Traducido para Rebelión por Sonia Martínez Icardo
La reunión de la OEA del 5, 6 y 7 de junio fue un encuentro histórico ya que en ella se confrontaron aspectos políticos, económicos y militares fundamentales que configuran la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe.
Mientras los informes de los medios de comunicación se centraban en los conflictos y polémicas diplomáticas entre los Estados Unidos y los diplomáticos venezolanos, se pasaba por encima de profundos aspectos estructurales.
Uno de los más importantes resultados de la reunión de la OEA fue la aplastante derrota de una propuesta de los Estados Unidos, apoyada por el recientemente elegido Secretario General de la OEA, Insulza, por la que se establecía un mecanismo de intervención que permitiría a los Estados Unidos, a través de la OEA, juzgar e intervenir contra cualquier régimen electoral que, de acuerdo con los intereses norteamericanos, no actuara democráticamente.
Progresistas, demócratas y defensores de las reglas del derecho internacional, aplaudieron la derrota de la evidente medida intervencionista. No obstante, poca o ninguna atención se le prestó a las divisiones internas surgidas entre la coalición victoriosa. Un examen más profundo de los debates y posicionamientos internos sugiere que los resultados no fueron del todo favorables en lo referente a la protección de los derechos de autodeterminación.
Divisiones políticas en la OEA
La propuesta de los Estados Unidos demandaba un cambio fundamental en la constitución de la OEA, solicitando la creación de un ‘núcleo de miembros de la OEA’ que controlaría todas y cada una de las medidas, leyes y decretos aprobados por una legislatura o ejecutivo electos, así como la intervención cuando estas medidas parecieran ser contrarias a la democracia. Se supone que los Estados Unidos serían la fuerza dominante en estos ‘núcleos’ y sus intereses políticos y económicos dictarían qué gobiernos y qué medidas serían considerados ‘autoritarios’; y qué acciones debería emprender la OEA (tales como sanciones económicas, reproches diplomáticos, comisiones de investigación, convocatoria de nuevas elecciones, intervenciones militares o apoyo a grupos de la oposición).
El partidario principal de la propuesta de los Estados Unidos no fue un portavoz de un país, sino el nuevo Secretario General de la OEA, el chileno ‘socialista’ José Miguel Insulza, antiguo arquitecto del apoyo de Chile a la agenda de libre comercio de Washington.
Haciéndose eco de Condoleeza Rice, Insulza abogó por la adopción de ‘mecanismos para aplicar la obligación de establecer la Carta Democrática’. Los últimos fueron firmados en 2001 y simplemente incluían principios democráticos y elecciones libres. La referencia de Insulza a los ‘mecanismos’ fue entendida por todos los representantes de los países como una propuesta intervencionista basada en la tutela de los Estados Unidos sobre los gobiernos, y la intervención contra los movimientos de masas y los regímenes electorales críticos con las políticas de los Estados Unidos. Más que reforzar la posición de los Estados Unidos, Insulza desacreditó rápidamente su papel en la dirección de la OEA.
Había más o menos tres posturas que asumieron la oposición a la propuesta de los Estados Unidos y su tentativa de convertir a la OEA en un instrumento para la intervención. Venezuela y México adoptaron la posición más fuerte, que rechazaba todo intento de intervención en los asuntos internos de cualquier país de América Latina, bajo cualquier circunstancia. El embajador de Venezuela fue el más franco al indicar que cualquier cambio en los sistemas políticos o en los métodos de gobierno era un asunto del pueblo afectado. El papel del liderazgo de Venezuela en la lucha contra la propuesta de Estados Unidos puso de manifiesto el hecho de que el mecanismo de ‘control’ estaba específicamente diseñado por Washington para intervenir contra la democracia venezolana y fortalecer la posición de las ONG’s financiadas por los Estados Unidos.
La propuesta del grupo de los países del Caribe en la OEA rechazó explícitamente la demanda de Condeleeza acerca de ‘el papel preventivo de la OEA en crisis de gobernabilidad’. Con la brutal invasión de Haití por los Estados Unidos, el secuestro del presidente electo Aristide, la instalación de un gobierno títere y la brutal ocupación militar de la isla frescos en la mente, los países del Caribe tenían una idea muy clara del significado del término ‘papel preventivo’ en términos de práctica militar y política.
