Un rotundo «no estoy al tanto del tema», respondió la Presidenta Michelle Bachelet a dirigentes de la comunidad mapuche-williche. cuando éstos le pidieron pronunciarse sobre una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Chile. Los representantes indígenas querían saber la opinión de la mandataria, respecto del requerimiento de la CIDH […]
Un rotundo «no estoy al tanto del tema», respondió la Presidenta Michelle Bachelet a dirigentes de la comunidad mapuche-williche. cuando éstos le pidieron pronunciarse sobre una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Chile. Los representantes indígenas querían saber la opinión de la mandataria, respecto del requerimiento de la CIDH en orden a informar de «las medidas tomadas por las autoridades para proteger y cautelar la Comunidad Pepiukelen».
Hace dos años la Comunidad presentó ante el organismo internacional una denuncia por riesgo de desplazamiento y migración forzada a consecuencia de la instalación de plantas de harina de pescado, en la localidad de Pargua, Puerto Montt.
Se trata de cinco gigantescas empresas instaladas en territorios ancestrales que han contaminado el agua, la tierra y el aire. «Estas compañías pertenecientes al Holding Agrosuper no han cumplido con normas legales ambientales, indígenas y de uso de agua», señaló a Clarín.cl, Carlos González, vocero del movimiento indígena.
Las plantas tienen autorización para funcionar en un horario restringido, sin embargo lo hacen durante toda la noche produciendo «un ruido infernal que no deja dormir a nadie».
El Holding Agropusper, al mando de Gonzalo Vial Vial, posee un abultado prontuario medioambiental. Entre los años 2000-2006 se le cursaron multas por 216 millones de pesos.
Un informe de la SEREMI de la Vl Región consigna que el consorcio fue sancionado por «malos olores, pollo entero y trozado no cuenta con rotulación, restos de animales enterrados en fosa profunda, vaciamiento de residuos de materia orgánica en terreno no autorizado, accidente laboral con resultad de muerte».
En el año 2005, empresarios del sector turismo de Puerto Cisne denunciaron a la Pesquera Los Fiordos de propiedad del consorcio por mantener una serie de pozos destinados a la disposición de residuos líquidos y sólidos industriales de alto poder contaminante.
Estamos viviendo un conflicto ambiental de proporciones. «Vamos aprovechar la tribuna internacional de la Cumbre de los Pueblos, que se realizará en noviembre próximo, para exponer ante representantes de otros países del continente los atentados al medio ambiente cometidos por Agrosuper, entre otras empresas», puntualizó González.
La CIDH exige al Gobierno dar cuenta del «estado de las investigaciones a raíz de las denuncias efectuadas por la Comunidad sobre distintas amenazas y actos de hostigamiento que habrían sufrido».
La Comunidad Pepiuleken no descarta llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que posee atribuciones para dictar sentencias condenatorias contra los Estados.
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