Después de Estados Unidos, Chile es el segundo país de la OCDE con mayor tasa de presos por habitante. Primero en Suramérica. La población penal sube de 116 mil y según cifras oficiales, la mitad vive en gravísimas condiciones de inhumanidad y hacinamiento. Son problemas de larga data. El incendio en 2010 en la Cárcel […]
Después de Estados Unidos, Chile es el segundo país de la OCDE con mayor tasa de presos por habitante. Primero en Suramérica. La población penal sube de 116 mil y según cifras oficiales, la mitad vive en gravísimas condiciones de inhumanidad y hacinamiento. Son problemas de larga data. El incendio en 2010 en la Cárcel de San Miguel, en el que 81 presos murieron asfixiados y quemados, no significó la adopción de políticas de Estado. Nadie se ha hace cargo y todos los años una Comisión de Visita de las cárceles la Corte de Apelaciones evacúa un informe lapidario.
La Comisión, integrada por la ministra Romy Rutherford, jueces de garantía y de tribunales orales, elaboró el último informe tras un recorrido por las instalaciones de 13 recintos penitenciarios de la Región Metropolitana: la ex Penitenciaría, la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), Santiago1, Colina 1 y 2, y los Centros Femeninos, entre otros.
El informe da cuenta del «retroceso» que significa «volver a incorporar población penal en calidad de imputados dentro de la ex Penitenciaría». Recuerda que la erradicación de los procesados e imputados de un recinto destinado al cumplimiento penitenciario «fue un logro trabajoso, que tardó años en hacerse realidad y tenía como fundamento evitar reunir en un mismo centro penal a internos que se encontraban en una situación procesal diversa -ajustándose de paso a los requerimientos de los tratados internacionales sobre la materia suscritos por nuestro país- razón por la cual resulta frustrante volver a una situación que se creía ya superada».
APILADOS UNOS SOBRE OTROS
En septiembre de 2015, se trasladó a 128 imputados a la ex Penitenciaría provenientes de Santiago 1, unidad creada precisamente con el objeto de cumplir tal cometido: «Llama la atención que, de forma paralela a dicha destinación, se haya omitido considerar que aún persiste una evidente situación de hacinamiento de la población carcelaria que, en ocasiones, llega a estar reñida con lo más elementales estándares que exige la dignidad humana. La cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos, sólo por mencionar someramente la magnitud del problema, toma aún más incomprensible la referida medida de redestinar internos imputados a ocupar espacios que se hacen necesarios con urgencia para mitigar en parte la situación de hacinamiento mencionada». Pero más adelante, el propio informe reconoce el por qué: «Lo que sí resulta evidente es que la decisión política de trasladar internos imputados desde Santiago 1 a otros que son propiamente de cumplimiento, obedece a una medida tendiente a evitar el pago de multas a la empresa concesionaria, motivado en la sobrepoblación de internos en la cárcel concesionada».
Sobre las condiciones en la ex Penitenciaría, asegura que «atenta contra las condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana la situación referida al suministro de servicios básicos. En tal sentido, persiste lo observado por comisiones anteriores y visitas ordinarias y extraordinarias, en cuanto a la deficiencia de los servicios sanitarios. Se aprecian insuficiencias, destrucción y falta de higiene evidentes, así como rotura de cañerías que mantienen un pérdida constante de aguas corriendo en los pisos que, dada la situación de insalubridad anotada, sólo permiten difundir el precario estado de habitabilidad que se aprecia en ella, particularmente en las galerías, sector de internos aislados y de aquellos que están a la espera de ser trasladados o segregados. Conjuntamente con aquella situación, persisten las instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no sólo de electrocución de algunos internos, sino que también como agentes potencialmente generadores de incendios, que unidos a la deficiencia en la distribución de agua potable, amenazan con constituirse en catástrofes de resultados impredecibles».
