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Codepu ante la salida del embajador de Chile en Argentina Miguel Otero

«Esperamos que la política del Gobierno sea respetar la dignidad de las víctimas y no tolerar defensas del Gobierno militar»

Fuentes: www.codepu.cl

Para Codepu la salida del embajador Miguel Otero era la única salida posible para resarcir la dignidad de las víctimas del gobierno de Pinochet y del país entero. Decir que la mayor parte de Chile no sintió la dictadura es desconocer la múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los 17 años […]

Para Codepu la salida del embajador Miguel Otero era la única salida posible para resarcir la dignidad de las víctimas del gobierno de Pinochet y del país entero. Decir que la mayor parte de Chile no sintió la dictadura es desconocer la múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los 17 años del régimen de Pinochet y que afectó a miles de personas. Durante esta dictadura todo el país se vio afectado por el cierre del parlamento, la prohibición de los partidos políticos y la constante persecución de quienes se opusieron al gobierno militar. Estos y otros muchos antecedentes, ya documentados, demuestran una política sistemática de represión que recorrió el país de norte a sur. No es sostenible afirmar que solo una parte vivió los efectos de esta dictadura, salvo, que se quiera seguir intentando minimizar y ocultar lo ocurrido, como fueron las declaraciones del embajador Otero.

Este hecho debe hacer reflexionar al Presidente Piñera sobre la seriedad que para la comunidad internacional tienen el respeto de los derechos humanos y que estos sean un valor fundamental de los procesos democráticos. Los embajadores son el rostro público del país y no se puede tolerar defensas de un gobierno militar que, para la mayoría del país y la comunidad internacional, es una dictadura que cometió graves crímenes en contra de los derechos humanos

Esperamos que la política del gobierno en materia de derechos humanos sea respetar la dignidad de las víctimas y ejercer toda la acción del estado para que estas miles de víctimas y sus familias acceden a los derechos de verdad y justicia que el país aun les debe. Ante el resto del país el gobierno debe comprometer el cumplimiento de las metas y acciones que nos permitan asegurar que estos derechos de serán respetados y promovidos.

 

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