La Amazonia y la región del Cerrado se enfrentan a una destrucción devastadora debido a la exportación de carne y soja a bajo precio. Un informe inédito señala la responsabilidad que tienen empresas europeas.
La dependencia de Brasil de la exportación de materias primas es la causa principal del nivel sin precedentes de deforestación y explotación excesiva de la naturaleza en los dos ecosistemas más ricos de Brasil: la Amazonia y el Cerrado (la región de sabana). La Amazonia es clave para la salud medioambiental del mundo ya que influye en el clima debido a su papel de receptora y almacenadora de carbono; el Cerrado, por su parte, es la sabana más rica del mundo. Y grandes empresas y establecimientos financieros europeos desempeñan ahí un papel importante.
Más allá de la extrema abundancia de flora y fauna, de agua y biodiversidad que poseen, las regiones de la Amazonia y del Cerrado son el hábitat de muchas comunidades tradicionales (poblaciones autóctonas, pequeños agricultores, comunidades recolectoras del coco de la plamera «babassu», comunidades de afrodescendientes) que desde hace siglos han permitido que la economía local coexista con la pervivencia de los recursos naturales. Muchos intereses económicos amenazan vastos territorios de estos ecosistemas: el avance de la agroindustria basada en la ganadería, los grandes monocultivos de soja, carne y madera, y las actividades mineras y de explotación forestal vinculadas a las industrias de materias primas.
Incendios, conflictos debido a la apropiación de tierras, agresiones a las comunidades autóctonas
En 2019 unos incendios generalizados, la mayoría de los cuales se produjeron a consecuencia de la práctica de abrir zonas de pasto para el ganado, devastaron gran parte de las selvas tropicales amazónicas. La cantidad de focos de incendio identificados en la región amazónica en agosto de 2019 fue la más alta desde 2010 y el doble de las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. En la región del Cerrado inmensas extensiones de vegetación de tierras indígenas se han convertido en zonas de pasto y de producción agrícola. Se calcula que la expansión de la agroindustria ha modificado aproximadamente el 80% de la vegetación original del Cerrado.
Actualmente las regiones de la Amazonia y del Cerrado son territorios de conflicto político, económico y medioambiental, unos conflictos que no se deben solo a la competencia interna entre los sectores económicos que explotan soja, maíz, carne de vacuno, cuero, madera, caña de azúcar, algodón y recursos minerales, sino también a los conflictos entre las empresas agrícolas grandes y medianas (a las que el gobierno de Jair Bolsonaro apoya económicamente) y las poblaciones forestales.
Bajo el gobierno Bolsonaro han seguido aumentando las agresiones, expulsiones y desplazamientos de las comunidades tradicionales. La pandemia ha supuesto un nuevo reto puesto que los organismos del Estado encargados de vigilar que se respetan los derechos también han estado en confinamiento, lo que ha hecho más fácil violar los derechos de varias comunidades de las regiones del Mato Grosso, del Pará, de la Rondônia y del Maranhão. Por ejemplo, el pueblo indígena xavante, en el Mato Grosso, ha sufrido más agresiones durante la pandemia. Además, en agosto de 2020 tanto las comunidades campesinas de Balsas, en el estado del Maranhão, como la comunidad de Bom Acerto, sufrieron un desplazamiento forzado (1).
¿Qué papel desempeñan las empresas europeas?
La lucha contra la deforestación ilegal tiene por objetivo las empresas implicadas en la cadena de producción de los productos de base, incluidas las instituciones financieras y otras empresas multinacionales que forman parte del proceso de aprovisionamiento. Por ejemplo, en 2016 el Banco Santander español fue condenado a una multa de 15 millones de dolares por haber proporcionado apoyo financiero a unos cultivos que se habían realizado en unas zonas deforestadas ilegalmente. Grandes sociedades del negocio de los cereales, entre ellas Cargill y Bunge (Estados Unidos), fueron condenadas a pagar unas multas que ascendían a 29 millones de dólares tras una investigación del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) que descubrió que aproximadamente 3.000 toneladas de cereales producidas por cinco empresas se habían cosechado en zonas en las que la agricultura estaba prohibida.
Además del apoyo financiero, empresas europeas operan directamente en las regiones de la Amazonia y el Cerrado, y a algunas se les acusa de violar derechos ahí. Se ha acusado de generar impactos negativos sobre el territorio a sociedades mineras presentes en el estado de Pará (como la francesa Imerys y la noruega Norsk Hydro) y a grupos del sector de las infraestructuras (privadas y estatales) que gestionan concesiones de transporte y de distribución de energía. Según las organizaciones de la sociedad civil, la presencia de estas sociedades multinacionales ha contribuido a aumentar la tensión sobre el territorio contra los derechos de las comunidades locales.
