La propuesta del presidente Rafael Correa de crear un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental recoge una antigua propuesta de los movimientos ambientales a nivel internacional, que ante la ausencias de instancias como éste, han impulsado tribunales éticos como el Tribunal Permanente de los Pueblos o el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Es desde […]
La propuesta del presidente Rafael Correa de crear un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental recoge una antigua propuesta de los movimientos ambientales a nivel internacional, que ante la ausencias de instancias como éste, han impulsado tribunales éticos como el Tribunal Permanente de los Pueblos o el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Es desde esos espacios que se ha hecho visible la tragedia que vive el planeta por causa de las agresiones contra el ambiente y la naturaleza, a través de denuncias de devastación ambiental o de destrucción de la naturaleza que involucran también violaciones a los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos económicos, sociales y culturales.
Un tribunal internacional de justicia ambiental sería una instancia muy importante para sancionar los delitos de las transnacionales pues resulta muy difícil que esto ocurra en instancias nacionales, donde estas empresas siempre encuentran formas de evadir responsabilidades y proteger sus inversiones. Con lo cual, los delitos ambientales quedan en la impunidad.
Necesitamos un tribunal para sancionar a empresas como la Chevron Texaco, que aunque fue declarada culpable continúa evadiendo el cumplimiento de la sentencia. Para sancionar a la petrolera Occidental, que provocó perjuicios económicos además de impactos ambientales y sociales. Para sancionar a la empresa china ECSA, que opera en el sur de la Amazonía y está en pleno proceso de desalojar a los moradores de esa zona. Para sancionar a Petrochina, que opera en Ecuador bajo las denominaciones de Petroriental -para extraer minerales- o de Petroandes -para explotar petróleo-, provocando una deuda ambiental, social y humana muy grande.
Hay centenares de empresas cuyos impactos quedan en la impunidad; y hay muchas otras que, a pesar de sus impactos, siguen haciéndose de nuevos contratos, como Odebrecht.
Es claro que también necesitamos instancias nacionales que protejan el ambiente, actuando en un entorno de independencia de poderes para garantizar que las agresiones sean juzgadas a la luz de los derechos y no de los intereses económicos y políticos.
Las agresiones a los Derechos, sea por violaciones a los derechos humanos -en donde los responsables son los Estados nacionales-, o delitos provocados por terceros, o incluso el abuso de poder, requieren de formas de evitarlos y también de sancionarlos. Para ello se requiere de instancias nacionales democráticas e independientes y un derecho internacional activo y comprometido con los derechos. La CIDH, por ejemplo, es un tribunal internacional que tiene el objetivo de cuidar y vigilar los Derechos Humanos que son violados por los Estados Nacionales. Ha jugado un papel importante en hacer visibles estas violaciones. Actualmente en este tribunal se analiza la denuncia por los riesgos que supone la actividad petrolera para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Que una propuesta de esta envergadura sea sostenida por el Ecuador, no sorprende a nivel internacional porque desde el Ecuador han nacido iniciativas tan importantes como la del Yasuní. El problema es que estamos ante un caso de luz de fuera, oscuridad de casa, porque esas iniciativas que se anuncian internacionalmente, a nivel interno, son borradas.
Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/1871-tribunal