La crisis actual no es del capitalismo, que sólo la evidencia descarnadamente. Lo es de la propiedad privada, y pese a lo atractivo que pueda resultar plantear su solución en términos de cambio de capitalismo a socialismo, o mejor, de orden económico mundial capitalista a socialista, su solución efectiva deberá transitar por el desarrollo efectivo […]
La crisis actual no es del capitalismo, que sólo la evidencia descarnadamente. Lo es de la propiedad privada, y pese a lo atractivo que pueda resultar plantear su solución en términos de cambio de capitalismo a socialismo, o mejor, de orden económico mundial capitalista a socialista, su solución efectiva deberá transitar por el desarrollo efectivo de una nueva forma de propiedad, la compartida entre todos los habitantes de parte o todo un estado nacional, y que está pendiente de su ejercitación primera pese a las experiencias alcanzadas en estados proclamados socialistas, especialmente a través de su planificación.
La crisis mundial es resultante del dominante sistema capitalista que la desata, pero al analizarla se impone el cuestionamiento de su componente generador, la propiedad privada hoy desenfrenada, la que frustró primero valiosas experiencias de socialismos en desarrollo, y que para sanearla requiere coexistir con otra forma de propiedad, la compartida, pendiente de hacerse sentir en cada uno de los habitantes de un territorio cualquiera, y que será la que aporte los componentes sociales que también caracterizan, junto con los individuales, al pleno ser humano constructor del presente y hacedor del futuro.
La bien conocida propiedad privada es la que ha hecho crisis. No la de consumo personal o la resultante del trabajo creador de quien luego la disfruta. Es la resultante de la plusvalía denunciada por Marx como caracterizadora del capitalismo, la resultante de la esclavitud conocida desde mucho antes y no identificada como capitalista aunque todavía impera en el mundo actual con la explotación de inmigrantes, del trabajo infantil, la prostitución y las dependencias generadas por la drogadicción y el narcotráfico, además de las creadas por el engaño, el analfabetismo y la desesperanza promovidos por élites nacionales y extranjeras manipuladoras de la cultura y la economía popular.
En crisis está la propiedad privada que ampara el desenfreno egoísta de los ladrones de recursos estatales, sociales y naturales de todo tipo, apropiándose directamente de ellos o cediéndolos a sus iguales, como lo hecho por gobernantes prepotentes con la privatización de tierras durante siglos entregadas con todos sus contenidos, incluida su población originaria, con la privatización de los minerales de la profundidad de la tierra y los mares, con la del agua y el aire que nos rodean y con todas sus características naturales, como su capacidad de sostener la vida, o las comunicaciones por sus cualidades electromagnéticas. Ya las especies vivas son patentables para beneficio exclusivo de sus «propietarios», y a ellos deberá pagarse tributo, como los intereses comerciales y financieros todavía vigentes, antes diezmos o gabelas que sin ser privativos del capitalismo, por siglos han nutrido las arcas privadas de los poderosos.
El pudoroso manto con que la propiedad privada ampara formas criminales de apropiación personal luego incuestionadas, desde las sutiles plusvalías o convites a dejar las tierras para evitar que sean los hijos huérfanos quienes las abandonen, hasta sangrientas imposiciones como la guerra del opio, o el despoblamiento esclavista africano, o las ocupaciones territoriales y explotación de aborígenes como la de un Congo Belga de propiedad internacionalmente reconocida como de un solo individuo. Y esa propiedad privada rige ciertamente en la sociedad capitalista que públicamente asesina cientos de miles de pobladores civiles y nutre las élites financieras, o del complejo industrial militar mundial, o a los funcionarios y sus compinches (contratistas o concesionarios) que disponen de fondos públicos estatales, y también genera, inocultablemente, las crisis diversas que identificadas como financiera, alimenticia, social, hidráulica, energética o ecológica, tienen junto a sus negativos sustentos éticos de codicia, ambición o rapacidad humanas, los amparos que la muy perceptible propiedad privada ofrece al yo de cada uno, sin la contravaloración que otra forma de propiedad, la vinculada al nosotros, todavía espera por su visibilidad y reconocimiento vivos.
