Al igual que sucedió en Bolivia, comienza a aflorar en la derecha ecuatoriana el discurso de un supuesto fraude electoral. Para ello han creado un “Observatorio para el control electoral” a cargo del exjefe de la Policía Nacional Mario Pazmiño, vinculado a los servicios de inteligencia estadounidenses.
El 7 de febrero se celebran elecciones presidenciales y legislativas (137 asambleístas) en Ecuador. El candidato mejor colocado para ganar la elección es Andrés Arauz, candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Arauz es el representante de la identidad política llamada correísmo, heredero de una revolución ciudadana a la que el actual gobierno intentó aniquilar y proscribir electoralmente.
Andrés Arauz tiene un 37% de intención de voto en la media de las últimas encuestas, frente al 24% que consigue el banquero Guillermo Lasso, su principal competidor, quien busca “desterrar de una vez por todas el modelo fracasado de socialismo del siglo XXI”. El problema es que es necesario alcanzar el 40% de los votos y 10 puntos de diferencia al segundo para ganar en primera vuelta. En caso de no hacerlo, habrá segundo round el 11 de abril.
Lenin Moreno es el tercer actor en disputa. El actual Presidente acaba de visitar Washington, donde se ha reunido con uno de los responsables intelectuales del golpe de Estado en Bolivia, Luis Almagro, con el ex Director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y actual Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cubanoamericano Claver Carone, y con el FMI, con quien Ecuador contrajo una deuda por varios miles de millones de dólares durante la presidencia de Moreno.
Morena está desesperado y al mismo tiempo temeroso de un eventual regreso del correísmo al gobierno, pues podría ser sujeto de numerosos procesos judiciales por su accionar, y ya ha gestionado su salida del país con Suiza como destino, país donde tiene cuentas bancarias resultado de la corrupción y entrega de los recursos del país al capital extranjero y a los organismos financieros internacionales.
Una de sus principales colaboradoras, la exministra María Paula Romo, ya ha negociado también con la Embajada de Estados Unidos su refugio en Washington, siguiendo los pasos del ex ministro de Economía, Richard Martínez, quien fue recompensado en noviembre del año pasado con la Vicepresidencia del BID.
En paralelo, y al igual que sucedió en Bolivia, comienza a aflorar en la derecha ecuatoriana el discurso de un supuesto fraude electoral. Para ello han creado un “Observatorio para el control electoral” a cargo del exjefe de la Policía Nacional Mario Pazmiño, vinculado a los servicios de inteligencia estadounidenses. A este operativo se han sumado el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Internacional Republicano (IRI) de los Estados Unidos.
El NDI está reclutando ciudadanos ecuatorianos participantes de los programas de transparencia electoral, liderados por Julian Charles Quibell, funcionario estadounidense que trabaja en el NDI desde hace 18 años y es considerado el gurú de las elecciones latinoamericanas.
Quibell comenzó su andadura en el NDI en 2002 asesorando la red de partidos políticos de derecha en Bolivia durante 2 años, para a continuación llegar a la oficina del NDI en México entre 2004 y 2012, desde donde dio el salto a la oficina regional del NDI en Managua, con la misión de organizar acciones contra el gobierno sandinista, entre ellos el “Diplomado en liderazgo y gerencia pública” financiado por USAID, espacio pensado para formar y financiar a líderes opositores “emergentes”.
El funcionario estadounidense ligado a los servicios de inteligencia tuvo que salir abruptamente de Nicaragua hacia México en enero de 2019, cuando estaba a punto de ser detenido por las autoridades locales a partir de una serie de denuncias1 en su contra.
En julio de 2020 fue reubicado en la oficina de Ecuador, donde también le fue encomendada la atención a los programas de Bolivia, casualmente dos países envueltos en procesos electorales y con posibilidades de victoria de fuerzas de izquierda.
En estos momentos el NDI ejecuta un proyecto en Ecuador financiado con 2 millones de dólares de USAID, con el objetivo de crear condiciones para “garantizar la transparencia y la seguridad” del proceso electoral, con cierto control sobre el proceso electoral y las plataformas digitales destinadas a fiscalizarlo. Entre sus actividades principales, apoyan a sectores de la derecha ecuatoriana y a personal vinculado al escrutinio, en un proyecto en cuya ejecución se implica directamente el gobierno de Lenin Moreno, a través de la Cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por si no fuera poco, una de las subordinadas de Quibell es la ciudadana ecuatoriano-brasileña Juliana Ferreira Sevilla, quién anteriormente trabajó en la Cancillería y tiene vínculos con el CNE, habiendo sugerido incluso realizar las elecciones de manera virtual.
Pero la idea en la que convergen hoy tanto Lenin, como su Ministro de Defensa, responsable de la represión de octubre de 2019 y alfil de los Estados Unidos por un lado, y Almagro y el NDI por otro, es en suspender las elecciones ante la posible victoria en primera vuelta de Arauz, al igual que sucedió con la de Lucho Arce en Bolivia.
Se hace necesaria la presión internacional para que esto no suceda, y la presión nacional para cuidar cada voto y cada casilla el próximo domingo, rechazando tanto la injerencia externa de Estados Unidos, como la interna de sus cipayos locales.
1 El rol de los cursos de liderazgo del NDI en Nicaragua y la sui géneris “Revolución de las chimbombas”