una tasa muy baja de participación por el mismo motivo: una ab­soluta desconfianza en los poderes del Es­tado).

En definitiva, en España el retraso democrático hunde sus raí­ces (casi podríamos decirlo así) en los genes de la población más ac­tiva y dominante configurada por una combinación de una religio­sidad fosilizada, de un componente abiertamente intolerante y de una idea contumaz sobre el concepto de unidad política: lo que hace mu­cho más graves los problemas económicos, sociales y económi­cos que comparten todos los países del sistema. No puede ser más elocuente el siguiente dato: cinco planes de enseñanza contrapues­tos entre sí, solamente en cuatro déca­das, lo dice todo sobre el défi­cit democrático en este Estado español, que sigue siendo mitad repu­blicano, mitad franquista; mitad prudente, mitad matona. Co­mo antes de la guerra civil…

Jaime Richart es antropólogo y jurista

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.