Pocos recuerdan o quieren recordar que la llamada democracia capitalista no es nada más ni nada menos que la dictadura de clases de la burguesía. En esta dictadura una de los contenidos que es parte íntima del sistema y que aflora cada cierto tiempo con mayor o menor virulencia es el de la corrupción. El […]
Pocos recuerdan o quieren recordar que la llamada democracia capitalista no es nada más ni nada menos que la dictadura de clases de la burguesía. En esta dictadura una de los contenidos que es parte íntima del sistema y que aflora cada cierto tiempo con mayor o menor virulencia es el de la corrupción. El capitalismo es esencialmente corrupto.
No es de extrañar que uno de los diputados de la república señalara, por ejemplo, no hace mucho tiempo que «la Cámara de Diputados, en alguna medida, se ha transformado en el corazón de la corrupción». [i]
En los actos eleccionarios la burguesía, es decir la derecha política, y los llamados «partidos de centro» se preocupan de reflotar con mayor fuerza todos los mecanismos de la corruptela ambiente en aras de mantener su hegemonía económica y política.
Los chilenos ven, ya sin asombro, como el tráfico, del poder económico va imponiendo su escenario. Se sabe que en Chile más del 50 % del financiamiento de las campañas es a través de aportes reservados (anónimos) y/o declarados a través del Servicio de Elecciones (SERVEL). Estos aportes obviamente van a manos de aquellos que dan seguridad al empresariado y a las transnacionales.
Los aportes reservados, es decir el procedimiento por el cual las empresas donan a los distintos candidatos han ido creciendo desde el año 2003, en que se determinó el marco de este mecanismo. En las elecciones que llevaron al poder al actual mandatario Sebastián Piñera el aporte de las empresas llegó al 44,3 % de los dineros totales. En las últimas elecciones parlamentarias ya eran el 58 % de los fondos totales, es decir, unos 5 millones de dólares, más una masa de aportes que no son declarados, ni reconocidos.
Como es obvio y la lucha de clases se manifiesta siempre, quienes más aportes reciben, es quienes mejor sirven los intereses del empresariado. Por tanto, el orden de prelación, de los intereses y las platas comienzan en la ultraderecha con la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Democracia Cristiana (DC) y para que no digan el llamado Partido Socialista al cual perteneció la actual candidata y ex presidenta Michel Bachelet.
Bernardo Larraín Matte, presidente de la eléctrica Colbún [ii] y miembro del grupo Matte [iii] dice: «Financiamos la buena política y la buena política es transversal». Lo que olvida Larraín Matte es que la buena política de la cual habla es la que tiene a Chile con una de las peores distribuciones del ingreso del mundo y aún inmerso en una economía altamente dependiente de los ingresos del cobre.
Tampoco menciona Matte Larraín otras ayudas a la derecha política menos formales y difíciles de rastrear, como son los préstamos en infraestructura para las campañas: camionetas, donaciones de pintura, madera y un largo etcétera.
Hoy, el financista y empresario Matte Larraín es uno de los principales activistas y soporte económico de Andrés Allamand, candidato en primarias a la elección presidencial y que disputa con Pablo Longueira ser el candidato único de la derecha chilena y continuador de Sebastián Piñera.
La síntesis de cómo se gestan estas «buenas políticas públicas» se muestran en los 50 mil dólares recibidos por la diputada Marta Isasi de parte de Corpesca, la mayor empresa pesquera del país, perteneciente al grupo Angelini que determinaron la votación por una Ley de Pesca ampliamente sesgada a los intereses empresariales y que fue dirigida por el ex Ministro de Economía Pablo Longueira.
Hoy la falta de escrúpulos políticos de la derecha quedó al descubierto tras la bajada de su candidato estrella, Lorenzo Goldborne, una especie de Sara Palin, que obnubiló a la ultraderechista UDI por la imagen que proyectaba, a pesar de no ser un militante abierto de esa colectividad y cuya candidatura se derrumbó tras conocerse su participación directa en las maniobras de defraudación de consumidores desde su puesto de gerente general de Supermercados Jumbo a lo que se agregó sus inversiones secretas en las Islas Vírgenes a través de su empresa Sunford Managment Corp.
Es claro entonces que la gran la manifestación de la voluntad popular que se debería expresar a través de las elecciones no pasa de ser, en gran medida, una ficción. Quien resulta electo la mayor parte de las veces, sólo es la concreción de la voluntad del dinero.
Dentro de lo que podríamos llamar la izquierda clásica no hay candidatos con reales posibilidades. Bachelet podría representar, desde una centro izquierda, la concreción de aspiraciones puestas en el escenario político por las grandes movilizaciones del año 2013 y que han sido prometidas en sus declaraciones y programa al cual ha adherido el Partido Comunista de Chile: Terminar con el lucro en la educación, AFP estatal y sobre todo una nueva Constitución. La gran pregunta es si Bachelet, que ha llamado a una gran convergencia social, no terminará siendo sometida, por compromisos que no son públicos, por el gran capital y los intereses imperiales.
Todo intento de relevancia para construir un nuevo Chile debe llevar implícito un gran acto de sanidad y moralidad social que debe actuar implacablemente, a través de la acción de las masas vigilantes y participantes reales para confrontar estos intereses. Si esto no se hace, más temprano que tarde los corruptos terminan imponiendo sus términos.
[i] Diputado René Alinco 7 de mayo del 2013, en la Cámara de Diputados
[ii] Colbún es una compañía que se dedica a la generación eléctrica. Tiene 15 centrales hidroeléctricas,824 km. En líneas de transmisión y 17 sub – estaciones en 4 Regiones de Chile.
[iii] El grupo Matte es uno de los grupos más influyentes de Chile a nivel económico y político. Tiene negocios en el área forestal (CMPC) , Construcción (Volcán SA) eléctrico (Colbún) , telecomunicaciones (Entel), Bancario (BICE) y portuario entre otras). CMPC indujo a la muerte de 14 trabajadores para el golpe de estado de 1973.
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