El tercer y mayor grupo de países, denominado ‘los once’ (que incluye a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana, Trinidad, Surinam y Guatemala) rechazaron la propuesta acerca de que la OEA decida cuándo los países necesitan una ‘intervención’ o se encuentran en una ‘crisis de gobernabilidad’. Estos países propusieron que la OEA debería intervenir ‘cuando los gobiernos soliciten ayuda’ y sientan que están pasando por ‘una crisis de gobernabilidad’. En realidad, este grupo de países trataba de combinar un margen de autonomía sobre las intervenciones injustificadas de los Estados Unidos, con un posible apoyo a la intervención de la OEA en el caso de que tuvieran que enfrentarse a levantamientos populares.
Durante la reunión de la OEA, en Bolivia, movimientos sociales a gran escala estaban demandando la nacionalización del gas y del petróleo y/o la renuncia del presidente Mesa. El ministro peruano de Exteriores apeló a la OEA a intervenir ante una ‘crisis de gobernabilidad’. El representante boliviano en la OEA, reafirmó la soberanía de su nación resaltando que el pueblo boliviano resolvería la crisis. Mesa fue obligado a dimitir.
Igualmente, durante la reunión de la OEA, el embajador de Estados Unidos en Haití reclamó al presidente Bush el envío de varios miles de marines para reprimir el creciente movimiento pro-democrático de Aristide. El ministro brasileño de exteriores, Celso Amorin, indicó que no ponía ninguna objeción a que Estados Unidos enviara marines a Haití.
Entre los Once es evidente que, mientras los gobiernos de América Latina se oponen al principio general de la intervención de Estados Unidos, en la práctica y bajo específicas circunstancias, éstos siguen la línea de EEUU.
El tercer grupo que trató de ‘reconciliar’ la posición de los Once con la propuesta de Estados Unidos incluía a Argentina, El Salvador y Honduras. Esencialmente, éstos propusieron un texto que apelaba al apoderado de los Estados Unidos, Insulza, a formular ‘las recomendaciones y medidas específicas para prestar apoyo a los países que lo soliciten’, como suponía la Carta Democrática firmada por la OEA en 2001. La propuesta argentina devalúa totalmente la defensa mexicana y venezolana de la autodeterminación, debilita la resolución de los Once y abre la puerta, vía la selección de Insulza como su candidato, al sistema de control de Estados Unidos.
Análisis
El representante de Venezuela, Ali Rodríguez, puso el acento justo en el aspecto fundamental que enfrenta a los países de América Latina con la OEA: la creciente pobreza y desigualdades sociales generan por todas partes la inquietud e inestabilidad que conduce a la ‘crisis de gobernabilidad’. Los Estados Unidos rechazaron afrontar estos aspectos porque ello requeriría enfrentarse a la derrota del modelo de libre mercado neo-liberal del que sus corporaciones multinacionales y bancos se han beneficiado. Para Washington, el problema no era únicamente el gobierno progresista de Chávez, sino el desafío amplio de todo el continente al orden neo liberal, evidenciado por el derrocamiento de dos de sus clientes, Gutiérrez en Ecuador (que ahora reside en Miami) y Sánchez de Losada y Mesa de Bolivia.
Washington necesita y demanda una fuerza multilateral, así como el mandato de la OEA para castigar a los gobiernos progresistas y financiar a las ONG’s de la ‘sociedad civil’ clientes y a las fuerzas desestabilizadoras que actúan contra estos mismo gobiernos.
El debate real fue mucho más allá de la intervención imperial contra la autodeterminación. Lo que estaba en juego era la confrontación a lo largo de todo un continente entre unos clientes desacreditados y apoyados en el imperio, y el intento de los emergentes y poderosos movimientos sociales para hacer la revolución en el orden social. Rice dejó muy claro que el debate no se centraba en el ‘control’ de la democracia sino en la intervención imperial cuando afirmó ‘La cuestión no está en intervenir para castigar sino en intervenir para apoyar la democracia’ (subrayado del autor).
