La Democracia Cristina chilena, que sin duda tiene una responsabilidad histórica en los aconte-cer políticos de los últimos 40 años, aún ha sido incapaz de reconocer la parte de responsabili- dad que tiene en el quiebre democrático chileno ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Hasta ese momento la DC jugó un papel opositor eminentemente […]
La Democracia Cristina chilena, que sin duda tiene una responsabilidad histórica en los aconte-cer políticos de los últimos 40 años, aún ha sido incapaz de reconocer la parte de responsabili-
dad que tiene en el quiebre democrático chileno ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Hasta
ese momento la DC jugó un papel opositor eminentemente negativo, en donde primaron las po-
siciones más reaccionarias del sector de derecha, y que estuvo además por apoyar un «golpe
blando», según se establece en diversos materiales de prensa y libros editados en Chile.
Pero el desenmascaramiento en torno del papel jugado por la Democracia Cristiana, no solo
viene desde la prensa de izquierda, sino que a veces también suele ocurrir desde medios de
prensa de la derecha golpista, como es el caso de la revista Qué pasa, esto al margen de los obje-
tivos que persiga el mencionado medio de comunicación al realizar una entrevista al ex embaja-
dor de Estados Unidos en Santiago Ralph Dungan, ocurrida recientemente en Chile.
Sin embargo las primeras denuncias con respecto a los dineros entregados por la CIA a los
gremios empresariales, a organizaciones terroristas como Patria y Libertad y los partidos polí-
ticos opositores al gobierno del Presidente Allende, se produjeron con la edición de la Editorial
Quimantú de Los Documentos Secretos de la ITT. Posteriormente tenemos los denominados
informes de la Comisión Church, del Senado norteamericano emitidos el año 1975, luego en el
gobierno de Bill Clinton, en febrero de 1999 se resuelve desclasificar los documentos secretos que estan relacionados con los sucesos políticos desde el año 1968 a 1990. Luego en el año 2000
la Comisión de Inteligencia del Congreso de los EE.UU. decidió investigar las acciones de la CIA en Chile, cuyo resultado es la elaboración del Informe Hinchey, todos los cuales en mayor
o menor medida, hablan de los dineros entregados a la DC para la campaña presidencial del
año 1964 en donde el candidato era Eduardo Frei Montalva, dineros para las elecciones parla-mentarias de 1965 y posteriormente los dineros para la desestabilización del gobierno de la
Unidad Popular, que fueron recibidos a través de Orlando Sáenz y la Confederación por la
Democracia (CODE) y que fueran entregados al dirigente democratacristiano Felipe Amunáte-
gui.
La Democracia Cristiana chilena, desde la creación de la denominada Alianza para el Pro-
greso por la Casa Blanca (1963) hasta el golpe militar de septiembre de 1973, recibió alrededor
de 20 millones de dólares. Los antecedentes entregados por la Comisión Church señalan que
en una carta enviada en noviembre de 1963 al Departamento de Estado norteamericano por
el consejero de la embajada de Estados Unidos en Chile, Robert Stevenson, se detalla una
reunión realizada en la casa del tesorero de la campaña de Eduardo Frei Montalva, Salvador
Pubill, él que solicita asistencia económica para la campaña del candidato democratacristiano.
En la entrevista publicada por el semanario Qué pasa el ex diplomático aseguro que los fondos
eran para apoyar la campaña de Frei y que fueron entregados «principalmente» por la CIA y se
iniciaron con una entrega de US$ 3 millones, la CIA fue la organización más activa en este
terreno. Se afirma que la agencia de inteligencia dirigió una agresiva campaña comunicacional
en el país y coordinó al menos 15 operaciones encubiertas, entre ellas una exítosa campaña del
terror con spots radiales a través de todo el territorio nacional.
El encuentro entre Pubill y Stevenson, sirvió para confirmar que «Chile era una buena apuesta
para implementar la Alianza para el Progreso» (iniciativa del gobierno de Kennedy para impe-
dir el avance del movimiento popular)». La acción en Chile de los distintos gobiernos que ocu-
paron la Casa Blanca en la década de los 60 y 70 ha sido comprobada tras la desclasificación de
los documentos realizadas por el Departamento de Estado norteamericano a partir del año
2000.
