Al Hospital Penitenciario, a la espera de conocer sus lugares de reclusión, fueron trasladados los coroneles en servicio activo del Ejército de Uruguay, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli y el retirado Tomás Casella, requeridos desde Chile para que respondan por su rol en la muerte del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos. Una primera […]
Al Hospital Penitenciario, a la espera de conocer sus lugares de reclusión, fueron trasladados los coroneles en servicio activo del Ejército de Uruguay, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli y el retirado Tomás Casella, requeridos desde Chile para que respondan por su rol en la muerte del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos.
Una primera escala en el Hospital Penitenciario, ubicado en el Centro de Detención Santiago Sur -ex Penitenciaria- , mientras se deciden sus lugares de detención, realizan los tres militares uruguayos que esta mañana llegaron extraditados al país para responder por el crimen del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos.
Se trata del coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, ambos en actividad, y el coronel retirado Tomás Casella, que fueron enviados esta mañana al país, tal como lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de Uruguay el pasado 22 de marzo.
Luego de su arribo al Grupo 10 del Aeropuerto Internacional de Santiago, a las 10:30 de la mañana a bordo de un avión Hércules de la fuerza aérea uruguaya, los uniformados fueron derivados al recinto de Gendarmería en donde son sometidos a exámenes médicos.
El embajador de Uruguay en Chile, Juan Carlos Pita, dijo a radio Cooperativa que «las autoridades de Interpol uruguayas hicieron entrega a las autoridades de Interpol Chile, los ciudadanos van a ser trasladados al centro de detención preventiva Santiago Sur a donde van a ser sometidos a una verificaciónde su estado de salud».
Aún es incierto es el destino final que decidirán para su reclusión las autoridades judiciales. El ministro que sutancia el caso, Alejandro Madrid, se encuentra en su despacho del Sexto Juzgado del Crimen de la capital.
Proceso resistido en Montevideo
Los tres oficiales se encuentran procesados en ausencia por secuestro y asociación ilícita en el caso del asesinato del químico de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional -la primera policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet-, cuyo cadáver fue descubierto en abril de 1995 en una playa de El Pinar, 28 kilómetros al este de Montevideo, maniatado y con dos balazos en el cráneo.
Desde el 31 de marzo Sarli, Radaelli y Casella estaban detenidos en la Escuela Militar de Armas y Servicios por orden del juez penal Gustavo Mirabal, tras aprobarse la extradición a Chile.
La solicitud de extradición fue presentada por la justicia chilena y aprobada en Uruguay por el juez Mirabal, por un tribunal de apelaciones y por la Suprema Corte, cuya decisión es inapelable.
El Canal 10 de ese país, citando a «un vocero del gobierno» dijo que la presidencia decidió anticipar para hoy el traslado a Chile de los militares, pese a que inicialmente se había indicado que la fecha sería la del viernes 21.
Se presume que la decisión buscó evitar nuevas manifestaciones como la registrada el 14 de abril, cuando clubes militares y policiales, en la celebración del «Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones», formularon severas críticas a la extradición de los militares.
Berríos fue sacado de su país en 1991 por militares chilenos, en medio de la investigación por el homicidio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976.
Permaneció oculto en Uruguay hasta 1992, protegido clandestinamente por militares chilenos y uruguayos, hasta que intentó fugarse y fue ultimado por sus custodios.
La última vez que se lo vio con vida fue en noviembre de 1992, cuando denunció ante un puesto policial de Parque del Plata, a 44 kilómetros de Montevideo, que estaba secuestrado en ese balneario y temía por su vida. La policía, empero, devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido.
Procesados
En el caso Berríos están procesados por asociación ilícita los ex directores de la DINE, generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el teniente coronel (R) Manuel Pérez. Por secuestro están Ramírez, Rodríguez, Lillo, Pérez, y los oficiales uruguayos. Además, Covarrubias lo está por secuestro con homicidio.
Por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, el oficial (R) Mario Cisternas junto a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva. Y por obstrucción a la justicia Madrid procesó a Emilio Rojas, ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993. El último encausado por asociación ilícita para el secuestro de Berríos es el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis.