Como es natural, un jefe de matones que está comandando un genocidio es imposible que reconozca ninguna autoridad a la Corte Penal Internacional, tribunal que persigue los grandes crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión) y que culmina un viejo sueño civilizatorio para perseguir los crímenes más horrendos que el ser humano ha cometido a lo largo de la historia, entre los cuales está precisamente el genocidio. Tal jefe de matones está a su vez respaldado por un jefe que está aún más arriba, como es el presidente de Estados Unidos, da lo mismo que sea el actual, Joe Biden, como que fuera Clinton, Nixon o el mismísimo Obama, todos los presidentes de Estados Unidos han respaldado el apartheid, el robo de tierras a los palestinos y los crímenes de Israel.
El derecho internacional en materia de derechos humanos, con los defectos que se le puedan encontrar, es la culminación de una larga trayectoria por “humanizar” la convivencia entre los pueblos de toda la Tierra. En caso de guerra, aunque no es el caso en Palestina, ya que no hay dos ejércitos enfrentados (sí lo es el de Ucrania, donde se enfrentan dos ejércitos: Rusia y Ucrania, estado vasallo de la OTAN), el derecho aplicable debería ser el derecho internacional humanitario, cuyo cometido es limitar el uso de la violencia, prescribiendo la protección de los no combatientes y la limitación de medios y métodos. Como digo, no es el caso; sin embargo, como Israel y los medios dominantes insisten en hablar de guerra, en este contexto existen ciertas reglas y no podemos aceptar los ataques que hemos estado viendo a hospitales, universidades y otros objetivos claramente civiles, el número desorbitado de muertes, con la escandalosa cifra de miles de niños muertos, o la miserable utilización del hambre como arma de guerra. Incluso aunque algún tipo de práctica criminal “novedosa” se diera, en 1899 el jurista y diplomático ruso (¡uy, perdón!) Fíodor Martens, que contribuyó al desarrollo del derecho en este campo, previó esta posibilidad y propuso en la Conferencia de Paz de la Haya lo que quedó para la posterioridad como la llamada Claúsula Martens, que sigue siendo invocada en la actualidad, sin ir más lejos en los autos de Garzón en 2008 en relación con los crímenes del franquismo.
Esta Claúsula Martens tiene el propósito de que ningún crimen contra la humanidad quede impune por no estar codificado, así que, como el ser humano es infinitamente creativo en la comisión de crímenes, y el estado de Israel no se va a quedar atrás, por lo visto, se trata de atajar la impunidad ante obscenidades criminales que no se nos ocurrirían al común de los mortales. En su literalidad, esta cláusula dice:
Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra […] en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas […] las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública.
Claúsula Martens
Es una salvaguarda sorprendentemente anticipatoria para que no queden sin castigar atrocidades que hemos conocido a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI.
A pesar de que Israel, con ayuda de los medios afines, se empeña en proclamar que está en guerra con Palestina para intentar que se vean como legítimos los métodos que está empleando, lo cierto es que la sarta de crímenes que está cometiendo están contemplados en el derecho penal internacional, cuyo epítome lo encontramos en el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, a pesar de que dicho funcionamiento sea más bien escaso. Este estatuto se ocupa de los llamados crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Si no queremos entrar en el rótulo de los crímenes de guerra, habrá que entrar en los de crímenes de genocidio y lesa humanidad, apartado este último que incluye el apartheid, que no solo se practicó en Sudáfrica. Todos estos crímenes, se vaya por la vía que se vaya, son gravísimos, y, por esta especial gravedad, imprescriptibles e inamnistiables. Y son competencia de la Corte Penal Internacional cuando el estado en cuestión no quiere ocuparse de ellos. Ciertamente, está el asunto espinoso de que la firma del Estatuto de Roma es voluntaria y no todos los estados lo han firmado. Cabe reflexionar sobre qué puede motivar y a quién le interesa proteger la impunidad de los crímenes más graves que el ser humano puede cometer. A 1 de febrero de 2024 los estados firmantes del Estatuto de Roma son 124, ¿por qué una tercera parte de la comunidad internacional se niega a firmar esta norma?, ¿todos se niegan por decisión autónoma y soberana, o algunos o muchos de ellos lo hacen por presiones de terceros?
Quien capitanea la negativa a respetar el derecho internacional en materia de derechos humanos en el planeta es Estados Unidos, que quiere imponer su “orden basado en reglas”; o sea, que todo el mundo obedezca a sus reglas, orientadas por sus intereses y no inspiradas por impulsar la convivencia pacífica entre las naciones; lógicamente, no puede esperarse otra cosa del mayor exportador de armas del mundo.
Netanyahu ha declarado estos días que no respeta la autoridad de la Corte Penal Internacional. Exactamente igual que su protector, Estados Unidos. ¿Qué respetan estos estados, cuya motivación fundamental es la demolición del derecho internacional? Pues, por lo que parece, la exclusiva ley de la fuerza bruta, la que ha regido la barbarie durante toda la historia, la ley del sometimiento de los demás, el gangsterismo que practican en la esfera internacional con la ayuda del sometimiento voluntario de algunos países e involuntario de otros. Pocos estados y/o gobernantes tienen la dignidad para hacerles frente, como Bolivia y Colombia (gracias a sus gobernantes actuales, evidentemente), que han cortado relaciones con Israel.
No obstante, a pesar de la inoperancia de las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus socios (hablar de amistad es un abuso en este caso) procuran desactivar a la Asamblea General y que las votaciones que les dejan en evidencia no se difundan mucho. En ese órgano las cosas no les resultan tan fáciles como en el Consejo de Seguridad, con un derecho de veto que impide aprobar muchísimas resoluciones que serían necesarias. La Asamblea General de las Naciones Unidas representa a 193 países y la OTAN, el instrumento de Estados Unidos para llevar a cabo ese “orden basado en reglas”, a menos de la sexta parte.
Lamentablemente, no existen muchos países dispuestos a hacer frente al matonismo de estos dos estados, pero es vital que haya una resistencia a este intento de demolición de las reglas marcadas por las Naciones Unidas, unas reglas que sitúan al comportamiento de Israel y su compinche en la esfera de crímenes tan execrables como el genocidio y el apartheid. Que haya que mejorar el funcionamiento y las normas de la ONU no es justificación para que la dejemos sustituir por la OTAN y la ley de la selva entre las naciones. Urge detener la demolición de un sistema internacional que, siendo mejorable, ha tardado muchas décadas en conseguirse y cuyo funcionamiento abriría la posibilidad de ir terminando con las guerras, ese es el objetivo que Estados Unidos y sus vasallos quieren dinamitar.
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