Recomiendo:
0

Cerrado por derribo

La agonía de la universidad pública en un Estado neoliberal

Fuentes: Rebelión

  A la memoria y vida de Lumi Videla; al sueño y camino de Galeano.   «El lugar que una sociedad le asigna a la universidad, misteriosamente coincide con el lugar que esa sociedad tiene en el mundo» Britos   La crítica situación educacional del país torna justo y urgente el derecho/deber de formular la […]

 

A la memoria y vida de Lumi Videla; al sueño y camino de Galeano.

 

«El lugar que una sociedad le asigna a la universidad, misteriosamente

coincide con el lugar que esa sociedad tiene en el mundo»

Britos

 

La crítica situación educacional del país torna justo y urgente el derecho/deber de formular la siguiente pregunta: ¿Puede un Estado neoliberal sostener en pie un proyecto de universidad pública? Para ella sostenemos una tajante respuesta negativa. Pero quienes se adjudicaron el poder y las herramientas de decisión para estas temáticas han demostrado no coincidir con nosotros. Y así nos va.

 

En los hechos, el modelo público para la educación universitaria enfrenta una prolongada crisis material y una solapada crisis de sentido. Esta situación alarmante evidenció sus primeros síntomas en 1973, en medio de la masacre ejecutada por manos militares. Hasta esa fecha, el proceso de Reforma Universitaria había posibilitado la modificación de las estructuras al interior de las instituciones de educación superior, dotándolas de una misión plenamente coherente con los lineamientos de desarrollo e independencia nacional. La gestión dictatorial abrió paso a la óptica neoliberal, permitiéndole revertir el proceso reformista y sentar las bases de un nuevo modelo para el quehacer universitario.

 

Esta crisis, entonces, arrastra más de 30 años de existencia. Tres decenios cuyo resultado es la evidente -aunque no asumida- agonía de la universidad pública. Agonía maquillada con ajustes y declaraciones de buena intención, encubierta con cifras de crecimiento sostenido en el plano de la matrícula y el financiamiento, pero imposible de ser negada si hurgamos un poco en sus raíces. Esto último es lo que pretendemos hacer en el presente ensayo, anticipando que la visión expresada no coincidirá con el lineamiento ideológico y técnico habitual para esta clase de asuntos.

 

La universidad como palanca del desarrollo

 

            La Reforma Universitaria (1967-1973) condensó con coherencia los anhelos democratizadores que se incubaban por largos años al interior de  la comunidad universitaria.  Visto en perspectiva histórica, era una adaptación a las proyecciones sociales que emanaban de políticas estatales centradas en el desarrollo nacional. La utilidad del quehacer universitario se mediría en base a los ajustes que la institución académica hiciera en torno a los lineamientos estratégicos del Estado. Para ello contaría con recursos y la voluntad política de las fuerzas actuantes en la vida universitaria, tanto las endógenas (profesorado y estudiantado, ambos activos y propositivos) como las exógenas (Gobierno, Parlamento y empresas estatales)[i].

 

            La universidad pública era incuestionable en su raíz. Las divergencias podían estar en los énfasis puestos en los límites y autonomías de sus misiones y visiones. Recordemos que existían también por entonces instituciones privadas (Pontificia Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María), pero las presiones para adecuarse a los requerimientos de la época provenían, en aquellas universidades, desde sus planteles académicos y sus organizaciones estudiantiles. En algunos casos, la opción desarrollista llegaba a ser tan radicalizada que se descartaba incluso la modernización si esta no poseía abiertamente un carácter socialista[ii].

 

            Este proceso democratizador alcanzaba sus mayores conquistas al momento del Golpe de Estado. La primera misión de la Dictadura fue aniquilar físicamente a los actores de este proceso: el estudiantado y sus organizaciones, junto a los académicos comprometidos con la Reforma. Tras la masacre, la imposición de autoridades militares y el ascenso a instancias de poder de académicos reaccionarios, vino el rediseño del rol y misión de la universidad pública.

