«Desde que soy abogado, he estado comprometido profesionalmente con la defensa de las causas que la gente identifica como de derechos humanos. Nos ponen una etiqueta que creo es un poco grande», dice modestamente Alberto Espinoza Pino. Egresó de la Universidad de Chile en 1979 y se tituló en 1985. Es profesor de la Escuela […]
«Desde que soy abogado, he estado comprometido profesionalmente con la defensa de las causas que la gente identifica como de derechos humanos. Nos ponen una etiqueta que creo es un poco grande», dice modestamente Alberto Espinoza Pino. Egresó de la Universidad de Chile en 1979 y se tituló en 1985. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) por más de veinte años. Ha sido defensor de presos políticos, de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y de presos políticos mapuches. Presentó la primera querella contra Pinochet y asumió la defensa de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que participaron en el atentado contra el dictador en 1986, y de los frentistas que internaron armas por Carrizal Bajo.
Ahora también representa a Patricia Troncoso y a otros comuneros mapuches condenados en virtud de la ley antiterrorista en una denuncia interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, defiende a Mauricio Hernández Norambuena, que permanece preso en Brasil, y a Galvarino Apablaza, cuya causa está radicada en Argentina.
A estos casos «emblemáticos» se agrega la representación de Punto Final en la lucha que la revista viene dando desde hace años por lograr que el Estado distribuya equitativamente el avisaje fiscal en los medios de comunicación, como una manera de garantizar a los chilenos la pluralidad informativa y la libre expresión en una sociedad que se dice democrática.
La publicidad estatal en la prensa escrita se concentra en los dos grandes grupos empresariales de las comunicaciones, El Mercurio y Copesa (La Tercera), principales exponentes del «pensamiento único». Los medios independientes son marginados y muchos sucumben en la dura lucha por subsistir. Luego de plantear a las autoridades este problema durante años en reiteradas ocasiones, sin resultados, Punto Final presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, que también resultó infructuosa. El paso siguiente fue una demanda contra el Estado por infracción a la libre competencia interpuesta por el director de PF, Manuel Cabieses Donoso, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el pasado 13 de mayo (ver PF 662).
¿Cómo se embarcó en esta causa de «Punto Final»?
«A través de Manuel Cabieses, director de Punto Final, publicación que tiene una historia política y raíces ideológicas que se mantienen vigentes hasta hoy. Conocí la situación de la revista y estuve dispuesto a asumir esta tarea, que sabemos es difícil, casi titánica. Desde el punto de vista jurídico e ideológico, me parece una demanda absolutamente legítima y justa. Se requiere interpelar a los organismos del Estado para resolver este problema de inequidad y arbitrariedad, que afecta las bases de la democracia».
¿Ve esta pelea en el marco de los derechos humanos? En la medida en que se defienden derechos esenciales de las personas, como la libertad de información, expresión y opinión.
«Desde luego, está ciento por ciento enmarcada en ese campo. Y además, toca el centro de la democracia, porque esos derechos son fundamentales para que la democracia a la cual aspiramos sea una realidad empírica y no se transforme en un eufemismo político. Los gobiernos de la Concertación no han querido desprenderse de la herencia de la dictadura militar y eso se advierte con nitidez en el ámbito de los medios de comunicación. Cualquier persona percibe que en Chile no existe pluralismo informativo. La propiedad de los medios de comunicación escritos está concentrada en dos grandes grupos, El Mercurio, que tiene una cadena de diarios a nivel nacional, y Copesa, propietaria de La Tercera, La Cuarta y otros medios. Bajo esa aparente diversidad de medios, no hay pluralidad informativa ni ideológica.
En la televisión se da el mismo fenómeno. Están Megavisión, canal que pertenece al empresario Ricardo Claro; Chilevisión, de Sebastián Piñera; Canal 13, de la Iglesia Católica, y Televisión Nacional, donde bajo un pretendido pluralismo prevalecen las ideas conservadoras y líneas editoriales que no se identifican con los sectores más progresistas. Obviamente, nos encontramos con un mensaje uniforme que genera una opinión pública muy alejada de lo que debiera ser en un sistema democrático con una sociedad informada y consciente. Al contrario, aquí imperan la farándula, la violencia y se machaca una misma idea hasta que queda obsoleta y se cambia por otra. Todo esto se repite en forma coherente y armónica en los canales de televisión, en El Mercurio y en La Tercera. Es un monólogo comunicacional, un bombardeo informativo unilateral del cual lamentablemente no podemos sustraernos».
¿Qué razones dio la Fiscalía Nacional Económica para rechazar la denuncia que presentó «Punto Final»?
«No dio razones. Fue una resolución muy lacónica. Estimó que, de acuerdo con la valoración que hizo de los antecedentes, no se daban los presupuestos para continuar adelante con la denuncia de infracción a las normas de la libre competencia».
«El periodismo no es neutro»
¿Cuál es el curso que debe seguir la demanda presentada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia?
