Terminó el encantamiento Carlos Marx, en «El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte», parafraseando a Hegel decía que los grandes hechos de la historia como que se repiten dos veces: «una como tragedia y otra como farsa». En el Ecuador, lo que comenzó el 30 de Septiembre como insubordinación policial, en lo que tuvo de […]
Terminó el encantamiento
Carlos Marx, en «El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte», parafraseando a Hegel decía que los grandes hechos de la historia como que se repiten dos veces: «una como tragedia y otra como farsa». En el Ecuador, lo que comenzó el 30 de Septiembre como insubordinación policial, en lo que tuvo de reacción ante el autoritarismo y la prepotencia, como drama con asalto militar con muertos y heridos, terminó el 7 de Mayo en la comedia de equívocos del festejo de un «triunfo arrollador» (por lo demás inexistente) con baile incluido en la avenida de Los Shyris en Quito, en base a un exit-poll gobiernista, falseado o erróneo, pero que se demostró totalmente equivocado.
Mientras en 2007 el referéndum para convocar la Asamblea Constituyente dio un resultado aprobatorio del 82% de la población, y el referéndum sobre la nueva Constitución elaborada en 2008 la sancionó con el 64% de votos favorables, en la actual Consulta Popular el gobierno apenas obtuvo el 47% de asentimiento, con solo una de las diez preguntas superando el 50% con las justas mientras en las restantes sus resultados están por debajo y con pequeñas diferencias por sobre el No (en especial en las preguntas centrales de la Consulta, la 4 sobre la «metida de mano» en la Justicia y la 9 sobre la regulación de los medios de comunicación)[1]. De manera inequívoca, Alianza País perdió la mayoría: el punto de inflexión que comenzó el 30-S se consolidó en la Consulta Popular.
De la goleada por 8 a 1 a ganar con las uñas, con el árbitro comprado y con la cancha inclinada
El gobierno impuso la Consulta contra viento y marea, como un intento por relegitimarse para profundizar el proyecto transnacional-monopólico, para fortalecer su poder ahondando su autoritarismo necesario para dicho proyecto, complementando su construcción bonapartista por medio de también controlar la Justicia para completar la criminalización de la lucha popular y encubrir la corrupción[2]. Rafael Correa inició la campaña diciendo que arrasaría enla Consulta ganando por 8 a 1. Pero la cosa no resultó tan fácil.
Para efectivizar su consigna tuvo una Corte Constitucional de bolsillo que le permitió convocar una Consulta inconstitucional[3]. También contó con un Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumplió el papel de árbitro parcializado desde el inicio, cuando declaró a Correa «sujeto político» sin exigirle pedir licencia de su cargo y sin tener que nombrar tesorero de campaña, es decir sin tener la obligación de rendir cuentas de su gasto electoral.
Correa se valió de la enorme asimetría resultante del uso y abuso de la formidable maquinaria estatal a favor de su tesis (con ministros y altos funcionarios dedicados a la campaña, con vehículos, helicópteros y logística en general, con vallas, cadenas y sabatinas, con inauguraciones y obras) de manera ilegal pero sin que nadie le limitara (peor le sancionara). Tan es así que el gobierno gastó 30 veces más en publicidad que quienes estuvieron por el No[4] (sin contar el resto de propaganda gubernamental «informativa»: reseñas, letreros, cadenas, etc.). Los enlaces nacionales y los monólogos semanales no cesaron durante el período electoral. Además de controlar 18 medios de comunicación que, más que públicos, son gubernamentales.
El despliegue clientelar (de ofertas y amenazas) fue desde la entrega a los campesinos de borregos (según denunciaron los dirigentes indígenas) al chantaje con la pérdida del Bono de la Pobreza (en caso de ganar el No), pasando por la movilización coercitiva (de empleados públicos, pobladores, pequeños comerciantes,…) y la militancia interesada de los recién contratados por el gobierno.
Sin embargo, pese a todo lo descrito, los resultados fueron malos para el gobierno reflejando un muy «mediocre» (como gusta adjetivar el Presidente) desempeño electoral.
