Tal como una réplica de efecto incontrolable, el debate sobre el alza al impuesto específico a la actividad minera se ha abierto camino, a pesar de los empeños para silenciarlo, simplemente por el efecto gravitatorio de la necesidad de financiar la reconstrucción de los daños del terremoto del 27 de febrero, que el gobierno estableció […]
Tal como una réplica de efecto incontrolable, el debate sobre el alza al impuesto específico a la actividad minera se ha abierto camino, a pesar de los empeños para silenciarlo, simplemente por el efecto gravitatorio de la necesidad de financiar la reconstrucción de los daños del terremoto del 27 de febrero, que el gobierno estableció en 30 mil millones de dólares; sin perjuicio de que estudios privados, como el de IM Trust, los sitúan en ocho mil millones.
Y así como las fallas geológicas se expresan en la afloración de grietas y fisuras, la controversia ha trazado una línea divisoria ante la cual ninguno de los actores concernidos ha podido evadir una pública toma de posición.
Curiosamente, el tema lo instaló aquello que El Mercurio denominó «confusión» en el gobierno. Así, mientras el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter declaró que si en la campaña Piñera dijo que estaba abierto a estudiar el tema de la tributación minera, «en esta circunstancia estamos doblemente dispuestos a estudiarlo», lo cual ratificó la ministra Ena von Baer, al reconocer que «se está estudiando el royalty»; el Ministro de Minería, Laurence Golborne aseguró que el tema del royalty «no está en el programa de gobierno del presidente Piñera» .
Una de dos. O prosiguen las desinteligencias en el «gabinete de excelencia», o bien, se están expresando intereses contradictorios en el seno de la cúpula del gobierno.
Olvidos y omisiones
El Consejo Minero, agrupación que representa a las grandes mineras privadas, tuvo que abandonar su tradicional política de prescindencia, y entrar en liza.
Lo hizo de manera oblicua, a través de una declaración pública en la cual asegura que en los últimos cinco años ha pagado 24 mil 817 millones de dólares en impuestos; 10 mil 765 por concepto de impuesto de primera categoría; 10 mil 973 por impuesto adicional y 3 mil 079, con cargo al impuesto específico a la actividad minera, mal conocido como royalty. Agregó que l a Gran Minería es el sector que paga más impuestos en Chile, pues está afecto a » impuestos a la renta que ascienden a una tasa entre 38% y 42%, como carga tributaria total, que es una tasa total considerable y razonable en cualquier parte del mundo».
El Consejo Minero olvidó reconocer que del impuesto específico a la actividad minera, mil 136 millones los puso Codelco; que todas las grandes mineras se acogieron a la ley 20.026, la cual estableció el 5% de impuesto específico a las utilidades, a cambio de un régimen de tributación a la renta del 35%, sujeto a invariabilidad por quince años, y que la mayor parte, por no decir todas, manipulan sus balances parea reducir utilidades.
Asimismo, omite que durante esos mismos cinco años, exportaron utilidades por un promedio de 25 mil millones por año; los que deben sumarse a los 26 mil millones de dólares que según el Instituto para el Desarrollo Internacional, de la Universidad de Harvard, Chile dejó de percibir por la renta no cobrada a la gran minería durante los últimos 25 años. Tampoco dice que esas fabulosas ganancias, fuera de toda lógica económica, las percibe habiendo efectuado una inversión real total no superior a los 20 mil millones de dólares, entre 1974 y el presente. Oculta también que en esos mismos cinco años, Codelco, con un 25% de la producción, le ha entregado al Estado excedentes por más de 30 mil millones de dólares, y que desde la nacionalización del cobre, en 1971, más de 70 mil millones de dólares.
Comparsas a sueldo
Sin embargo, en los hechos, la defensa de los intereses del Consejo Minero fue asumida por sus lobbystas, entre los cuales se confunden políticos de derecha, «expertos» de diversos pelajes, dirigentes de gremios empresariales y voceros de centros de estudio de pensamiento neoliberal. No olvidaron desempolvar ninguno de los argumentos que utilizan para ocasiones como esta.
De lo simple a lo complejo, se pueden enumerar como sigue:
a) Modificar la tasa del impuesto específico a la minería, en la forma que sea, representaría un cambio en las reglas del juego, que pondría en riesgo la ejecución de nuevas inversiones; b) la tasa de 35% es elevada a nivel mundial; c) las empresa mineras están acogidas a un régimen de invariabilidad tributaria respecto al impuesto específico a la actividad minera por un plazo de quince años; y d) que por tanto, cualquier modificación a ese tributo puede ser impugnada en cortes internacionales.
