Análisis del impacto en el presupuesto estatal del enfrentamiento a la pandemia y evaluación de las condiciones de vida de la población.
A partir de la información pública no es posible realizar una evaluación detallada de lo que está costando el enfrentamiento de la pandemia en Cuba. Sin embargo, a principios de agosto, la ministra de finanzas y precios, Meisi Bolaños, informó que el país gastó hasta el momento más de 1.000 millones de pesos en el enfrentamiento a la covid-19.
El costo podría aumentar, pues mientras la mayoría de las provincias cubanas avanzan hacia la normalidad, La Habana, retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada, con medidas restrictivas para sus más de 2,1 millones de habitantes, incluida la suspensión de los servicios de transporte público estatal y privado a partir del 10 de agosto.
El país enfrenta gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Esto ocurre en medio de una situación de contracción de los ingresos al presupuesto, tanto por parte del sector estatal (empresarial y presupuestado) como por el sector no estatal.
Impacto en el empleo
Las medidas para propiciar el aislamiento social y detener la transmisión del coronavirus han tenido un impacto en el empleo. En las actuales circunstancias se estimuló el teletrabajo y trabajo a distancia en todas las ocupaciones posibles, con garantía salarial.
En cuanto a los trabajadores en actividades afectadas por las disposiciones, se promueve su reubicación en otras áreas priorizadas, como la producción de alimentos. De no ser posible, tienen la posibilidad de acogerse al régimen de interrupción laboral, en cuyo caso devengan el 100 ciento del salario durante el primer mes y el 60 por ciento en los meses subsiguientes.
También se tomó la decisión de proteger a los trabajadores que, por sus condiciones de salud, se encontraban en situación de vulnerabilidad, así como a adultos mayores y a las madres de escolares sin otro apoyo familiar, que deben permanecer en casa al cuidado de sus hijos. Para ellos se estableció un régimen de protección similar al de los trabajadores interruptos.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia (TCP), algunas actividades se mantienen, pero otras sufrieron un corte abrupto de la demanda, sobre todo aquellas vinculadas a la actividad turística.
Se dispuso la posibilidad de interrupción temporal de las licencias y de postergación del pago de la contribución a la seguridad social. Con todo, algunos de estos trabajadores pueden quedar desprotegidos, muy particularmente los contratados.
Asistencia social
En condiciones normales, en Cuba son favorecidos por el sistema de asistencia social alrededor de 112.000 núcleos familiares. Sin embargo, en la actual situación el concepto de núcleo vulnerable se amplía y no está únicamente asociado a las personas con insuficientes ingresos. Hoy esta cifra sobrepasa los 600.000 hogares.
Entre ellos se incluyen los adultos mayores que viven solos y no tienen a otro apoyo; las personas con discapacidad; todas las que reciben el servicio de atención a la familia (SAF); madres solas con hijos menores; embarazadas y cualquier otra situación que pueda considerarse como una vulnerabilidad en estos momentos.
El SAF, que cuenta con una red de instalaciones que ofrece a sus beneficiarios raciones alimenticias a precios asequibles, también ha modificado sus prestaciones en la actual situación: se llevan los alimentos al domicilio de los beneficiados.
Asimismo, se organiza la entrega de medicamentos controlados a estas personas vulnerables, así como el pago de las pensiones y prestaciones de la seguridad y la asistencia social en sus casas, todo con el objetivo de evitarles salidas que pueden ponerlos en riesgo de contagio.
Estos nuevos servicios han constituido fuentes de empleo para trabajadores que han tenido que reubicarse, interruptos y TCP con actividades suspendidas.
Aun cuando esta ampliación de los servicios y de los núcleos vulnerables no implique la erogación de una pensión por parte del sistema, sí constituye una presión adicional en términos de personal dedicado a las labores de pesquisa y también a las de atención directa a las nuevas incorporaciones, así como a las redes de protección previamente concebidas. Igualmente debe suponer un gasto presupuestal extraordinario.
El costo de alimentarse
Se mantiene la distribución alimenticia racionada. Sin embargo, aun cuando se incorpora la venta adicional de algunos alimentos sin subsidio a través de la libreta, en su conjunto estas entregas no satisfacen las recomendaciones nutricionales establecidas para la población cubana, que necesariamente debe recurrir a los restantes canales de oferta.
Continúa el servicio de comedores obreros en los centros que deben seguir funcionando. Los trabajadores que pasan a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, y que reciben un estipendio para cubrir su almuerzo al no disponer de servicio de comedor obrero, mantienen esa asignación.
Sin embargo, una parte de los trabajadores queda en régimen de interrupción laboral (por tratarse de actividades que no son imprescindibles) o se protege por ser personal vulnerable. En estos casos se pierde el apoyo que significa contar con un servicio de comedor a precios módicos.
Aun cuando no se ha detenido totalmente la gastronomía, las medidas de contención y aislamiento social, así como el cese de la trasportación pública, apuntan a la contracción sustancial de este sector.
El cese de las actividades docentes de todo tipo implica que se descontinúan los servicios de comedor escolar. Esos servicios constituyen un apoyo importante a las familias con estudiantes, pues su precio es bien módico y permite ampliar el acceso a alimentos. Su suspensión tiene un impacto desfavorable, sobre todo en las familias con menores ingresos.
Al ampliarse los servicios de salud a partir de las medidas para el control de la pandemia, los alimentos con destino a este sector se incrementan. En particular los centros de aislamiento demandan cantidades que rebasan con mucho las necesidades habituales.
Disminuyen ofertas
Entre los canales mercantiles, los mercados agropecuarios se mantienen funcionando, si bien es notable la caída de algunas ofertas, como la de carne de cerdo y sus derivados, y de otro tipo de productos cárnicos.
Se trata de una tendencia que no tiene que ver con la pandemia, sino con los problemas crónicos del sector agropecuario doméstico, fuente de abastecimiento de estos mercados, y también con la disminución de la importación de insumos para esas producciones.
Las tiendas que expenden en CUC-CUP también se mantienen activas, mas es muy señalada la contracción de algunas ofertas, como las de carnes y productos cárnicos de todo tipo, aceite vegetal y productos lácteos, entre los más demandados.
Estas ventas se abastecen primordialmente de productos importados y el país ya venía enfrentando una fuerte restricción externa: por el incremento de las medidas del bloqueo y también por la contracción de la oferta doméstica de bienes con destino a la exportación.
Ante el déficit de ingresos para sus gastos externos, el gobierno inició, a partir del 20 de julio, la comercialización en moneda libremente convertible de alimentos y productos de aseo.
Esta medida busca la captación de moneda extranjera en manos de la población. Las autoridades aclararon que el dinero recaudado permitirá asegurar las ofertas en moneda nacional y pesos convertibles (CUC), equivalentes al dólar, y también invertir en la industria nacional para producciones que sustituyan importaciones.
En tanto, el transporte público estatal y privado estuvo interrumpido entre abril y junio. En ese período se garantizó el traslado de los trabajadores de los centros priorizados, así como de los pacientes con enfermedades crónicas que precisan tratamiento hospitalario y de las altas médicas.
Hacia la segunda quincena de junio e inicios de julio se aprecia una cautelosa reactivación, gradual y regulada de este sector, en correspondencia con las fases de recuperación de la pandemia.
Con todo, pueden surgir situaciones imprevistas que requieran de este servicio y, al no garantizarse por vías formales, las personas necesitadas quedan a merced de quienes aprovechan esta situación para lucrar desde la informalidad.
Anicia Esther García Álvarez, economista y profesora del Centro de Estudios de la Economía de Cuba (CEE)