El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta mañana, 25 de marzo de 2010, todas las intervenciones telefónicas ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el objeto de conocer las conversaciones que mantenían en la cárcel los implicados de la trama Gürtel (correa en castellano) con sus abogados defensores. Los jueces consideran que la orden de Garzón «vulneró el derecho de defensa [de los imputados] y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías».
En Euskal Herria conocemos muy bien, desde tiempos, con Franco y con Zapatero eso de las intervenciones telefónicas, y no digamos la vulneración del derecho de defensa de los imputados, la vulneración del derecho a no declarar contra sí mismos, la vulneración del derecho a no declararse culpables, la vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías. Pero esto ocurre no sólo con los detenidos, también con los presos y con los sospechosos. ¿No han leído en la prensa por la tarde conversaciones, que se dicen habidas entre presos y familiares por la mañana, párrafos de cartas, que se dicen personales, enviadas a amigos? ¿Han oído que hubiera intervenido alguna vez algún juez en contra, algún tribunal de Justicia? Baltasar Garzón y demás compañeros de fatigas se han hartado de llevar a cabo este tipo de vulneraciones entre nosotros.
Tanto es así, se ha convertido tan en rutina que nos parece cuento, tomadura de pelo y hasta nos provoca cierta sonrisa cuando ahora le acusan al juez Garzón de estas prácticas. ¿Cómo? ¡Si esto se viene denunciando desde años, casi todos los meses del año, en casi todos los juicios contra los independentistas vascos! ¡Si jueces y tribunales vienen apoyando con sus sentencias una vulneración sistemática! Tanto es así que la declaración del detenido independentista bajo tortura es práctica común en el entramado jurídico español. Tan es así que lo despachan con un ¡es mandato de ETA!
La diferencia estriba en que estos jueces y tribunales, que ahora anulan y ven vulneración de derechos en reclamaciones de Falange Española, Manos Limpias y demás miembros de la derecha española ven, en cambio, respeto y cumplimiento del derecho cuando esas mismas o parecidas medidas se aplican a los independentistas vascos.
Los jueces y la justicia española siguen siendo lo que fueron: un coto caciquil de la extrema derecha y un campo de venganza y arreglo de cuitas personales. La justicia española es un campo de batalla a navajazo albaceteño.
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