Es conocida la práctica de los explotadores de asumir discursos populistas adormecedores de las masas, y aceptando que la crisis capitalista induzca una avalancha de estados que se proclamen socialistas por el hecho de tomar un protagonismo más activo en el uso de los recursos estatales, no ya solamente en su distribución pública, sino en su actuación como productores de bienes materiales y de servicios, ¿qué cambiará la comprensión de la propiedad estatal como compartida en una población dominada por la misma e incuestionada propiedad privada que esencialmente ha provocado las crisis de hoy, y también contribuyó a la crisis que en su momento volatilizó estados proclamados socialistas con decenios de maduración y descomposición de su experimento social?
Es necesario establecer una denominación nueva al tipo de propiedad, la compartida, que acepta el derecho de otros a también decidir sobre lo indivisible poseído por el yo exclusivo de la privada. En ambas propiedades está integrado el yo de cada miembro de la sociedad, y ambas deben ser percibidas como vivas y reales, como ya lo es la privada, y deben ser componentes incuestionadas de la existencia individual y social de cada persona. Su identificación genérica como propiedad estatal no satisface los casos en que su alcance corresponda a comunidades no constituidas como todo o parte de un estado nacional, o se trate de estados que no reconozcan las propiedades estatales como de todo el pueblo, y su calificación de socialista tampoco, por ser tal atributo empleado en múltiples lugares para significar el tipo de distribución hecha por los funcionarios y gobernantes así conceptuados, con atención priorizada a las clases desposeídas y humildes que sostienen su poder. Igual sucede en los estados capitalistas con el uso de la propiedad estatal, ya implícitamente aceptada como capitalista, y los beneficios preferentes que en consecuencia reciben sus constituidas clases dominantes.
No es equivalente la perceptibilidad que la propiedad privada tiene para quien la ejerce, a la que brinda la propiedad estatal. Quien decide y actúa sobre la propiedad estatal lo hace como cualquier trabajador lo hace con los bienes ajenos puestos a su disposición, cualquiera que sea su propietario. Sin la consideración de afectaciones personales que pueda tener quien actúa sobre lo propio, ni las satisfacciones o angustias por ello derivadas, quien actúa sobre cualquier propiedad ajena lo hace en base a las condicionantes y los valores éticos que posibilitan y rigen su actuación, y la conciencia de controles externos, de los jefes y colectivos que vinculados a la persona o a la propiedad considerada, podrán ejercer múltiples acciones, positivas y negativas, que influirán en la autovaloración del así actuante sobre la propiedad ajena. Le habrán faltado las sensaciones y percepciones derivadas de las macro y microdecisiones, desde destruirla hasta simplemente moverla por ejemplo, que independientes de valoraciones ajenas, caracterizan individualizadamente la actuación sobre la propiedad personal.
La actuación de gobernantes y funcionarios sobre las propiedades estatales, con la sola vivencia personal de la propiedad privada, hace que inconscientemente vayan diferenciándose del resto de la población por ser ellos quienes conocen, deciden y controlan, aún e independientemente a que lo hagan con la mejor intención del bien público, son los que reciben las propuestas y demandas del resto de la población, las evalúan, priorizan, contrastan los recursos o decisiones que demandan con los conocidos y disponibles a aplicar, y como propietarios activos deciden en definitiva el qué, cómo y dónde aceptan poner al servicio del resto de la población, la que reconocida por todos también como propietaria de los recursos y servicios estatales, resulta propietaria pasiva de ellos, peticionaria no participante en los procesos decisorios que inevitablemente transforman a la personalidad de sus protagonistas.
Propietarios pasivos también así formados por el distanciamiento que resulta entre su acción política vinculada a la selección y apoyo a los gobernantes reconocidos como efectivos transformadores de la sociedad requerida de cambios, y su limitada acción, si alguna fuera de sus pedidos de soluciones subordinadas a la acción de los primeros, y que distanciados de toda práctica participativa en el uso de sus propiedades estatales, pasan a conceptuarlas como de otros, o de nadie, con todas las derivaciones negativas que de ello resultan en la vida social.
Los propietarios activos que como gobernantes y funcionarios de entidades estatales reconocidamente solidarias son así selectiva e inconscientemente formados, demandan además cuidados derivados de la todavía vulnerable base social de que surgen como vanguardias reconocidos del proceso de cambio social que promueven, ejercitan y defienden. Enfrentan demandas en su acción cotidiana que por su diversidad, magnitud y complejidad mucho superan sus capacidades y vivencias previas, y se impone cierta tolerancia frente a posibles equivocaciones que su inexperiencia justifique. Junto al costo inevitable de esta protección a los cuadros revolucionarios, vale considerar soluciones como las empleadas por Che Guevara con sanciones administrativas de trabajo físico distante -Guanahacabibes- sin menoscabo alguno al reconocimiento político de los cuadros así madurados para nuevas tareas de gobierno.