Los claroscuros electorales: las zonas oscuras de un «triunfo arrollador»
Como suele suceder, las elecciones ponen el foco en los temas que interesan al poder hegemónico, procesándolos desde el ángulo del interés de la clase dominante, con su semiótica y su simbología, con su ritualidad y sus normas. Porque del tema central posicionado (la inseguridad ciudadana) solo apareció una caricatura que abona en una visión represiva y anti-constitucional, pues nunca abordó sus causas estructurales y profundas: el desempleo, la corrupción, los anti-valores, la impunidad, la permisividad con reformas legales, la descomposición social, el aumento del crimen organizado y su internacionalización… Porque la campaña claramente buscó reconstruir legitimidad para el gobierno, por las debilidades que mostró el 30-S y el desgaste acumulado, para profundizar el proyecto transnacional-monopólico. Porque el electoralismo encubre los intereses de clase del capital transnacional (que se juegan en el petróleo, la minería, las telefónicas, etc.), del capital monopólico interno (los grupos beneficiarios) y de la fracción emergente (en la acumulación realizada a la sombra de Correa, desde el Estado).
De nuevo, hasta el cansancio, la política se devela como el escenario de legitimación del interés dominante, de construcción de hegemonía para el capital. Porque las estructuras y las instituciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas no han cambiado en su carácter de clase. Porque el gobierno no ha pretendido siquiera alterar su sentido profundo, más allá del discurso propagandístico superficial y/o de las prácticas asistencialistas-clientelares, útiles para construir legitimidad, para maquillar apariencias. La «vieja» política, reptante, se reproduce y se entroniza, solo que con nuevas formas, nuevos actores y nuevos beneficiarios, que se agregan a los antiguos en un nuevo pacto de convivencia; el «combate a la partidocracia» ha culminado en su triunfo absoluto, dado que el régimen está compuesto en su gran mayoría por cuadros reciclados de aquélla (de ministros a diputados, del gobierno central a los seccionales que controla Alianza País); el «combate a los monopolios» ha sido tan «exitoso» que el capital monopólico hegemoniza el proyecto gubernamental por los cuatro costados. La posibilidad de una nueva política ha sido falsificada: en lugar de participación masiva tenemos solo la apariencia fútil en su esperpéntica estatización, junto con un caudillo autoritario; en lugar de democracia directa, lo que hay es propaganda y electoralismo tradicionales (manipulación mediática, tarima para utilizar sentimientos y sensaciones, etc.); en lugar del poder de todos manejado por la mayoría, se consolida la progresiva concentración del poder por uno, representante de la gran burguesía (interna y transnacional); en vez de socialización, la reciclada hegemonía del capital, en especial monopólico. Una vez más, la corrupción anega en sus aguas putrefactas a la sociedad y es el método imprescindible para la acumulación de la nueva fracción emergente: 8.160 casos en la impunidad (según la revista Vanguardia), entre los que destacan los contratos (prohibidos por la ley) por 752 millones del hermano presidencial, Fabricio Correa, además de los escándalos en varios ministerios (Deportes, Salud, etc.). En contraste, se ha criminalizado la lucha social, con cerca de 200 dirigentes populares acusados de terrorismo y sabotaje. El uso y abuso de los medios ha vuelto cotidiano el bombardeo propagandístico en cadenas, spots, sabatinas, etc., con los efectos de manipulación consabidos. El falseamiento del proyecto original que, de la reforma capitalista, ha terminado desdibujado entre los argumentos para la legitimación de la remozada hegemonía del capital monopólico (en especial transnacional) al igual que la política social, con el discurso de izquierda reducido a otra máscara propagandística.
Pero más allá de las especificidades de la «revolución ciudadana» en Ecuador, debidas a su origen en una profunda crisis de hegemonía que impuso la necesidad de su reconstrucción (haciendo concesiones al campo popular), el proceso de decadencia de la dominación, del ejercicio hegemónico con formas crecientemente lumpenizadas que incluyen la reactualización de las viejas prácticas junto a nuevos métodos, es un fenómeno que tiene características universales, propias del capitalismo de la globalización. El neoliberalismo instituyó la hegemonía de las finanzas, no solo por su crecimiento hipertrofiado sino por su nuevo y diferente despliegue[5], no solo en la economía sino en el poder del Estado, con su secuela de parasitismo, depredación y especulación. Lo cual abrió la posibilidad de reactualizar un capitalismo de rapiña con los métodos de acumulación primitiva; esto es, la «acumulación por desposesión»[6].
