“La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta”. –Albert Einstein
Luego de haber conseguido que la Asamblea Nacional le apruebe su primer proyecto de ley económica urgente, con énfasis tributario, el presidente Daniel Noboa envía una nueva ley, esta vez de “competitividad energética”. En esta ocasión, aprovechándose de la compleja coyuntura ocasionada por los racionamientos de electricidad, busca abrir aún más el sector eléctrico a la empresa privada; ese es, a no dudarlo, su objetivo central.
La propuesta privatizadora se inspira en lecturas sesgadas por la miopía neoliberal, que asume que los temas energéticos -y económicos en general- se deben resolver con una mayor presencia de la inversión privada, que sería, por definición, más eficiente que la pública. Además, se asume erradamente que el Estado carece de los recursos para realizar las inversiones necesarias.
Antes de analizar de forma puntual los elementos básicos de la ley propuesta y en un contexto más amplio, concluyamos que esta iniciativa no es necesaria para superar el bache de los racionamientos, como demostraremos a continuación.
El origen de los actuales racionamientos
Empecemos por reconocer que los actuales racionamientos de electricidad bien pudieron ser evitados. El Centro Nacional del Control de la Energía – CENACE[2], muchos meses antes del inicio de los cortes de luz, ya anticipó que ese problema se avizoraba. Incluso demostró la existencia del elevado déficit energético en ciernes, frente al estiaje previsto entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Y no solo eso, incluso propuso varias soluciones, que no fueron asumidas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, las que, al parecer, tampoco motivan la atención del actual régimen.
La realidad del suministro energético del país parte de una disponibilidad de más 8.800 MW instalados, de los cuales 7.400 MW están interconectados y que participan del mercado eléctrico mayorista. La demanda bordea los 4.500 MW. De hecho, en el papel existe un excedente. El problema surge cuando en determinadas épocas del año no hay la disponibilidad suficiente del recurso hídrico para las plantas de hidroelectricidad, que representan casi el 96% de la energía considerada como renovable, y también cuando faltan los energéticos fósiles para las plantas térmicas.
En términos generales, los déficits de electricidad dependen de los recurrentes estiajes, tan es así que incluso en el año 2022 el país estuvo al borde de dichos racionamientos. Esta situación también se explica por la desigual distribución de las plantas hidroeléctricas entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas, que concentra la mayor cantidad de obras de generación de hidroelectricidad. En este desbalance influye también la demora en la construcción de plantas como la Toachi-Pilatón o la limitada capacidad de generación instalada en Manduriacus, ambas en la vertiente occidental. Por otro lado, incide la carencia de combustibles para las plantas térmicas, algo que se debe al irresponsable manejo de las autoridades del Ministerio de Energía; no es una cuestión de limitación de recursos financieros, pues estos existen si hay un adecuado manejo fiscal que establezca con claridad las prioridades.
De los 8.864 MW de capacidad instalada, un 60% corresponde a centrales con fuentes de energía renovable sobre todo hidráulica, pero también de biomasa, fotovoltaica, eólica y biogás; y un 40% corresponde a centrales térmicas, necesarias para estabilizar el sistema (incluso en las horas pico). En lo que se refiere a las plantas de termoelectricidad instalados, una gran cantidad de esa potencia no está disponible en la actualidad, pues muchas plantas se encuentran en proceso de recuperación, en mantenimiento o están fuera de operación por estar obsoletas.
Por esa razón, el CENACE advirtió ya en abril del 2023 la necesidad de recuperar el parque termoeléctrico. Igualmente solicitó la contratación de nueva generación eléctrica que funcione con fuel oil o residuo de petróleo. Incluso se señaló en enero del año 2023 que la planta Termogas Machala, la mayor planta termoeléctrica del Ecuador, estaba subutilizada debido a la falta de gas natural; por lo que se solicitó, la importación de 50 millones de pies cúbicos de gas natural al día, entre octubre 2023 y marzo 2024, para mitigar el riesgo de desabastecimiento de la demanda.