La declaración de Rice contradice la noción puesta de manifiesto con anterioridad según la cual la propuesta de los Estados Unidos se basaba en el ‘control’, para referirse explícitamente a la intervención contra regímenes electorales. Esto amplía el campo para una intervención de los Estados Unidos desde sistemas de oposición no electorales para actuar contra métodos de gobierno. Siguiendo esta estrategia unilateral intervencionista contra los regímenes electorales en la OEA, Rice trató de implicar a América Latina en el asalto a gobiernos electos, poniendo así en cuestión su propia legitimidad.
¿Qué llevó a Washington a este extremo? No hay duda alguna de que Rice utilizaba la complicidad de América Latina en la invasión norteamericana de Haití y el derrocamiento del presidente electo Bertram Aristide, justificado por sus ‘métodos autoritarios’.
La estrategia de la administración Bush era la de polarizar a América Latina contra Venezuela para aislar al experimento de Chávez basado en un estado del bienestar, de economía mixta y política exterior independiente. Pero la estrategia provocó el resultado opuesto: Washington polarizó a América Latina contra la Administración Bush y sirvió en bandeja una importante victoria diplomática al gobierno de Chávez.
Por qué falló Washington
Hay numerosas razones por las que la diplomacia de la Administración Bush para América Latina falló en lo que hasta la fecha había sido un foro internacional que había dominado. Washington no entendió en absoluto o no prestó atención el creciente y muy diseminado movimiento de masas que se opone al imperialismo de los Estados Unidos, ni a las presiones que imponían a la buena voluntad de los regímenes latinoamericanos, incluso a los clientes neo liberales, para acatar la disciplina intervencionistas de EEUU.
En segundo lugar, Chávez no ofrece una imagen de revolucionario social para muchos observadores en América Latina, más bien la imagen es la de un reformista independiente que promueve una economía mixta y medidas de bienestar social que los gobiernos de América Latina apoyan retóricamente. Por eso, si atacaran a Chávez, estos gobiernos mostrarían la vacuidad de su propia retórica y perderían cualquier capacidad de reclamar la ‘lucha contra la pobreza y la desigualdad’.
En tercer lugar, el apoyo de EEUU al golpe de estado de Venezuela en abril de 2002 dañó severamente su credibilidad como ‘controlador de la democracia’, y también perjudicó la capacidad de los gobiernos latinoamericanos de convencer a su público sobre la oportunidad de esta medida para ‘reforzar la democracia’.
En cuarto lugar, Chávez es extremadamente popular entre un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales en América Latina, desde el centro hacia la izquierda. Muchos gobiernos, como el de Lula en Brasil, que han visto sus credenciales izquierdistas muy cuestionadas, han utilizado su asociación y sus acuerdos con Chávez para mantener un cierto grado de legitimidad popular.
En quinto lugar, la política de EEUU es demasiado extrema, en lo referente a cualquier medida, en cualquier foro internacional. El desafío de los métodos de gobierno cuestiona a cada régimen latinoamericano que en un momento u otro haya recurrido a ‘métodos autoritarios’. Igualmente dañinas son las violaciones de las leyes internacionales por parte de EEUU, su uso de la tortura como un medio de ‘gobierno’ en sus países ocupados, o su autoritaria Patriot Act para perseguir a la oposición interna, que difícilmente muestra a los EEUU como una autoridad en normas democráticas de gobierno.
La implicación, promovida por los Estados Unidos, de varios países latinoamericanos en la ocupación y represión de la mayoría pobre y el apoyo dirigido al gobierno de títeres impuesto por EEUU en Haití ha sido un verdadero desastre. Yendo contra la opinión pública en sus propios países, la fuerza expedicionaria multinacional dirigida por Brasil ha fallado en cada uno de sus objetivos: traer la paz, la democracia, la seguridad y el desarrollo. Los países latinoamericanos muestran cautela a la hora de ser reclutados para otra de las intervenciones anti democráticas de los EEUU.