Argumentos insostenibles
Estos argumentos son insostenibles desde cualquier punto de vista que se los analice. Aceptar la premisa de que no se pueden cambiar las reglas del juego, sería admitir la impotencia absoluta del Estado para legislar. Por definición, toda legislación es un cambio en las reglas preexistentes. Además, ¿por qué tendría que ser válida sólo para las grandes mineras privadas? Con su Código Minero José Piñera le cambió las reglas del juego a los chilenos, representados legal y legítimamente por un Parlamento que aprobó la nacionalización del cobre en 1971.
El segundo argumento es sibilino, por cuanto el impuesto adicional de 35% al que están afectas las grandes compañías privadas, se aplica a utilidades y a remesas al exterior. Dichas empresas recurren a diversos mecanismos para declarar menos utilidades y evadir impuestos, tales como precios de transferencia, operaciones especulativas con mercados de futuro, e intereses desmedidos por créditos de las casas matrices. El Servicio de Impuestos Internos lo sabe, pero carece de medios y de voluntad política para controlarlo.
Por lo demás, las compañías mineras y sus comparsas a sueldo simulan ignorar que Chile es el único país del mundo que no cobra renta o regalía por el uso de recursos naturales no renovables, de propiedad de todos los chilenos, cuestión que adicionalmente genera importantes distorsiones en el funcionamiento de la economía del país.
El tercer argumento es tan falaz como el anterior. Las compañías mineras saben que al acogerse a la Ley 26.06, bajaron su tributación, en términos netos, de un 42 a un 40%. No van a acudir a cortes internacionales porque si ganan, tendrían que volver al régimen anterior, del 42%. Y una pregunta a los que enarbolan la amenaza de las cortes internacionales: ¿dónde queda la soberanía de Chile?
Laberinto de intereses
A estos fútiles argumentos, que encubren los intereses de las mineras transnacionales, cabe oponerles dos, de lógica incuestionable.
Si por medio de legislaciones no legitimadas, las compañías están explotando un recurso que pertenece a todos los chilenos, en condiciones tan favorables para ellas como lesivas para el país, no hay razón lógica que impida al Estado, y a la sociedad anfitriona, exigirles una mayor contribución, especialmente en consideración a la magnitud de la emergencia planteada por un desastre natural. Si fueran inteligentes, o la codicia no las cegara, deberían haber sido ellas las primeras en proponerlo.
En último término, la reconstrucción hay que financiarla de algún modo, y frente a ese acuciante problema, el Gobierno de Piñera luce confuso y vacilante, presa de la pugna de intereses contradictorios. Si plantea el uso del Fondo de Estabilización Económico y Social, o el endeudamiento externo, salen los exportadores recordándole que eso abatiría el tipo de cambio y afectaría la competitividad del país. Si sugiere cualquier modificación a la carga tributaria de las empresas, los empresarios se le tiran a la yugular y emergen debates como el que estamos comentando.
Atrapado por sus promesas de campaña, por el momento ha descartado elevar los impuestos indirectos como el IVA, lo cual, por lo demás implicaría endosarle el costo de la reconstrucción a la ciudadanía, como ya sucedió con el impuesto a los combustibles, el mismo que la derecha criticaba acerbamente cuando estaba en la oposición. Por último, están las presiones del gran empresariado y los sectores neoliberales, que aprovechan la coyuntura para instalar los temas que los obsesionan; a saber, la privatización de las pocas empresas que quedan en poder del Estado, la flexibilidad laboral y la reposición de franquicias tributarias, el estilo de la depreciación acelerada.
Hay que estar extraordinariamente atentos para ver por donde salta la liebre, porque en esencia, las opciones son reducidas: el costo se carga a los ingresos de las personas y a las pymes, o se aumenta el impuesto a las utilidades de las empresas y el impuesto a la actividad minera, o derechamente, se establece un royalty o regalía no sólo al sector minero, sino a todas las actividades intensivas en recursos naturales. La reposición del impuesto a los combustibles, que afecta directamente el presupuesto de la gente y de las pymes, es un indicador de por dónde viene la mano.
A Favor
Hugo Fazio, economista de CENDA: «En una situación excepcional se requiere también de medidas de la misma magnitud. Las empresas privadas que explotan el cobre están obteniendo rentabilidades desproporcionadas para cualquier parámetro comparativo que se quiera utilizar. Una política nacional, más que nunca justificada por la catástrofe, sería retener para el país las rentabilidades excesivas, entendiendo como referencia para establecerlas incluso promedios por encima de niveles considerados altos a nivel internacional. Un paso menor en esa dirección, pero necesario, sería incrementar el royalty cobrado a las grandes empresas mineras»
Luis Eduardo Escobar , economista de Chile 21: «La propuesta que me parece más adecuada en la coyuntura actual es introducir una sobre tasa transitoria al impuesto de Primera Categoría de tres puntos porcentuales».