La conclusión es evidente, el manejo irresponsable del gobierno del presidente Lasso -hostil en la práctica del sector público- es el causante de esta dura situación de racionamientos. Actuando con precaución y de forma anticipada bien se pudo evitar los racionamientos de electricidad que, sin duda alguna, generan costos mucho más elevados que el monto de las inversiones que habrían sido necesarias para tener a punto el parque termoeléctrico; en los antecedentes en el proyecto de ley se habla de un costo de 600 millones solo en el año 2023. Igualmente, si se habría actuado de forma responsable bien se pudo asegurar el suministro oportuno y en condiciones adecuadas de electricidad de Colombia e incluso del Perú.
De lo anterior se desprende que Noboa podría enfrentar el tema de los actuales racionamientos poniendo en ejecución las propuestas del CENACE. El financiamiento de dichas obras puede ser resuelto rápidamente. En la crítica que hicimos al proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo propusimos varias alternativas concretas de financiamiento.[3] Por ejemplo, si se revisa y desmonta parte significativa del paquete anual de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, que pueden equivaler a un 20% del Presupuesto General del Estado; así se podría obtener al menos unos 1.500 millones de dólares: cantidad más que suficiente para impulsar la reconversión del aparato energético sin caer en la trampa de las privatizaciones.
Algunos elementos de la ley pro-privatización propuesta
Dejando constancia de que la ley no es indispensable, analicemos algunos de los siguientes temas propuestos, señalando antes que las sucesivas menciones a la economía popular y solidaria, más parecen una jaculatoria para distraer el meollo privatizador. Lo que cuenta en esta ley -enmarcada en la excepcionalidad, también repetida cual jaculatoria-, es abrir la puerta para que la inversión privada ocupe un puesto preponderante en el suministro de electricidad.
En los siguientes puntos a más de cuestionar algunos elementos de la ley, se proponen otros que podría ser considerados como base para otro tipo de ley que parte del principio fundamental que la energía no es una simple mercancía, sino un derecho: tema que desplegaremos al final de este escrito.
1. Mayor participación del sector privado en la generación y servicio eléctrico.
Con este proyecto de ley se pretende delegar a empresas de capital privado y a empresas de economía popular y solidaria -colocándolas al mismo nivel, lo que conlleva ya un problema mayor- la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público, mediante procesos públicos de selección. En la ley propuesta se dice que se tendrá en la mira el interés público, colectivo o general; y que el servicio sería privado cuando no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas de acuerdo con las necesidades y temporalidad que el sistema eléctrico lo requiere. También se anota que se podrá delegar el desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad.
Igualmente, se establecen mecanismos que incentiven la instalación de sistemas de autogeneración, en especial con recursos renovables no convencionales. Así las industrias y los comercios podrán autoabastecerse; lo que no necesariamente es cuestionable. En este punto cabría incorporar a los hogares, así como a cooperativas y comunidades energéticas[4] para que puedan desarrollar esquemas de autogeneración, sobre bases descentralizadas.
2. Participación del sector privado en la transmisión de electricidad.
En el caso de la transmisión de electricidad a nivel nacional el proyecto indica que será realizada por el Estado a través de la respectiva empresa pública, pudiendo existir de forma excepcional la participación de la empresa privada y de empresas de economía popular y solidaria. Y que será el Ministerio de Energía el encargado de autorizar a un generador, autogenerador, distribuidor, gran consumidor o usuario final a construir una red de transmisión, a su exclusivo costo, para atender sus propias necesidades. Los consumidores regulados y no regulados -eso dice el proyecto de ley- podrán instalar sistemas de generación distribuida exclusivamente para su autoabastecimiento, a partir del uso de energías renovables no convencionales.
Esta claro que se quiere consolidar incluso la entrega de la transmisión al sector privado con un elevado grado de discrecionalidad, aprovechándose del contexto de la emergencia.
3. Mercado de corto plazo
En el proyecto se prevé crear un mercado de corto plazo, donde compradores y vendedores participen voluntariamente en transacciones regidas por el precio horario de la energía lo que brindaría flexibilidad al mercado eléctrico; esto permitirá la independencia de contratos regulados o bilaterales.
