En la tradición oral afroecuatoriana, el juego de la vida requiere reglas comunitarias respetadas por todos.
Como ignorante que soy, me precisa preguntar, ¿dónde quedó aquel semblante de la justicia y derecho que buscamos hoy?
Con estas palabras, cargadas de la modestia que nuestros mayores utilizaban para interpelar al poder con sabiduría desnuda, nos adentramos en el laberinto de la modernidad política. Preguntarse qué es la democracia desde la periferia, desde el palenke de la exclusión, no es un ejercicio de ignorancia, es, al contrario, el acto metodológico más radical de la sospecha. ¿No es acaso la democracia el gobierno del pueblo y para el servicio del pueblo? Así nos lo han repetido las partituras del constitucionalismo occidental. Sin embargo, para las comunidades que han sostenido la República desde sus cimientos invisibilizados, la respuesta no habita en las abstracciones teóricas, sino en la rítmica cotidiana de la dignidad.
Para que la organización social funcione de manera armónica y en paz, la historia humana ha convenido en establecer reglas claras. En el caso ecuatoriano, estas «piezas y leyes» se consagran en la Constitución, el instrumento que delimita el horizonte de nuestra convivencia. Estas normas no son meros enunciados punitivos; son, en esencia, las pautas del Buen Vivir (Sumak Kawsay), un concepto que dialoga íntimamente con la filosofía afrodescendiente del «colectivo en armonía» el UBUNTU, donde la vida individual solo cobra sentido en el bienestar de la comunidad.
Como bien lo explicaba el célebre jurista italiano Luigi Ferrajoli, uno de los teóricos más influyentes del garantismo constitucional contemporáneo, la democracia no se reduce a la simple regla de la mayoría (democracia formal), sino que está indisolublemente vinculada a la rigurosa garantía de los derechos fundamentales de todos (democracia sustancial). Ferrajoli sostiene que la Constitución es el «pacto de convivencia» que establece los límites al poder, una esfera de lo «no decible» que protege a las minorías frente a los abusos de las mayorías o de los poderes fácticos. Desde esta perspectiva legal, una verdadera Constitución debe ser el escudo de los desposeídos, la norma suprema que garantiza la libre participación, el derecho inalienable a elegir y ser elegidos sin cortapisas desde las élites.
No obstante, cuando confrontamos la teoría garantista con la realidad material de nuestra América Latina y de nuestro Ecuador, el andamiaje jurídico se quiebra. Es intolerable observar cómo la mano invisible de la sociedad dominante aquella oligarquía epistémica y económica que históricamente ha expropiado la riqueza y la voz del pueblo hace uso de su poder corporativo y mediático para descalificar, proscribir, suspender y eliminar a todo aquel que ose constituirse en una oposición real.
Asistimos a una perversión del derecho instrumentalizado como arma política (lawfare), donde las instituciones electorales y de control penal se transforman en tribunales de inquisición. El objetivo es nítido: jugar en el escenario electoral en total soledad, con la cancha inclinada a su favor, habiendo borrado previamente del tablero a los contendientes incómodos. Esta práctica no solo es jurídicamente espuria; es un acto de cobardía política que violenta el principio de igualdad ante la ley.
En la tradición oral afroecuatoriana, el juego de la vida requiere reglas comunitarias respetadas por todos. Jugar con la cancha inclinada es la antítesis del baile de la marimba, donde el ritmo se construye colectivamente y cada cuerpo tiene su espacio legítimo de expresión. Cuando las reglas del juego democrático se alteran para proscribir al rival, se rompe el andarele de la justicia y se instaura la tiranía del privilegio.
Desde la óptica del derecho constitucional, la proscripción de la oposición política disuelve la legitimidad de origen del Estado. Si el soberano que es el pueblo no puede elegir libremente entre todas las opciones políticas disponibles debido a filigranas burocráticas o persecuciones judiciales dirigidas, las elecciones dejan de ser un ejercicio democrático y se convierten en un simulacro de legitimación oligárquica. La institucionalidad se vacía de contenido, transformándose en un cascarón que solo sirve para resguardar los intereses del capital transnacional y de las familias patricias que se asumen dueñas del país.
Ante este panorama de desolación institucional, nos encontramos en una encrucijada histórica. No podemos cruzarnos de brazos mientras se desmantela el Estado de derechos y justicia. Necesitamos, con urgencia comunitaria, hacer algo que nos permita recuperar la patria y su institucionalidad.
Para el pueblo afroecuatoriano, «recuperar la patria» no es un eslogan chovinista; es una demanda de retorno a la raíz, un acto de cimarronaje urbano y rural que exige reestablecer el orden constitucional violado. La única manera de rescatar lo más sagrado de una sociedad su territorio, su identidad colectiva, sus leyes y su memoria es devolviendo a las instituciones del Estado su función originaria: servir al ser humano y no al mercado.
Cuando las leyes se respetan y las instituciones funcionan con independencia, se recuperan de manera encadenada los bienes más preciados de la vida social:
- La Justicia: Debe dejar de ser selectiva y punitiva contra el empobrecido para convertirse en balanza equitativa.
- La Paz: Entendida no como el silencio de los cementerios o la sumisión del oprimido, sino como el resultado directo de la equidad social.
- El Trabajo: Como eje dignificador de la existencia y no como forma de precarización neocolonial.
- La Seguridad: El cuidado integral de los cuerpos, las calles y las comunidades frente al desborde de la violencia que florece, precisamente, allí donde el Estado ha desertado.
La Constitución actual de la República del Ecuador, en su diseño original, recoge las aspiraciones de una sociedad pluricultural y multiétnica. Al invocar las «normas del buen vivir», se abrió una grieta en el monismo jurídico occidental para permitir la entrada de las cosmovisiones ancestrales. Para la comunidad afroecuatoriana, este buen vivir se traduce en el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. La ley existe para proteger el territorio ancestral, las cuencas de los ríos, el manglar, la vida del joven de barriada, la soberanía alimentaria de la comunidad.
Concluimos este análisis volviendo al canto de los mayores, a la décima que no pide permiso para ser leída en los salones, en el campo y la ciudad. Recuperar la patria es un ejercicio de alfabetización democrática. Debemos desaprender la democracia de las élites. aquella que se reduce al voto cada cuatro años. mientras se cocina el despojo en las sombras y reaprender la democracia del hogar, de la asamblea comunitaria, del sindicato, del aula de clases crítica.
Solo a través de una movilización social consciente, que utilice las propias herramientas del derecho internacional de los derechos humanos y la resistencia constitucional (artículo 98 de nuestra Carta Magna), podremos enderezar la cancha. Es hora de templar nuevamente el cuero del tambor de la justicia, que su sonido resuene en las instituciones para recordarles que el poder emana del pueblo, y que al pueblo deberá volver, tarde o temprano, para resguardar lo único sagrado que nos queda la vida en dignidad.
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