Es tarea de los gobernantes progresistas hacer efectivo el logro de la perceptibilidad en todos del carácter compartido de la propiedad estatal, nada equivalente a la que pueda desarrollarse con intensa participación política ciudadana sobre los acontecimientos que puedan desarrollarse en cualquier pueblo en convulsión social. Las propiedades estatales a considerar serán de todo tipo, materiales, financieras e intangibles, como pueden serlo desde las organizativas que fundamentan la existencia de las entidades estatales, hasta las legales que las estabilizan, o patentes, o los derechos sobre la biodiversidad territorial. La participación efectiva de cada ciudadano sobre sus propiedades compartidas, en decisiones actuantes sobre lo que una planificación participativa y realista determine, hará que el funcionario sienta su subordinación, ya sentida tradicionalmente frente a sus jefes administrativos y políticos, a los anónimos ciudadanos que por mecanismos por establecer lleguen hasta ellos, de igual modo que ellos mismos podrán sentirse condueños de las otras propiedades estatales, todas compartidas y diferentes a las oficialmente asignadas a sus cargos.
Serán las fuerzas progresistas las que al crear el tipo de propiedad que aporte componentes sociales a la subjetividad de la hoy absolutamente individualista propiedad privada, comiencen el proceso de asimilación y extensión en toda la población que vaya formando las nuevas subjetividades imprescindibles para darle sostenibilidad y perfeccionamiento continuos a la deseada nueva sociedad (socialista, comunista, libertaria o como se quiera llamar).
La propiedad socialista identificada como «compartida» será la perteneciente al total de la población de un territorio, reconocida como perteneciente a la entidad estatal que allí gobierne, y sobre la que cada ciudadano adulto personalmente esté facultado para hacer pleno ejercicio de sus facultades como propietario activo en el sentido de (a) tener acceso en cualquier momento al conocimiento del alcance de tal propiedad, y de los destinos y responsables de su empleo, según lasa regulaciones hechas con tales propósitos; (b) solicitar informaciones específicas complementarias; (c) estar facultado para reclamar respuestas omitidas o insatisfactorias a tres instancias de la organización estatal: (c1) los responsables directos establecidos para el empleo de la propiedad investigada, y las entidades estatales de supervisión y control establecidas, (c2) los representantes ante el gobierno de la persona reclamante, elegidos por su voto directo, y
(c3) la Contraloría, que también elegida con su voto directo independientemente del correspondiente a los elegidos para el gobierno estatal, esté facultada para intervenir ante la omisión de respuesta por los precedentes, y a su vez esté sujeta a control gubernamental pasivo; y, con muy alta perceptibilidad, (d) participar en la decisión sobre el uso de los recursos asignados para la planificación local territorial que le corresponda, y en el control activo de su empleo para la adquisición, construcción, puesta en servicio y explotación de lo decidido con su participación personal.
Hay experiencias nacionales, en países tanto capitalistas como socialistas, exsocialistas y emergentes, donde la propiedad estatal se ha empleado eficientemente, con logros en producciones y servicios exitosos, y logros conceptuales e instrumentales de valioso potencial para la consolidación de sociedades más justas. Esos desarrollos se han basado en estructuras de capitalismo de estado, ya sea por su naturaleza incuestionada, o por ser el encontrado por las fuerzas progresistas en su acceso al poder, o por la aceptación coyuntural de ese paso atrás que luego se generalizó por el llamado socialismo real. En ningún caso a saber ha tenido tratamiento público y ejercitación colectiva la propiedad compartida entre todos sus habitantes, con acceso de cada uno a decisiones que en algún grado le hayan hecho perceptible la validez de su participación personal, con independencia de lo que sus delegados al gobierno hayan podido también aportar, y con quienes habrá debido sostener una relación estrecha, siempre voluntaria, y vinculada en este caso al empleo de los recursos estatales, independientemente de la multitud de otros temas políticos y de otros tipos que hayan podido tratar entre ellos.