Esta propuesta, en tanto parte del sistema mercantil capitalista del sector, sintetiza la máxima expresión y pretensión privatizadoras. Se supone que el mercado debe regular los precios, cuando el Estado es el que tiene que asumir esa tarea, sobre todo si se acepta que la energía es un derecho. En concreto, el sistema energético en general debe ser visto como un servicio público y no como ámbito de lucro privado.
4. Cobertura eléctrica en las zonas rurales.
El Plan Maestro de Electricidad, según el proyecto presentado en la Asamblea Nacional, garantizará que se incremente la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales aisladas de manera progresiva. El Ministerio seleccionará de dicho plan aquellos que serán desarrollados por el Estado y los que podrían ser propuestos a las empresas privadas y de economía popular y solidaria, previo el proceso público de selección establecido en la ley.
En proyectos de desarrollo territorial, para los generadores de energía eléctrica a cargo de empresas públicas, el 30 % del superávit que se obtenga en la fase de operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto; en tanto que para el caso de los generadores de capital privado y de economía mixta, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el 3 % de las utilidades será destinado a los trabajadores y el 12 % restante será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto.
Como se ve, a las empresas con capital privado se les exime de atender las necesidades de desarrollo territorial que serían solo una obligación de las empresas públicas. Además, de ninguna manera conviene abrir el sector rural a los capitales privados directamente. Una opción adecuada serie el vigoroso desarrollo de comunidades y cooperativas energéticas con herramientas de la economía popular y solidaria.
5. Alumbrado público con posible participación privada.
La construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público general serán realizados por las empresas públicas de distribución. Pero el Estado, según la propuesta de ley, podrá delegar las actividades referidas, de forma excepcional, a empresas privadas o empresas de economía popular y solidaria. Además, dichas empresas suministrarán energía eléctrica para la semaforización, sistemas destinados a la seguridad ciudadana, alumbrado público ornamental e intervenido.
Este punto puede terminar por afectar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente de los municipios, que deberían asumir un papel más protagónico en el sector eléctrico.
6. Zonas francas energéticas con participación del sector privado.
En caso de emergencia del sector eléctrico o estado de excepción que hagan necesaria la incorporación de generación y infraestructura de energía eléctrica adicional, el sector privado a través de una representación multiempresarial podrá desarrollar sus actividades en zonas francas energéticas debidamente constituidas y como tal podrá establecer proyectos de generación y/o transmisión eléctrica que permitan satisfacer la demanda nacional, reza este mencionado proyecto.
Esta disposición empata con la ampliación de las zonas francas establecida en la reciente ley aprobada en la Asamblea Nacional, denominada de Eficiencia Económica y Generación de Empleo; disposición que demuestra el fracaso de procesos de industrialización sostenibles social y económicamente en el marco del respeto irrestricto de los derechos laborales y ambientales. Dicho en buen romance, esta pretensión es una barbaridad.
7. Medidas para alentar el uso eficiente de la energía
En la iniciativa de ley se propone llevar adelante campañas de ahorro energético; proyectos de sustitución y recambio de equipos, maquinarias y electrodomésticos; ejecución de sistemas de gestión de energía. Incluso se propone un programa de cogeneración en la industria nacional, así como diversos programas del Plan Nacional de Eficiencia Energética como la normalización y etiquetado de equipos que consumen energía. Igualmente se plantea crear un Fondo de Eficiencia Energética para el financiamiento de distintas iniciativas encaminadas al ahorro de energía de los sectores residencial, comercial e industrial.
Esta disposición, que suena interesante. puede termina siendo decorativa si no hay medidas concretas. Por ejemplo, cabría definir qué electrodomésticos y equipos cambiar y cómo hacerlo, en clave con propuestas de industrialización endógena para no alentar importaciones. También cabe señalar cuál es el peso de la eficiencia en el sector residencial y cuál en el industrial, entre muchas cuestiones cruciales. Es evidente que no interesa en su verdadera magnitud un uso eficiente de la energía disponible y menos aún una reducción neta del consumo de energía, es decir un manejo responsable de la demanda.