El gobierno de George Bush, producto de un fraude escandaloso, cuya cúpula tenía intereses personales en las industrias petrolera y armamentista, invadió Afganistán e Iraq provocando un genocidio sin nombre para facilitar la acumulación del capital transnacional[7]. La restauración del capitalismo en Rusia, liderada por sectores de la burocracia ex-soviética, en una acumulación primitiva y salvaje con métodos propios de la mafia (apropiación corrupta de la riqueza pública, asesinato de opositores -a tiros o con polonio-, exacerbación del chovinismo nacionalista, las guerras coloniales, etc.)[8]. La restauración en China que combina los métodos de acumulación primitiva de saqueo y despojo[9], con superexplotación de la fuerza de trabajo y depredación inmisericorde del medioambiente, con la dictadura feroz de la burocracia. Un presidente de gobierno como Silvio Berlusconi encabeza una democracia ¿de la degeneración y/o de la decadencia? Además que no hay que perder de vista el peso que tiene la mafia en Italia y que viene desde hace mucho tiempo, como demostró el escándalo de la logia Propaganda Due. Qué decir de Colombia y su narco-poder, su para-política, para no hablar de las matanzas y atrocidades del Ejército y los paramilitares. O de México, con el poder narco y la guerra actual. La liberalización del movimiento de capitales creó nuevas opciones para la lumpen-acumulación y profundizó las anteriores con la exuberancia financiera y las posibilidades que brindan la internacionalización, las off-shore, los paraísos fiscales, las cuentas cifradas, etc., hasta el punto que según el FMI todos los años se lava entre el 2 y el 5% del PIB mundial, buena parte a través del sistema financiero internacional. En este sentido es imposible soslayar la estrategia central de enfrentamiento a la crisis mundial que ha consistido en salvar a los banqueros y especuladores a cargo de masivas intervenciones estatales cuyo costo luego es pagado por los trabajadores del mundo y los pueblos de la periferia. La contraparte de la lumpen-acumulación es la lumpenización de la política[10].
El reinado incontestable del capital ha devenido en su lumpenización generalizada debida al neoliberalismo y a la derrota internacional del movimiento de los trabajadores (tanto por la hegemonía liberal planetaria impuesta en centros y periferias con programas de ajuste, como por la caída del muro y la disolución de la URSS) pues era el principal contrapeso efectivo que tuvo el capital. De tal forma que quien no rompe con el capital transnacional corre el riesgo de repetir también sus formas de dominación: ahí están los Berlusconi; los fraudes de Bush o de Calderón (México) para acceder a la Presidencia; o, en el caso ecuatoriano, los «milagros» de Bucaram, Mahuad o Gutiérrez[11]. Prácticas a las que el gobierno Correa no escapa, tanto por la corrupción ya mencionada como por el uso de la propaganda para suplir la falta de políticas (que además son oportunidades para nuevos business): en lugar de la reforma de la educación, construir «Escuelas del Milenio» para el pantallazo, en vez de transformar el modelo de salud pública, los «Hospitales móviles» millonarios. Pero además, el texto constitucional falseado en origen (según denuncia de la Red y León Roldós), los contratos con telefónicas y petroleras, leyes aprobadas comprando votos (como la de Educación Superior), etc., etc.