El ejercicio de la propiedad compartida que con alcances familiares o comunitarios relativamente pequeños ha sido impugnada como primitiva, y ha carecido en consecuencia de desarrollos tecnológicos (conceptuales e instrumentales), hoy puede desarrollarse a escala estatal con apoyo de experiencias maduradas por naciones con dirección centralizada apoyadas en la planificación y en la automatización, y maduradas también por colectivos que descreídos del apoyo estatal central, por años han desarrollado acciones comunitarias en países como Brasil y Venezuela a través de los llamados presupuestos participativos. El estado indio de Kerala, con unos 29 millones de habitantes, ha desarrollado a escala estatal una experiencia de gran interés en la integración de todos los niveles de actuación del cuerpo social.
El crear una nueva sociedad demanda pensarla y también ejercitarla, y los inevitables ajustes que se deriven de la práctica exigen de cualquier modo tener un patrón de desarrollo en el que la propiedad estatal, como medio de formación ideológica y material de la sociedad, demanda un tratamiento público en que deben desecharse los economicismos chatos que en su momento tanto perjudicaron a los movimientos progresistas, pero que sin embargo demandan atención privilegiada, especialmente en estos tiempos de crisis global. Los países de tendencias progresistas deberán desarrollar y mostrar experiencias participativas sobre la propiedad estatal, que así sea sentida como compartida entre el yo y el nosotros, y consecuentemente propicie sociedades donde la propiedad privada alcance las racionalidades y éticas que ha perdido en el transcurso de siglos, especialmente en el último.
Deberán evitarse experiencias ya probadas en los estados llamados socialistas, donde la publicitada planificación participativa, con intercambio de criterios entre los niveles más altos de dirección estatal y los de obreros de producción directa aseguraría las óptimas determinaciones de los objetivos planificados rectores luego de la acción de todos. La ausencia de controles realmente participativos sobre lo así planificado pudo inutilizar la validez de los discursos motivadores de la participación popular. La voluntad política requerida para la instrumentación de tales tipos de planificación y control populares imprescindibles, deberá también considerar las limitantes que plantea el imprescindible equilibrio, acorde a las condiciones de cada momento, entre las asignaciones de recursos estatales dadas a cada uno de los niveles de dirección de la sociedad, desde el primer nivel de gobierno o actividad comunal, políticamente imprescindible, hasta el de la jefatura del estado nacional.
Las demandas acumuladas de todo tipo son reconocibles a escala de toda la sociedad, y con ese alcance deben identificarse, cuantificarse y evaluarse precisamente por los niveles globales y centrales de gobierno, también urgidos de acometer acciones que aseguren máxima efectividad, visibilidad y sostenibilidad en sociedades sometidas a fuertes cuestionamientos mediáticos por las anteriores fuerzas de poder económico y político ahora en peligro de la pérdida definitiva de sus privilegios ancestrales.
Deberá reconocerse por todos el predominio del aseguramiento de las mayores asignaciones de recursos estatales a los niveles centrales de dirección, gestores del cambio social en proceso y objetivos reconocidos de los ataques tanto de los enemigos de esos cambios, como de los inconformes con sus resultados inmediatos. Sin embargo será imprescindible también la asignación de recursos mínimos para que a nivel comunal cada habitante adulto del territorio pueda participar en decisiones sobre recursos de todos, compartidos, que se reflejen luego en resultados tangibles asegurados por su seguimiento y control permanente por sus así propietarios ya activos y efectivos.
El sistema de gobierno popular establecido demandará un efectivo acercamiento de cada ciudadano a cada uno de los representantes por él elegidos para actuar en su nombre en las distintas instancias de gobierno. Del diálogo así surgido deberán establecerse relaciones de respeto mutuo entre funcionarios y ciudadanos, y que no muestran los primeros cuando actitudes burocráticas corrompen las relaciones sociales, y refuerzan el distanciamiento entre propietarios activos, autoevaluados como sólo responsables ante sus superiores jerárquicos, y pedigüeños propietarios pasivos, sólo «propietarios» por recibir los beneficios que los primeros les otorgan.
Una permanente pugna de prioridades e intereses se establecerá entre los distintos niveles de dirección estatal, y deberá cuidarse la protección del nivel más vulnerable, el de base, por cuanto será en él donde se irá formando la persona nueva que establemente perfeccione la sociedad consensuada por todos. Podrán aparecer tecnicismos que de hecho inhabiliten decisiones tomadas por los niveles menos globales, como puede ser la monetización del plan para homogeneizar sumatorias, y con eso diluir en genéricas cifras financieras los contenidos específicos decididos por la base, propiciando su cambio por otros financieramente equivalentes con descrédito del movimiento político logrado con su determinación primera. Resultan también manipulables los planes en su medición exclusivamente monetaria, con incrementos de precios o de pagos que aparenten mayores producciones que las reales, y lo atractivas que puedan parecer así las estadísticas y evaluaciones de cuadros administrativos y políticos basadas en los «cumplimientos de plan» así logrados.