8. Condonación de deudas energéticas.
En las disposiciones transitorias del proyecto de ley se planea la condonación del 100 % de intereses derivados del saldo de las deudas por el pago del servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general a las distintas empresas de distribución del país, a los clientes finales. Los clientes finales que quieran acceder a la condonación del 100 % de los intereses derivados del saldo de estas obligaciones deberán cancelar la totalidad de sus obligaciones en un plazo de 90 días.
Por lo menos resultaría clave discriminar las deudas de los particulares, la situación social de las distintas empresas, diferenciando las deudas comerciales e industriales. Si se acepta esta condonación, que no la consideramos conveniente, lo mínimo que se esperaría es que no todo sea tratado por igual. De hecho, este punto coincide con las masivas condonaciones de buena parte de las deudas tributarias aprobadas por la Asamblea Nacional a fines del año pasado, tal como se hizo en el año 2018 en el gobierno de Lenín Moreno y en los años 2015 y 2008 en el gobierno de Rafael Correa.
9. Deducciones fiscales para alentar inversiones privadas.
Nuevamente, como en la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aparece la cuestión de las exoneraciones tributarias. Así, en el proyecto de ley energética que analizamos, las personas jurídicas de derecho privado podrán deducir el pago del impuesto a la renta de los valores que resulten de la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual producto de la implementación de sistemas de generación para el autoabastecimiento. También podrán deducir hasta el 100 % adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta de los valores que resulten de la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica producto de la implementación de Sistemas de Gestión de Energía ISO 50001. Estos beneficios podrían efectivizarse desde el inicio del sistema y estarían vigentes por un periodo de hasta tres años.
Este manejo generalizado de exoneraciones tributarias no es conveniente. Los grandes inversionistas, una vez más, serán los principales beneficiados. Aquí cabría introducir algunos criterios con el fin inclusive de abordar una cuestión crucial, como lo es la “pobreza energética”[5] y también para alentar el suministro eléctrico con criterios descentralizadores y por cierto de una sólida economía popular y solidaria.
En síntesis, como veremos a continuación, no es la primera vez que se plantea la posibilidad de privatizar el sector eléctrico en el Ecuador. Y tal como se argumentó en los intentos privatizadoras de los años noventa, la justificación radica en la supuesta ineficiencia del sector público y por cierto también en la supuesta no disponibilidad de recursos financieros para que el Estado cumpla con sus tareas en este campo.
Entre impulsos privados y participación estatal
Recordemos que Ecuador fue uno de los primeros países que tuvo electricidad en una de sus ciudades gracias a la iniciativa de sus pobladores. El 23 de abril de 1897, Loja inauguró el suministro de electricidad, siendo la tercera ciudad en América Latina, después de Lima y Buenos Aires. En 1925, en Guayaquil se instaló una empresa eléctrica con capitales norteamericanos: EMELEC, que suministró electricidad al puerto principal, primero con apoyo municipal y luego del gobierno nacional: desde los años sesenta del siglo XX esta empresa gozó de una garantía estatal de utilidades mínimas del 9% sobre sus activos fijos, pagaderas en dólares; al finalizar sus actividades, esta empresa apadrinada por la Embajada de los EEUU en Ecuador, pagó sus deudas en sucres y cobró sus acreencias en dólares.
Fue una época de marcado desorden en el suministro de energía, en el que intervenían algunos gobiernos descentralizados y empresas privadas. Todo comenzó a cambiar con la constitución del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en 1961, que empezó a planificar y normar el sector eléctrico. Años después, durante el primer boom petrolero, en los años setenta del siglo pasado, se logró ampliar el potencial de generación de hidroelectricidad e incluso la construcción de algunas plantas térmicas importantes, a más del sistema nacional interconectado.
Este proceso se vio trunco con la agudización de los problemas económicos derivados de la grave crisis de deuda externa a inicios de los años 80. Eso provocó una desaceleración del proceso de ampliación de la generación de electricidad en el país, al tiempo que la crisis debilitó la demanda de electricidad.