HACINAMIENTO Y DESIDIA
Del promedio de 25 condenados que ingresan diariamente a la ex Penitenciaría, construida en 1843 para 2.400 reos y que hoy alberga a más del doble, cerca del 80% es reincidente. Según Gendarmería, cada mes se producen unas 30 agresiones, mayoritariamente con objetos corto-punzantes. Pero la cifra es inexacta, pues solo se consideran riñas que culminan con heridos graves que no pueden ser atendidos por los tres médicos del Hospital Penitenciario. En celdas de tres por dos metros duermen entre 8 y 15 presos. Cada noche la cifra varía. Hay celdas con camarotes; otras solo poseen colchonetas que se comparten en el piso, y también las hay apenas con frazadas o sin nada. Galerías, constantemente húmedas, acumulan basura y hedor a excrementos que penetran todo.
Según Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, en el último informe de la Corte «se da cuenta de graves falencias de los recintos carcelarios metropolitanos y que se extrapolan prácticamente a todo el país, tema que debiera ser de interés de la autoridad ministerial y del gobierno ya que la crisis del sistema afecta por igual a funcionarios e internos». Agrega que la agenda corta Antidelincuencia impulsada por la presidenta Bachelet con un proyecto de ley, aumenta penas en delitos contra la propiedad y otorga mayores facultades a las policías: «Impactará fuertemente en el sistema penitenciario que hoy bordea un 43% de hacinamiento. En un principio el gobierno anunció la construcción de 10 mil nuevas plazas para la población penal y la incorporación de 4.500 nuevos gendarmes para enfrentar el impacto de un proyecto de ley de la envergadura señalada, desafortunadamente a medida que ha avanzado la iniciativa el aumento de plazas para internos ha disminuido significativamente y respecto al recurso humano para la institución no ha existido ningún atisbo o esfuerzo claro que nos indique que efectivamente se abordará y se darán soluciones concretas». La realidad es que solo se ampliarán penales de Santiago, Valparaíso y Concepción. Las promesas se las llevó el viento.
Desde las cárceles egresan anualmente alrededor de 20 mil reclusos por cumplimiento de penas de los cuales un 60% reincide. «Como gendarmes y verdaderos expertos penitenciarios, las conclusiones del informe de la Corte, no significan nada nuevo, sin embargo ayudan a que la sociedad en general asuma que el Estado, en concomitancia con el gobierno de turno y en especial el ministerio de Justicia, viola sistemáticamente los derechos humanos de presos y funcionarios; quienes viven por igual la desidia de las autoridades, que no han sido capaces de dar respuesta satisfactoria a la indignidad y pobreza que se vive en las cárceles. Presos comunes y corrientes y gendarmes conocen muy bien los índices de sobrepoblación, niveles de violencia extrema, falta de infraestructura, carencia de personal. Evidentemente el gobierno lo oculta o derechamente no se hace cargo» señala la Asociación en una declaración pública.
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD
El informe de la Corte evidencia decenas de irregularidades. Señala textual: «Un asunto que reviste la mayor gravedad consiste en que muchos internos manifestaron haber sido beneficiados con la reducción de sus condenas, quedando por esa vía con sus condenas cumplidas tiempo antes de efectuada la presente visita, y no obstante ello, permanecían privados de libertad por demoras en la tramitación de los respectivos decretos por parte del ministerio de Justicia, los que aparentemente devienen de las tardanzas injustificadas en la remisión de los antecedentes necesarios a dicho ministerio por parte de Gendarmería. Cualquiera sea la situación en uno u otro caso, lo constatado es una situación recurrente de personas que permanecían privadas de libertad no debiendo estar en tal calidad». Y en otro párrafo anota: «Varios internos refieren la necesidad de ser derivados a algún especialista y/o ser operados, sin que se les haya gestionado o concretado tal atención por parte de la autoridad carcelaria. En esta misma materia especial atención reclaman los internos