Los comicios del 5 de febrero del 2023 no responden ni a la realidad del Ecuador ni al carácter del Estado Plurinacional declarado en la Constitución.
El gobierno del banquero-presidente Guillermo Lasso dispuso que se realicen elecciones seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un referendo y una consulta popular.
Opositores y expertos en la materia coinciden en que la consulta es una estrategia de legitimación del gobierno para hacer contrapeso a sus bajos índices de popularidad y que carece de fuerza para resolver cuestiones urgentes.
Para Benjamín Marcheco, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Guayaquil, la consulta es una «estrategia de propaganda” que no refleja un interés real en los temas de relevancia para el país. «Los grandes problemas son la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Esta consulta no va a generar cambios profundos que resuelvan esos problemas”, afirmó
Lasso acudió al referéndum porque no tiene mayoría en la Asamblea que lo apoye en sus proyectos, y porque pretende usarlo, de aprobarse, para mostrar que tiene apoyo popular y que va por buen camino. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, en diciembre de 2022 menos de un 20 por ciento de los ecuatorianos aprobaba la gestión de Guillermo Lasso.
El 2022 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador: 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se cumplió, además, el primer año de gobierno neoliberal, en un contexto de polarización, desencuentros políticos y quiebres tras un virulento paro nacional liderado por las organizaciones indígenas y campesinas.
En el primer mes de 2023, ya se produjeron atentados contra la vida de candidatos: el más reciente fue contra un candidato a la alcaldía de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, que fue asesinado en medio de un recorrido de campaña. Su asesino no podría ser extraditado a otro país pues el delito se cometió en las fronteras ecuatorianas y, por lo tanto, no habría interés ni posibilidad de que otra nación lo juzgue.
La mayoría de personas que cometan delitos comunes —como sicariato o asalto con muerte— serán juzgados en el país y el porcentaje de sentenciados que podrán ser extraditados será mínimo.
¿Por qué el gobierno de Lasso plantea entonces la consulta? Parece una urgencia por buscar respaldos políticos –ha tenido serios problemas para generar alianzas políticas, tras quebrar su acuerdo con el Partido Social Cristiano -, aunque estos sean un simple espejismo.
El gobierno intenta que la consulta sea una forma de demostrar que tiene apoyo popular, pero no es lo mismo votar que apoyar una consulta. Pero el apoyo (hoy carente) se gana con acciones concretas, con diálogo, con alianzas políticas transparentes, con respuestas claras a los problemas más profundos del país.
La consulta es una acción desesperada para ganar algo de legitimidad; aunque sea breve y peligrosa pues, pasado el tiempo prudente, la ciudadanía va a exigir con más fuerza respuestas a los problemas de violencia. Y difícilmente el gobierno, desgastado e incapaz de mirar el panorama con más amplitud, vaya a poder darlas.
Por eso, desde Estados Unidos advierten que aún ganando la consulta popular, el gobierno de Lasso tiene las de perder en Ecuador
Todas las preguntas apuntan a mayor concentración del poder en la presidencia del banquero-presidente Guillermo Lasso y del botín político en la Asamblea: no resuelve los graves problemas corrupción, delincuencia, narcotráfico, pobreza y desempleo del país. El régimen actual no está bien, pero el que propone Lasso, mucho menos.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), los ciudadanos votarán 23 prefectas o prefectos provinciales y sus vices, 221 alcaldesas o alcaldes distritales y municipales, 864 concejalas y concejales urbanos, y sus respectivos suplentes; 443 concejalas y concejales rurales, y sus respectivos suplentes y 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales, y sus respectivos suplentes
Los ciudadanos ecuatorianos votarán un referendo de ocho preguntas en el que podrán elegir «Sí» o «No» en cada una.
Por último, la consulta popular que se realizará el 5 de febrero es sobre la cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco, perteneciente al cantón Morona, en la provincia de Morona Santiago, en la solo podrán votar los ciudadanos empadronados en esa parroquia rural. Ecuador se divide en provincias y estas a su vez se dividen en cantones. Cada cantón se divide en parroquias, las cuales se clasifican en rurales y urbanas.