En esas condiciones, al finalizar el gobierno de Rodrigo Borja, en el año 1992, el país experimentó problemas de racionamientos de electricidad. La respuesta del gobierno saliente, a través del INECEL, fue inmediata: planificó una serie de plantas térmicas para asumir los retos del estiaje. El nuevo gobierno, a través de su presidente Sixto Durán Ballén, quien llegó a participar inclusive en una sesión del directorio del INECEL, aprobó dichos planes emergentes. Sin embargo, su vicepresidente, Alberto Dahik[6], a través del secretario técnico Consejo Nacional de Desarrollo – CONADE, desautorizó al presidente… La (sin)razón neoliberal no aceptaba que esas obras sean asumidas por el Estado.
A partir de ese punto se inauguró una época de irracionalidades sucesivas, todas inspiradas en la tozudez de la alquimia neoliberal que niega la capacidad de gestión estatal e incluso comunitaria. De la torpe decisión de adelantar la hora -la conocida como la hora sixtina-, para disqué ahorrar energía, se pasó a un intento de manejo del sector eléctrico con criterios de mercado liberalizado, con el fin de atraer al capital privado. La eficiencia, decían, sólo se la encuentra en el sector privado.
Aunque aparece como una evidente torpeza, incluso se separaron las empresas de generación de las empresas de las de distribución. Las primeras tenían vedada su capitalización, lo que hacia que sus ingresos se dirijan a un Fondo de Solidaridad para financiar obras sociales; algo que nunca sucedió. Y a las empresas de distribución, como parte de este embrujado plan privatizador, se les impuso la venta de electricidad con una tarifa inferior a la de compra…
En este contexto, los racionamientos de electricidad se sucedieron año tras año, hasta 1996. Se recurrió a la contratación de energía en extremo cara, suministrada por una serie de barcazas. El costo de tanta tozudez neoliberal fue enorme. Tan es así que dichos costos superaron largamente a los derivados del conflicto bélico del Cenepa en el año 1995, que tanto afectó gravemente a la economía ecuatoriana.
Recién con el inicio del gobierno de Rafael Correa, se volvió a plantear una visión integral del manejo del sector. Los planes de una transición energética se plasmaron en la Agenda energética 2007-201 Hacia un sistema energético sustentable[7], presentada en junio del año 2007. Se recuperó el papel regulador y de gestor del Estado. Se superó el esquema perverso de descapitalizaciones programadas a las empresas eléctricas. Se empezó a abordar el robo de electricidad propiciado por grandes consumidores, en empresas eléctricas corrompidas por la politiquería y los negociados. Se revisaron muchos contratos lesivos de suministro a nivel nacional e internacional. No se aceptó la continuidad de proyectos atentatorios al interés nacional.
Incluso se propuso la construcción de una nueva y más vigorosa infraestructura hidroeléctrica, recuperando muchos de los proyectos que estaban ya estudiados por el INECEL, que desapareció en los años neoliberales. Entonces se abrió una incipiente discusión sobre la conveniencia de grandes proyectos hidroeléctricos y de un suministro más descentralizado a través de pequeñas y medianas centrales para la generación de hidroelectricidad. Incluso las comunidades fueron convocadas a formar parte de este proceso. Se propuso desarrollar un Plan de Cero Combustibles Fósiles en las Islas Galápagos, así como la protección de la cuenca del río Paute, el suministro de gas natural para la industria en la ciudad de Cuenca e inclusive se constituyó la primera unidad de energía renovable en el Ministerio de Energía y Minas, con el rango de subsecretaria. Se introdujeron focos ahorradores como parte de una campaña de uso eficiente de la energía eléctrica.
En dicha Agenda se plantearon por igual las bases de lo que sería posteriormente la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta mucho antes del inicio del gobierno de Correa, como un primer paso para superar la dependencia de los combustibles fósiles y transitar hacia una economía post-extractivista.
Lamentablemente, con el cambio de ministro, desde junio del 2007 se descuidó la estrategia oportunamente propuesta. Correa dividió el Ministerio de Energía y Minas, lo que gravitó en una perdida de acción planificada e integrada del sector energético, al separar la cuestión eléctrica del manejo petrolero. Se descuidó la generación termoeléctrica que era requerida para enfrentar los próximos estiajes mientras no se disponga de las necesarias plantas hidroeléctricas y también para completar demanda en las horas pico.
