“El que manda, manda. Y si se equivoca, ¡vuelve a mandar!” Dicho popular en México y Centroamérica
Un tiempo antes de los confinamientos a que obligó la pandemia de Covid-19, con algunos de mis alumnos en Guatemala hicimos una inusual e interesante investigación de campo: nos dedicamos a contar cuántas veces choferes de transporte público de la ciudad capital (excluido el Transmetro, el más “formal” de los servicios) respetan el rojo de los semáforos, y cuántas veces no. En 56% de casos no lo respetan.
Lo increíble no es sólo el porcentaje de transgresión (muy alto, por cierto). ¡Es la transgresión misma! Para el caso, 56% o 3% da igual: ¿por qué sucede? Pero más aún: ¿por qué es normal cometer tan impunemente estos actos y los naturalizamos con tanta facilidad?
Uno de esos mismos alumnos que participó en la investigación decía ante mi pregunta de si manejaba con alguna copa encima: “sí, lo hago”. “¿Y si atropellas a alguien?”, interrogué. “Salgo huyendo”, fue su respuesta “simpática”. “¿Y si hay un policía cerca de la escena?”, volví a preguntar algo sorprendido. “¡Lo pisteo! [soborno]… Si son todos unos corruptos esos”, fue su consideración final. En general, toda la clase asintió su comportamiento.
El problema es complejo y sirve para ilustrar cómo funcionamos como sociedad. El fenómeno no puede explicarse apelando a consideraciones morales de “buenos” y “malos”. Yendo más allá de una estrecha visión maniquea, debe verse todo el hecho en su conjunto: ¿cómo obtuvieron sus licencias esos pilotos, o el joven en cuestión? ¿Quién supervisa su trabajo? ¿Por qué los órganos de control estatal no son lo suficiente estrictos para impedir esto? ¿Por qué la población no reacciona indignada ante la situación? ¿Por qué muchos jóvenes (universitarias/os de clase media) pueden estar de acuerdo con algunas de esas conductas? En otros términos: para tener una mirada comprensivamente amplia del asunto, debe verse todo ello en un ámbito histórico.
Se trata de una problemática sociocultural, que rebasa en mucho actitudes personales. En definitiva: un tema ciudadano (de la civitas latina), o político (de la polis griega). “Una” conducta transgresora determinada puede ser producto de una psicopatología (un violador, un asesino en serie, un estafador); cuando la misma pasa a ser “normal”, cultural, hecha por todo el mundo, no es una cosa aislada, “enfermiza”, sino un eslabón más de una larga cadena. ¿Dónde arranca la impunidad? No en el chofer. No en el jovencito que puede ufanarse de comprar una licencia de conducir o sobornar a un policía.
Todos esos elementos constituyen una expresión de esa impunidad histórica que recorre a una sociedad como la guatemalteca, impunidad que está presente en toda su historia presentificándose hoy descarnadamente en cada acto puntual. ¿Premio a la impunidad?
Decimos impunidad “histórica” porque no inicia en ese piloto concreto de carne y hueso que hoy, tranquilo, atraviesa el semáforo en rojo. Esa conducta determinada –reprochable sin dudas– es producto de una acumulación de causas. Si el marco general donde se vive fomenta la impunidad, el autoritarismo, el irrespeto del más débil, ¿por qué el piloto sería distinto? En Guatemala desde hace siglos el que manda hace lo que quiere sin freno: el varón sobre la mujer, el ladino sobre el indígena, el adulto sobre el joven o el niño, el que está “arriba” sobre el que está “abajo”- ¿Quién se hace responsable de los 245,000 muertos en la guerra que enlutó al país por casi cuatro décadas? La figura icónica ligada a esa carnicería, el general Ríos Montt, fue debidamente enjuiciado y condenado a 80 años de prisión inconmutables, 50 por genocidio y 30 por delitos contra deberes de la humanidad, según la legislación del país. Lo patético es que por presiones del alto empresariado (los únicos beneficiados tras la guerra) el militar de marras pasó solo una noche en prisión, y por turbios manejos leguleyos se disfrazó la sentencia, con lo que nunca Ríos Montt fue a la cárcel. En definitiva: un premio a la impunidad.
En Argentina, luego de la sangrienta dictadura militar iniciada en 1976 terminada estrepitosamente tras la vergonzosa derrota de la guerra de las Malvinas, cinco figuras principales de la dictadura (Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini) fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Años después, el gobierno de Carlos Menem los indultó. Premio a la impunidad.
Muchos funcionarios estadounidenses justifican las invasiones de ese gigantesco país a naciones más pequeñas por asuntos de “seguridad nacional”. Sin la más mínima vergüenza hablan de “su” seguridad, pasando por encima de la vida de millones de personas que no son “sus” ciudadanos. La gente que no es de Estados Unidos, para esa lógica imperial, es simplemente un instrumento. En ese sentido, se puede hacer cualquier cosa. Los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, según su visión dominante del mundo, eran “abominables”, por eso, derrotados en la contienda, pudieron ser sentados en el banquillo de los acusados en los Juicios de Nüremberg. Las dos bombas atómicas lanzadas por Washington sobre Japón fueron “necesarias” y no fueron “abominables”. Otro premio a la impunidad.
En términos sociales somos lo que aprendemos, lo que incorporamos, lo que nos constituye como seres humanos desde la cuna, o antes incluso. Ninguna carga genética decide que seamos corruptos, altaneros, reyes omnipotentes o marginales de una favela. La impunidad, del mismo modo, es una forma de relacionarnos que se liga con posiciones sociales, con juegos de poder. El ejercicio del poder es siempre impune (rever el epígrafe).
Retomando el ejemplo inicial de Guatemala: si el principal responsable visible de los crímenes de guerra, aun habiendo sido condenado, murió libre (impune) gracias a la presión de los grupos de poder, también puede ser impune quien tiene un vehículo en sus manos. ¿Por qué no? El poder siempre es impune.
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