Los indígenas
Muchas personas piensan exclusivamente en la cantidad de candidatos indígenas que hay para estas nuevas elecciones, y sostienen entonces, que esto es un gran adelanto en la movilidad social, lo cual si bien muestra indudablemente la influencia cada vez mayor de los indígenas en la política del país, deja también en evidencia que los indígenas olvidan sus primeras raíces de identidad y cambian sus relaciones de intercambio comunal, por relaciones de cambio capitalista.
Jaime Chuchuca, abogado, licenciado en Ciencias Políticas, Filosofía, Sociología y Economía, señala que las elecciones oficiales reducen la conciencia comunitaria, la coherencia y el orden comunal espontáneo que aseguran la identidad y pertenencia de los indígenas, saca a los comuneros de sus territorios y los integra a la sociedad de leyes, es decir, que el Estado les asegura la ciudadanía, pero a costa de la nacionalidad.
Ileana Almeida, filóloga y, profesora universitaria, señala que “está muy bien que los indígenas lleven adelante una política activa, pero no lo está cuando a los candidatos se les olvidan sus comunidades que sufren intensamente por la falta de tierra, agua, luz eléctrica, alimentos adecuados y suficientes, educación propia y moderna, migración incierta a las ciudades”.
Añade que los candidatos indígenas repiten las mismas consignas de todos los demás postulados: “canasta básica”, que no es la que los indígenas necesitan de acuerdo a su cultura; “seguridad” que se entiende de otra manera en las comuna; “movilidad” que es diferente en el campo, añade.Los candidatos indígenas para alcaldes también renuncian a su pertenencia originaria, se inclinan por una ciudadanía única, pero no por una plurinacionalidad.
Las preguntas
Desde la variopinta oposición se señala que la pregunta 1, ampliamente publicitada com o si fuera para extraditar a los correístas corruptos, se refiere al “tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo”, pero no a los actos de corrupción, ni peculado.
En un contexto de tanta violencia -masacres carcelarias, sicariatos, atentados contra los candidatos a las elecciones seccionales, cuerpos colgantes y coches bomba-, la primera pregunta parece retórica, ya que el concepto de extradición no está claro para la mayoría de la población.
Y el contexto, señala el influyente diario estadounidense The Washington Post, tiene un peso enorme para que Lasso busque una salida que le permita, por lo menos, ganar algo de tiempo mientras busca soluciones que pueden ser de largo plazo como políticas de prevención en las ciudades más conflictivas, programas económicos enfocados en la población más vulnerable, entre otros.
La pregunta 2, sobre la Fiscalía, es de objetivos inmediatistas ya que la actual Fiscal, cercana al gobierno, dirigiría con su normativa hasta el fin del período de Lasso; y lo que se busca es declarar desiertos todos los concursos convocados hasta ahora, pudiendo ser cooptados por sus fuerzas.
La pregunta 3, sobre la reducción de asambleístas, se ha vendido como reducción del gasto público y no ataca en nada a la gran corrupción del gobierno. La pregunta 4, exige a los movimientos políticos el 1,5% de afiliación electoral y auditoría. En realidad, las últimas reformas ya disponen esto en el Código de la Democracia; si algo falta se podría hacer vía Asamblea.
Las preguntas 5 y 6, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), regresa a que el Legislativo tome la decisión de la designación de 77 autoridades y los miembros del mismo, lo que supone que las mayorías móviles se disputen a dentelladas los puestos. En el fondo, es ampliar el botín político legislativo.
La pregunta 7, sobre las áreas de protección hídrica, es poco seria, porque la Constitución ya protege el agua como un derecho humano y la ley orgánica es la que tiene varias incongruencias; y porque el anexo da posibilidad a que el Ministerio de Ambiente, es decir, el presidente ordene las disputas mineras.
La pregunta 8, sobre la compensación ambiental, se podría hacer vía decreto e inclusión en el presupuesto general del Estado; no se requiere de Consulta Popular, sino de voluntad política y dinero.
¿Cambiará algo Ecuador tras la consulta de Lasso? El banquero-presidente espera ganar al menos un salvavidas transitorio.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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