mayores de edad, por su particular atención y, asimismo, aquellos que sufren de VIH, quienes necesitan ser atendidos por infectólogos y dermatólogos». Sobre las condiciones de trabajo de los gendarmes, dice: «No puede dejar de observarse las precarias condiciones en que pernoctan los funcionarios de Gendarmería, sobre todo aquellos más recientemente incorporados, ya que las dependencias por ellos habitadas están en pésimo estado de mantenimiento, hacinadas, sucias y carentes de luz, encontrando incluso basura amontonada en los pasillo y rincones de las dependencias de descanso». Sobre Santiago 1, la comisión acusa que «es urgente realizar una revisión profunda de los incumplimientos en que ha incurrido la empresa concesionaria y, consecuencialmente, analizar si ello acaso no justificaría poner fin a dicho contrato atendidas las graves falencias constatadas. La situación de reposición de servicios básicos como agua potable y electricidad en los módulos constituye un requerimiento básico y urgente que no solo atenta contra la provisión de dichos servicios, sino que configura una situación de alta inseguridad para el personal penitenciario, el que en la actualidad se ve incluso obligado a ingresar a ciertas áreas provisto de linternas personales a falta de luz. También atenta contra la seguridad de la población penal que literalmente se ‘cuelga’ de terminales con energía eléctrica mediante instalaciones hechizas que, junto al agua apozada en los recintos, configuran una amenaza real y latente de muertes por electrocución. (…) Se constataron una serie de otros incumplimientos flagrantes por parte de la empresa concesionaria, relativos a la reposición de iluminación en el área de seguridad (sector perimetral), que configura una situación inaudita para cualquier recinto penitenciario». Sobre la alimentación de los internos, registra quejas por la entrega de «alimentos fríos y panes semicongelados». Además, se advierte el prolongado tiempo en que los presos permanecen sin alimentación: «Les entregan los alimentos en una bandeja desprovista de cubiertos, lo que obliga a los internos a consumirlos con la mano. La situación, según se aprecia, no sólo tiene evidentes ribetes de tipo sanitario, sino que tal vez los más grave, es que atentan en contra de una cuestión elemental de dignidad humana. (…) El problema fue reconocido por las autoridades pertinentes y, nuevamente la concesionaria esgrimió aspectos contractuales. (…) La Comisión no pudo recabar antecedentes concretos respecto de la cantidad de multas que habrían cursado o que se habrían podido cursar frente a incumplimientos por parte de la concesionaria». En Santiago 1 la «última cena» es a las 17:30 horas, pero en Colina 1, es aún peor, pues la reciben a las 15:30 horas». La cárcel-empresa Santiago 1 no les permite a los reos cocinarse.
De otros recintos también hace recomendaciones. En Colina 2, las condiciones de las celdas de aislamiento son infrahumanas: «20 celdas sin luz natural ni patio, son absolutamente inhumanas, sus dimensiones, que no superan los 8 metros cuadrados, albergan hasta 14 personas y cuentan también en su interior con un ‘baño turco’ para que los sujetos realicen sus necesidades fisiológicas en el mismo sitio. El hedor, oscuridad y pestilencia en la que deben además recibir alimentos a puerta cerrada fue corroborado directamente por los comisionados. (…) Los funcionarios a cargo enfatizaron que no se trata de sujetos castigados, sino que de ‘aislados de los aislados’ (…) situación que en algunos casos se perpetúa en el tiempo. Esta situación, a la que pareciera resignarse Gendarmería, que también fue constatada en la visita anterior, merece ser resaltada y prontamente superada, ya que no guarda relación con ningún estándar internacional». En relación a la CAS aconseja que «sería una práctica adecuada el mantener un registro completo de las resoluciones que imponen castigos, antecedentes que les sirven de fundamento y la necesidad de que aquellas hayan sido ejecutadas sólo una vez que la resolución respectiva quede firme». Una forma elegante de reconocer abusos y medidas arbitrarias.
