Las pasadas elecciones del 9 de marzo suponen un antes y un después en la historia de la izquierda en nuestro país. En poco más de diez años, IU ha pasado de más de dos millones y medio de votos (con Julio Anguita como candidato en 1996) a menos de un millón. De más de […]
Las pasadas elecciones del 9 de marzo suponen un antes y un después en la historia de la izquierda en nuestro país. En poco más de diez años, IU ha pasado de más de dos millones y medio de votos (con Julio Anguita como candidato en 1996) a menos de un millón. De más de veinte escaños a tan sólo dos. Las causas son múltiples, tanto internas (enfrentamientos permanentes, cambios de rumbo poco consultados a las bases, etc), como externas (ley electoral, temor a una victoria de la derecha política radical, etc).
Pero, en este momento histórico ha llegado la hora, en la zona izquierda de la socialdemocracia, de decidir el futuro y los contenidos ideológicos y organizativos de la izquierda alternativa en España. Desde mi punto de vista, dos deben ser los grandes objetivos estratégicos de una fuerza social o política de izquierda en la España del siglo XXI: afianzar los valores democráticos y la defensa del medio ambiente (Democracia y Sostenibilidad).
Con carácter general, debemos partir de la persistencia de una realidad patente a nivel global (y también nacional y local) de injusticia social, económica, cultural y medioambiental. Al respecto, los ciudadanos debemos estar muy atentos y expresar nuestra voz contra las causas y los causantes de dichos desequilibrios mundiales. Debemos pasar de ser meros receptores de información sobre lo que sucede a nuestro alrededor, a ser sujetos activos de democracia, a exigir a los que determinan las causas de las injusticias el cese de actuaciones o de políticas que nada tienen que ver con un concepto de desarrollo justo y compensado de los territorios.
Debemos transformar radicalmente el concepto y ejercicio actual de la democracia. Debemos exigir el protagonismo del ciudadano como sujeto central del sistema democrático. Para este empeño, los ciudadanos no debemos callarnos. Por el contrario, debernos opinar, estar informados, participar (y no sólo electoralmente) en la vida pública. Debemos exigir a los poderes públicos medios de participación real en los asuntos públicos. No debemos resignarnos a participar electoralmente cada cuatro años y volver a olivarnos de la gestión de lo público.
Realmente, ante todo lo que está ocurriendo (guerras, hambre, violación permanente de los derechos humanos, destrucción de los valores ambientales, especulación urbanística, crecientes desigualdades económicas y sociales, empobrecimiento cultural y educativo, etc) es tiempo de acción, no de silencio. Es tiempo de denuncia, no de resignación. Es tiempo de participación y exigencia, no de pasividad. Es tiempo de democracia real, y no de meras declaraciones políticas y jurídicas.
Desde mi punto de vista, todos tenemos la responsabilidad de construir democracias más avanzadas, con más calidad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de las obligaciones colectivas. En definitiva, para que surjan ciudadano/as más activos, exigentes y comprometidos con la democracia, con las nuevas obligaciones colectivas como sin duda es la lucha contra los desequilibrios sociales, económicos, medioambientales y culturales que socavan directamente al sistema democrático, y a la propia esencia del ser humano.
Todos esos planteamientos deberían formar parte de esos dos grandes objetivos estratégicos que a los que aludía al inicio de esta reflexión, Democracia y Sostenibilidad. Y que se concretaría en otros objetivos más operativos y concretos, como elementos políticos en torno a los que deberían girar las propuestas de los movimientos políticos que se consideran de izquierda, como son, la austeridad en el gasto público, el impulso decidido a la formación y cultura de la ciudadanía para hacerla más crítica y comprometida, defensa decidida por los valores del medio ambiente, actuaciones públicas firmes para asegurar una estricta igualdad mujer-hombre, la negación de la guerra como instrumento de política exterior, la acción permanente en la extensión de los valores democráticos, o la apuesta por modelos de servicios públicos eficaces y extensivos en prestaciones.
Todas son exigencias de más democracia y de mayor respecto a los valores ambientales, que sin duda serán entendidas y asumidas por una ciudadanía cada vez más comprometida, y que contribuirían a un mundo más justo, a otro mundo posible y necesario.
*Ángel B. Gómez Puerto es Abogado y está Doctorado en Derecho Público por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.