Los Países Bajos y España son los principales destinos europeos de la soja vinculada a la deforestación
De todos los productos de base que presentan un riesgo medioambiental, la soja es el más negociado en los mercados internacionales. En 2016 tres países de América del Sur (Brasil, Argentina y Paraguay) representaban el 50% de la producción mundial de soja, lo que corresponde a una superficie de aproximadamente 56 millones de hectáreas. Tres cultivos (soja, caña de azúcar y maíz) ocupan el 70% de la superficie agrícola y representan más del 60% del valor total de la producción agrícola del país. En veinticinco años la producción de soja ha aumentado un 400% en Brasil.
En un principio los cultivos de soja se plantaron en las regiones del sur del país, que están más adaptadas a esta producción. Después de la década de 1970 empresas como Syngenta (Suiza) y Pioneer (Estados Unidos) invirtieron en semillas transgénicas adaptadas al ecosistema del Cerrado con el apoyo del gobierno brasileño. Una vez que se logró “dominar” las sabanas, la expansión de la agroindustria se dirigió a la región de la Amazonia desde la década de 2000.
Según las cifras de la base de datos Trase, los Países Bajos y España son los principales destinos europeos de la soja vinculada a la deforestación, seguidos de Francia y Alemania. Estudios recientes calculan que en los últimos años llegaron al mercado europeo aproximadamente dos millones de toneladas soja plantada ilegalmente cada año, de las cuales 500.000 toneladas se produjeron en la región de la Amazonia. Cerca de la mitad de las propiedades rurales de la Amazonia y de las tierras agrícolas de la región del Cerrado, que producen soja y carne de vacuno para la exportación, no respetan los límites de deforestación fijados por el código forestal.
La cadena de producción de la soja en Brasil esta dominada por cinco grandes sociedades comerciales mundiales: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y COFCO. Entre los diez primeros países destinatarios de la soja de la Amazonia y el Cerrado están los Países Bajos (36%), España (21%), Alemania (10%) y Francia (10%).
Los negociantes de soja reciben el apoyo financiero directo de muchas instituciones financieras vinculadas a ellos a través de fondos propios (sobre todo participaciones y propiedades privadas) y de deudas (como obligaciones, préstamos y facilidades de créditos renovables).
La Unión Europea es el segundo principal comprador de carne brasileña, después de China
Brasil tiene más vacas (214 millones de cabezas de ganado) que habitantes. Esta cifra sigue aumentando, sobre todo en la Amazonia y el Cerrado. En 2019 Brasil exportó 1,84 millones de toneladas de carne bovina, lo que le convierte en el mayor exportador del mundo, según la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC). A diferencia de la cadena de producción de la soja, el sector de la carne está gestionado por grandes empresas nacionales financiadas por capitales nacionales y extranjeros. Con la compra en 2017 de más de 180.000 toneladas de carne brasileña la Unión Europea es el segundo principal comprador de carne brasileña, después de China.
El gobierno brasileño ha fomentado mucho la política de exportación a través de la creación en 2008 de un programa de apoyo a los “campeones nacionales”. El Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES) desbloqueó una serie de subvenciones para fomentar algunas empresas en sectores específicos, como la transformación de la carne, y estimular su crecimiento. Estas subvenciones ayudaron a desarrollarse a empresas brasileñas de transformación de la carne como JBS y Marfrig. Esta última se ha convertido en el tercer mayor productor de carne del mundo. JBS es el primer productor mundial de carne y figura entre las diez mayores empresas agroalimentarias del mundo. Como exportador, JBS se aprovisiona en 1.324 municipios, esto es, el 47% de los municipios productores de carne bovina de Brasil en 2017. Además, BRF, empresa de transformación de aves de corral, se ha convertido en uno de los mayores exportadores del mundo de este producto y tiene dos fábricas de transformación en Europa (Países Bajos e Inglaterra) y nueve en Argentina.
Sin embargo, el precio del crecimiento de estas multinacionales ha sido alto: el aumento generalizado de la destrucción de los biomas de la Amazonia y del Cerrado, pero también las deplorables condiciones de trabajo a las que se somete a sus empleados.
No es una novedad las terribles condiciones de la cadena de producción de la carne, tanto para el ganado como para las personas que trabajan ahí. La situación es similar en la cadena de la soja: además de las condiciones laborales degradantes, de los casos de trabajo forzado y del acaparamiento de tierras, Brasil puede presionar sobre los costes de producción y exportar a bajo precio, y producir la carne más barata del mundo en la Amazonia.