Las nueva propiedad por crear, la compartida, con espacio para el nosotros junto al yo antes solitario, deberá aportar las percepciones individuales que junto a las de la propiedad privada, tengan una coexistencia donde el protagonismo de cada una pueda variar según las experiencias que la sociedad brinde en apoyo de la nueva, pues la otra ha sido la única implícita y explícitamente promovida por las élites gobernantes de la sociedad globalizada hoy en crisis.
Será determinante en el avance de esta experiencia la voluntad política de las fuerzas progresistas que actuando en algún nivel de gobierno, y con acceso a recursos estatales siempre insuficientes frente a las demandas acumuladas por su base social, hagan dejación de su tradicional derecho a decidir institucionalmente sobre todos ellos, y cedan un porciento mínimo pero suficiente, para que su empleo sea decidido directamente por los habitantes de todas y cada una de las comunidades de base que puedan constituirse en el territorio por ellos gobernado.
La opción tangible de desarrollo de la propiedad compartida, como vertiente de actuación en gobiernos progresistas, estará facilitada por las comunidades de base que nombradas consejos comunales en Venezuela, o comités de defensa de la revolución en Cuba, o wards en Kerala, o de cualquier otro modo en naciones en profunda transformación social, motiven la participación de sus miembros en la selección, control activo y provecho de los recursos estatales que puestos a su disposición plena, acrecienten su percepción de la propiedad compartida.
Podrá también crearse la conciencia de la propiedad compartida, de cada uno, por la oposición pública a gobiernos, empresas o personas de cualquier tipo que actúen corrupta o ilegalmente sobre propiedades colectivas o estatales, y así las enajenen del usufructo de todos. Lo que así vale desde la escala de barrio o empresa a la de nación, hará de las demandas legales, parlamentarias o callejeras, formas de concientización pública de la obligación de los gobernantes a responder ante todos por las propiedades de todos, las estatales, empresariales o comunales. Para ello deberá movilizarse la mayor cantidad de población posible, ya sea como firmantes de solicitudes o denuncias, como manifestantes o como huelguistas. La movilización política podrá demandar soluciones sociales, educacionales, ecológicas o sanitarias entre muchas, pero las demandas económicas asociadas al empleo o la privatización presente o pasada de los recursos colectivos serán las que contribuyan a la conciencia de propiedad compartida imprescindible para la formación y supervivencia de la sociedad nueva, y serán especialmente efectivas en estados en que las fuerzas gobernantes no favorezcan la visibilidad de la trascendencia de las decisiones de gobierno sobre el empleo de sus propiedades.
El burocratismo, encontrado por igual en el capitalismo atomizador de pueblos y en el socialismo requerido de su máxima unidad social, ha sido reconocido desde el comienzo de los intentos del socialismo estatal que tiene menos de un siglo de maduración real, reiteradamente denunciado y periódicamente proclamado su combate, pero logra frustrar esas proclamas y corrompe valiosos cuadros revolucionarios sin que la conciencia de su existencia evite su resurgimiento triunfal. Lo promueven la propiedad privada en solitario, y la consecuente división entre propietarios activos y propietarios pasivos así inconscientemente cultivada.
Será preciso también localizar los escondites con que la propiedad privada se enmascara en populistas valores socializantes, como lo son las soluciones empresariales cooperativas, o de trabajadores accionistas, o de pequeñas y medianas empresas (PYME), todas promotoras del individualismo de sus miembros, que como sus propietarios privados, ajenos al resto de la sociedad a que pertenecen y aspirantes embozados o no a capitalistas de mayor alcance, se apoyan en la máxima explotación y precariedad de los empleados que de una u otra forma quedan subordinados a su gestión empresarial. El simple aumento de ingresos familiares populares por donación estatal, sin aumento de las capacidades de recuperación con producciones y comercializaciones estatales, de hecho nutrirá al empresariado privado, así solo quizás presionado por impuestos de permanente cuestionamiento para sus medios informativos y publicitarios. Con el apoyo financiero a estas soluciones populistas se habrán restado recursos estatales, de todos, a la capacidad de invertir en el desarrollo de la propiedad compartida en todos los niveles del estado, incluido el más tangible y novedoso, el comunal.
