La Corte de la Haya ha fallado de forma ilegítima -e insólita- dando la razón a la petrolera Chevron-Texaco. Sin haber escuchado a las víctimas (comunidades afectadas y Naturaleza), la Corte resolvió un oscuro laudo que afecta los derechos justamente de esas víctimas. Ante esto, manifestamos nuestra enérgica condena. El resultado de este juicio nace […]
La Corte de la Haya ha fallado de forma ilegítima -e insólita- dando la razón a la petrolera Chevron-Texaco. Sin haber escuchado a las víctimas (comunidades afectadas y Naturaleza), la Corte resolvió un oscuro laudo que afecta los derechos justamente de esas víctimas. Ante esto, manifestamos nuestra enérgica condena.
El resultado de este juicio nace de múltiples inoperancias y complicidades acumuladas desde que empezó el litigio entre Texaco -hoy Chevron- y sus víctimas hace más de 25 años. La lucha de las comunidades afectadas denota constancia y valor al enfrentar a uno de los consorcios transnacionales más poderosos del planeta. El arbitraje, cuyo fallo estamos condenando, es apenas un capítulo más de un tortuoso camino.
Destacamos, firmes, que lo crucial es el derecho de las comunidades afectadas a la reparación y de la Naturaleza a la restauración, como dispone la Constitución de Montecristi. Pero no podemos olvidar que precisamente el gobierno de los entonces presidente Rafael Correa y vicepresidente Lenín Moreno aceptó tal arbitraje, violando claramente la Constitución, la cual prohíbe «ceder soberanía a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas» (Art. 422).
Además de una defensa mediocre, el proceso está plagado de arbitrariedades, como las presiones de Correa para que, en 2016, las comunidades afectadas no cobren el dinero que les correspondía; el objetivo fue congraciarse con el mercado internacional para colocar bonos soberanos, según Correa evitando las presiones de Chevron contra dicha operación financiera. Igualmente está la manipulación mediática desplegada por el correísmo desde 2013, cuando levantó una millonaria campaña publicitaria en contra de la petrolera pero como mero dispositivo legitimador, pues apenas unos días antes autorizó la explotación petrolera en el Yasuní-ITT. La misma injerencia gubernamental -y corrupta- en la justicia brindó pretextos útiles para que un tribunal que decide sobre empresas e inversiones -lo cual nada tiene que ver con los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza- falle en contra de los derechos de los principales afectados.
El gobierno de Lenín Moreno no debe aceptar esta decisión y solo escudarse en ejercer el derecho a la repetición. Moreno está obligado, ética y políticamente, a armar una estrategia jurídica y diplomática que defienda los derechos de los afectados (comunidades de indígenas y colonos, Naturaleza); debe rechazar categóricamente las pretensiones de Chevron y desplegar una gran ofensiva legal que plantee la nulidad del fallo de la Corte de La Haya como única opción apegada al derecho y a la defensa de la soberanía.
Dada la opacidad de diferentes gobiernos y administraciones de justicia que han alcahueteado los intereses de la Chevron-Texaco por más de 25 años, Montecristi Vive exige crear una Comisión de la Verdad que esclarezca el papel de las autoridades políticas y judiciales en este proceso y que defina responsabilidades por las omisiones o irregularidades cometidas. Los juicios de repetición deben aplicarse a todos los responsables de haber provocado un desenlace que puede afectar gravemente al patrimonio nacional.
Apoyamos las acciones necesarias para que Chevron-Texaco asuma su responsabilidad luego de atentar contra los Derechos Humano y de la Naturaleza, luego de atentar por años contra la vida.
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