TORTURAS Y MALOS TRATOS
El INDH en los últimos tres años ha presentado 25 querellas por torturas y malos tratos contra reclusos. De eso, el informe simplemente no habla. Raúl Somadevilla (48 años), cumplió 8 años y medio tras las rejas de una condena de 31 años. Ha vivido en la Cárcel de Alto Hospicio, en la Unidad de Máxima Seguridad de la ex Penitenciaría, en módulos de Máxima Seguridad en Colina 2, en la CAS, y en los penales de Puerto Montt y Rancagua. «Así ha sido mi condena. No pasó mucho tiempo en el mismo recinto y me pelotean -como dicen aquí- a diferentes unidades, por mis antecedentes subversivos y las causas por las que vengo: robos y asaltos armados. Me consideran de alta peligrosidad», dice a Punto Final. «Actualmente, estoy preso en la cárcel concesionada de Rancagua. Aquí los problemas de hacinamiento no son tan graves, pero existen. No sé las estadísticas, pero puedo decir que hay módulos para 50 internos y tienen doble litera, es decir, los habilitaron para más de 75. Y hay otros, grandes, de tres literas, pero que tienen habilitadas cuatro… En mayo de 2015, en la cárcel concesionada Santiago 1, aconteció un caso de apaleos, malos tratos y torturas. Hubo allanamientos y los gendarmes bajaron a golpes a los presos al patio del módulo, donde fueron desnudados, los obligaron a ponerse en cuclillas, los golpearon con bastones, patadas y puños. En enero de 2016 se formalizó a 11 de esos gendarmes -cinco cabos, cuatro gendarmes primeros, un gendarme segundo y un capitán- por torturas y malos tratos. Quedaron con medidas cautelares en espera del juicio. Desde eso, el abuso disminuyó algo, pero los malos tratos no terminaron. Es común que en los allanamientos golpeen y apaleen a los internos y, a veces, te rocíen gas en los ojos, y que te manden a celdas de castigo, dependiendo de la falta, de 5 a 10 días. Una celda que es para un interno pero donde mantienen castigados hasta a 5… Las celdas ya no tienen agua y, durante el castigo, hay solo una hora de patio. En la Cárcel de Rancagua el trato a nuestros familiares no es tan malo, a diferencia de la ex Penitenciaría donde sí es discriminatorio y degradante. Aquí a las mujeres les revisan la ropa interior y las hacen sentarse en una silla electrónica que detecta metales. Pero en la ex Penitenciaría y otros penales como Colina 2 o Santiago 1, les hacen abrir las piernas sin ropa interior, las obligan a pujar, las manosean y las tratan de manera humillante y discriminatoria».
A mediados de enero, la ONG Marco en Libertad llamó a las autoridades a «poner fin a los abusos de poder de parte de Gendarmería que están ocurriendo en la Cárcel de Valdivia». El reo Cristian Abello denunció maltrato físico y sicológico, inició una huelga de hambre, cosió su boca en protesta e intentó ahorcarse. «Denunciamos al cabo 1º Cares, el capitán Moya y el coronel Gallardo, quien oficia de alcaide. Hemos recibido en ocasiones anteriores denuncias de este joven que ha sufrido un acoso constante. No es posible que las personas privadas de libertad tengan que llegar a estos extremos para ser escuchados y que los funcionarios sigan impunes y sus abusos se consideren como algo normal. Exigimos que los gendarmes involucrados sean destituidos y procesados», dice Gloria Moneny, directora de la ONG. A fines de febrero, los presos de Valdivia declararon que 23 de ellos fueron brutalmente golpeados por gendarmes a cargo del coronel Gallardo: «Interrumpieron arbitrariamente el horario de visita, estando aquí los familiares. Para tomar represalias nos llevaron a todos, nos tiraron cualquier gas y nos pusieron cualquier palo. Estamos todos golpeados. A todo el módulo 41 infringieron golpes por montón y nos tiraron un gas espuma directo a los ojos que nos dejó el rostro irritado e inflamado y no nos llevaron a constatar lesiones inmediatamente. Se llevaron a tres personas castigadas por supuesta ‘reacción activa’, argumento que cuestionamos pues uno de ellos, Cristian Abello, lleva 30 días en huelga de hambre por agresiones anteriores y adulteraciones en su hoja de conducta. No está en condiciones físicas ni anímicas. También fueron castigados Robinson Veliz y Jairo Peso, que regresó con el rostro desfigurado por los golpes y con su visita cancelada para evitar que sus familiares lo vieran en ese estado», denuncia uno de los reos. «Ante este nuevo abuso de poder, 169 internos de los módulos 41, 42, 43, 44 iniciamos una huelga de hambre líquida este 22 de febrero, para exigir el fin de los abusos y torturas», dice.
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