En el gobierno del presidente Salvador Allende y cuando la DC ya había sellado su alianza con
los sectores más reaccionarios de la derecha chilena para crear todo tipo de problemas a la
gestión gubernamental de la Unidad Popular, el entonces presidente de la Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa) , Orlando Sáenz, uno de los impulsores de las acciones de boicot del gremio de
los comerciantes, fomentaron los acaparamiento de alimentos y otros productos de primera
necesidad para obtener jugosas ganancias en las reventas del mercado negro. Pero eso no fue
todo, además realizarón la paralización de los gremios de dueños de camiones. El ex dirigente
empresarial ha confesado que él entregaba personalmente los dineros recibidos de la CIA
para pagar a los dueños de camiones y compensar así su perdida económica por el paro.
Dineros de la CIA, la ITT, otras empresas trasnacionales y de empresarios locales eran recau-
dados para apresurar el golpe de Estado. Existieron cinco cuentas bipersonales donde el factor común era Sáenz, el que entregaba los dineros sucios al dirigente de los camioneros León
Vilarín, a Pablo Rodríguez Grez, máximo líder de la organización terrorista Patria y Liber-
tad, hoy abogado además de la defensa del ex dictador Augusto Pinochet. En el Partido Na-
cional, los dineros los recíbia Pedro Ibáñez y en la DC Felipe Amunátegui. Pero también
recibió dineros el máximo dirigente del Movimiento Gremialista, Jaime Guzmán, que poste-
riormente fuera asesinado por los aparatos represivos de la dictadura DINA-CNI, por sus
discrepancias con los métodos represivos que utilizaban el criminal Manuel Contreras Sepul-
veda.
La Comisión Church dio a conocer que el Comité de los 40 entregó cien mil dólares a organiza-
ciones empresariales en octubre de 1972, en donde muchos beneficiarios de estos dineros
fueron empresarios de la Democracia Cristiana. Otros de los grandes beneficiados de los
dineros procedentes de la conspiración fueron para el diario El Mercurio y su cadena de diarios nacionales y regionales, los que desplegaron la propaganda golpista más importante en contra
de Allende y la Unidad Popular.
El ex agente de la CIA Philip Agee, confesó después de algunos años, que «el organismo de inte-
ligencia, al financiar a los camioneros, comerciantes, partidos políticos opositores y otros gre-
mios que se organizaron contra el régimen de Allende, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha, ya que siempre
abogan por el orden y la disciplina. Esto haría que los militares intervinieran para restaurar el
orden, la paz y la dignidad de la nación».
La historiadora Patricia Arancibia Clavel, quien trabajó en la investigación del libro Eduardo
Frei Montalva y su época, de Cristían Gazmuri señala que «la historiografía había puesto un
velo a los dineros que llegaron a apoyar el gobierno de Frei, pero con esto se reafirma una rea-
lidad histórica que hoy día nadie va a poder negar».
Que la DC recibió dineros de la CIA para la campaña presidencial de 1964 y posteriormente
para crear el caos en el gobierno de Allende, es algo que es reafirmado por toda la documenta-
ción existente. Ahora los más notables conspiradores del «golpe blando», como Andrés
Zaldivar, Juan Hamilton, Rafael Moreno, Luis Pareto o el ex DC Juan de Dios Carmona, reali-
zaran los esfuerzos pertinentes para desmentir lo indesmentible, su complicidad con el golpe
de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Recordemos además, que muchos militantes de la DC que trabajaban en los servicios públicos o
que vivían en los barrios más residenciales, días después del golpe militar, cual sóplones denunciaron a los militares, a militantes de la Unidad Popular, los que posteriormente fueron
detenidos, asesinados o hechos desaparecer. De allí, que hay que destacar que un sector de la DC tiene una responsabilidad históricas en los hechos ocurridos y que es hora que se de paso
a la verdad y al reconocimiento, por respeto a la memoria histórica y a todas las víctimas de la
dictadura.