Las medidas neoliberales de ajuste impuestas por el FMI para otorgar créditos al Ecuador, fue la gota que derramó el vaso, y generó la explosión social liderada por el movimiento indígena. En efecto estas medidas traen más pobreza a la población por la subida de los combustibles que inciden en el aumento del costo de […]
Las medidas neoliberales de ajuste impuestas por el FMI para otorgar créditos al Ecuador, fue la gota que derramó el vaso, y generó la explosión social liderada por el movimiento indígena. En efecto estas medidas traen más pobreza a la población por la subida de los combustibles que inciden en el aumento del costo de vida; también implican impulsar la explotación minera y ampliar la petrolera, incrementando la deuda social y ecológica.
El crédito negociado con el FMI es otorgado para garantizar principalmente el pago de la deuda externa comercial, es decir con la banca internacional. El crédito podrá ser utilizado además para el pago de laudos arbitrales internacionales, como el de Chevron (Texaco), una de las mayores responsables de la contaminación de la Amazonía ecuatoriana.
La Deuda Pública del Ecuador a marzo del 2019 llega a 56.000 millones de dólares que significa el 51% del PIB, excediendo el límite del 40% establecido por la ley. En los últimos dos años la deuda se incrementó en 13.000 millones de dólares, principalmente por emisión de bonos de deuda. Estos fondos son de «libre disponibilidad» lo que impide conocer el destino de los mismos. El país está pagando más de 7.000 millones de dólares anuales por servicio de deuda. Se ha caído en el círculo vicioso de contratar deuda para pagar deuda.
En el marco del acuerdo con el FMI el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 722 para reformar la política minera que incluye la exención de impuestos, la flexibilización de requerimientos y exigencias sociales y ambientales a los inversionistas mineros. Así como el Decreto Ejecutivo 724 que reforma la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, liberando el precio de algunos de los combustibles, de acuerdo a la oferta y la demanda, como el caso del incremento de la gasolina súper cuyo valor se actualiza cada mes.
Es decir se toman políticas económicas que gravan y empobrecen a toda la población para pagar deuda y subsidiar a las empresas extractivas, entre otras.
Para acceder al crédito con el FMI el Gobierno de Moreno incluyó como garantía para el servicio de la deuda los ingresos de la extracción minera entre otros del proyecto Mirador.
En marzo del 2012, Correa firmó el primer contrato de explotación de minería industrial en el Ecuador con la empresa china ECSA, el proyecto Mirador, que se ubica en la Cordillera del Cóndor, sitio de alta biodiversidad y territorio del pueblo Shuar.
El proyecto Mirador está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe y está siendo explotado por la empresa Ecuacorriente, filial de las empresas China Railway Construction Co. Ltda y Tonggling Nonferrous Metals Group Holding, donde se prevé obtener 300.000 tm anuales de concentrado de cobre. La extracción del metal se hará mediante tajo a cielo abierto de 1,5 km de diámetro y aproximadamente 1.000 metros de profundidad. Este proyecto ha provocado una alta conflictividad por el desalojo de familias indígenas y campesinas de la Parroquia de Tundayme de sus tierras, la destrucción de sus fincas y cultivos, el asesinato aún no esclarecido de José Tendetza líder antiminero del pueblo Shuar.
Los movimientos de tierra por la construcción de carreteras y más obras para este proyecto han provocado deforestación y contaminación de las aguas de los ríos circundantes: Kimi, Wawayme, Tundayme afectando la vida acuática.
El Gobierno de Moreno continuó con este proyecto a pesar de la oposición de las comunidades y de los graves impactos sociales y ambientales causados.
En julio 2019 inició la explotación del proyecto. Uno de los principales riesgos es la presa de relaves, que sería una de las más grandes del mundo, considerada por científicos con altísima probabilidad de colapsar debido a la alta pluviosidad y sismicidad de la zona. En esta presa se depositan los desechos que son altamente tóxicos.
El acuerdo con el FMI implica pagar la deuda financiera con la explotación minera y petrolera, acentuándose el modelo extractivista, agravado por las medidas económicas que generarán mayor pobreza al pueblo ecuatoriano y destrucción de la naturaleza.
Nota de Rebelión: Este artículo está fechado el 12 de octubre, previo a la derogación del decreto 883 y a la supuesta marcha atrás del Gobierno con respecto a la implementación del paquete económico.
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Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2402-subsidios6