 

Los dispositivos privatizadores

 

            Los ideólogos neoliberales entraron en escena al momento de organizar la futura plataforma jurídica y financiera que impondría Pinochet a la esfera pública de la educación. El eje desarrollista que orientaba las políticas en educación superior sería reemplazado por una actitud de pérdida paulatina de compromiso e intervención estatal. La universidad pública perdería así su rol histórico de ser uno de los pilares esenciales de la identidad y el desarrollo de Chile, para convertirse en un problema permanente, en casi un estorbo para el andamiaje burocrático del Estado. El Estado mismo sería considerado un estorbo, hasta que el análisis neoliberal vería en él un instrumento[iii].

 

            Para materializar esta nueva política neoliberal, se establecieron dispositivos legales tendientes a reestructurar la universidad pública en las coordenadas del neoliberalismo. Fraccionar fue la dinámica a comienzos de los ochenta. La Universidad de Chile se desmembró de sus sedes regionales, y redujo con ello su influencia a nivel país. Se implantó luego la política del autofinanciamiento, con esquemas de asignación de recursos como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), induciendo a la competencia entre instituciones no aptas para tales fines. Culmina la década con la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), piedra angular del diseño que los neoliberales postularían para la educación superior en tiempos de transición[iv].

 

            Los «amarres» mencionados, delimitaron el radio de acción de las instituciones públicas de la educación superior. El Estado neoliberal chileno debía pasar la prueba de resistencia durante los noventa, en el sentido de ejecutar los lineamientos dictaminados por el régimen de fuerza sin mayores modificaciones. La universidad privada se vislumbraba como el verdadero contrapeso, la verdadera herramienta de destrucción de las instituciones públicas en la medida que las leyes del juego aprobadas por la Dictadura les beneficiaban directamente.

 

            Quiero afirmar, en este sentido, que las distintas leyes de regulación trazadas por el mandato militar, sólo cumplían con el propósito de cerrar las puertas a una hipotética recuperación del sentido y sitial de la universidad pública durante los nacientes gobiernos concertacionistas. Es decir, prevenir cualquier intento estatal de reconstruir el modelo desarrollista para la educación superior. De esta manera, se mantenían a raya los esfuerzos democratizadores y se daba rienda suelta a la apertura indiscriminada de vacantes en el sector privado, para alcanzar -según sus propios cálculos- el poder absoluto sobre la «oferta» universitaria finalizada la última década del milenio. Y así fue: el porcentaje de estudiantes del ámbito privado supera ya a la esfera pública[v].

 

¿La muerte del Estado?

 

            Todo el desarrollo alcanzado por la universidad pública a lo largo de 120 años estuvo ligado directamente a las condiciones políticas del Estado. Ahora bien, la interrogante que surge en este punto de la reflexión dice relación con la nueva configuración del Estado en tiempos de globalización neoliberal. ¿Ha desaparecido el Estado clásico, el fetiche de la modernización? La transformación del Estado chileno los últimos 34 años ha sido acorde con los requerimientos impuestos por los grandes intereses corporativos. Si Chile se considera hoy como el primer campo de imposición cabal del neoliberalismo en el mundo, se debe al esmero y diligencia con que las elites dominantes y las clases dirigentes (incluyendo obviamente a la clase política concertacionista), obedecieron las pautas que los bloques financieros fijaron para la educación, entre otros sectores[vi].

 

            La pérdida progresiva del patrimonio estatal, en especial del aparataje productivo industrial, le restó al Estado una de sus fuentes de recursos y legitimidad más importantes. Toda política desarrollista partía por respaldarse en la capacidad productiva del Estado. El proceso de privatizaciones intensivo llevado a cabo en los gobiernos de Pinochet y Frei Ruiz-Tagle, permitieron desarticular uno de los pilares que sostenían al Estado moderno. Luego, las sucesivas concesiones legales a la inversión especulativa, sin ninguna capacidad estatal para intervenir en ella, además de la expansión de los negocios de tipo primario exportador, le quitaron el piso mínimo al Estado para ejecutar políticas de soberanía y desarrollo[vii].