La propuesta de EEUU de controlar a los regímenes electos está hecha a medida para favorecer a los grupos de la oposición (apoyados por EEUU), lo que es apenas un estímulo para cualquier gobierno en el poder. Un constante conjunto de legítimas o ilegítimas quejas es visto por los gobiernos latinoamericanos como un permanente obstáculo para llevar a cabo las políticas del gobierno. A ningún presidente latinoamericano le gusta la idea de tener que mirar por encima de su hombro para ver si el Gran Hermano se prepara para golpearles sobre los nudillos sólo para asegurarse algunas concesiones.
Mientras a algunos de los más conservadores regímenes en América Latina los discursos radicales de Chávez les parecen un fastidio, los manifiestos no están ligados a ninguna organización centralizada o estructura internacional de importancia. Ningún régimen se siente amenazado por Chávez ya que éste apoya a la mayoría de regímenes electos en los mayores países de América Latina, incluyendo algunos regímenes ciertamente inestables, como es el caso de Bolivia, en contra de los movimientos revolucionarios de masas.
Muchos de los regímenes que apoyan el libre mercado son vulnerables a la presión de las masas de izquierdas. Palacios en Ecuador, Rodríguez en Bolivia, recientemente llegaron al poder gracias a los levantamientos populares. Otros, como Lula en Brasil, se enfrentan actualmente a una extensa oposición en el congreso, entre los sin tierra en el ámbito rural y entre los trabajadores sindicados en las ciudades.
Ninguno de estos regímenes se encuentra en la posición de dar margen a su oposición para satisfacer los esfuerzos de Washington para derrocar a Chávez con un medio tan evidente como es su sistema ‘de control’.
Paradójicamente, para casi todos los regímenes que se oponen a los EEUU, la primera preocupación es la estabilidad. La propuesta de EEUU de intervenir en Venezuela y en cualquier otro lugar es eminentemente desestabilizadora. Las consecuencias de la política imperial chocan con su orientación conservadora del statu quo.
Conclusión
Las más significativas derrotas políticas y diplomáticas de EEUU en América Latina han surgido cuando éstos han intentado imponer regímenes de derechas o bien han forzado a los latinoamericanos a firmar programas que no cuentan con cláusulas de reciprocidad -como el Acuerdo de Libre Comercio de América Latina.
Los avances más significativos en la agenda de Washington han sido el resultado de la evolución de líderes y partidos de izquierdas hacia políticas neo liberales y de libre mercado como es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina.
En las áreas de mayor conflicto, Cuba, Venezuela y Bolivia, Washington ha elegido enfrentar políticas reformistas y aperturas económicas con agresiones dirigidas hacia las posturas ideológicas, que se han vuelto en su contra – aislando a EEUU del resto de América Latina.
El embargo de EEUU sobre Cuba es rechazado por todos los mayores y más pequeños países; la campaña de EEUU contra Venezuela en la OEA fue sonoramente derrotada; el rechazo de EEUU al electoralista socialdemócrata Evo Morales dio como resultado una gran polarización.
Lo que Washington no ‘capta’ es que el neoliberalismo de la vieja escuela o las políticas de libre mercado se resienten profundamente y son rechazadas por la mayoría de los sectores por debajo de la élite. Los regímenes de libre mercado se encuentran en una profunda crisis en toda Latinoamérica y el Caribe, una crisis que sólo necesita el ingrediente añadido de la agresión abierta de los Estados Unidos para estallar -incluso en los países aliados en otras cuestiones. EEUU se aseguró la Carta Democrática de la OEA en 2001, dirigida a castigar al régimen político cubano. Hoy hay consenso incluso entre los regímenes liberales en América Latina acerca de la necesidad de una Carta Social que ponga a la reducción de la pobreza y la restricción de las desigualdades en el centro del debate hemisférico. Existen reales y serias dudas acerca de si muchos de los países latinoamericanos están preparados para adoptar medidas consecuentes. Pero mientras Washington esté atado a una concepción unidimensional de la construcción del imperio a través de la militarización e intervención, la distancia política y diplomática entre América Latina y EEUU sólo puede ensancharse.
15 de junio 2005