De allí que las sospechas sobre el proceso electoral sean lógicas. Las denuncias de fraude fueron sostenidas por toda la oposición, con el antecedente de la permisividad con la publicidad oficial, del control gubernamental del CNE y todas las instancias electorales y de la información del Registro Civil (datos, firmas, huellas, etc. digitalizados de todos los ciudadanos). Un padrón electoral nunca depurado de fallecidos, migrantes y demás, que permitiría «hacer votar» a quienes no se presentan; no aprovechar la experiencia acumulada en anteriores procesos que derivó en la universal falta de capacitación de los vocales de mesa, responsables de recinto, etc., que habrían provocado la avalancha de «inconsistencias»; la ratificación de las ilegales «juntas intermedias del voto» que permitirían «retocar» o cambiar las actas originales, además de hacer negocio, pues son contratos entregados a empresas particulares; el sistema informático, manejado por empleados del CNE y sus delegaciones, sin estar sometido a ninguna auditoría independiente (universidades, por ejemplo). El tortuoso decurso del manejo de los resultados (mesas, militares/policías, juntas intermedias, escaneo de actas, sistema informático, delegaciones provinciales, CNE) parecería diseñado para dificultar la transparencia pues crea una extensa cadena muy difícil de vigilar además de crear instancias de alta opacidad. Si en el anterior proceso (26/04/2009, elección presidencial) ya se denunció que en las Juntas intermedias se sustituyeron actas y que hubieron centros de cómputo clandestinos (El Comercio, 9/05/2009, p. 1 y 3), en el actual se denunciaron mesas en las que se alteró el resultado trasladando hasta el 20% de votos a favor del Sí; mesas con el 100% y más incluso de votantes, cuando según el CNE hay un promedio de 25% de ausentismo; actas en las que los totales no cuadran (por ejemplo, son diferentes para los distintas preguntas), pero que sin embargo fueron admitidas por el «super-seguro» sistema del CNE; y así por el estilo…
Una victoria con sabor a derrota: del festejo con baile a la desazón de las caras largas
Tras el cierre de urnas a las 17 horas se publicitaron los resultados de sondeos que daban una ventaja de hasta 22 puntos a la posición del Si, en especial el «exit-poll» de la encuestadora oficial de Santiago Pérez (con un jugoso contrato de 140 mil dólares con los canales oficiales, El Universo, 16/06/2011). Inmediatamente, el Presidente se posicionó en un discurso triunfalista, que reivindicó lo «arrollador» de la ganancia, y desde la tarima en la sede de Alianza País dirigió el «karaoke» y el baile. En lugar de administrar su triunfo con sabiduría se entregó a los conocidos excesos verbales y se apresuró a festejar lo que no estaba confirmado.
Pero el control ciudadano en las mesas y en el conteo daba pistas diferentes y fue posicionando otra realidad. Finalmente, el conteo rápido contratado por el CNE, que demoró en ser publicado hasta las 21 horas, acortó el resultado favorable al Si a un máximo de 7 puntos y dejándolo con diferencias mínimas en algunas preguntas. Esta noticia, demorada por el CNE pero imposible de ocultar, provocó un efecto fulminante y cayó como un balde de agua fría en el ánimo oficialista hasta el punto que cundió la preocupación, el Presidente suspendió el festejo y el baile y reunió a su gente en la misma sede del movimiento y le increpó muy fuertemente (para variar).
El resultado engañoso (¿y amañado?) de las encuestas se cayó por el conteo rápido y por los primeros reportes oficiales que lo ratificaban. Correa pudo constatar la incapacidad de su staff político que había convertido un «triunfo arrollador» en un casi empate. Pero las responsabilidades no solo pasan por sus asesores sino que le incluyen a él mismo y al círculo más íntimo del poder: Alexis Mera (asesor jurídico de la Presidencia), los hermanos Alvarado (Secretario General de la Administración y Secretario de Comunicación) y Ricardo Patiño (Canciller).
Porque, además de no conseguir la relegitimación tan necesaria para el proyecto reprimarizador de hegemonía monopólica dejándola como un problema irresuelto, develó algunos topes de la misma propuesta y de su gestión política.
La Consulta Popular: error estratégico
Es que un triunfo electoral tan apretado se convirtió en derrota política porque en lugar de relegitimar al gobierno o darle un cheque en blanco para «meter la mano en la Justicia» como dijo Correa, o en vez de de conseguir que el pueblo «confíe en él» como solicitó, desnudó al régimen. La Consulta ha sido un error político estratégico que hizo una radiografía pública de los límites del gobierno, de sus opciones profundas, y además unificó a la oposición.