 

            El Estado chileno es hoy un organismo pobre, con escasa capacidad de maniobra salvo la facultad de represión en pos de la «paz social». En el ámbito de la educación, el Estado chileno se remite a ser un ente subsidiario, sin capacidad de agenciar estrategias de desarrollo, asentado en sus mínimos reductos estériles, carente de la voluntad necesaria para re-significar su función social. Se ha entregado a manos privadas la satisfacción de una creciente demanda por educación terciaria, al mismo tiempo que los últimos resabios públicos sufren año tras año los efectos de una crisis que parece insalvable.

 

            ¿Desaparece el Estado entonces? No, se conservan los suficientes engranajes para mantener un grado de cohesión social aceptable para los designios de los grandes grupos económicos, a la par que -discursividad «democrática» por medio- se sostiene la apariencia de plena soberanía. [viii]

 

            El rol de la educación superior estatal, en este contexto, pierde su norte y enfrenta el cuestionamiento de los propios hechos: las crisis se suceden desde diversos flancos, la situación de la universidad pública se vuelve inestable y la pérdida del rumbo histórico se hace patente. Estamos en presencia entonces de la apropiación neoliberal de los destinos de la universidad pública, con las consiguientes fórmulas para «ajustar» el ordenamiento universitario a las exigencias de supervivencia impuestas ya no sólo por la desaparición del Estado desarrollista, sino también por la presión ejercida desde la esfera privada.

La agonía de la universidad pública

 

            Comenzamos el presente ensayo con la pregunta sobre la factibilidad de que el Estado neoliberal sostenga en pie una universidad pública.  Esta es una interrogante que pocas veces se han formulado los agentes encargados de legitimar día a día la existencia misma de la esfera pública de la educación superior. Hablamos de los rectores, académicos y burócratas que, con plena capacidad de intervenir en la gestión de la universidad estatal, limitan su reflexión a una búsqueda reivindicativa con un trasfondo de resignación. No se cuestiona jamás el modelo que convirtió al Estado en la cáscara de su estructura histórica.

 

            Es sorprendente la ausencia de crítica política y económica de los defensores del modelo público, procurando quizás una «neutralidad» que no se justifica cuando la crisis es tan evidente y profunda. Se cuestiona el «abandono» del Estado en relación a la educación superior, pero no se roza siquiera la verdadera causa de tal abandono: la destrucción de todos los canales de apoyo que el Estado poseía en torno a la universidad, la progresiva adhesión de los antiguos actores pro-desarrollistas a las prácticas y enfoques neoliberales[ix].

 

            Uno de los ideólogos de la óptica neoliberal es José Joaquín Brunner, quien junto con mentir públicamente al adjudicarse títulos universitarios que no posee, diseñó el camino para la educación superior pública durante la transición. Brunner, hoy miembro y lobbysta de la esfera universitaria privada, sostuvo que todas las universidades son públicas, incluso aquellas que obedecen a fines meramente mercantiles. Todas las instituciones que abran sus puertas a cualquier ciudadano (sin importar los filtros económicos y/o clasistas), se insertaba de plano en lo «público», aún cuando su proyecto no constituyera una propuesta orientada al bien común. Retóricas más, justificaciones menos, el propósito de Brunner y toda la camada de agentes neoliberales, es implantar la lógica de emparentar a las instituciones públicas de las privadas[x].

 

            Si bien históricamente, y eso ya lo señalé en su momento, al interior de la esfera pública nacional cohabitaban instituciones estatales con otras de origen privado, todas convergían en una orientación de servicio a la comunidad, de entrelazamiento a los sectores productivos y compromiso con el desarrollo científico y cultural de la nación. Sin embargo, la estrategia de Brunner apunta a uno de los factores más «elegantes» que poseen los neoliberales para atacar y destruir a la universidad pública: el proceso de acreditación.

 

            La acreditación ha sido el estandarte más defendido por los agentes neoliberales durante las dos últimas décadas del siglo XX. Los fondos estatales para la educación superior fueron uno de los botines más apreciados por los negociantes de la educación. Para llegar a ellos en tiempos de «democratización», no eran suficientes los contactos y maniobras corruptas empleadas en el período de las dictaduras. Se requería de elementos «técnicos» capaces de convencer socialmente, disputar hegemonía,  y de ser, además, bien aplicadas por las escuadrillas de tecnócratas que a estas alturas del proceso histórico se hacen cargo de la «administración» del Estado.