En suma, conociendo los riesgos inminentes, teniendo definidos los planes de acción y existiendo los recursos financieros para asumir las obras previstas en junio del 2007, no se hizo casi nada para enfrentar el reto energético. Y con la llegada de nuevos racionamientos de electricidad en los años 2009-2010 se dio paso a la contratación apurada de costosos generadores térmicos.
Paulatinamente se superó la situación con la construcción de importantes obras hidroeléctricas y con algunas plantas de energía solar y eólica. Lamentablemente se debe anotar que la construcción de dichas obras no fue adecuadamente planificada, además se caracterizaron por la corrupción, sus sobreprecios e incluso fallas técnicas. Obras de la trascendencia como Coca-Codo-Sinclair carecieron de adecuados estudios de impacto ambiental, lo que ha provocado severos problemas por la continuada erosión del rio Coca.[8] Inclusive las plantas de energía solar se construyeron con tarifas muy elevadas. Y como se anotó ya antes, varias de las plantas en la vertiente occidental no fueron terminadas, como es el caso de Toachi-Pilatón. Toda esta sumatoria de problemas fue motivo de varias denuncias y de estudios de lo que el especialista en la materia: Arturo Villavicencio, definió como “el cambio de matriz energética bajo toda sospecha”.[9]
De todas formas fue, en definitiva, una época de significativos avances y muchas contradicciones. Al final de su gobierno, Correa señaló inclusive sus intenciones de privatizar varias empresas del sector público, a ratos de forma camuflada. Incluso se propuso la apertura a capitales privados para que administren las hidroeléctricas Sopladora, Manduriacu y Ocaña; plantas que fueron construidas en ese régimen.[10]
La necesidad de una propuesta de soberanía energética
Antes de plantear unos cuantos puntos programáticos que podrían inspirar una ley realmente transformadora, empecemos por establecer algunos elementos comunes que caracterizan a los sucesivos racionamientos. El detonante es el estiaje, un fenómeno recurrente agravado por el calentamiento global que provoca cambios en los regímenes de lluvias, hace desaparecer la masa de hielo en los Andes y también por la destrucción de los páramos, que son verdaderas fuentes de almacenamiento de agua.
Otro punto radica en el desconocimiento integral del sector energético, el dogmatismo neoliberal e inclusive la mala fe de algunos responsables del sector, que no tienen empacho alguno en afectar el manejo estatal para forzar las privatizaciones: no se trata de una simple ceguera de las autoridades lassistas. Todo ese manejo irresponsable se refleja en la falta de mantenimiento de los equipos sobre todo termoeléctricos y en la improvisación que reina en el sector. A lo anterior se suman las restricciones provocadas por el elevado servicio de la deuda externa y también por políticas de austeridad fiscal -verdadero austericidio en lo social, en los productivo y como vemos inclusive en lo energético- que dificultan la oportuna inversión para enfrentar los racionamientos anticipados oportunamente, tal como sucede en la actualidad.
En este punto pesa la ausencia de una política energética integral.
Es evidente que las actuales autoridades gubernamentales saben que no pueden resolver los temas pendientes en el corto plazo, como es la necesidad de incrementar rápidamente la generación. Lo que hacen es aprovechar el momento para plantear las ansiadas privatizaciones.
La tarea entonces no pasa simplemente por alentar la inversión privada en el sector eléctrico, como propone la ley del presidente Noboa, y tampoco es suficiente incrementar la oferta desde el sector estatal. Se precisa un punto de partida claro que debe estar sustentado en la soberanía energética, establecida en la Constitución de Montecristi, que no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Dicha estrategia energética integral debería centrarse alrededor de los siguientes lineamientos:
- la energía debe ser vista como un derecho, no como una mercancía;
- se debería propiciar la seguridad y la autosuficiencia energéticas;
- se debe propender a la eficiencia en el aprovechamiento, transformación y uso de la energía, tanto como la diversificación de fuentes y tecnologías energéticas;
- resulta necesario convocar a las organizaciones sociales para la planificación de este proceso de transiciones múltiples en conjunto con las autoridades locales, particularmente municipales, fortaleciendo el abordaje local de las políticas energéticas. Es una buena oportunidad para proponer comités locales de política energética con gobiernos locales, organizaciones sociales, sindicales, etc.;
- la cuestión no radica simplemente en una mayor eficiencia gerencial de los proyectos energéticos, ni en la utilización de tecnología de punta, lo que se requiere es impulsar procesos de cambio que transformen las estructuras de consumo y producción, es decir que incidan en la vida de la sociedad;
- sin minimizar la necesidad de una adecuada planificación del sector, urge proponer la apertura de un debate social sobre la energía, disputando el poder al Estado / gobierno nacional y por cierto a los capitales privados; es decir, ni la burocracia estatal, ni la burocracia corporativa deben determinar la evolución del sector, sino una creciente y efectiva democracia energética.