Pese a poner sus condiciones (tema popular: la inseguridad), pese a escoger el escenario donde se siente más seguro (el electoral, con la tarima y el manejo mediático que son su fuerte y que tanto anhela), pese a escoger los tiempos, además de contar con lo arriba descrito (jueces constitucionales propios, autoridad electoral ídem, campaña asimétrica y millonaria), Correa (que buscaba relegitimarse tras el 30-S) alcanzó una victoria pírrica que develó los límites de lo más querido por él: su base electoral. Hoy, reducida, clientelar-caudillista, la fortaleza electoral de Correa está mermada. Del 8 a 1 ya no queda sino la broma anecdótica.
La Consulta Popular explicitó algo que ya se sospechaba: el proceso de desgaste que el gobierno de Rafael Correa ha experimentado. Con ella, el Presidente logró unir a tirios y troyanos de la única forma que podía suceder: en una opción bipolar contra el régimen. Con ella, Correa levantó a amplios sectores populares y medios: los politizó en su contra. Con ella, Correa organizó a importantes colectivos sociales y políticos de izquierda: los movilizó para enfrentarle. La Consulta terminó demostrando que ahora Correa solo representa a la primera minoría de ecuatorianos, como siempre sucedió con las opciones que triunfaron electoralmente en el país.
El gobierno buscando relegitimarse y ampliar su poder, lo consiguió muy parcialmente. Casi al contrario, develó su erosión y el crecimiento de la oposición hasta concitar el apoyo de alrededor de la mitad del Ecuador. La mayoría que no votó en sentido aprobatorio (el 53%, y mucho más si se considera el ausentismo), no apoyó las tesis del gobierno, no confió en el Presidente (como él pidió). En 12 provincias (de 24) triunfó el No, y en las otras (de población mayoritaria) tuvo resultados significativos. Algunas provincias en las que el gobierno perdió son precisamente las de fuerte presencia indígena (en lucha por el agua o por la tierra) y/o de alto impacto de los proyectos de gran minería entregados al capital transnacional. Más allá de expresiones de derecha (que sistematizan el interés de sectores del capital desplazados y/o con escasa influencia actual), o de centro, casi toda la izquierda (que ya es no colaboracionista), las organizaciones populares, los sectores medios progresistas, se distanciaron de Correa. La Consulta Popular hizo el milagro de correr los velos de la propaganda y explicitó que esa es la posición de más de la mitad del Ecuador.
Además, la otra mitad (que apoyó a Correa) es el electorado tradicionalmente clientela del populismo caudillista (de Velasco Ibarra, Bucaram, a Febres-Cordero), pues Correa ganó en sus plazas fuertes habituales (Guayas y el Litoral), es decir, la Consulta explicitó un corrimiento electoral hacia la derecha. Lo que se complementa con el evidente pacto bajo cuerda que el gobierno mantuvo con el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (PSC-Madera de Guerrero), quien no solo estuvo de acuerdo con la concepción represiva del régimen sobre la seguridad sino que solo al final se pronunció tibiamente (ante la desafiliación de un diputado coideario expresando su desacuerdo) y para guardar las apariencias. También es consistente con la estrategia correísta de inventarse opositores como Lucio Gutiérrez, a quien denuesta cada vez que puede pero que jamás investigó (es más, el Contralor actual, Secretario de la Administración de Lucio, es producto del pacto PSP-AP que fue útil para cubrir las espaldas al ex-coronel), al que termina posicionando como supuesto contradictor. Asimismo sucedió con los apoyos implícitos del PRE o del PRIAN.
La Consulta también dejó ver los límites de la política clientelar-asistencialista. Si bien en la Costa los bonos y las obras tuvieron efecto, en el resto del país las amenazas y los subsidios fueron asumidos con una lógica andina: decir Si y hacer No, coger los beneficios (bonos, borregos,…) y votar de acuerdo al interés propio. Lo que rompió el cerco clientelar. La Consulta traslució los márgenes del autoritarismo, pues los intimidados por la prepotencia, con las leyes anti-laborales y represivas (muchos empleados públicos), los enjuiciados, obviamente votaron contra el régimen. Los ataques del gobierno a la organización popular, la criminalización de la lucha social, la represión (incluso brutal) contra las resistencias populares frente a la devastación (social y medioambiental) que traen los grandes proyectos petroleros y mineros, el ataque contra los derechos de los trabajadores, la opción reprimarizadora (más allá del discurso del «Buen Vivir») en consonancia con el interés transnacional, han consolidado la desconfianza ante un gobierno cuya retórica es de izquierda pero lo fundamental de su accionar es pro-capitalista.