José Cademártori, ex Ministro de Economía: «Sobre la base de una producción exportable de 3 millones 900 mil toneladas anuales de cobre, a un precio de 3 dólares la libra, el valor a gravar es de 25 mil 740 millones de dólares. Si se fijara una tasa del 10% sobre esta suma, el ingreso fiscal anual sería de 2.574 millones de dólares. Con esta suma bastarían diez años de aplicación del royalty, o sea 25.000 millones, para financiar por completo el costo total de la reconstrucción».
Manuel Riesco, economista: «Para financiar la reconstrucción tras el terremoto de Chillán, en 1939, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda estableció un impuesto de 10 por ciento a las utilidades de las mineras. Hoy cae de cajón hacer lo mismo. El programa de Arrate es muy claro: establecer en Chile una legislación minera idéntica a la Noruega, que garantiza que hasta el último peso de la renta de sus minerales se entregue al Estado, al mismo tiempo que ofrece ganancias razonables a las empresas mineras privadas que allí operan, que son las mismas que se encuentran acá».
Andrés Palma, economista de FLACSO: «Cuando hay una catástrofe de la magnitud del terremoto, hay que aplicar alguna medida que permita que quienes no fueron afectados contribuyan a financiar a quienes fueron afectados, y eso tiene que ser vía impuestos o vía royalty. Si no se quiere afectar a los ingresos de las personas ni a las pymes, las dos posibilidades son aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas o el royalty minero».
Fernando Ahumada, Presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco: «La gran minería privada debe entregar una contribución mayor a Chile, dado que extrae recursos no renovables, por tanto un aumento al royalty minero, aunque sea puntual, sería un valioso aporte a la reconstrucción».
Julián Alcayaga, Comité de Defensa y Recuperación del Cobre: «Proponemos, primero, un tributo igual al 10% de las ventas, similar al que hoy afecta a Codelco en beneficio de las FF.AA., por un período de cinco años a todas las grandes empresas mineras privadas; y s egundo, u n aumento en forma permanente del Impuesto Adicional a la Renta de 35 a 40%. Estos tributos tienen la ventaja que no están afectos a la invariabilidad tributaria que beneficia a estas empresas».
En contra
Consejo Minero: «La mayoría de las empresas de la Gran Minería han suscrito en el año 2005 y 2006, contratos de Inversión Extranjera con el Estado de Chile, en los cuales se les ha asegurado que no se les cambiarán los impuestos vigentes, garantía que se extiende por plazos de 12 y 15 años (2017 y 2019). El estricto cumplimento de los contratos celebrados válidamente con el Estado de Chile es un pilar estratégico de la competitividad, credibilidad y solidez de Chile como país atractivo para invertir, donde existe estabilidad legal y tributaria y se respetan las reglas del juego».
Andrés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril: «El fisco está en condiciones patrimoniales que le permiten afrontar la demanda de recursos que se requieren para el plan de reconstrucción sin necesidad de recurrir al alza de impuestos».
Felipe Larraín, Ministro de Hacienda: «Las empresas sujetas a royalty tienen un compromiso de invariabilidad tributaria. Eso es algo que sabemos y no pretendemos cambiar».
Ramón Rada, economista: «Modificar la tasa del impuesto específico a la minería representaría un cambio en las reglas del juego. La invariabilidad tributaria comprometida en 2005 definió un mapa de ruta sectorial de desarrollo en el largo plazo, compromiso que debe respetarse como si fuera un tratado limítrofe».
Editorial de El Mercurio: «La Ley N° 20.026, que consagró el impuesto específico a la minería, en su artículo 2º estableció para las inversiones mineras el derecho a una invariabilidad por 15 años de la tasa, de la base de cálculo o cualquier otra modificación que haga más gravoso el impuesto específico a esa actividad».
Evelyn Matthei, senadora de la UDI: «Mi impresión es que se puede elevar el royalty, pero las empresas suscritas a esto no van a estar sujetas a nada. Tengo la impresión que las normas son tan claras, no hay nada que hacer una vez que firmaron esto. Es tan obvio que no les afecta que no creo que una autoridad chilena les pida que paguen».
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de CESCO: «La decisión de elevar el royalty minero debe ser muy bien estudiada, por el tipo de señal que se está dando a los inversionistas. Es cierto que estamos frente a una emergencia, pero hay que tener cuidado, porque todo lo que es tributación al sector minero involucra efectos en el largo plazo».
Gustavo Lagos, director del Centro de Minería de la Universidad Católica: «»Un aumento del royalty minero al doble no sirve para enfrentar la reconstrucción, porque en el mejor de los casos, este año, se aportarían US$ 500 a US$ 700 millones anuales adicionales, y se necesitan US$ 30 mil millones. Por contrapartida, los costos de introducir un cambio legal como éste podrían colocar en riesgo la inversión futura en la industria».