Cadena de la carne: BNP, Carrefour, Nestlé y mucha otras
Minerva, uno de los tres grandes envasadores de carne de Brasil, obtiene al menos una tercera parte de sus ingresos brutos de sus exportaciones de carne de vacuno brasileña, vinculadas a 10.900 hectáreas que corren peligro de deforestación debido a la expansión de los pastos para el ganado en 2017. Parte de los accionistas de Minerva son grandes inversores mundiales que actualmente no tienen compromiso alguno en materia de deforestación, como Morgan Stanley (4,94% del capital), Vanguard (2,21%) y BlackRock (0,4%), así como instituciones financieras que han reconocido públicamente el problema del riesgo de deforestación, como BNP Paribas (2,26%).
Además, JBS, Marfrig y Minerva recibieron más de 9.000 millones de reales (1.500 millones de euros al cambio actual) en inversiones y préstamos de bancos europeos y no europeos que han firmado acuerdos medioambientales, como Deutsche Bank, Banco Santander, BNP Paribas y HSBC. Por desgracia, la ausencia de leyes en Europa sobre el tema “significa que los bancos, los inversores, las agencias de calificación, los importadores y los supermercados no tiene la obligación legal derealizar un control previo sobre el riesgo de deforestación antes de hacer negocios con las empresas del sector de la carne de vacuno”, se lamentaba la ONG Global Witness en un informe sobre el tema de diciembre de 2020.
En 2014 varios gobiernos, la sociedad civil y varias empresas privadas aprobaron la Declaración de Nueva York sobre los bosques, cuyo objetivo era reducir la deforestación mundial de aquí a 2020. Los estados brasileños de Pará, Amazonas y Acre figuran entre los signatarios brasileños, mientras que Deutsche Bank y Nestlé figuran entre los signatarios europeos. Sin embargo, según Mighty Earth, los grupos Nestlé y Carrefour todavía no han dejado de comprar carne a JBS y Marfrig.
Implicación de fondos de inversión alemanes, neerlandeses y suecos
El precio de las tierras agrícolas brasileñas, en particular en el Cerrado, ha aumentado de forma exponencial debido a la explotación financiera de las tierras. Los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y los fondos de capital-inversión, las sociedades inmobiliarias y la agroindustria, aplican un modelo de empresa que da valor a las tierras adquiriendo y desbrozando para la agricultura zonas de vegetación autóctona, en vez de basar sus ingresos en la producción de mercancías.
En los últimos 15 años se han creado muchas sociedades inmobiliarias centradas totalmente en la adquisición, venta, arrendamiento y gestión de tierras agrícolas en estas regiones. En el Cerrado se han privatizando ilegalmente vastas zonas indígenas que oficialmente pertenecen al Estado. Este proceso conlleva generalmente la expulsión violenta de los habitantes (muchos de los cuales provienen de comunidades tradicionales o de las poblaciones rurales pobres), así como desbroces o deforestaciones extensivos. Últimamente se han vendido estas zonas agrícolas a sociedades agroindustriales o sociedades inmobiliarias, que pueden alquilar o vender las tierras.
Tres fondos de inversión europeos contribuyen al funcionamiento de las sociedades inmobiliarias en la región del Cerrado: el fondo de pensiones alemán Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, el neerlandés Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) y el sueco Andra AP-fonden (AP2). Estos fondos de pensiones invierten en fondos de inversión gestionados por la Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), un fondo de pensiones privado sin ánimo de lucro que actualmente está considerado el mayor inversor en tierras agrícolas y el tercer gestor mundial de inmobiliario comercial. A la hora actual posee en Brasil unos activos valorados en 2.000 millones de dólares.
La mayoría de las tierras agrícolas que pertenecen a empresas extranjeras en la región del Cerrado se financian a través de la TIAA. Este fondo también está presente en el mercado de tierras agrícolas a través de empresas como Radar Propriedades Agrícolas (una empresa conjunta entre una sociedad brasileña, Cosan, y Mansilla Participações, una sociedad que pertenece totalmente a TIAA) y Tellus Brasil Participações, una filial nacional centrada en la adquisición de tierras, en la que TIAA tiene una participación importante (49%). TIAA ha creado una compleja red de sociedades para comprar e invertir en tierras agrícolas al margen de las restricciones legales impuestas por las leyes nacionales sobre la propiedad inmobiliaria por parte de personas extranjeras. En medio de todo esto, la responsabilidad de las empresas e instituciones financieras europeas tiende a invisibilizarse, aunque no desaparece.
Véase el informe íntegro en inglés, publicado por ENCO (siglas en inglés de Red Europea de los Observatorios de las Multinacionales).
Nota:
(1) Véase la página web de noticias de la Agencia Pública.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.