«El 16 de mayo recibí una carta donde se me comunicó que la demanda fue acogida a tramitación, lo que se comunicará a la parte demandada. En este caso, el Estado está particularizado en ChileCompra, porque es la entidad a través de la cual se canaliza el avisaje de las instituciones públicas. Una vez que ChileCompra sea notificada, tendrá un plazo de quince días para responder la demanda. Después vendrá un término probatorio, habrá que acompañar antecedentes documentales y testimoniales. Tal vez pediremos informes de peritos u otros medios de prueba con la finalidad de generar la convicción en el Tribunal de que aquí no hay libre competencia».
¿Sobre qué bases se planteó la demanda?
«En Chile se cacarea que hay libertades de todo tipo, como algo inherente a este sistema capitalista neoliberal donde impera el libre mercado. Supuestamente, el ente casi metafísico que es el mercado asignador de recursos, determina que todas las actividades humanas se puedan desarrollar con la más absoluta libertad. Entre ellas, la libertad de información. Pero hay un elemento fundamental para que esta libertad se pueda materializar en forma cabal, y tiene relación con el financiamiento de los medios de comunicación. Los medios no se financian por la vía de la venta, sino fundamentalmente a través del avisaje.
El Estado es un gran demandante de los medios de comunicación para la publicación de avisos de distinta índole, desde licitaciones a mensajes de utilidad pública. Gasta cuantiosos recursos en avisos, y gracias a eso, medios como El Mercurio y La Tercera han sobrevivido. Al canalizar y focalizar los recursos destinados a publicidad en este duopolio, el Estado deja que el resto de los medios se encaminen hacia la extinción. Así desaparecieron los diarios La Epoca y Fortín Mapocho, las revistas Análisis, Apsi, Cauce, Hoy, Rocinante y tantos otros medios. Todos dejaron de existir por razones económicas, debido a que no podían financiarse exclusivamente con su tiraje. Los diarios deben tener un precio accesible al público, por lo que requieren de otras fuentes de financiamiento distintas a la venta directa y el Estado no avisó en ninguno de esos medios».
Definitivamente, no opera la libre competencia.
«No puede operar. Por eso apelamos a las mismas leyes que justifican y dan fundamento a este sistema. Si quieren jugar con las reglas de este mercado, háganlo en forma transparente y pluralista. Curiosamente, en una oportunidad, después de reclamar a autoridades de gobierno… ¡a Punto Final le mandaron dos avisos! ¡Dos avisos en casi 18 años post dictadura! ¡Con eso creen que han resuelto el problema!».
¿En qué se sustenta la demanda jurídicamente?
«En la Constitución Política de la República, que habla de estas libertades. Cuando la intervención del Estado incide directamente en la falta de libre competencia, hay un impacto político. No es solamente una cuestión de carácter económico. Si el Estado asignara recursos por la vía del avisaje a todos los medios escritos -incluyendo a Punto Final, El Siglo, El Siglo en Huelga y otros-, la sociedad tendría posibilidades de acceder a publicaciones que presentan diversas formas de ver las cosas. Un sistema democrático se fortalece en la medida en que hay libertad de información y pluralidad de medios de comunicación.
De otra forma se debilita la democracia y el sistema político tiende a ser identificado con el autoritarismo y el pensamiento conservador. ¡Para qué estamos con cuentos! El periodismo no es neutro. Los medios transmiten una visión de la sociedad que se identifica con líneas ideológicas y políticas. El Mercurio tiene una línea conservadora, lo vemos en su postura frente al divorcio, a la píldora del día después y en sus columnas editoriales. También en La Tercera están anidados los pensamientos más reaccionarios de la sociedad».
Justicia dentro o fuera de Chile
¿Le parece probable que se llegue a ganar este juicio?
«Tengo la impresión que es una demanda atendible por el Tribunal, que se pueden acordar fórmulas de conciliación o llegar a un compromiso de parte del Estado para implementar herramientas que hagan realidad la libertad de información por la vía de una distribución más equitativa de los recursos del Estado. Hay parlamentarios que ven con buenos ojos una demanda de esta naturaleza, porque están conscientes de que efectivamente hay concentración del avisaje estatal. Tenemos esperanzas de que esto tenga éxito».
Si no fuera así, ¿hay otra instancia a la cual apelar?
«Si esta demanda es rechazada, tenemos en el ámbito interno la Corte Suprema. Y si allí también nos va mal, tenemos el derecho internacional. En el escenario regional está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la cual podemos presentar la denuncia, pero una vez que se hayan agotado las instancias dentro de Chile. Si la Comisión Interamericana estima que hay una infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos, podría canalizar la denuncia a la Corte Interamericana para que tome una decisión de carácter vinculante con el Estado de Chile».
¿Y están dispuestos a llegar hasta allí?
«Estamos dispuestos. Lo único que esperamos es que el tiempo nos dé vida y salud para seguir adelante con esto».