En suma, la viabilidad del sistema energético tiene que darse en armonía con la Naturaleza y la sociedad, logrando un verdadero fortalecimiento legal e institucional, que no se alcanzará con simples parches legales.
De todo lo anterior se desprende que hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los efectos positivos que se puedan obtener de la actividad energética, reconociendo que el Buen Vivir, en tanto alternativa al desarrollo, no se logrará simplemente incrementando la oferta energética. Esto implica la construcción de un sistema energético que sea sustentable, democrático, económico, confiable, de calidad y socialmente equitativo, es decir que combata la “pobreza energética” y que incluso asuma el potencial del uso eficiente de la energía como otra fuente energética.
Una medida que se puede desarrollar entre el corto y mediano plazos es proponer al sector comercial e industrial la incorporación de generación distribuida para autoabastecimiento. Como en general consumen durante el día esto puede reducir bastante la demanda de energía, pero impacta en la demanda de potencia. Esta funcionando muy bien en otros países y puede ser una propuesta interesante.
Otro tema técnico radica en propiciar, por ejemplo, la inversión en plantas con un buen ciclo combinado, que constituyen instalaciones que generan energía eléctrica a partir de la combustión de combustibles fósiles y que generan electricidad a partir de dos o más turbinas, de vapor de agua y de gas. La puesta en marcha de estas plantas es relativamente rápida. El solo hecho de eliminar las viejas plantas térmicas significará un gran ahorro por la eficiencia de las nuevas.
En este punto emerge con fuerza la necesidad de una adecuada política de precios y subsidios de la energía[11], que coadyuve a la construcción de otras estructuras de producción y consumo, al rediseño de las ciudades e inclusive a nuevas lógicas de integración regional. No se trata, para destacar un caso, de alentar la utilización de vehículos particulares eléctricos, que provocan masivas destrucciones por su creciente demanda de minerales, sino de impulsar sistemas subsidiados de transporte públicos de personas -municipales, en las ciudades, por ejemplo- y de carga que utilicen fuentes energéticas realmente renovables.
Las preguntas que debemos formularnos son de energía para qué, energía para quién, energía controlada por quién y de qué energía estamos hablando. Todas estas preguntas esperan respuestas eminentemente políticas, más que técnicas. Así, por ejemplo, no se trata de seguir entregando más y más energía para actividades nocivas para las comunidades y la Naturaleza, que son una verdadera estafa económico, como sucede con la minería, que, además, es una actividad extractivista cuyas bases legales e inclusive constitucionales son insostenibles.[12]
En concreto tampoco se trata solo de lograr un equilibro en el aprovechamiento de la hidroenergía entre las dos vertientes cordilleranas, sino en potenciar el uso diversificado y descentralizado de todas las fuentes energéticas, como son la energía solar, eólica, geotermia, biomasa, mareomotriz… Para propiciar este cambio precisamos una transición energética justa y popular. La descarbonización es bienvenida, pero no de la forma que propone el Norte Global corporativo, que alienta una suerte de colonialismo verde.
Esta transición debe potenciar la mencionada democracia energética, es decir la participación de comunidades de consumidores y consumidoras -especialmente comunidades y cooperativas energéticas-, emprendimientos generadores de energía, municipios y prefecturas, el gobierno central y por supuesto la integración regional.
Es más, una propuesta energética debe partir por aceptar el mandato popular del Yasuní y del Chocó Andino, que deben ser la vanguardia para la construcción de una economía post-petrolera y post-extractivista, en linea con las urgencias de socio-ambientales del planeta.
