Últimas noticias del 14 de enero de 2012. Según las últimas noticias, el Parlamento de la Unión no autoriza la celebración del referéndum previsto por el Gobierno español para finales del año 2012. Aducen para ello el art. IV-9 de la Constitución europea, según el cual «el tratado por el que se instituye la Constitución […]
Últimas noticias del 14 de enero de 2012.
Según las últimas noticias, el Parlamento de la Unión no autoriza la celebración del referéndum previsto por el Gobierno español para finales del año 2012. Aducen para ello el art. IV-9 de la Constitución europea, según el cual «el tratado por el que se instituye la Constitución se concluye por un tiempo ilimitado», durante el cual es la Unión la que tiene competencias exclusivas en materia de política monetaria y comercial ( art. I-12), debiendo «los Estados miembro coordinar sus políticas económicas en el seno de la Unión» ( art. I-14).
Lo preocupante es que la situación en España se está volviendo insostenible. El gobierno del presidente Gonzalez Sastre tropieza con muchas dificultades para imponer la legislación europea que prevé el déficit cero, la irrestricta libertad de empresa en la oferta de todo tipo de servicios y mercancías, incluidos los educativos y sanitarios, y la limitación de las coberturas sociales con la consiguiente liberalización de las condiciones contractuales, en primer término los salarios y los horarios de trabajo.
Ciertamente éstas son medidas que no afectan sólo a los españoles, pero en otros antiguos estados soberanos, como Francia o Alemania, sus efectos han sido menos dañinos dadas la mayor consistencia y competitividad de su industria, mientras que en el caso español, empresas tradicionalmente débiles no han podido resistir la presión de sus colegas más fuertes y han sido radicalmente desestructuradas. Algunos – pocos – de los habitantes de estas tierras han encontrado trabajo en otras regiones europeas, renovando el viejo hábito español de emigrar, pero lo cierto es que pocos beneficios se han desprendido para las zonas más atrasadas sin que, tantos años después de la Unión, las rentas hayan tendido a igualarse.
En el momento de la aprobación de la Constitución – febrero de 2005 – ni los más pesimistas previeron consecuencias tan nefastas. Se recordará que hubo una alta abstención y una cantidad notable de votos negativos, aunque el gobierno de la época, presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, logró consolidar la presencia española en la Unión siendo el primer país europeo que ratificó la Constitución en referéndum. En consecuencia se puede decir que son los propios españoles o, cuando menos, sus padres, los responsables de la difícil situación actual.
Ya en aquel momento y estamos hablando de casi diez años atrás, la Constitución privilegiaba la libre empresa por encima de cualquier forma de intervención social en beneficio de la población, por débil que ésta haya sido en los gloriosos años del llamado estado del bienestar, que triunfó en algunos países europeos a finales del siglo pasado. Aquella fórmula permitía la intervención del Estado en sectores que fueran de interés básico. Autorizaba por ejemplo, el apoyo público al mantenimiento de industrias que pudieran quedar amenazadas por la competencia mundial generando sin duda, formas de corrupción, pero asegurando la viabilidad de sectores amenazados. En aquella época dichas medidas se criticaron señalando que el aumento de la competencia traería consigo mejoras de la competitividad que repercutirían en mayores inversiones y en un aumento del empleo. Pero no se tuvo en cuenta que este proceso era simultáneo de la disminución del número global de empresas y del reforzamie nto de las más fuertes y agresivas, cuya consecuencia ha sido la movilidad sin tregua a la que se hallan sometidas actualmente las poblaciones europeas.
Eso explica porqué una reivindicación tan básica – garantizar una renta estable en el lugar de residencia con una cobertura social adecuada en materia de educación y salud – ha dado lugar a un movimiento de tal amplitud y envergadura, pues los antiguos estados nacionales no tienen capacidad para legislar en dichos aspectos. De hecho los estados nacionales fueron perdiendo sus capacidades soberanas en un largo proceso que duró todo el siglo XX aunque sólo en los últimos años se hiciera perceptible su magnitud y sin que las poblaciones, distraídas con otros temas, se percataran de lo que se hallaba en juego y crearan dispositivos alternativos.
Por otra parte recuérdese que muchos de nosotros saludamos con júbilo la pérdida de competencias por parte de los antiguos Estados-nación, porque pensamos que el nuevo espacio europeo iba a ser la oportunidad de construir una sociedad más amplia y abierta, pero al confiar dicho proyecto únicamente en las organizaciones representativas y despreocuparnos de construir instancias políticas más cercanas a los ciudadanos, lo que hemos hecho ha sido entregar el poder a los ejecutivos multinacionales que, sin exigencias de legitimidad pues están cubiertos por la Constitución, han construido un poder sobre todos nosotros al que nos está siendo muy difícil atacar.
En consecuencia no nos queda más que saludar el nuevo lema que está empezando a imponerse en los movimientos del último año, por el que se exige la denuncia de la Constitución europea y la apertura de un debate abierto sobre Europa que debiera haber tenido lugar siete años atrás.