La sentencia a los militares involucrados en la desaparición y asesinato de los cuatro niños del barrio de las Malvinas (Guayaquil), más allá de si todos los involucrados fueron sancionados, inclusive el Ministro de Defensa, debe invitarnos a una profunda reflexión y a un consiguiente golpe de timón. El conflicto interno armado, decretado por el presidente Noboa, en enero del 2924, es un fracaso. La violencia criminal, que se fue cocinando en años anteriores, ha transformado, en apenas dos años, al Ecuador en el país más violento de la región. Es evidente que la militarización de la sociedad y que el populismo penal no son las herramientas adecuadas para enfrentar este complejo reto, menos aún teniendo como base una política económica atada a la austeridad neoliberal empobrecedora y a un manejo fiscal desordenado vinculado a las apetencias electorales del gobernante, manteniendo como principal objetivo económico el servicio de la deuda externa.
Es de amplio conocimiento que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para proteger a la ciudadanía. Su entrenamiento es para la guerra en defensa del territorio nacional, frente a amenazas o agresiones de un enemigo externo. No conocen de los asuntos de seguridad interna ni tienen la capacidad para tratar con ciudadanos y ciudadanas, de ahí que el apoyo que puedan dar a la Policía no puede ser ni extendido en las competencias y menos aún en el tiempo. La actuación de los militares, al ocuparse de actividades de seguridad interna que no son las suyas y entendiendo que no existe en rigor una guerra interna como lo dicta el derecho internacional, tiende a derivar en violencia estatal violatoria de los Derechos Humanos de las poblaciones que son expuestas a la acción militar. En este caso, las víctimas son -en primera línea- los jóvenes racializados de las provincias, ciudades y barrios más empobrecidos del país donde opera el crimen organizado, incluyendo las personas privadas de la libertad.
Cuando los militares pasan demasiado tiempo en las cárceles, en donde no han desaparecido las masacres y han aumentado las denuncias de todo tipo de violaciones, corren el riesgo de ser cooptados más y más por las redes del crimen. Eso ya sucedió con la Policía, cuando, a través del SNAI, se hizo cargo de las cárceles sin ninguna red interinstitucional de apoyo, como es su momento fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No solo en la fuerza pública, en prácticamente todos los ámbitos de la institucionalidad estatal, incluyendo la justicia en sus niveles más altos, hay una inmensa puerta giratoria por la que cruzan personajes, intereses, órdenes… que relacionan al crimen organizado con varias autoridades del Estado. Y, por cierto, indigna ver a la fuerza pública -Policía y Fuerzas Armadas- transformadas en guardia pretoriana de las empresas mineras y petroleras.
Hay que tomar en cuenta, además, que la guerra interna se lleva adelante sin intentar un profundo proceso de depuración de la fuerza pública y la justicia.
La desaparición y el asesinato de los cuatro niños de las Malvinas no constituye un caso aislado. Los organismos de los derechos humanos han denunciado maltratos, torturas, muertes e inclusive desapariciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Todos estos crímenes de Estado que se han denunciado, hasta ahora no tienen la respuesta en investigación ni sanción.
A esto se suman las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos que denuncian la violación sistemática de los Derechos Humanos que se viene dando bajo los sucesivos estados de excepción vinculados a la declaratoria de guerra interna.
El deterioro de la imagen de policías y soldados es el deterioro de la imagen del Estado, sea porque no ganan la guerra -imposible de ganar…- contra el narcotráfico o porque terminan enredados con el mismo. Tampoco será tolerable que las Fuerzas Armas e inclusive la Policía Nacional terminen de facto transformadas en una herramienta neocolonial de los Estados Unidos; una situación intolerable si se irrespeta el mandato constitucional que prohíbe, en su artículo 5, no solo el establecimiento de bases de tropas foráneas, sino explícitamente el uso de instalaciones nacionales por parte de fuerzas extranjeras, sean militares o mercenarios.
En suma, resultó un error político garrafal haber declarado el combate al crimen organizado fundamentándolo en los dos pilares mencionados: militarización de la sociedad y el populismo penal.
Ahora, más allá de la retórica política fundamentada en el miedo, retórica que se agota aceleradamente, precisamos un efectivo cambio de rumbo con una estrategia clara e integral… algo que, tal como vamos, solo será posible con otro gobierno.
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