La Consulta Popular dejó ver las costuras del régimen ya no solo en las calles, en su arrogancia, etc. (como en el 30-S), sino en el ámbito privilegiado por Correa para legitimarse: en el terreno electoral. Con una victoria «con las justas» no le queda espacio político para imponer su voluntad a rajatabla (como ha hecho hasta ahora) con el pretexto de una legitimidad proveniente de las urnas. Hoy ya no es tan así, por más malabares discursivos y esfuerzos propagandísticos que hagan para convencernos y convencerse de que las cuentas de vidrio son oro. En especial, se le angostó su proyectada «metida de mano» en la Justicia y su privatización (solo para Correa) de la libertad de expresión.
Hacia adelante
Ante los hechos del 30 de Septiembre, Correa y su gobierno levantaron la tesis auto-justificativa del golpe, el manejo mediático sin reconocer ningún error propio, la judicialización que ha terminado en irrespeto a los DDHH y al debido proceso, y en excarcelaciones y absoluciones por falta de pruebas. Está clara su incomprensión sobre los procesos sociales (que obviamente van más allá de la conspiración) y su miopía frente al descontento de masas.
Lo crítico es que dicho descontento hoy se ha expresado más ampliamente aún. Pero Correa cree que se resuelve insultando y amenazando a sus ministros porque falló la manipulación, o haciendo cambios de gabinete que lejos de hacer un viraje más bien reafirman el rumbo anterior[12], sin entender los procesos sociales y políticos de fondo. Naturalmente se aguó la fiesta y fue bastante ridículo el baile en base a un exit-poll gobiernista. Seguir los ejemplos de afuera resultó imposible pues el entusiasmo de los «encuestadores» hizo que exageraran su vocación ¿por el dinero o por Correa o por el dinero gubernamental? y cierta unanimidad construida con la chequera se quedó sin piso. Tampoco la propaganda triunfalista será suficiente en la construcción de apariencias, porque es evidente que más de la mitad del Ecuador no apoyó las tesis del gobierno. Más bien el problema puede ser que los emisores gubernamentales se crean ellos mismos su mensaje manipulador, con lo que, otra vez más, terminarán enajenándose de la realidad. Pero de allí surge un escenario preocupante: pueden querer forzar las cosas, decirse legitimados para profundizar su autoritarismo, pese a que las sábanas no les dan para estirar tanto los pies. A lo mejor el bonapartismo intentará imponerse, pero el pírrico resultado[13] no le da el espacio político necesario: la Consulta Popularle achicó el margen al poder vertical.
Sin embargo, el gobierno parece insistir en ese derrotero. Desoyendo los llamados a consensuar (realizados incluso por los jefes militares), el Presidente Correa inequívocamente expresó su voluntad de explotar todos los recursos mineros del país, pese a la oposición que existe, porque, según su argumento, son propiedad del Estado y no de ningún grupo particular[14]. Es decir, la concesión al capital monopólico minero va porque va (como suele decir Rafael Correa), el futuro que impone es la gran minería transnacional. En nombre de la «majestad de la autoridad presidencial» elude construir acuerdos sociales y políticos, y se guarda la opción del veto (por otro lado casi imposible de desmontar y que fue la causa coyuntural del 30-S) para imponer su visión en temas trascendentales (como la ley de comunicación, por ejemplo) con los viejos métodos partidocráticos del reparto de troncha. En nombre de los «derechos de la naturaleza» se hizo un ataque feroz contra mineros pequeños y artesanales, supuestamente involucrados en actividades ilegales, dinamitando la maquinaria (67 retroexcavadoras) y enviando a la desocupación a 2.000 familias. Hay denuncias que detrás de semejante acto de fuerza hay tratos discriminatorios y favorables a personajes vinculados al gobierno e, incluso, la sospecha de querer beneficiar al gran capital minero eliminando a los pequeños[15].
