Las acusaciones a la jerarquía católica respecto a sus responsabilidades en el encubrimiento de casos de pedofilia en el clero no son nada nuevo. Durante la última década las denuncias han abundado, en especial desde que el cardenal Bernard Law fue obligado a dimitir del arzobispado de Boston, en 2002, por haber protegido a un […]
Las acusaciones a la jerarquía católica respecto a sus responsabilidades en el encubrimiento de casos de pedofilia en el clero no son nada nuevo. Durante la última década las denuncias han abundado, en especial desde que el cardenal Bernard Law fue obligado a dimitir del arzobispado de Boston, en 2002, por haber protegido a un sacerdote que abusó de 130 niños durante veinte años. Desde ese momento, las denuncias han escalado a nivel mundial, lo que ha minado tanto la autoridad moral como las finanzas eclesiales, dado el elevado costo en indemnizaciones que ha debido pagar.
En Canadá la Iglesia Católica ya ha gastado 1.000 millones de dólares canadienses en concepto de indemnizaciones. En Estados Unidos, una investigación criminal realizada en 2004 estableció en 4.400 el número de sacerdotes acusados de pedofilia entre 1950 y 2002, y en 11.000 el de niños que potencialmente fueron sus víctimas. En Irlanda sólo en 2009 cuatro obispos presentaron su renuncia luego de comprobarse que 14.500 niños fueron víctimas de abusos en la diócesis de Dublín. En México las acusaciones llegaron hasta el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Marciel, quien tuvo que abandonar su cargo en 2006 por decisión vaticana. En Holanda, desde marzo de 2010 se registraron 350 demandas de personas que afirmaron haber sufrido abusos sexuales cometidos por miembros del clero entre las décadas de 1950 y 1970.
Sin embargo las recientes revelaciones de prensa han llegado más alto. Se refieren a los años en que el actual Papa Benedicto XVI ejercía como arzobispo de Munich, a finales de los setenta. Según The New York Times «el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa y entonces arzobispo de Munich, recibió un memorándum en el que le informaban de un sacerdote, a quien él había enviado a terapia en 1980 para superar la pedofilia, que volvió a ejercer su labor pastoral días después de iniciar el tratamiento». Según el periódico «ese documento, cuya existencia ha sido confirmada por dos representantes de la Iglesia, muestra que el futuro Papa no sólo participó en una reunión el 15 de enero de 1980 en la que se aprobó el traslado del cura, sino que también fue informado de su reasignación a otra parroquia». De esta forma, el actual pontífice habría actuado con los mismos criterios y procedimientos que los demás obispos acusados de encubrir y amnistiar a los pederastas.
Junto a lo anterior, medios alemanes han informado de graves denuncias de abusos sexuales y maltratos graves a los niños que residían como internos en el coro-escuela de la ciudad de Ratisbona. El obispado confirmó este mes que dos sacerdotes acusados habrían cometido abusos contra niños entre 1958 y 1973. Las fechas tienen una importancia crucial pues Georg Ratzinger, hermano del actual pontífice, fue director de ese coro entre los años 1964 y 1994, pero ha declarado que nunca tuvo conocimiento de denuncias de abusos sexuales en la escuela ni en el coro. Esta acusación se une a una ola de denuncias de pedofilia en Alemania, que abarca a 18 de las 27 diócesis de ese país. Hace tres semanas la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser, declaró que la Iglesia Católica no parecía estar dispuesta a cooperar para esclarecer los abusos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Robert Zollitsch, reaccionó duramente y dio a la ministra 24 horas para retractarse.
Sin embargo las acusaciones de la ministra sintetizan los elementos comunes que atraviesan los responsabilidades de la jerarquía eclesial a nivel mundial: «En muchos colegios había un muro de silencio que permitía el abuso y la violencia», afirmó, apuntando a que «incluso los casos más graves de abusos están sujetos sólo al secreto papal y no deben publicarse fuera de la Iglesia». Leutheusser ha apuntado a un elemento crucial: «Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido observar un interés activo por parte de la Iglesia Católica para acometer un esclarecimiento completo y sin reservas de los abusos sexuales denunciados». Un compromiso que pasaría por una cooperación constructiva de las autoridades eclesiásticas con los responsables policiales y judiciales.
Escándalos y evasivas en la Iglesia chilena
El cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago, declaró recientemente a TVN: «(En Chile) hay algo de estos abusos de pedofilia, poquitos gracias a Dios. Se está aplicando lo que dijo Juan Pablo II en cuanto a que no tienen lugar dentro del sacerdocio de la Iglesia personas que dañan de esa manera a los niños». Al minimizar la situación, Errázuriz parece desconocer las magnitudes y alcances reales de estos abusos en nuestro país. Entre 1997 y 2010 es posible cuantificar una veintena de denuncias en la prensa, de las cuales un elevado número ha llegado a tribunales. Las más bulladas han involucrado a sacerdotes de triste memoria, como José Andrés Aguirre, el «cura Tato», condenado en 2002, Jorge Enrique Galaz, ex director del Pequeño Cottolengo de Rancagua, condenado en 2006, Eduardo Olivares Martínez, condenado en 2008 por abuso sexual en el hogar de menores Refugio de Cristo de Valparaíso y Ricardo Alberto Muñoz Quintero, párroco de Melipilla que pagaba a su pareja para que le proporcionara menores, mientras también mantenía relaciones sexuales con las dos hijas de su conviviente.