 

            La Ley de Acreditación chilena, simplemente despejó caminos al proceso que se encamina a la anemia de fondos para las universidades del Estado, incapaces de ajustarse a los requerimientos y parámetros medidos por las agencias acreditadoras, las cuales simplemente reproducen los cánones del Banco Mundial. La acreditación es, lisa y llanamente, la legitimación de la competencia a las que se han visto forzadas las instituciones de educación superior al morir el proyecto desarrollista. Al vaciarse el Estado de fondos y sentido, las universidades quedaron huérfanas del «proyecto» que las justificó por largas décadas de vida republicana.

 

La salida a la crisis

 

«No se trata de buscar cómo adaptarse a la globalización, sino se trata de ver cómo construir alternativas de alcance mundial. Dichos procesos de globalización nos enfrentan a una contradicción fundamental: me refiero a la contradicción entre el capital y la vida[xi]«

 

            Uno de los propósitos de esta publicación es encontrar pistas para remediar la crisis educacional en Chile. Todo un desafío, cuando -a mí entender- las soluciones que se puedan esbozar están forzadas a apelar a todo el engranaje económico-político que mantiene en agonía a la educación pública[xii]. No es posible impugnar la superficie de la crisis o sólo paliar sus síntomas sin gastar en ello un esfuerzo inútil. No son tiempos de tecnicismos ni declaraciones de buena voluntad.

 

            Considero que las legítimas soluciones no pueden ser políticamente neutrales ni consensuadas con los sectores culpables de la misma crisis. Hoy más que nunca, las medidas que podrían acabar con la grave situación de forma radical, poseen un sustrato definidamente antineoliberal. El deber de los agentes políticos y el de la ciudadanía organizada es reasignar los escasos recursos que aún controla el Estado, desde la esfera privada a la égida pública. Claramente, esto encontrará la resistencia inmediata de los poderes fácticos, involucrados íntegramente en el mundo de la educación superior. Pero, como sostuve anteriormente, las soluciones a esta crisis no son neutrales y mucho menos pueden ser negociadas en términos de mutuo beneficio con los intereses privados. Se requiere un golpe de timón del Ejecutivo en torno a una nueva óptica de carácter desarrollista, re-distributivo y popular.

 

            La legislación en materia educacional debe ser modificada en torno a una estrategia de recuperación acelerada para la educación superior, procurando reformar con ello también la Carta Magna nacional. En este sentido, la solución debe estructurarse en torno a un Plan de Emergencia, transversal a todos los niveles de la educación. Para tales efectos, es imprescindible la participación de todos los actores involucrados en el proceso de reproducción de la educación. Sin embargo, la apertura de esta instancia debiera contar con un juicio previo a los responsables materiales e ideológicos de la crisis. Estos agentes, claramente vinculados al mundo empresarial  y a sus redes funcionales en las elites políticas, debiesen ser marginados del debate futuro.

 

            La universidad pública exigirá la transformación de las bases materiales neoliberales y la instauración de dispositivos productivos ajustados a un eje de desarrollo endógeno, integrado simétricamente a los países de la región, en búsqueda de la generación de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos puestos al servicio del bienestar y la justicia social. Para ello -vale la pena decirlo hoy por la honestidad que nos merecen los lectores- se requiere de una transformación social profunda. Como afirmaba Paulo Freire, «la nueva educación necesita de la nueva sociedad, y esa sociedad no está todavía parida«[xiii]. Esa es la tarea principal. Esa es nuestra tarea.



[i] Para comprender mejor esta etapa ver: Anales de la Universidad de Chile, número 150, Santiago, Editorial Universitaria, abril-junio 1969; José Joaquín Brunner, «La Reforma Universitaria«, en Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 2, Santiago, Editorial Universidad Católica de Chile, enero 1970.

