En la primera semana de febrero llegó una citación para comparecer ante el Ministerio Público de Traiguen al werken y presidente de la comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu, Juan Pichún Collonao y a su hermano Carlos Pichún Collonao, a quienes la fiscalía de Traiguén los considera sospechosos de ser autores de incendios de plantaciones forestales […]
En la primera semana de febrero llegó una citación para comparecer ante el Ministerio Público de Traiguen al werken y presidente de la comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu, Juan Pichún Collonao y a su hermano Carlos Pichún Collonao, a quienes la fiscalía de Traiguén los considera sospechosos de ser autores de incendios de plantaciones forestales ocurridos en la comuna en los últimos días. Ambos hijos del Lonko Pascual Pichún Paillalao, quien cumple condena por amenazas terroristas en contra de Juan Agustín Figueroa -ex Ministro de Agricultura y actual miembro del Tribunal Constitucional-.
Otros dos hijos del Lonko Pascual y Rafael Pichun Collonao desde el año 2004 son requeridos por la justicia al no pagar una indemnización de 6 millones de pesos al particular Julio Sagrado Marín. Ambos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que concurren en graves atropellos referidos a la imparcialidad de los tribunales chilenos en casos que involucran a comuneros mapuche -en el contexto del conflicto territorial- y a la inversión privada, en este caso forestal.
Ya en el año 2004 se recibieron denuncias de los familiares del Lonko de a lo menos 8 allanamientos policiales en un periodo inferior a dos meses. Con la consabida violencia excesiva e innecesaria por parte de un gran contingente de efectivos policiales quienes llegaban a la casa del longo destruyendo ventanas, vidrios y puertas, golpeando e insultando a sus moradores que siempre eran: mujeres y niños.
Juan Pichun Collonao, hoy día presidente y werken de la comunidad de Antonio Ñirripil de Temulemu, ha denunciado esta situación públicamente, a nivel nacional e internacional, ha sido invitado por diversas organizaciones de DDHH europeas para exponer la situación de los derechos humanos del pueblo mapuche. Así lo hizo en Ginebra el 08 de noviembre del 2004, en el Comité de los derechos económicos, sociales y culturales (ONU), en el 33° periodo de sesión, donde señaló en su intervención que:
«En la actualidad, el Estado chileno desconoce la existencia de un pueblo que posee estructuras políticas, sociales y religiosas propias, y ha violado constantemente nuestro derecho a existir y desarrollarnos en nuestro territorio. Este ha judicializado y criminalizado la demanda de tierras encarcelando a nuestros lonkos y dirigentes con cargos completamente desproporcionados a las movilizaciones desarrolladas. De esta manera, simples acciones de reivindicación social y de lucha por la tierra son caracterizadas como actos de terrorismo (…)
«Soy miembro de la familia Pichún Collonao quienes hemos sido objeto de persecución y represión política y judicial. Esto ha culminado con el encarcelamiento de mi padre. Por otra parte, dos de mis hermanos, Rafael y Pascual Alejandro, son hoy prófugos de la injusticia, o perdón, justicia. Además, nuestra casa ha sufrido alrededor de 20 allanamientos en los últimos dos años. Lo que ha traído como consecuencia el miedo de mis madres y hermanos pequeños por la violencia física y psicológica de la cuál hemos sido víctimas. En una oportunidad, alrededor de las 6 y media de la madrugada llegaron a nuestra casa aproximadamente 100 agentes policiales armados con vehículos blindados (bus, camionetas, jeeps equipados con bombas lacrimógenas), con armas de fuego de servicio, escopetas antimotine s y ametralladoras…»
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas ve con preocupación la citación a declarar -bajo amenaza de ser arrestado si no comparece- al reconocido dirigente indígena, como sospechoso de incendio por parte del Ministerio Público. Llama la atención el accionar de la Fiscalía de Traiguén, puesto que la existencia de un supuesto ilícito en una zona determinada implique relacionarlo inmediatamente a un dirigente de la misma zona. Esperamos que no se concurra -como en otras ocasiones- en indebidos procesos que como sostuvo el relator Rodolfo Stavenhagen, en el informe sobre su misión a Chile, responden a un proceso de criminalización de legítimas demandas de un pueblo, y no a un efectivo proceder para resolver ilícitos.