La derecha, más allá del gobierno, continúa con el mismo guión de representante tradicional del capital y de sectores medios descontentos. Tras la Consulta, volvió a su dispersión y a la oposición mediática al gobierno, mientras pacta bajo cuerda. Desde el interés de clase reivindica un programa neoliberal, de austeridad, defendiendo la perspectiva de los empresarios, en especial de los que están fuera del poder. A la vez, obtiene lo que puede (obras, presupuestos, contratos, etc.) como es evidente en Guayaquil, en la vialidad y demás.
La izquierda y el movimiento popular de oposición quedaron fortalecidos tras la Consulta, en especial el movimiento indígena que, superando los intentos de dividirle y/o comprarle, salió unido y triunfante. Sin embargo, sectores que siguen ofreciendo sus servicios al régimen (ex-izquierdistas tipo Socialistas, PC y otros que continúan en el gobierno) contribuyen a la construcción de imagen para barnizar el proyecto reprimarizador transnacional, a cambio de espacios burocráticos (sueldos, privilegios). La mayoría de izquierda o socialdemócrata que apoyó y/o colaboró con el gobierno, habiendo sido separada de él, se ubicó en la defensa acrítica del proyecto reformista original y de la nueva Constitución, eludiendo abordar los intereses de clase en juego[16]. Otros sectores se han ido desmarcando conforme iban descubriendo que el gobierno «ha girado a la derecha» habiendo sostenido hasta la víspera que «estaba en disputa», lo que deja ver sus inconsistencias[17]. Porque hablar de súbita derechización (además en distintos momentos, según cada análisis) es olvidar la representación orgánica del capital transnacional que se transparenta en sus áreas de interés (petróleo, telefónicas, minería, TLC con la UE, Plan Colombia, etc.), del capital monopólico interno (Isabel Noboa, Eljuri, etc.) y de la fracción emergente (Fabricio Correa, Mera, Alvarado,…), que no es de hoy sino que viene desde el inicio del gobierno, como lo demuestran los contratos con Porta y Movistar, la feroz represión en Dayuma y a los anti-mineros, o la permanente hegemonía partidocrática en el gabinete de Correa. Este siempre fue un gobierno de clase, solo que obligado a concesiones por la crisis de hegemonía que le dio origen. Que se haya visto obligado a desenmascararse progresivamente es otro tema. Por todo ello, las organizaciones y posiciones de la izquierda revolucionaria, de los indígenas y de los trabajadores con independencia de clase, que en general han sido críticas desde el principio, no se han llamado a error y los hechos les han dado la razón. En la Consulta Popular no fue diferente.
Conclusión
La «revolución» mediática, propagandística, se ubica cada vez más hacia el capital y la partidocracia. El discurso de la «ciudadanía» abstracta devela en las prácticas el interés de clase que encubre. La política social asistencialista-clientelar (que en buena medida continúa los programas bancomundialistas) revela su cortedad e inconsistencia, su rol legitimador, frente a la entrega del petróleo, las telefónicas, la minería, etc., al capital transnacional. Del proyecto reformista y democratizador solo quedan banderas verdes llevadas por la manipulación y la ambición. La idea del cambio es un espectro sobre cuyo cadáver se enseñorea el orden del capital.
Quito, Junio de 2011
* Economista. Profesor de la Escuela Politécnica Nacional, Quito.
[1] Ver http://app2.cne.gob.ec/
[2] Ver Rosero, Andrés, «¿Qué es lo que está en juego en la consulta popular?» en Rebelion o en Kaosenlared http://www.rebelion.org/
[3] Ver Rosero, Andrés, ibídem.
[4] Según Ruth Hidalgo, Directora de la organización Participación Ciudadana que hizo el seguimiento del gasto electoral, Hoy, 12/05/2011. El tiempo de exposición (entrevistas y notas) de los actores políticos en los 9 principales canales de TV durante el período de campaña (entre el 26/03 y el 4/05), fue de 663 minutos para el «Si» mientras que para el «No» fue de 351 (1,89 veces a favor del Si). Mientras en los estatales fue de 474 a 81 minutos (5,85 veces a favor del Si), en los privados fue de 188 a 270 minutos (1,44 veces a favor del No). Los actores políticos más visibles fueron Rafael Correa (286 minutos) por el Si y Concertación Democrática (41 minutos) por el No (6,98 veces). En el período de campaña se emitieron 22 cadenas nacionales, cuando el promedio mensual suele ser de 9. Todos los datos son de Participación Ciudadana, Boletín de Prensa 188 del 30/05/2011 en http://www.
[5] Duménil, Gérard – Lévy, Dominique, Crisis y salida de la crisis, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 161 y ss.
[6] Harvey, David, El «nuevo» imperialismo: Acumulación por desposesión, Socialist Register 2004, pp. 111 y ss.
[8] Ver, por ejemplo, Klein, Naomi, La doctrina del shock, Barcelona, Ed. Paidós, 2007, pp. 293 y ss.
[9] Un repaso del último capítulo del Libro I de El Capital sobre «la llamada acumulación originaria» puede ser muy ilustrativo.
[10] Como, por otra parte, ya señalaba Agustín Cueva respecto de las prácticas de un populismo sin perspectiva de cambio social, degradado como expresión de la crisis, machista y derechista, que del CFP y del PRE, fue adoptado por el PSC en su ascenso al poder y desplegado en el gobierno autoritario y corrupto, neoliberal y populista, de León Febres-Cordero (1984-1988), el anterior «dueño del país» (Cueva, Agustín, El proceso de dominación política en el Ecuador, Ed. Planeta, Quito, 1997, p. 100-102).
[11] Ver, por ejemplo, Rosero, Andrés, «Revolución ciudadana» y reconstrucción de hegemonía en Revista Espacio Crítico, revista colombiana de análisis y crítica social, No. 12, enero-junio de 2010, pp. 83 y ss, http://www.espaciocritico.com/
[12] De manera significativa, inmediatamente tras la Consulta Popular, el Presidente Correa nombró como nuevo Ministro del Interior a José Serrano, conocido personaje cercano a la gran minería. De ser activista de DDHH, en el gobierno actual se reconvirtió a la fe extractivista habiendo sido, entre otras cosas, Subsecretario de Minas (coautor de la nueva Ley de Minería, favorable al capital transnacional), Ministro de Justicia, y hoy, del Interior. Con semejante nombramiento queda clara la voluntad de profundizar el proyecto reprimarizador usando el consenso y la coerción, si es que fuera necesario. Y de yapa, la nueva ministra de Justicia proviene del entorno del PSC. Es decir, más de lo mismo.
[13] Ver Ogas Leonardo, «Ecuador: la Pírrica Victoria del Sí», en http://www.kaosenlared.net/
[14] La Hora, 25/05/2011.
[15] Ver La Hora, 9/06/2011. Allí, legisladores de oposición recogen las denuncias de trabajadores y pobladores afectados que sostienen que mientras se dinamitó en un margen del río Santiago, al otro lado la maquinaria sigue trabajando sin interrupción porque sería de propiedad del ministro Serrano, con la intermediación de militantes esmeraldeños de PAIS (que recibieron el soplo de lo que pasaría y escondieron las máquinas). Es más, se dinamitaron 67 retroexcavadoras de 136 presentes en la zona. Algo similar ocurre al sur del Ecuador, en la provincia de El Oro, donde el ex-Asambleísta y ex-ministro del gobierno actual, Galo Borja, sería accionista de minas que ocasionan gran contaminación sin que sea molestado. También sucedió en la provincia de Zamora, donde supuestamente se desalojó con el uso de la fuerza a los mineros artesanales para concesionar la actividad al capital transnacional. En todo caso, el ministro Serrano negó su vinculación a intereses mineros (La Hora, 16/06/2011).
[16] La Constitución 2008, si bien tiene avances en derechos y declaración de derechos, también tiene importantes limitaciones. Por ejemplo, mientras el Art. 313 reserva para el Estado los sectores estratégicos y el Art. 317 dice que «los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado», el Art. 316 permite «la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos» incluso, «de forma excepcional», de la iniciativa privada. Con ello se dejó abierta la puerta para que la «excepción» se convierta en regla, tal como está sucediendo en el petróleo, la minería, etc.
[17] En los virajes hay de todo: desde los sinceramente engañados, los posmodernos de una izquierda desteñida que hacen malabares impresionistas y confusionistas con el lenguaje para eludir una opción de clase, hasta los que no encontraron empleo y/o lo perdieron.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.