Ya en la histórica defensa del sistema presupuestario que Che Guevara practicó exitosamente en contraposición del sistema de autofinanciamiento empresarial promovido por el solapado capitalismo de estado soviético, se contrastaban los enfoques de la todavía hoy intangible propiedad compartida defensora del nosotros trabajando juntos, y la propiedad privada defensora del individualismo que a escala personal y empresarial promete eficiencias luego extendidas al complejo social del yo, del nosotros y de los otros…
Otro enmascaramiento de la propiedad privada está en el cuestionamiento del salario que no retribuye los nuevos valores creados por el trabajador considerado, y su reclamo de justicia a las entidades estatales comprometidas con su pago. Con la creación de una propiedad compartida con resultados tangibles en la vida social, tanto por la participación de cada uno en su control activo (conociendo y decidiendo) como en la visibilidad de sus resultados materiales, cambiará totalmente la valoración del salario y la justicia de su acercamiento al plusvalor generado por el trabajador.
Lo enjuiciado como justo conlleva la máxima entrega al trabajador de lo que personalmente haya aportado, suponiéndose que el individuo se sentirá así bien defendido. Sin embargo siempre le será cuestionable cuánto se le quita, suponiendo conocido lo aportado, y cuánto se asigna a quienes aseguraron la construcción, el equipamiento y la protección de su entidad y su puesto de trabajo, a quienes aportaron junto a él, o lo hicieron temporalmente en servicios indirectos como dirección, comercialización o transporte, así como cuánto se entrega al resto de la sociedad para la solución de necesidades colectivas elementales, como salud, educación, seguridad social, gobierno, infraestructura técnica como calles o acueductos, y otras muchas necesidades de ese trabajador, sus familiares, sus vecinos y sus no vecinos, todos requeridos de imprescindible atención social aunque no estén vinculados a actividades laborales, como niños, enfermos o jubilados.
La inconformidad derivada de la impracticable determinación de esos valores estará toda ella dominada por esa propiedad privada que cada uno deberá defender para la justa, o eternamente injusta paga salarial, y desaparece totalmente cuando se valora la justicia del salario en términos de ser parte de todo el aporte que el trabajo de cada uno hace a la propiedad compartida, la que brinda resultados tangibles y crecientes derivados de la participación consciente y activa de cada uno en ella.
La aceptación de trabajar por un salario a sabiendas que los valores producidos son mayores que los recibidos está reconocida por los millones de trabajadores que en todo el mundo contribuyen a la riqueza material y espiritual de sus pueblos. En cada sitio algo recibe el trabajador como salario, y la satisfacción del resto de sus necesidades llegará a él, o no, según la organización social en que viva.
Podrán establecerse gobiernos solidarios que aseguren salarios o ingresos mínimos en sus pobladores, pero no serán los tecnicismos de establecer el aporte individual de cada trabajador los que determinen la justicia del sistema social vigente. Lo será la calidad de vida alcanzable a partir de lo que personalmente pueda adquirirse con lo recibido como salario, de todo lo que la sociedad proporcione según el modo en que esté organizada, y de los valores culturales que la motiven. Si por ejemplo ayer la persona debía pagar con su salario los cuidados de salud, de educación y de vivienda de quienes de ella dependieran, y luego le son brindados gratuitamente, ello se habrá logrado por el plustrabajo no cobrado, pero disfrutado por su transferencia a la organización social por su institución de gobierno, el Estado. La pérdida de importancia del interés individual por retirar del uso por otros lo creado por esfuerzo propio, y que se le hará tangible en la medida en que participe en su empleo como propiedad compartida, será lo que abra la factibilidad de sociedades sustentadas en propiedades sociales, pero sensorialmente perceptibles como de cada uno, y de todos.
Con el ejercicio por todos los habitantes de un territorio de nuevas prácticas de actuación sobre la propiedad estatal, con nuevos referentes tangibles y conscientes, además de las valoraciones personales, éticas y legales, que por gobernantes y funcionarios han constituido frente a sus jefes y colectivos las prácticas tradicionales del enfrentamiento a la propiedad estatal, se evitarán graves divisiones entre prepotentes propietarios activos y pedigüeños propietarios pasivos que pueden frustrar cualquier intento de construir sociedades sin los individualismos extremos promovidos por la propiedad privada hoy impuesta al mundo y que tan costosa puede resultar para la unidad de un pueblo en proceso de crear una sociedad más justa y de todos.