[ii] «La modernización de la universidad sería quizás la solución más desastrosa porque sólo permitiría a nuestras sociedades lograr mayor eficacia en el uso de los nuevos equipos para seguir cumpliendo mejor nuestro viejo papel de culturas espurias y de sociedades atrasadas que corresponden a las economías dependientes» (Darcy Ribeiro, La Universidad Latinoamericana, Santiago, Editorial Universitaria, 1971)

 

[iii] «El Estado neoliberal, como lacayo de la globalización, es un Estado posnacional. Otro producto instrumental. Una suerte de mecano con más interés político (para la clase política civil) que económico o cultural (empresarios e intelectuales son, ya, ciudadanos del mundo, no feligreses del viejo sentido parroquial de la Nación)». Gabriel Salazar, Historia Contemporánea de Chile, volumen I: Estado, legitimidad y ciudadanía, Santiago, LOM, 1999

 

[iv] Un acabado estudio de este proceso puede verse en el documento publicado por el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE, Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar, dos volúmenes,  Santiago,  1991.

[v] La mirada de Rollin Kent, liberal y pro-mercado, coincide con Brunner al momento de asumir el proceso de privatización como un imperativo en pos de la diversificación y ampliación de la oferta: «el surgimiento del sector educacional de mercado, la dispersión espacial y la diversificación se presentan como fenómenos asociados, que tienen que ver con una nueva tendencia de democratización del acceso a la educación superior». Rollin Kent (compilador), Los temas críticos de la educación superior en América Latina: estudios comparados, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

[vi]  «Desde diversos campos disciplinares se nos refiere, no unívocamente, la quiebra de la universidad, su acabamiento y consumación. Lo que se predica como agotamiento de la universidad, se predica a la vez de la política. La quiebra de la universidad y de la política moderna serían inseparables. Lo serían mientras la arquitectónica categorial moderna de la universidad moderna coincide con la de la política (…) Quiebra de la universidad nacional moderna, quiebra del Estado y de la ideología serían inseparables» (Willy Thayer, La crisis no moderna de la universidad moderna, epílogo al conflicto de las facultades, Santiago, Cuarto Propio 1996)

 

[vii] «La reforma neoliberal limitó severamente los instrumentos del estado para intervenir en la producción (…) El Estado chileno carecía de la capacidad institucional y -dado el compromiso ideológico de la elite empresarial con el neoliberalismo- del respaldo político para transformar la economía favoreciendo a ciertos sectores sobre otros» (Paul Drakee Iván Jaksic, El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM, 2002)

 

[viii] La nueva funcionalidad del estado al interior del andamiaje neoliberal puede estudiarse a partir del análisis que el intelectual italiano Antonio Negri realiza junto a Michael Hardt en Imperio (Buenos Aires, Paidós, 2002)

[ix]  «Todos sabemos que el desarrollo económico depende en forma crucial de la acumulación de conocimiento útil para el desarrollo. En este contexto, el desempeño del Estado por medio de sus entidades de investigación superior es irrenunciable» (Luis Riveros, Mis visiones sobre educación, propuestas para un debate, Santiago, Editorial Universitaria, 2001). Sin embargo, quienes utilizarían tales conocimientos serían los agentes económicos que ningún interés poseen en destinar tales saberes al desarrollo de una nación a la cual sólo les convoca la ganancia.

 

[x] Una interesante reflexión al respecto, desde la perspectiva argentina, podemos hallarla en Marcela Mollis, La universidad argentina en tránsito, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

[xi] José Luis Rebellato, «La globalización y el neoliberalismo. Su impacto en los terrenos que son nuestros» en Educación Popular y alternativas políticas en América Latina, volumen I, La Habana, Cuba, Editorial Caminos, 1999.

[xii] «Las instituciones deben pensarse en un contexto, y el contexto neoliberal no es el de la universidad pública, entre otras cosas porque ni siquiera es el contexto de la democracia liberal» (Miguel Rojas Mix, 7 preguntas a la educación superior y otros ensayos, Santiago, LOM, 2006)

 


[xiii] Esther Pérez y Fernando Martínez Heredia, «Pedagogía y Revolución: entrevista a Paulo Freire» en Claudia Korol (editora), Pedagogía de la resistencia: cuadernos de Educación Popular, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo y América Libre, 2004.

———————–

Miguel Fauré Polloni: [email protected]