La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en Argentina refuerza, entre el empresariado latinoamericano, la idea de conseguir iguales o parecidos “logros”, a fin de “modernizar” las relaciones de trabajo. No es algo nuevo, y desde las dos décadas finales del siglo XX parece una historia de nunca acabar. A momentos se detiene, pero en realidad lo que ha ocurrido es una agudización de la precariedad laboral buscada por poderosos sectores de las clases empresariales que han perdido la dimensión ética, social y humana de lo que representan los trabajadores y su bienestar.
En los orígenes del capitalismo las jornadas superaban las 16 horas diarias y los salarios eran miserables. Durante el siglo XIX se avanzó en la disminución de las jornadas y muy lentamente mejoraron los salarios. Tras la huelga de trabajadores en Chicago el 1 de mayo de 1886 la reivindicación de 8 horas diarias se generalizó. Uruguay en 1915 (Ley N° 5.350) y México con la Constitución de 1917 fueron pioneros en implantar la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con recargo por jornadas nocturnas y horas extras. La OIT reconoció esas jornadas en 1919 y la ONU las incorporó como derechos humanos en 1948. Códigos y leyes del trabajo los acogieron junto con otros: huelga, sindicalización, contrato colectivo, indemnizaciones, seguridad social, fundamentados en el principio pro-operario, por el cual el Estado protege a los trabajadores y los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Estos avances civilizatorios siempre han estorbado a las oligarquías latinoamericanas. Durante la Guerra Fría eran atacados de “comunistas”.
Las jornadas máximas y los salarios mínimos tuvieron que ser respetados, aunque han sido constantes las resistencias a subir salarios, pagar recargos por horas extras o suplementarias e indemnizaciones, y frente a los límites legales contra las jornadas variables. Hasta que en los años 80 del pasado siglo llegó el neoliberalismo a la región. Esa ideología fue aceptada de inmediato, porque cumplía con todas las esperanzas por derrotar los derechos laborales. La “flexibilidad” o “flexiseguridad” laboral tomó un auge inusitado, de modo que en diversos países y con gobiernos de la derecha política o abiertamente empresariales (incluso con empresarios-presidentes), se impusieron las reformas neoliberales sobre el trabajo, acompañando a otra perversa idea: la privatización de la seguridad social, lo cual es un atentado contra las mayorías de las poblaciones latinoamericanas, porque en la región, exceptuando Uruguay y Costa Rica, no se establecieron sistemas de seguridad social universal, como los que Europa desarrolló desde mediados del siglo XX, bajo su modelo de “economías del bienestar” o “economías sociales de mercado”.
Las dos reformas neoliberales más anheladas tienen que ver con las jornadas y los salarios. Se han inventado distintas propuestas para “administrar” el tiempo de trabajo diario y semanal. Y, desde luego, para evitar alzas salariales o afectar otro tipo de pagos relacionados con ellos. Ante todo, se busca aumentar la “caduca” jornada de trabajo, a fin de que, por lo menos, llegue a 10 o 12 horas diarias, es decir, un retroceso histórico. Además, ajustar la jornada semanal a los requerimientos del empresario, con el propósito de repartirla en menos días o prolongarla en sábados y domingos. Todo ello sin pagar por las horas que sobrepasan los limites diarios (8 horas) o semanales (48, 44 o 40 horas según el país), con abolición o reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de “fondos de asistencia laboral” pagados por los mismos trabajadores, y con nuevas modalidades contractuales: por horas, de prueba prolongada, a tiempo fijo, por “efectividad” productiva, etc.
Se ha sumado otra modalidad: repartir la misma jornada en segmentos diarios o semanales: por ejemplo, trabajar, en el mismo día, 2 horas, luego una pausa de 2 horas, que el trabajador regrese a laborar 3 horas más, nuevamente tenga una pausa de 2 horas y regrese a terminar las 3 horas faltantes. Algo parecido durante la semana. Dicen que el trabajador quedará “libre” para otras actividades; pero en la realidad ocurrirá una “informalidad por horas”. Y en lugar de pagar las horas extras en Argentina se compensará con descansos posteriores. Se denomina “banco de horas laborales”, bajo control empresarial y que arruina la vida del trabajador, sujeto a todo tipo de arbitrariedades y sin posibilidad de dedicarse a su familia y peor con algún bienestar humano, pues incluso su salud quedará liquidada con el tiempo. Es un ejemplo que se quiere replicar en Ecuador. De otra parte, en Argentina el salario podrá pagarse en moneda nacional o extranjera; y, además, el «salario dinámico» permite pagos por productividad o mérito, que pueden ser pactados entre las partes.
Lo paradójico de todo este panorama es que las propuestas neoliberales y ahora también libertarias anarcocapitalistas, y que quieren poner fin al poder del Estado, lo que hacen es imponer el poder del capital desarmando los derechos de los trabajadores, un hecho que ilusiona a los grandes empresarios latinoamericanos y sus gremios. En Argentina las reformas han sido entusiastamente apoyadas por las cámaras del “Grupo de los Seis” (https://t.ly/Y8FBo). Y, naturalmente, con el poder que tienen, los empresarios influyen en la vida política de los países, presionan o condicionan gobiernos, combaten a los progresismos de izquierda y se alían a los capitales transnacionales. Es evidente que con semejantes ideas se vuelve imposible el desarrollo económico con bienestar social.
La búsqueda del “paraíso laboral”, tan pernicioso e inhumano (solo falta revivir la esclavitud), ha captado la atención de los propietarios del capital en América Latina. Les favorece la existencia de una población “informal” que promedia el 50% (Bolivia, Honduras, Guatemala, Perú sobre 70-80%; Ecuador 60-70%; Argentina 43%; Chile 27%; Uruguay 22%), y que está en condiciones de aceptar cualquier jornada o salario para obtener algún ingreso “estable”.
No han bastado las legislaciones protectoras. Ecuador sirve de ejemplo: la Constitución de 2008 contiene amplias garantías para los trabajadores; reconoce el derecho a la resistencia y a la protesta social; prohíbe el trabajo por horas, el tercerizado y toda precarización. Sin embargo, desde 2017, sucesivas reformas han “flexibilizado” las relaciones laborales en forma galopante. Esto ha sido posible por el control del poder político por parte de una élite oligárquica. En América Latina este tipo de situaciones solo podrá cambiar cuando se modifiquen las bases sociales del poder. Y en eso no hay recetas, aunque vale recordar la frase del Preámbulo a las Reglas de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT, 1864): “La emancipación de las clases obreras debe conquistarse por las clases obreras mismas”.
En términos económicos, el capitalismo oligárquico latinoamericano del siglo XXI ha evolucionado a condiciones comparables con las de inicios del siglo XIX, con propietarios que buscan incrementar la plusvalía absoluta y no solo la relativa, en los términos de K. Marx. Muchos trabajadores probablemente pueden ser engañados con el atractivo de las jornadas “modernas” o “jornadas eficientes” y los “salarios dinámicos”; pero, en la realidad, solo generarán valor social apropiado como rentabilidad por las clases propietarias, mientras ellos disminuyen el valor de su propia fuerza de trabajo.
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