Las corporaciones norteamericanas que basan sus ganancias en la utilización abusiva de leyes de propiedad industrial y derechos de autor han iniciado, luego del contundente fracaso del ALCA, una renovada embestida en la Región: Estados Unidos ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLCs) con algunos países y ha penetrado las estructuras de bloques regionales, tanto […]
Las corporaciones norteamericanas que basan sus ganancias en la utilización abusiva de leyes de propiedad industrial y derechos de autor han iniciado, luego del contundente fracaso del ALCA, una renovada embestida en la Región: Estados Unidos ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLCs) con algunos países y ha penetrado las estructuras de bloques regionales, tanto en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En el desarrollo de su estrategia, han logrado algunos éxitos en el trabajo de cooptación de funcionarios sudamericanos adherentes «a sueldo» de los objetivos del país del norte. En las últimas semanas han logrado reunir funcionarios «permeables» de distintas áreas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En esta oportunidad, el tema a introducir por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos en la agenda regional es la vinculación de la denominada «piratería» con el «crimen organizado» como justificación para una necesaria intervención de fuerzas militares (norteamericanas).
La entidad convocante fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) en el marco del «2do. Seminario Anual de Propiedad Intelectual en el Sector Público y Privado», en los primeros días de septiembre.
Los funcionarios escogidos para esta nueva operación fueron Mario Aramburu, titular del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, Andre Barcellos, secretario ejecutivo del Consejo contra la Piratería del Ministerio de Justicia de Brasil; Margarita Díaz de Vivar, directora general de Aduanas de Paraguay, y Cristina Dartayete, directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay. Todos ellos se enrolaron abiertamente detrás del criterio de criminalizar actividades comerciales llevadas a cabo en buena parte por sectores de la denominada economía popular, generadoras de miles de puestos de trabajo en toda la Región.
Aramburu (Argentina) remarcó que la cooperación entre las agencias estatales y los titulares de derechos de propiedad intelectual (mayoritariamente empresas transnacionales) «no sólo es posible, sino también necesaria». El INPI argentino es en este sentido, controlado por los estudios de abogados de los principales laboratorios norteamericanos en el país y tiene fuertes vinculaciones con empresas extranjeras a través de sus representantes locales.
Barcellos (Brasil) agregó que también cobra importancia la cooperación entre países, toda vez que con la «piratería» suele financiarse el «crimen organizado», justificando la necesidad de participación de los Estados Unidos en el combate a la «piratería».
Díaz de Vivar (Paraguay) sumó a ese listado guionado el «deterioro de la imagen internacional» para un país con altos niveles de «piratería» y falsificación.
«Nuestras fronteras son vulnerables por todas partes», reconoció la funcionaria paraguaya al momento de referirse a las características geográficas de su país. «El corazón del problema de la piratería es la Triple Frontera», señaló, y allí, donde convive el flagelo con otro tipo de actividades delictivas, es necesaria «la intervención de las fuerzas armadas», dijo; dando cuenta que el problema no es sólo regional, en un claro llamado a la intervención de fuerzas extranjeras.
Finalmente, Dorian Mazurkevich, Abogado Consejero de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO), analizó el fenómeno en su país y abordó la iniciativa en la materia tratada conocida como STOP!, un modelo de criminalización a ser exportado a la Región.
La «piratería» se ha convertido en otra justificación de intervención militar -como lo son el combate al narcotráfico y el terrorismo- del mayor consumidor de drogas del mundo, actual invasor de Irak y Afganistán.