Como saldo, dejemos constancia una vez más, que la propuesta de ley del presidente Noboa simplemente se aprovecha de las circunstancias para privatizar el sector. En consecuencia, rechazando esa pretensión, esta propuesta gubernamental debería ser la ocasión para que la Asamblea Nacional abra la puerta a la discusión y se pueda construir de forma democrática una ley que vaya más allá de la coyuntura y propicie transformaciones estructurales. ¿Tendrá la Asamblea esa capacidad o simplemente tramitará esta propuesta como ya lo hizo con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que aprobó a fines del 2023?
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Profesor universitario. Funcionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuadtoriana (CEPE) y de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) en los años ochenta. Consultor de temas petroleros y energéticos. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros.
Nota: se agradecen las valiosas ssugerencias realizadas por Pablo Bertinat, reconocido experto argentino, pero sobre todo amigp y compañero de luchas del autor.
[2] El CENACE es el órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio rector de energía y electricidad. Es la entidad estratégica del sector eléctrico ecuatoriano, que opera y administra el funcionamiento técnico y comercial del Sistema Nacional Interconectado y de las interconexiones internacionales. Otros actores importantes son la Empresa Pública Estratégica CELEC EP y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), que en realiza el seguimiento y control pertinentes, aplicando el régimen sancionatorio que corresponda.
[3] Sobre esa ley, aprobada con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, incluyendo el respaldo de la “revolución ciudadana”, se puede revisar el análisis del autor de estas líneas (2023); “Algunas alternativas para una reactivación con equidad – Frente a los tibios paños del gobierno de Daniel Noboa”. Disponible en https://ecuadortoday.media/2023/12/04/frente-a-los-tibios-panos-del-gobierno-de-daniel-noboa/
[4] Entendemos como comunidades energéticas a aquellas organizaciones surgidas desde los barrios o desde los campos, de personas que se interelacionan a través de sólidos lazos de vecindad y que tienen como fin no solo la reducción de los costos energéticos, sino inclusive la generación, la distribución y el consumo responsable en términos socio-ambientales de la energía.
[5] Entendemos como pobreza energética es la incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía, lo que provoca graves consecuencias para el bienestar de la población afectada. Esto se produce por varios factores, tales como la pobreza de las personas, la mala calidad de los energéticos o la no disponibilidad de los mismos, el elevado costo de la energía, o el mismo despilfarro de energía de los sectores más acomodados u otras actividades dispendiosas de los recursos energéticos como la minería, por ejemplo.
[6] Este personaje, mimamdo de los grandess medios de comunicación y amnistiado por iniciativa del presidente Correa, estuvo acusado de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, motivos que lo llevaron a escapar de la justicia ecuatoriana. Para mayor detalle se puede ver la contundente investigación de Diego Cornejo Menacho, plasmada en el libro (1996): El caso Dahik – Crónica de un delito de blancos. Disponible en https://dimitricevallosdefranc.files.wordpress.com/2010/08/cronicad.pdf
[7] Disponible en https://es.scribd.com/document/163518324/Agenda-Energe-tica
[8] Consultar el artículo del autor (2020): “La Amazonía entre ‘cisnes negros’ y ‘rinocerontes grises’”. Disponible en https://rebelion.org/la-amazonia-entre-cisnes-negros-y-rinocerontes-grises/
[9] Entre los varios análisis de Villavicencio se puede destacar el mencionado, disponible en https://lalineadefuego.info/un-cambio-de-matriz-energetica-bajo-toda-sospecha-por-arturo-villavicencio/
[10] Sobre las propuestas de privatización del correismo se puede consultar en Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); La década desperdiciada – Sombras del correismo, CAAP, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view
[11] Ver la propuesta de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2021); “Por una solución integral al subsidio de los combustibles”. Disponible en https://ecuadortoday.media/2021/08/26/por-una-solucion-integral-al-subsidio-de-los-combustibles-una-vez-mas/
[12] Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito. Disponible en: https://rosalux.org.ec/pdfs/festin-minero.pdf
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