Otra arista de los casos de pedofilia en nuestro país dice en relación con redes de encubrimiento internacional, que habrían utilizado a Chile como destino para clérigos acusados de abusos sexuales. El más reciente es el caso de José Angel Arregui Eraña, que ha sido descubierto por la PDI en posesión de material pornográfico infantil. Se trata de miles de fotografías y videos de durísimo contenido: sadomasoquismo, coprofilia, urofilia, sexo con bebés. Arregi residía en Chile desde enero de 2008 y ejercía la docencia en la Universidad Santo Tomás. Antes había pasado por siete colegios en España en los cuales habría abusado reiteradamente de alumnos de esos establecimientos. Se sospecha que este mecanismo, el traslado a Chile de sacerdotes bajo acusaciones de pedofilia, podría ser una práctica recurrente.
Teoría del complot
Para el sector más conservador de la Iglesia Católica estas acusaciones y denuncias no serían más que un complot de la prensa. Se trata de una actitud que minimiza y evade la responsabilidad eclesial. Basta recoger las recientes declaraciones a su llegada a Chile del cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone: «No es verdad, no es verdad. Usted sabe. Hemos documentado en contrario y no hablamos de este tema porque si no, estamos aquí todo el día (…) Basta, basta de este tema». Mucho peores han sido las afirmaciones del obispo de Tenerife, Bernardo Alvarez: «Puede haber menores que sí lo consientan (el abuso sexual) y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan».
Similares argumentos ha usado el párroco de Reñaca y apóstol de San Expedito, Enrique Opazo: «Siempre ha habido medios concertados para ir contra la Iglesia. Piensa tú que en Chile, la inmensa mayoría de los pedófilos no han sido sacerdotes. Sólo ha habido cinco casos en Chile, tres de los cuales están en la justicia. Somos más de mil curas y se le da a esto una cosa tremenda». La estrategia de los integristas, junto con minimizar y deslegitimar las denuncias, ha sido trasladar la responsabilidad a las tendencias culturales y sociales contemporáneas. De hecho la carta que dirigió el Papa a la Iglesia de Irlanda, firmada el 19 de marzo de 2010, señala como responsable de estas situaciones al «cambio social tan rápido» y «la manera de pensar y de enjuiciar de las realidades seculares». Incluso llega a alegar como causa a una «falsa lectura» del Concilio Vaticano II y su «programa de renovación».
Al mismo tiempo, las respuestas oficiales del Vaticano ante los organismos internacionales han tratado de justificar los abusos, afirmando que en una gran proporción no se trataría de casos de pedofilia, sino de «efebofilia», ya que muchas de las víctimas tendrían más de 14 años. En una declaración emitida en septiembre de 2009, tras una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Silvano Tomasi, observador permanente del Vaticano ante la ONU, señaló que «no se debería hablar de pedofilia sino de homosexuales atraídos por adolescentes. De todos los curas implicados en casos de este tipo, entre el 80% y el 90% pertenecen a la minoría sexual que practica la efebofilia, es decir, los que tienen relaciones con varones de los 11 a los 17 años». De esta forma, el Vaticano trató de responder a las primeras acusaciones formales que le imputan violar la Convención de Derechos del Niño al encubrir los abusos a menores.
Represión sexual como incubadora de trastornos
Para los psiquiatras que han abordado esta situación, el verdadero problema no radicaría en la orientación sexual del clero, sino en la abierta, continua y discriminatoria práctica de represión de la sexualidad que la institución eclesial desarrolla entre sus sacerdotes. Por ese motivo, la norma canónica que impone el celibato al clero es cada vez más cuestionada desde las instituciones de salud mental. Incluso el arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, ha afirmado este mes: «Es importante buscar las causas de los abusos sexuales, entre ellas el tema del celibato». Estas afirmaciones las realizaba en un contexto de elevada deserción de fieles de la Iglesia austriaca. El año pasado 53.216 personas abandonaron el catolicismo en ese país, un 30,9% más que el año anterior.
Lamentablemente la Iglesia Católica se muestra inflexible para revisar sus posiciones respecto a la sexualidad. Durante el año pasado causó escándalo el activo lobby del Vaticano en contra de la propuesta de Francia ante la ONU, en nombre de los 25 países de la Unión Europea, para la «despenalización universal de la homosexualidad». Dicha proposición se limitaba a impedir que se penalice con cárcel, tortura o incluso con la pena capital a los homosexuales, tal como ocurre hoy en países árabes y africanos. En la ocasión, el arzobispo Celestino Migliore, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, afirmó que «una declaración política de ese tipo, crearía nuevas e implacables discriminaciones».
El futuro de la religión
Hace ochenta años, Bertrand Russell afirmó que las objeciones a la religión son de dos clases: «La objeción intelectual consiste en que no hay razón para suponer que hay alguna religión verdadera; la objeción moral es que los preceptos religiosos datan de una época en que los hombres eran más crueles de lo que son ahora y, por tanto, tienden a perpetuar conductas inhumanas que la conciencia moral de la época habría superado de no ser por la religión».
La objeción intelectual ha perdido fuerza en nuestro tiempo, y el racionalismo ha dado paso a una valoración positiva de la espiritualidad en un sentido amplio del término. Sin embargo, la objeción moral ha cobrado inusitada fuerza y actualidad. Hoy, autores como Christopher Hitchens afirman que la religión es activamente inmoral por basarse en preceptos como la doctrina del sacrificio, la expiación, la recompensa y/o el castigo eternos y la imposición de tareas y normas imposibles. Esto puede explicar que la Iglesia Católica haya caído en una trampa autoimpuesta de la que no puede escapar. No es un dogma de fe, sino una «regla o disciplina» de nueve siglos de antigüedad que se basa en la superioridad del celibato y la desvalorización de la mujer y la sexualidad en general. Mientras estas normas no se revisen, es imposible que la objeción moral de Russell deje de encontrar nuevos adeptos.
(Publicado en «Punto Final«, edición Nº 707, 16 de abril, 2010)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.